Congreso del Estado
Congreso de SLP busca castigar la discriminación por razón de estatus migratorio
Conapred registra que los migrantes son uno de los grupos más discriminados en México
Por: Redacción
José Ramón Torres García, diputado por el Partido Acción Nacional (PAN) en el Poder Legislativo local, presentó una iniciativa que propone prohibir toda clase de discriminación originada por situación o condición migratoria, toda vez que, de acuerdo con datos arrojados por el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), señalan que, entre los grupos más discriminados, se encuentran las personas migrantes en tránsito irregular.
“Actualmente nos encontramos ante el mayor fenómeno migratorio tanto a nivel mundial, como en el Estado, la migración incide en la vida de las mayorías de las personas, por diversos factores, como son, económicas, sociales, políticas, familiares o personales que impulsan la migración de personas potosinas a otras entidades o hacia el extranjero”, dijo el diputado.
El panista agregó que este grupo vulnerable tiene las características de no contar con la documentación necesaria oficial, por lo que sufre discriminación estructural de parte del estado porque no cuenta con acceso a la identidad, justicia, educación y servicios de salud; además de que se enfrenta a la violencia y detenciones arbitrarias de parte de las autoridades; e inequidad en la remuneración laboral.
De acuerdo a estimaciones basadas en la Encuesta Interc ensal 2015, existen en San Luis Potosí 12 mil 146 migrantes de retorno provenientes de Estados Unidos, cifra que sitúa al estado en el lugar 14 con mayor número de migrantes de retorno.
La población migrante de retorno procedente de Estados Unidos, se concentra el 22 por ciento en San Luis Potosí, 8.1 por ciento en Rioverde, 6.6 por ciento en Soledad de Graciano Sánchez, 5.8 en Ciudad Valles y 5.1 en Ciudad Fernández. Y se prevé que los datos aumenten en un 5.0 por ciento de los migrantes con retorno.
La redacción de la iniciativa que propone el diputado Ramón Torres establece que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, la condición o situación migratoria, el estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”
La iniciativa fue trunada a comisiones para su análisis y dictaminación.
Congreso del Estado
Congreso busca autonomía financiera como derecho de mujeres víctimas de violencia
El fortalecimiento de la autonomía económica también contribuye a reducir la reincidencia de la violencia
Por: Redacción
Con el objetivo de incorporar la autonomía financiera como derecho y como eje de acción programática, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira propuso una adición a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado.
La iniciativa propone establecer que las mujeres víctimas de violencia tendrán derecho a acceder a programas de capacitación, educación financiera y formación para el trabajo, así como a cursos, talleres y otras herramientas orientadas al desarrollo de la autonomía económica y financiera, que les permitan generar ingresos propios y fortalecer su independencia.
La legisladora indicó que esta propuesta responde a una re alidad concreta
, ya que no basta con proteger, es necesario generar condiciones para que las mujeres puedan reconstruir sus vidas con independencia y seguridad, por lo que este enfoque permite avanzar hacia una igualdad sustantiva y no solo formal.El fortalecimiento de l a autonomía económica también contribuye a reducir la reincidencia de la violencia, ya que estudios recientes han señalado que las mujeres con ingresos propios tienen hasta un 50 por ciento menos de probabilidad de regresar con su agresor
, lo que revela la importancia de no limitar las acciones del Estado a medidas de protección, sino avanzar hacia estrategias de empoderamiento sostenido.Agrega que experiencias nacionales e internacionales muestran que cuando las mujeres acceden a capacitación laboral y educación financiera, incrementan sus ingresos entre un 20 y un 30 por ciento en promedio. Además, tienen mayores probabilidades de iniciar pequeños negocios o incorporarse al mercado formal de trabajo. Esto no solo mejora su calidad de vida, también tiene efectos positivos en sus familias y comunidades.
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Congreso del Estado
Aprueban reforma a la ley de ganadería para incorporar perspectiva de género
La inclusión de las mujeres rurales en igualdad de condiciones contribuye a incrementar la productividad, y mejorar la seguridad alimentaria: Dip. Dulcelina Sánchez de Lira
Por: Redacción
Con el objetivo de garantizar que el Poder Ejecutivo incorpore un enfoque de igualdad de género en el sector pecuario, la Comisión de Desarrollo Rural y Forestal del Congreso del Estado, aprobó la reforma a la Ley de Ganadería del Estado de San Luis Potosí.
La propuesta busca asegurar que las mujeres dedicadas a la actividad pecuaria, particularmente en zonas rurales, cuenten con un acceso equitativo a recursos, proyectos productivos y programas de impulso al campo.
