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¿Congreso de SLP apoyará propuesta para dar castración química a violadores?
Panistas y morenistas aseguraron que hace falta endurecer las penas, pero tienen reservas sobre la iniciativa: “vamos a revisar cómo viene”
Por: Karina González
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, dio a conocer esta semana que impulsará dos iniciativas al Congreso del Estado para que se aprueben las penas de castración química a violadores y la pena de muerte a feminicidas. El mandatario reconoció que la segunda es imposible que prospere, pues requeriría de una reforma constitucional a nivel federal, sin embargo, dijo que pretende sentar un precedente para que el tema se discuta en las esferas nacionales. Para el caso de la castración química, existen posibilidades de que se apruebe, pues se requiere únicamente una reforma al Código Penal local.
José Luis Fernández, coordinador de los diputados del Partido Verde, adelantó que este instituto político presentará la propuesta para aprobar la castración antes de que concluya este año, lo que significa que también el PT apoyará al mandatario; pero ¿cómo votarán Morena y los partidos de oposición?
La Orquesta consultó a Aranzazú Puente, congresista por el PAN y actual presidenta del Congreso, y Antonio Lorca, coordinador del grupo parlamentario de Morena, para conocer cuál sería la postura de sus respectivos partidos.
Aranzazú Puente dijo que considera que deben endurecerse las penas contra los delitos de violación y feminicidio, pero acotó que la primera solución a estos problemas es la prevención, por lo que se debe fomentar la prevención y el respeto a las personas y las mujeres desde los núcleos familiares y las escuelas:
“Es un tema que nos duele a todos, debe haber una impartición de justicia. En el PAN defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural, pero vamos a esperar a ver cómo viene la iniciativa en caso de que se presente, sería estudiarlo a fondo y que la ciudadanía también opine”.
Antonio Lorca se pronunció en contra de las propuestas del gobernador y afirmó que “las leyes deben ser justas y no justicieras ni vengativas”, pese a ello el morenista mencionó que es necesario que se presente la iniciativa para conocerla y analizarla:
“Lo importante es disminuir la inseguridad y el riesgo para los potosinos. El sentir de los familiares muchas veces se deja en segundo plano y no hay pena que alcance para reparar el daño de las víctimas y sus familias. No hay que caer en excesos, pero hay que hacer que las penas sean más justas, que realmente se cumplan y se condene a los culpables. Vamos a analizar qué se puede hacer”.
La legisladora panista reconoció que el problema ya existe y reiteró que debe existir justicia para las víctimas, por lo que se requiere un análisis a fondo para apoyarlas desde el Legislativo y la Fiscalía General del Estado, por ello, adelantó, sostendrán una mesa de trabajo con el fiscal José Luis Ruiz Contreras para abordar el tema.
Finalmente, el congresista de Morena mencionó que el sistema de justicia mexicano necesita madurar y darle certeza y confianza a la gente, situación que hoy no existe.
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TEESLP advierte: las campañas de 2027 llegarán sin reglas para el uso de IA
Dennise Porras advirtió que la legislación electoral no contempla disposiciones sobre el uso de inteligencia artificial en campañas políticas
Por: Redacción
La elección de 2027 en San Luis Potosí llegará sin un marco jurídico que regule el uso de inteligencia artificial en las campañas políticas. Así lo advirtió Dennise Porras Guerrero, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP).
“No hay un marco jurídico ni robusto ni débil, porque simplemente no existe”, afirmó Porras Guerrero a Pulso. La magistrada señaló que la legislación electoral vigente no contempla disposiciones sobre inteligencia artificial aplicada a las campañas, ni sobre el metaverso, los avatares o los contenidos generados mediante estas herramientas.
Ante ese vacío, el Tribunal deberá resolver las controversias que se presenten durante el proceso electoral con base en los criterios jurisdiccionales existentes y los precedentes que emita la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), conforme lleguen las denuncias o medios de impugnación.
Porras Guerrero sostuvo que la ausencia de regulación no implica restringir derechos como la libertad de expresión , pero sí evidencia la necesidad de contar con reglas que otorguen certeza jurídica frente al uso de nuevas tecnologías. Ignorar el fenómeno, subrayó, “no es una opción”, dado el crecimiento del entorno digital en los procesos electorales.
El reto tecnológico se suma a una presión operativa que el propio Tribunal ya había reconocido. En junio, la magistrada presidenta informó a que el TEESLP buscará elevar su presupuesto de 32.5 a cerca de 45 millones de pesos para el próximo ejercicio fiscal, ante la necesidad de reforzar su plantilla —actualmente reducida— y contratar personal eventual para la carga electoral. “Estamos a contrarreloj”, reconoció entonces.
