La propuesta busca impulsar la adopción como alternativa de cuidado ante la creciente vulnerabilidad infantil

Por: Redacción

La diputada Mireya Vancini Villanueva presentó una iniciativa para reformar el cuarto párrafo del artículo 12 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, con el propósito de reconocer explícitamente el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en una familia y, en ausencia de ésta, garantizar su incorporación a un núcleo familiar mediante la adopción.

En la exposición de motivos, la legisladora subrayó que, aunque el derecho a vivir en familia y el principio del interés superior de la niñez están contemplados en normas internacionales, nacionales y estatales, persiste una significativa vulnerabilidad entre menores que carecen de un entorno familiar

Citó a UNICEF, organismo que establece la obligación del Estado de ofrecer alternativas de cuidado y protección, entre ellas la adopción, considerada un instrumento clave para asegurar que la niñez acceda a un entorno adecuado para su crecimiento y ejercicio pleno de derechos.

La diputada también presentó cifras del informe “Adopciones de niñas, niños y adolescentes en México (a junio de 2025)”, elaborado por REDIM, que señala que entre 2014 y 2024 el DIF Nacional recibió 754 solicitudes de adopción, de las cuales solo 147 fueron concluidas, es decir, 19.5%. Asimismo, se reporta que hasta el 23 de junio de 2025 existían 2,268 adopciones concluidas en todo el país.

Advirtió que, según datos de la Fundación Unido, para noviembre de 2024 más de 64 mil niñas, niños y adolescentes permanecían en centros de asistencia social, reflejando la urgencia de fortalecer los mecanismos para su integración familiar.

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La Comisión de Hacienda revisará la propuesta que incluye Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos; analizan contención del gasto y refuerzo a obras y programas sociales.

El Gobierno del Estado entregó este martes a la Comisión de Hacienda del Congreso local el paquete económico para 2026, integrado por las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, que en conjunto contemplan un gasto superior a los 70 mil millones de pesos.

La presidenta de la Comisión, diputada María Dolores Robles Chairez, informó que el documento ingresó “en tiempo y forma”, como marca la Constitución estatal, y será turnado al Pleno para su envío formal a análisis. Posteriormente, comenzará la revisión técnica en la Comisión de Hacienda, que ya cuenta con un calendario de trabajo para dictaminar dentro de los plazos legales.

Por parte del Ejecutivo, la directora de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Damaris Grajeda Acosta, detalló que la propuesta para 2026 contempla contención en el gasto burocrático y un reforzamiento a las obras públicas y programas sociales, tal como ordena el Plan Estatal de Desarrollo.

La discusión del paquete económico marcará la ruta del financiamiento estatal para el próximo año, donde las prioridades, ajustes y reasignaciones pasarán ahora a manos del Poder Legislativo.

El Congreso recibió un juicio ciudadano que impugna el nombramiento de Patricia Aradillas como presidenta concejal. Sara Rocha y Héctor Serrano aseguran que la designación fue legal y que hay “confusión” sobre el proceso.

El Congreso del Estado confirmó que ya recibió un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC) que impugna la designación de Patricia Aradillas Aradillas como presidenta concejal de Villa de Pozos, nombramiento aprobado la semana pasada por el Poder Legislativo.

La presidenta de la Directiva, Sara Rocha Medina, informó que el recurso fue admitido en estrados y que el Congreso cuenta con 72 horas para remitir al Tribunal Electoral del Estado la documentación requerida.
Rocha sostuvo que tanto la aceptación de la renuncia de Teresa Rivera como la designación de Aradillas se realizaron “conforme a la Constitución y a la ley”, y que el Poder Legislativo dará trámite formal al juicio sin intervenir en su resolución.

Por su parte, Héctor Serrano Cortés, presidente de la Comisión de Gobernación, afirmó que la impugnación parte de una “confusión” de quienes interpretan el relevo como si se tratara de un proceso electivo.
“No hubo elección popular. Fue una designación del Congreso. No sé qué derechos político-electorales pretende defender quien promueve el amparo”, criticó.

Serrano insistió en que el procedimiento estuvo “perfectamente cuidado” por los asesores jurídicos del Congreso y descartó riesgos legales para la continuidad de Aradillas.

“Aquí no hay conflicto democrático: hay un nombramiento legislativo. Y nuestro interés es garantizar que Villa de Pozos tenga estabilidad y servicios”, agregó.

Ambos legisladores aseguraron que el Congreso acatará lo que determine el Tribunal Electoral, pero reiteraron su confianza en la legalidad del proceso.