Congreso del Estado
Congreso de SLP aprobó acuerdo en favor al combate de la mosca de la fruta
“Se busca que el estado se declare “zona libre” de este insecto”: Isais Rodríguez
Por: Redacción
Salvador Isais Rodríguez informó que las y los integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural y Forestal, aprobaron el Punto de Acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Federal, para que en las acciones correspondientes al año 2023, se contemplen las partidas que den suficiencia a dar continuidad a los programas de combate de la mosca de la fruta en la zona media del Estado de San Luis Potosí
El dictamen también exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (SEDARH), intensificar las acciones de control de la mosca de la fruta, con el propósito de suprimir sus poblaciones y obtener el estatus de “zona libre” para la Zona Media del estado.
“Coincidimos en la importancia que tiene continuar con los programas de combate a plagas y enfermedades, en este caso, el de la mosca de la fruta, lo que representa un beneficio para la economía de las regiones productoras de cítricos en San Luis Potosí.”
Isais Rodríguez dijo que las acciones emprendidas en años anteriores han logrado que las pérdidas por esa plaga, se hayan disminuido hasta en un 95%, impactando positivamente en aproximadamente 46 mil toneladas de cítricos con un valor de 277.8 millones de pesos.
El diputado finalmente añadió que desde el año 2020 a la fecha, la capacidad de aportación se ha visto limitada mediante los recortes presupuestales, especialmente del Gobierno Federal. Afectando directamente a los productores de la región y a las actividades de control químico y mecánico para controlar la plaga que desde el año de 1998 ha aparecido en la región.
El dictamen será enviado al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y en su caso ser votado.
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Congreso del Estado
Congreso hará consultas sin el Ceepac
La SCJN dio plazo para formalizar el protocolo; el ejercicio podría costar nuevamente nueve millones de pesos
Por: Redacción
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés, afirmó que en el mes de abril estará lista la organización de las consultas que se llevarán a cabo para dar cumplimiento a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Luego de que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) definiera que no coadyuvará con el Poder Legislativo en la realización de este ejercicio, legisladores, la presidenta de la Directiva, diputada Sara Rocha, y personal del área jurídica se reunieron con la SCJN para abordar el tema.
Serrano Cortés reconoció al máximo órgano de justicia del país como un facilitador del proceso y señaló que se agotó la posibilidad de realizar las consultas a través del Ceepac, que —dijo— es un órgano que puede garantizar un proceso equilibrado y equitativo, pero informó que no hubo condiciones para concretarlo.
El diputado añadió que la consulta ya se había realizado previamente con un costo de nueve millones de pesos; sin embargo, la instrucción es llevarla a cabo nuevamente. Explicó que la Corte otorgó un plazo para formalizar el protocolo, construir un cuerpo operativo y técnico, así como definir preguntas y lineamientos
.Indicó que a principios de abril se contará con el protocolo y se realizará una reunión previa con la SCJN para evitar futuras impugnaciones derivadas de posibles omisiones en la formalidad del proceso.
Sobre el costo del nuevo ejercicio, señaló que se contempla una base presupuestal similar a la anterior, lo cual ya fue dialogado con la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo, al tratarse de un mandato que no puede postergarse y tras no concretarse el apoyo del Ceepac.
Finalmente, expuso que el Congreso puede realizar directamente el ejercicio, aunque buscarán reducir costos. Precisó que se llevarán a cabo dos consultas: una en materia de discapacidad, que calificó como más sencilla y que se realizará primero; y otra relacionada con la Ley Indígena, la cual representa mayor complejidad y se desarrollará conforme a los mecanismos establecidos en la legislación correspondiente.
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Congreso del Estado
Proponen cárcel y sanciones por abusos laborales
Diputada plantea reformas para castigar discriminación y explotación contra jornaleros, migrantes y personas con discapacidad
Por: Redacción
Con el propósito de fortalecer los mecanismos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia y discriminación en el ámbito laboral, con especial énfasis en personas trabajadoras del campo, migrantes, personas con discapacidad, personas indígenas o afromexicanas, o que pertenezcan a un grupo en situación de vulnerabilidad, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira propuso reformas a la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación del Estado y al Código Penal del Estado.