Las reformas político-electorales prevén además que el proceso local de 2027 arranque el 15 de noviembre, lo que acorta los tiempos de preparación.
También lee: TEESLP busca elevar su presupuesto a 45 millones de pesos
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Sedesore verifica entregas para frenar duplicidad de “Tekmol”
Sedesore reiteró que los programas deben entregarse directamente a los beneficiarios, sin intermediarios
Por: Redacción
La Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) dijo que da seguimiento a las denuncias de duplicidad en la entrega de despensas en Ciudad Valles y que verifica cada entrega para evitar que los apoyos se repliquen. “Ese tema lo revisamos: la intención de las entregas es verificar toda la entrega y que no se puedan duplicar todos los espacios”, afirmó María del Rosario Martínez Galarza, titular de la dependencia. Los señalamientos apuntan a José Luis Romero Calzada, conocido como “El Tekmol”, quien en video se ha atribuido la entrega de despensas de programas estatales en ese municipio.
El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí cuenta con diez días hábiles, a partir de finales de junio, para iniciar procedimientos contra Romero Calzada y otros dos integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gabriela Martínez Lárraga y David Medina Avendaño, luego de una denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). César González García, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Ciudad Valles, dijo que el equipo jurídico del partido seguirá aportando evidencia para fortalecer la denuncia.
Días antes, el secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Enrique Dahud Uresti, había exigido que se investigue la entrega de despensas por parte de personajes políticos que no son funcionarios estatales, entre ellos Romero Calzada y el diputado federal Óscar Bautista Villegas. “No sabemos si se las entrega el DIF o la Sedesore; está documentado y vemos que le llegan tráileres de este tipo”, declaró Dahud Uresti sobre el caso de Ciudad Valles.
No es la primera vez que Romero Calzada es señalado por repartir apoyos sociales atribuidos al gobierno estatal. En julio de 2025, tras difundir en redes sociales que recibiría 15 mil despensas mensuales del programa de Seguridad Alimentaria para distribuirlas él mismo, Sedesore emitió un comunicado en el que aclaró que los apoyos se entregan de manera directa a los beneficiarios, sin intermediarios, y que quien se ostente como “enlace” en la distribución incurre en faltas a la ley.
Un año después, con una denuncia electoral en curso, Sedesore sostiene la misma línea: verificar cada entrega para blindarla de duplicidad, aunque hasta ahora no ha señalado directamente a Romero Calzada ni precisado qué medidas tomará frente a la denuncia que ya tiene el Tribunal Electoral.
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Sedarh confirma primer cierre de un invernadero en SLP por aranceles de EE.UU.
El titular de Sedarh reconoció que la incertidumbre ha llevado a productores a dejar de apostar por el mercado estadounidense
Por: Redacción
Los aranceles impuestos por Estados Unidos ya comienzan a impactar al sector agropecuario de San Luis Potosí, al generar incertidumbre entre los productores y provocar el cierre de al menos un invernadero en el municipio de Rioverde, informó Jorge Luis Díaz Salinas, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh).
El funcionario explicó que, aunque la exportación de becerros en pie continúa restringida, la venta de carne no enfrenta actualmente obstáculos para ingresar al mercado estadounidense.
“Lo que sí estamos exportando es la carne; la carne pasa y no tiene ningún problema”, señaló.
Respecto a productos agrícolas como jitomate, chile y otros cultivos de exportación, Díaz Salinas indicó que aún no existe c laridad sobre el impacto que podrían tener las revisiones anuales al T-MEC anunciadas recientemente.
“Hasta ahorita no tenemos cómo vaya a afectar al jitomate, a los chiles o a otros productos que exportamos a Estados Unidos”, comentó.
Sin embargo, reconoció que la política arancelaria aplicada por el gobierno estadounidense ya ha provocado pérdidas económicas al sector.
“Con los aranceles sí se han perdido muchos, sobre todo porque no hay la certidumbre de que puedan vender bien sus productos para allá; entonces mucha gente ya no le está apostando”, afirmó.
El secretario explicó que quienes más resienten esta situación son los propietarios de invernaderos de alta tecnología, ya que dependen en gran medida del mercado estadounidense y ajustan sus exportaciones conforme a los contratos que mantienen con compradores internacionales.
Como ejemplo, confirmó que un invernadero ubicado en Rioverde dejó de operar debido a la disminución en la rentabilidad del negocio.
“Ya se cerró un invernadero en Rioverde por los mismos temas de que ya no es tanto negocio, y no es tanto negocio por los aranceles que está poniendo Trump”, sostuvo.
Aunque la Sedarh no cuenta con una estimación sobre el monto de las pérdidas económicas ni el número de productores afectados, el funcionario reconoció que la incertidumbre comercial ha comenzado a modificar las decisiones de inversión dentro del sector agrícola potosino.
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