Al respecto, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira, promovente de la iniciativa, señaló que la incorporación de la perspectiva de género en esta legislación no responde a una tendencia discursiva, sino a una realidad social que exige acciones concretas para fortalecer el desarrollo rural.
Dijo que, “la omisión de este enfoque limita el potencial del sector, al mantener en condiciones de desventaja estructural a una de sus fuerzas productivas más importantes, como lo son las mujeres”.
Expuso que como parte del dictamen, se plantea la reforma de las fracciones VII y VIII del artículo 9º, así como la adición de la fracción IX al mismo artículo y la incorporación del artículo 37 BIS.
Durante la sesión de trabajo, la legisladora destacó que, integrar la perspectiva de género
en la planeación, regulación, fomento y desarrollo de la actividad pecuaria permitirá avanzar hacia la igualdad sustantiva, fomentar la participación efectiva de las mujeres y garantizar el acceso equitativo a recursos productivos, apoyos, capacitación, tecnología y oportunidades dentro del sector.Asimismo, subrayó que el Estado debe actuar ante las evidencias de desigualdad y generar condiciones materiales que permitan el ejercicio pleno de los derechos.
“Reconocer a las mujeres rurales desde un enfoque de interseccionalidad es fundamental, ya que su inclusión en igualdad de condiciones contribuye a incrementar la productividad, mejorar la seguridad alimentaria, diversificar los ingresos y fortalecer la resiliencia ante situaciones de crisis”.
En la sesión estuvieron presentes el diputado Tomás Zavala González, presidente de la Comisión; la diputada Dulcelina Sánchez de Lira, vicepresidenta; la diputada Nancy Jeanine García Martínez, secretaria; y el diputado Marcelino Rivera Hernández, vocal.
El dictamen será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su análisis y votación.
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Congreso del Estado
Proponen cartilla electrónica de vacunación en San Luis Potosí
La diputada Frinné Azuara Yarzábal detalló que sería gratuita, única e individual, también coexistiría con la cartilla física
Por: Redacción
La diputada Frinné Azuara Yarzábal propuso una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado para implementar la Cartilla Electrónica de Vacunación.
La propuesta busca establecer que el sistema de información en vacunación estatal se incluya en un registro nominal de las vacunas aplicadas a cada persona residente en el territorio potosino, e incorporar la figura de la Cartilla Nacional de Vacunación Electrónica como un derecho de las y los potosinos.
Dicha cartilla misma que será gratuita, única e individual y coexistirá con la versión física, garantizando la interoperabilidad del sistema estatal con las instituciones federales de salud como son IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, para que el historial de vacunación sea accesible en todo momento; además de establecer la obligación de la Secretaría de Salud del Estado de implementar mecanismos de consulta digital y notificaciones oportunas a la población sobre los esquemas de vacunación.
En su exposición de motivos, la diputada Frinné Azuara, también presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, establece que en nuestro país y particularmente en nuestro estado, el sector salud enfrenta un desafío histórico en materia de prevención, debido en gran parte, a la falta de un registro nominal y digitalizado que permita conocer con certeza el estatus de vacunación de cada persona.
Dijo que en la actualidad, la herramienta principal sigue siendo la cartilla de vacunación en formato físico, la cual enfrenta problemas estructurales ya que se extravía con facilidad, se presenta incompleta, se deteriora con el tiempo, y en muchas ocasiones, las familias recurren a la memoria para reconstruir el esquema de vacunación de sus hijos.
Mencionó que esta situación impide que el estado pueda planear con precisión sus campañas de salud, dado que sin un registro nominal, las autoridades sanitarias caminan sin precisión al no saber cuántos niños faltan por vacunar en cada colonia o comunidad rural, y no pueden identificar con nombre y apellido a quiénes les hace falta un refuerzo, y carecen de herramientas para reaccionar oportunamente ante brotes epidémicos.
Informó que en el legislativo federal, ya se ha presentado una iniciativa para reformar la Ley General de Salud, buscando establecer que el sistema de información en vacunación, se base en un registro nominal de las vacunas aplicadas a cada persona residente en el país, así como la existencia de una Cartilla Nacional de Vacunación tanto física como electrónica, gratuita, única e individual.
Por ello, en congruencia con este propuesta nacional, se propone también que nuestro estado cuente con esta armonización legislativa y cumpla con los principios de justicia social y modernización administrativa.
La iniciativa se turnó para su análisis a las comisiones de Salud y Asistencia Social; y Hacienda del Estado.
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