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Congreso de SLP aprobó nueva ley electoral… que en esencia sigue igual
Aunque agrega conceptos sobre inclusión y paridad de género, el incremento en el porcentaje de votación necesario para obtener plurinominales se rechazó, además de que seguirán existiendo las alianzas partidarias
Por: Redacción
Ayer alrededor del mediodía, el Congreso del Estado aprobó la nueva Ley Electoral del Estado, que aunque incluye conceptos relacionados a la paridad, lenguaje incluyente y violencia política de género, desechó algunos cambios propuestos, como la prohibición de las alianzas entre partidos o el incremento del porcentaje mínimo de votación necesario para la obtención de diputaciones plurinominales.
La ley electoral aplicable para los comicios del próximo año mantiene el término de alianza partidaria, en la cual dos o más partidos podrán presentar candidaturas en alianza sin mediar coalición.
También, para la asignación de una curul de representación proporcional, se mantiene el porcentaje de 3.0 por ciento necesario para los partidos, aunque la propuesta era de aumentarlo a 3.7 por ciento. El mismo 3.0 por ciento es el necesario para mantener el registro como partidos políticos estatales.
Esta propuesta había sido rechazada el domingo pasado. Entonces, la diputada Paola Arreola señaló que, entre los asuntos que se integrarían en las reformas a la Ley Electoral también se encontrarían las sanciones para quien cometa violencia política de género y el ya citado aumento porcentual de votación para que los partidos obtengan una curul por la vía plurinominal.
Este último punto causó controversia entre los diputados locales; pues el dictamen fue bajado de la orden del día el domingo pasado. Al respecto, el diputado Óscar Vera, del partido Conciencia Popular, afirmó que el aumento al umbral de participación ciudadana afectaría a los “partidos chicos” de San Luis Potosí.
Además, Eugenio Govea, de Movimiento Ciudadano, explicó que la nueva ley beneficiaría a Morena, pues se pretendía prohibir las alianzas entre partidos políticos.
En cambio, en esta nueva Ley Electoral se destaca la inclusión de los conceptos y procesos de aplicación en relación a paridad, lenguaje incluyente y violencia política de género, pautas que permitirán garantizar los derechos humanos de las ciudadanas y ciudadanos dentro de los procesos y fuera de ellos; así la paridad de género conlleva un avance en la organización política del estado pugnando por la participación firme de las mujeres en la vida política a través de mecanismos que permitan la accesibilidad a los puestos públicos y con ello equilibrar lo que antes era el predominio de un género en vida pública y política de San Luis Potosí, aseguró el Congreso del estado en un boletín de prensa.
La nueva Ley Electoral define y establece la violencia política de género, en el Capítulo II, “De las Medidas Cautelares y de Reparación en materia de Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género” y el proceso sancionador especial, en el marco de un enfoque adicional de protección en el ámbito de candidaturas, servidores públicos y en general de cualquier actor político que vea impedida su libertad de actuación a cuestiones que van orientados a interés de otros, con alcance en la limitación de su actuación e inclusive en la incidencia más allá de lo estrictamente laboral y que repercutan en lo personal, en la persecución de fines políticos específicos y que vulneran el derecho de los intervinientes en la vida pública del estado.
En materia de discapacidad, se dispondrá el uso de plantillas en Braille, para las boletas electorales, y con etiquetas en el mismo sistema para identificar las urnas, para personas con discapacidad visual; además de disponer de mamparas especiales movibles a una altura considerable, para facilidad de las personas en sillas de ruedas, y personas de talla baja.
En sus artículos transitorios, se indica que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, deberá elaborar lineamientos con acciones afirmativas en favor de los grupos y comunidades indígenas en la entidad, así como de las personas discapacitadas, ello derivado de la imposibilidad de llevarse a cabo las consultas correspondientes debido a la contingencia sanitaria provocada por la enfermedad denominada covid-19, por lo que es necesario contar con tales disposiciones en favor de estos grupos.
En el caso de prevalecer la contingencia sanitaria o eventualidades emergentes en materia de salud pública, deberán tomarse las previsiones y medidas necesarias para salvaguardar la salud de quienes participen en la jornada electoral.
Se definen fechas y plazos para registro, realización de precampañas y campañas electorales, y el desarrollo de los trabajos por parte de los organismos electorales para el desarrollo y resultados de la jornada electoral.
El presidente de la Directiva del Congreso del Estado, diputado Martín Juárez Córdova afirmó que será el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) quien emita los lineamientos para garantizar la participación de pueblos y comunidades indígenas en el proceso electoral 2020-2021.
Destacó que la nueva Ley Estatal Electoral aprobada por el pleno de la LXII Legislatura, fue producto de debates, posicionamientos y ponderaciones válidos en un parlamento y está dentro del plazo establecido por los ordenamientos legales correspondientes.