La legisladora señaló que es indispensable fortalecer la protección de estos grupos debido a que están expuestos a diversos abusos laborales, ya sea por sus condiciones socioeconómicas, porque históricamente han sufrido discriminación o porque enfrentan alguna discapacidad.
De esta manera, se propone reformar el artículo 10 de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación del Estado de San Luis Potosí, para establecer como obligaciones de las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia y en materia laboral, garantizar condiciones de trabajo que prevengan, atiendan, sancionen y erradiquen cualquier tipo de discriminación, así como el ac oso y el hostigamiento de carácter sexual, a través de protocolos, campañas informativas, capacitación y mecanismos de atención.
Esto, con especial énfasis en personas trabajadoras del campo, migrantes, personas con discapacidad, personas indígenas o afromexicanas
, o que pertenezcan a un grupo en situación de vulnerabilidad.También se propone adicionar el artículo 350 BIS al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, en el apartado de protección de los derechos laborales, dentro del capítulo denominado Delitos contra el Derecho de los Trabajadores. Este artículo tipifica conductas realizadas por el patrón como entregar cantidades inferiores al salario mínimo legal; pagar salarios en mercancías; retener, total o parcialmente, los salarios como sanción económica o por cualquier motivo no autorizado legalmente; u obligar a los trabajadores a realizar jornadas sin descanso que excedan los límites establecidos por la ley.
En este sentido, la iniciativa propone incrementar las sanciones hasta en una mitad cuando la víctima sea persona trabajadora del campo, migrante, persona con discapacidad, persona indígena o afromexicana, o pertenezca a un grupo en situación de vulnerabilidad.
Las iniciativas fueron turnadas a las comisiones legislativas correspondientes para su análisis.
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Congreso del Estado
Proponen centros de cuidado infantil gratuitos cerca de parques industriales de SLP
El objetivo es que el salario alcance más, reducir la pobreza laboral y facilitar que madres y padres continúen trabajando
Por: Redacción
Con el objetivo de incentivar la creación de centros de cuidado infantil en zonas de alta densidad industrial, la diputada Sara Rocha Medina propuso iniciativa de modificación a la Ley de Centros de Educación Inicial y Cuidado Infantil del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
La legisladora señala que se busca incentivar que las empresas, en coordinación con el Estado, instalen centros de cuidado en o cerca de las zonas industriales, estableciendo mecanismos para que el personal operativo no tenga que pagar por estos servicios, permitiendo que su salario rinda más para alimentación y otras necesidades básicas.
La legisladora señaló que resulta importante asegurar que la ubicación de estos centros en zonas industriales sea validada bajo criterios estrictos de Protección Civil, evitando riesgos por la actividad fabril colindante.
“Al subsidiar o hacer gratuitos estos servicios en zonas industriales, el Estado de San Luis Potosí no solo estará cumpliendo con el derecho humano a la educación inicial, sino que estará implementando una política de combate a la pobreza efectiva, directa y que fortalece la competitividad de nuestras empresas ”, manifiesta la diputada.
La inversión en servicios públicos de cuidado de la primera infancia tiene beneficios a corto y largo plazo. En el corto plazo, estos servicios permiten a las madres tener un trabajo remunerado fuera del hogar, mientras que en el largo, contribuyen al desarrollo integral infantil.
Uno de los gastos más onerosos para las familias trabajadoras es el cuidado infantil. La falta de opciones accesibles y cercanas a los centros de trabajo no solo merma la economía familiar, sino que también limita la participación de las mujeres en el mercado laboral y aumenta el ausentismo en las empresas.
La iniciativa contempla también incorporar el concepto de pobreza laboral, reconocido como el indicador que permite estimar el porcentaje de la población que tiene un ingreso laboral inferior al valor monetario de una canasta alimentaria.
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