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¿Cómo va la campaña de Mónica Rangel según los especialistas?
Israel LM Elizondo apunta a que la candidata de Morena no cuenta el apoyo de su partido a nivel local; mientras que Oswaldo Ríos asegura que en breve comenzará a crecer
Por: Ana G. Silva
El pasado 5 de marzo dieron arranque las campañas electorales de los candidatos a la gubernatura en San Luis Potosí, en la cual Mónica Liliana Rangel Martínez, abanderada de Morena, dio inició durante los primeros minutos de aquel día, sin embargo, hasta la fecha ha mantenido un perfil bajo. La Orquesta contactó a los analistas políticos Oswaldo Ríos e Israel LM Elizondo para conocer su opinión sobre la campaña de la apuesta morenista.
Ambos analistas coincidieron en que Mónica Rangel y Octavio Pedroza, candidato de la coalición Sí por San Luis se disputan el primer lugar de las preferencias.
“La pongo en empate técnico con Octavio y abajo de ellos Ricardo Gallardo, pero ninguno de los dos despegando, la candidatura del Verde avanza con más fuerza incorporando activos políticos, se está emparejando”, indicó Israel LM Elizondo.
LM Elizondo reiteró que a Mónica Rangel le ha faltado levantar su campaña, pues ha tenido un proceso turbulento de la ausencia de legitimidad con las bases, las impugnaciones; aunque destacó un cambio de imagen a lo campaña con los colores del partido, el discurso y hasta el cambio de nombre para autodenominarse “Doctora Mónica” tratando de construir la parte de la marca como candidata.
Por su parte, Oswaldo Ríos señaló que la campaña de Mónica Rangel todavía no ha demostrado su plenitud por dos factores: “Parece que ante el miedo de enfrentar una conflictividad interna en Morena la candidata ha sido cautelosa; también incide el semáforo naranja que tuvimos mucho tiempo, en el que no pudo tener concentraciones masivas, pero con el semáforo amarillo su campaña empieza a entrar en una fase de expansión tanto de eventos como de narrativa y mensaje político”.
Ríos argumentó que sí ve apoyo de Morena nacional a su candidata de San Luis Potosí; sin embargo, ha notado un comportamiento “extraño” por parte de Gabino Morales, delegado federal del programa de Bienestar:
“Creo que la estructura del delegado federal ha estado apuntalando la postura de Ricardo Gallardo, encuentro señales extrañas de gente que estuvo trabajando en la delegación de Bienestar hoy está en la estructura del Partido Verde, no se si Gabino se maneja de manera independiente al gobierno federal o es una instrucción del presidente de la República apoyar a Gallardo”, agregó que este tema en realidad no le perjudica a Rangel Martínez pues ni la delegación ni Gabino Morales tienen buena imagen.
Israel LM Elizondo indicó que también considera que no hay cercanía con la dirigencia estatal del partido, incluso hay una huelga de brazos caídos: “No están saliendo del partido con excepción de Leonel Serrato, pero tampoco están apoyando en público, no sé hasta dónde esta parte de la marca, o sea el partido, y la popularidad del presidente le alcance a la doctora Mónica que hará su esfuerzo”; añadió que no ve un respaldo total de la dirigencia nacional de Morena a Mónica Rangel y considera que hay un doble juego por parte de Mario Delgado: “Se ve que Mario Deldago tiene por abajo un lazo político con Gallardo desde la Cámara de Diputados, o sea, no les desagrada que ganara Gallardo, entonces el que despegue tendrá mayor apoyo”.
Oswaldo Ríos argumentó que Antonio Lorca ha hecho un buen trabajo como coordinador de campaña de Mónica Rangel, 
No obstante Elizondo dijo que Lorca ha trabajado muy poco: “he visto algunos mítines quejándose en la huasteca, pero también los coordinadores de campaña han tenido un rol secundario de todos los candidatos, tal vez vamos a ver cuando los medios de comunicación abran espacio de debates de los coordinadores, porque no tengo idea de quienes coordinan las campañas de los otros candidatos, a Lorca no lo he visto cercano a las fotos con la doctora”.
El analista subrayó que Lorca no va a poder convencer a la militancia que Mónica Rangel es la candidata del partido del presidente pues “se sienten pisoteados” y Lorca no es de las bases del partido: “No puede convocar a que apoyen a Mónica, en esta parte la izquierda prefieren ganar en dignidad y perder en la elección, hay quienes llaman a no votar y se ve clara la huelga de brazos caídos, ni Paloma ni Gabino ni Serrano, ni la diputada María Luisa Veloz se han pronunciado y no creo que le den su respaldo, al presidente sí, pero a Mónica no creo”.
Oswaldo Ríos consideró que convencer a los militantes ya debe estar superado, ahora su reto es ganar electores: “sería una equivocación que siga pensando que su campaña está dentro de Morena, eso ya pasó, ahora es sacar la campaña a la sociedad y hacerla atractiva a públicos que no son Morena, esta elección se gana con los votos de pueblo, no con voto de Morena, en los partidos políticos milita menos del dos por ciento de los habitantes del país, entonces una elección no la ganas con el voto de la militancia”.
Finalmente, Ríos comentó que es lógico que Mónica Rangel siga la línea de cuestionar el ejercicio de gobierno actual si quiere ganar la gubernatura:
“El problema lo tiene Octavio que tiene que prometer cambio de gobierno pero lo postula el partido que está en el gobierno y es complicado, porque la doctora tiene que prometer cambio de gobierno y ella es Morena. Que ella haya estado en esa gestión en un tema de círculo rojo, no es un tema de manejo social amplio”.
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Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
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El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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