“Iniciamos los trabajos de la Consulta Indígenas pero la pandemia no permitió seguir avanzando, entendemos que no basta con buenas intenciones pero también se aprende de estos casos y la consulta deberá hacerse en su momento, ya que cada tres años hay elecciones; por lo pronto, el órgano local electoral emitirá los lineamientos para este tema”, añadió.
El legislador Martín Juárez apuntó que “en la próxima Legislatura debe garantizarse la integración de un diputado indígena y para las candidaturas hay que encontrar los mecanismos para las verdaderas representaciones sin nada de argucias, situación en la que ya se trabaja”.
Sobre las modificaciones que se hicieron al dictamen de la Ley Electoral aprobado este martes, el diputado Martín Juárez dijo que “eso se platicó, el Congreso debe ser un espacio de consensos abiertos, hay posiciones sobre temas como las alianzas o aumentar el umbral de votos para las plurinominales, esto es un parlamento y se discutió con tiempo, días antes de vencer el plazo para alcanzar los acuerdos necesarios y sacar el tema adelante”.
Dijo que “somos 10 partidos en el Congreso y finalmente hubo apertura y no avasallamientos y coincidimos en temas relevantes como el combate a la violencia política de género y otras acciones afirmativas que integran este ordenamiento”.
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El recurso se verá reflejado en las cuentas universitarias en las próximas 24 a 48 horas y con ese depósito se liquidará el adeudo que ponía en riesgo los pagos y el paro de la institución
Por: Jorge Saldaña y Ana G. Silva
El próximo lunes el gobierno del estado y la rectoría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí anunciarán de manera conjunta la ejecución del pago adeudado por 208 millones de pesos por parte de la administración estatal a la institución.
Con información confirmada por La Orquesta la transferencia del dinero es un hecho, sin embargo los recursos se verán reflejados por condiciones bancarias entre 24 y 48 horas a partir de este jueves.
Con la transferencia de recursos estaría cubierta la totalidad del adeudo que mantenía la administración estatal con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y se dará cumplimiento cabal al convenio firmando entre el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona y la federación correspondiente al año 2025.
De acuerdo a la información obtenida desde el más alto nivel por este medio, el rector Alejandro Zermeño Guerra y el secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, alistan una rueda de prensa conjunta para el lunes (con horario por definir), donde anunciarán públicamente que las finanzas universitarias están a salvo y el adeudo fue liquidado.
La llegada del recurso permitirá a la Universidad sortear la etapa más crítica que enfrentó en años: la amenaza real de no poder cubrir nómina, aguinaldos, prestaciones y jubilaciones antes del cierre del año, y con ello el riesgo de un paro generalizado de la institución.
El monto a depositar corresponde al saldo pendiente de 208 millones de pesos, acumulado tras meses de retrasos y diferencias de interpretación del convenio y anexo de ejecución firmado entre la Federación y el Estado teniendo como beneficiario a la universidad.
El convenio, en su cláusula tercera señala que la Secretaría de Educación Pública realizaría depósitos mensuales al gobierno estatal para que fueran entregados a la UASLP hasta por un monto de 506 millones 155 mil 546 pesos, no obstante, de enero a octubre en cada ministración se fueron acumulando diferencias entre lo programado y lo entregado a la universidad.
Durante meses, la UASLP, a través de su máxima autoridad, el rector Alejandro Zermeño, advirtió al Consejo Directivo Universitario y a la sociedad que la falta de liquidez comprometía su operación más básica
Las advertencias subieron de tono al grado de que el pago de quincenas, aguinaldos, pensiones, mantenimiento e incluso la continuidad operativa se verían comprometidas si no llegaba el recurso antes del 30 de noviembre.
La crisis escaló y la SEP recordó oficialmente al Gobierno del Estado su obligación de aportar los 506 millones correspondientes a 2025, aclarando que el convenio no contemplaba la posibilidad de pagos en obra ni en especie.
El Gobierno respondió primero con un abono parcial en octubre, luego con mesas y reuniones de alto nivel de las dos instituciones hasta que se reconoció la deuda, y finalmente —tras semanas de tensiones, filtraciones y recelos— se generó una promesa de pago que vence este viernes 14 de noviembre.
El acuerdo logrado, aunque tardío, representa que la UASLP no enfrentará riesgos de impagos a la nómina ni prestaciones a sus empleados ni jubilados.
Con el anuncio oficial preparado para el próximo lunes, la relación institucional con el Gobierno del Estado se estabiliza, al menos en lo financiero y se podría decir que la responsabilidad institucional se impuso sobre las diferencias políticas.
Aunque el depósito se verá reflejado en las próximas horas y el adeudo estará cubierto, el Gobierno del Estado y la UASLP esperarán al lunes 17 para hacer el anuncio público.
