octubre 11, 2025

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Congreso del Estado

Congreso de SLP aprobó los informes de la ASE

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Las y los diputados aprobaron el informe general y los informes individuales sobre las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2021

Por: Redacción

El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por mayoría el Informe general y los informes individuales de auditoría, rendidos por la Auditoría Superior del Estado (ASE), como resultado de la fiscalización de las cuentas públicas ejercicio fiscal 2021, de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de 7 entes autónomos: la Comisión Estatal de Derechos Humanos; el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública; la Fiscalía General del Estado; el Tribunal Electoral del Estado; Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Los informes aprobados corresponden también a 21 Sistemas DIF Municipales, 22 organismos operadores de agua potable, el Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí, el Instituto Municipal de Vivienda de Soledad de Graciano Sánchez; y los 58 ayuntamientos de la entidad, todos ellos, rendidos por la Auditoría Superior del Estado, como resultado de la fiscalización de las cuentas públicas ejercicio fiscal 2021.

Los documentos indican que el universo seleccionado para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2021, fue por la cantidad de $13,308,566,478.05, mientras que la muestra auditada asciende a $10,892,023,599.27, esto significa que la ASE revisó el 81.8% del universo seleccionado.

El Congreso del Estado de San Luis Potosí dio a conocer que de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí, las observaciones presentadas por la Auditoría Superior del Estado según su Informe General derivaron en 685 pliegos de observación, 297 solicitudes de aclaración, 1,473 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 156 Solicitudes de Aclaración sin importe, 255 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; es decir, un total de 2,866 acciones, además de 1507 recomendaciones.

El análisis de la información presentada por la ASE en el Informe General, así como del análisis a los informes individuales concluyó que el monto observado para la Cuenta Pública del ejercicio 2021, ascendió a la cantidad de $ 2,078,554,118.49 que resultan de la suma de del importe reflejado como pliego de observaciones por la cantidad de $ 710,781,903.46, más el importe de las solicitudes de aclaración por $1,367,762,215.03.

El monto total resarcido al erario público fue de $ 1,092,613.06, no obstante que el monto observado fue de $ 2,078,544,118.49, lo que significa que el resarcimiento fue de sólo el 0.0526% en relación al monto observado.

La revisión de las cuentas públicas indicó que se practicaron 103 auditorías especiales de fiscalización municipal y a sus organismos descentralizados, financiera y de cumplimiento; 24 auditorías especiales de fiscalización de los poderes del estado y organismos autónomos, financiera y de cumplimiento; y 46 auditorías de desempeño al Poder Ejecutivo en Administración Centralizada y Descentralizada, Poder Legislativo, Organismos Autónomos, Municipios y Organismos Municipales Descentralizados.

La Comisión de Vigilancia y la Unidad de Evaluación y Control de la misma revisaron la documentación y se estableció en el dictamen respectivo que el Informe General y los Informes Individuales de Auditoría emitido por la Auditoría Superior del Estado como resultado de la fiscalización de la cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021, fueron realizados con apego a las disposiciones legales aplicables.

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Congreso del Estado

Prohíben venta de medicamentos con receta a menores de edad en SLP

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El Congreso del Estado aprueba reforma a la Ley de Salud para prevenir la automedicación infantil y adolescente

Por: Redacción

El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó una reforma a la Ley de Salud estatal para prohibir la venta o suministro de medicamentos que requieran receta médica a niñas, niños y adolescentes, salvo cuando se presente la prescripción correspondiente por parte de un médico autorizado.

La iniciativa fue presentada por la diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas, quien argumentó que el uso indebido de medicamentos sin supervisión representa un riesgo serio para la salud de la población menor de edad, especialmente ante la práctica creciente de automedicación o consumo con fines no terapéuticos.

Como parte de la reforma, se establece que la Secretaría de Salud del Estado deberá implementar campañas informativas dirigidas a madres, padres, tutores y adolescentes, para promover el uso responsable de los medicamentos y advertir sobre los efectos adversos del consumo sin control médico.