En la conferencia conjunta además se espera se de adelanten los términos del convenio del próximo año y los recursos contemplados por el gobierno en su Ley de egresos 2026 y comenzará una nueva narrativa de la relación Gobierno-UASLP.
También lee: Gobierno y UASLP se reúnen hoy de emergencia; podría concretarse pago millonario a la Universidad
Guadalupe Torres reconoció que existían señalamientos al interior del concejo durante la gestión de Teresa Rivera
Por: Redacción
Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno, afirmó que la renuncia de Teresa de Jesús Rivera Acevedo como presidenta concejal de Villa de Pozos fue tramitada correctamente ante el Congreso del Estado, y defendió que la vía elegida para su sustitución es la adecuada, pese a las dudas jurídicas y políticas que ha generado el procedimiento.
“La postura es que estamos muy atentos a lo que ocurre en este marco de la presentación de la renuncia de la concejal presidenta, y el interés es por la gobernabilidad de un municipio más, como los 58 restantes. Creemos que la decisión tomada ha sido tramitada de manera correcta”, declaró el funcionario.
Torres Sánchez subrayó que debe distinguirse entre un concejo municipal designado por el Congreso y un ayuntamiento electo por voto popular, pues esa diferencia jurídica —dijo— justifica que el relevo se tramite desde el Poder Legislativo.
“He visto que se busca impulsar una ruta jurídica distinta, pero no: la que se está haciendo es la correcta”, insistió.
El secretario general reconoció que hubo señalamientos internos en la administración
“Vamos a estar del lado de la nueva concejal presidenta, si así lo determina el Congreso. Lo que nos impulsa aquí es el servicio público, no un asunto político distinto”, agregó.
Torres confirmó que la Comisión de Gobernación del Congreso validó la renuncia de Rivera y propuso como relevo a la diputada con licencia Patricia Aradillas, decisión que deberá ser ratificada este viernes por el Pleno del Legislativo.
El funcionario estatal reiteró el respaldo del Gobierno a la eventual designación de Aradillas y afirmó que se buscará que Villa de Pozos sea uno de los municipios mejor administrados del estado, pese a los conflictos internos y las interpretaciones legales encontradas.
También lee: Tras sigilosa renuncia de Tere Rivera, diputados preparan madruguete y mañana nombrarían a su remplazo
El gobernador Ricardo Gallardo buscará a accionistas del Atlético de San Luis por el terreno donado
Por: Redacción
A un año del anuncio de la Ciudad Deportiva del Atlético de San Luis, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona aseguró que buscará a los accionistas del club antes de que termine el 2025, debido a que no se ha colocado ni la primera piedra del proyecto, a pesar de que el Gobierno estatal donó un terreno para su edificación.
“Buscaré a los accionistas del Atlético de San Luis por el tema del terreno que les donamos y no han hecho nada. Muy seguramente antes de diciembre estaremos reuniéndonos con ellos”, declaró el mandatario.
La promesa fue hecha en marzo de 2022, cuando Gallardo anunció que el Gobierno del Estado construiría, junto con la directiva del club, una Ciudad Deportiva para formar nuevos talentos, fomentar valores y alejar a los jóvenes de las adicciones.
En ese momento, el gobernador y el entonces presidente del club, Juan Alberto Marrero, destacaron que el proyecto contaría con apoyo del Instituto Potosino del Deporte y del Atlético de Madrid, socio mayoritario del equipo potosino.
En agosto de 2024, el propio Gallardo anunció que el 2 de octubre se colocaría la primera piedra, en un acto encabezado por Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, e informó que la primera inversión sería de 40 millones de euros.
Sin embargo, nunca hubo evento, ni obra, ni inversión. A la fecha, el terreno permanece sin movimiento
El panorama se complica aún más tras la reciente noticia de que Apollo Sports Capital, fondo derivado de Apollo Global Management, comprará la mayoría de acciones del Atlético de Madrid, operación que incluye también al Atlético de San Luis y al Atlético Ottawa de Canadá.
La transacción se concretará a inicios de 2026, lo que deja en incertidumbre los compromisos previos entre el club y el Gobierno estatal.
Esta adquisición convierte a Apollo en el segundo grupo de capital estadounidense con presencia en la Liga MX, tras la compra del Querétaro por Innovatio Capital, y reaviva el debate sobre la multipropiedad en el futbol mexicano, pues Apollo también tiene participación en el Necaxa.
La Federación Mexicana de Futbol (FMF) ha insistido desde hace años en eliminar esta práctica, que la FIFA considera irregular, aunque no existe aún una fecha límite ni sanciones formales.
Mientras tanto, el gobierno potosino insiste en que el club cumpla con su compromiso, pese a que los nuevos dueños podrían modificar o cancelar los acuerdos establecidos con la administración estatal.
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