Los establecimientos comerciales que ofrezcan medicamentos deberán exigir receta médica a personas menores de edad

para concretar la venta. En caso de incumplimiento, se aplicarán sanciones conforme a la legislación vigente.

En su exposición de motivos, Aradillas destacó que el acceso fácil a medicamentos de venta libre o con prescripción ha derivado en prácticas peligrosas entre jóvenes, como el uso en dosis mayores o con fines distintos a los terapéuticos, lo cual puede causar daños graves en la salud.

Además de la prohibición, la reforma contempla que el sector salud refuerce acciones de concientización sobre los riesgos de la automedicación en menores, con el objetivo de disminuir casos de abuso o uso inadecuado de fármacos entre este sector de la población.

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Congreso del Estado

INPP será la base para establecer cuotas de agua en 2026: Congreso

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Nancy Garcia dijo dijo es es importante que los organismos busquen alternativas para hacer más eficientes sus procesos

Por: Redacción 

La Comisión del Agua del Congreso del Estado, sostuvo una reunión de trabajo con personal del Instituto Nacional de Estadística y  Geografía, (INEGI), y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), así como titulares de organismos operadores de agua potable, a fin de conocer los parámetros relacionados al Índice Nacional de Precios al Productor, para el cálculo de sus cuotas y tarifas de agua.

 

La diputada Nancy Jeanine García, presidenta de la Comisión del Agua, señaló que de acuerdo a la información proporcionada, el acumulado anual del Índice Nacional de Precios al Productor, está en 3.25 por ciento, el cual servirá de base para la presentación de los ajustes a sus propuestas de cuotas y tarifas de agua para el ejercicio fiscal 2026.

 

La legisladora precisó que si bien los organismos operadores buscarán actualizar sus cuotas y tarifas de agua, es importante que se apeguen a estos conceptos, ya que lo que se debe priorizar es no afectar a los usuarios.

 

“Por eso vino el compañero de INEGI, porque nos explicaba cómo se determina el Índice de Precios al Productor, cómo va aumentando, cómo va al mes con mes”

 

Agregó que también es importante que los organismos busquen alternativas para hacer más eficientes sus procesos, mejorar su recaudación y buscar una coordinación con los propios Ayuntamientos, a fin de que puedan concretar la realización de obras de infraestructura hidráulica.

 

 

 

 

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Congreso del Estado

Deudores alimentarios están obligados a informar si dejan de laborar: Congreso

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“También se obliga a que la persona empleadora, tenga la obligación de dar aviso si la persona deudora alimentaria ha dejado de trabajar”

Por: Redacción

Las y los diputados integrantes de la Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado, aprobaron por unanimidad el dictamen que propone reformas al Código Familiar del Estado, que establece la obligación del deudor alimentario de dar aviso de su nuevo empleo e ingreso, siendo acreedor a medios de apremio en caso de no dar aviso al juez.

 

La presidenta de la Comisión, diputada Jessica Gabriela López Torres informó que el objetivo es que el juez tenga los elementos para tomar una decisión respecto de qué va a suceder en tanto este deudor pueda seguir con su pago de alimentos, el cual tiene obligación.

 

“De esta form a también se obliga a que la persona empleadora, -ya no se utiliza el término patrón-, tenga la obligación también de dar aviso si esta persona deudora alimentaria ha dejado de trabajar en esta empresa y de esta forma, estamos dando una mayor certeza y garantía para salvaguardar el principio que todos buscamos que es el interés superior del menor de recibir alimentos”.

 

Explicó que “en nuestra sociedad debemos tener muy claro que la obligación de los alimentos es un derecho para las infancias potosinas, de esta forma damos un avance respecto de este tema y esta problemática tan sufrida, y se garantiza el pago de alimentos a los menores”.

 

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