Destacadas
Cigarrillos con mota o cristal, la otra cara del “vapeo” en SLP
Aunque ya cobró una víctima en el estado, los cigarros electrónicos aún pueden comprarse en el Centro, incluso, con mariguana o cristal
Por: Ana Dora
A finales de septiembre de este año, la Secretaría de Salud Federal emitió un aviso epidemiológico por el uso de cigarrillos electrónicos o vapeo. A través del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica se informó al personal de salud de todo el país cómo detectar los síntomas respiratorios producidos por el uso estos dispositivos.
En el comunicado, la Secretaría de Salud indicó que al usar un vapeador se inhalan “sustancias potencialmente dañinas, como compuestos orgánicos volátiles, partículas finas, metales pesados como níquel, estaño, plomo, sustancias químicas cancerígenas, saborizantes como el diacetilo, sustancia química vinculada a enfermedad grave de los pulmones”.
Los principales síntomas son tos, dificultad para respirar, dolor en el pecho, náuseas, vómitos, diarrea, fatiga, fiebre o dolor abdominal, por lo que se recomienda solicitar atención médica de inmediato.
Posteriormente, el 29 de octubre se reportó el deceso de un joven en San Luis Potosí, el cual había ingresado al Hospital Central con un cuadro pulmonar severo. Las autoridades sanitarias aún analizan el caso para determinar si este joven murió por el uso constante de un “vapeador”.
Por esta situación se encendieron las alertas de salud a nivel nacional. En San Luis Potosí, el comisionado estatal de Riesgos Sanitarios, Carlos Aguilar Acosta, informó que la Coepris intensificó la “vigilancia, control y fomento sanitario para la no venta de productos sucedáneos del tabaco, tales como cigarros electrónicos y/o vapeadores, así como sus insumos: líquidos saborizados, cápsulas de recarga o cartuchos; con la finalidad de que estos productos no representen algún riesgo para la salud de la población”.
Aguilar Acosta informó que se han realizado once operativos en los que se aseguraron “123 cigarros electrónicos o vapeadores; 659 insumos asegurados como cartuchos, líquidos de diferentes sabores y de nicotina, así como otro tipo de accesorios propios de estos productos”.
También se han concertado reuniones con propietarios de establecimientos donde se vende este producto, sobre todo del Centro Histórico, como la Plaza de la Tecnología.
Sin embargo, esto no ha disminuido el uso de vapeadores. Óscar y Alejandro son dos jóvenes que estudian la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). Señalaron para La Orquesta que utilizan este dispositivo porque les brinda diversas ventajas como mejor sabor y un costo menor.
“Vapeo porque es más barato. En cigarros usaba dos cajetillas a la semana o más, acá es comparar el aparato, como de unos 600 pesos y después solo el botecito que te cuesta desde 50 pesos y te dura mucho”.
“Está chido, es un sabor mucho mejor, no como el cigarro. Hay variedad, fresa, vainilla y kiwi son los sabores que más me gustan”. Refirieron no haber escuchado acerca de daños a la salud “no he escuchado que sea dañino” 
De acuerdo con José Ramón Comas Viñas, especialista del Instituto Temazcalli, el hecho de que el gobierno permita “vapear” genera un doble mensaje para los jóvenes. Asimismo. señaló que vapear “no se tiene control adecuado de la concentración de la sustancia que se inhala”, puesto que se “genera un efecto directamente al cerebro”.
El doctor Comas Viña comentó que es necesario “empezar campañas de prevención”, sobre todo entre jóvenes. Comas Viñas añadió que por los “sabores que se venden aparentemente parece algo inocuo” y esto posiblemente podría generar el consumo a otras sustancias ilícitas, pues según el especialista del Instituto Temazcalli, al consumidor “se le va a hacer fácil”. Recalcó que “a la larga el consumo podría llevar a la muerte”, por lo que la prevención es el mejor camino.
La Orquesta encontró que los vapeadores se venden de manera libre en varios establecimientos del Centro Histórico. Se ofrecieron dispositivos cargados de sustancias ilegales, el vendedor refirió “de los de Snoop Dogg pero similares”.
Se trata de vaporizadores cargados de mariguana líquida o de cristal, que se han hecho atractivos entre jóvenes. Los vapeadores cargados de cualquiera de las dos sustancias referidas tienen un costo de mil a mil 500 pesos, dependiendo de la “calidad”.
Aunque La Orquesta preguntó sobre los vapeadores con mariguana o cristal líquido, el vendedor dijo desconocer cómo es que llegan así.
El especialista del Instituto Temazcalli señaló que esa institución sí tiene conocimiento de que el vapear se usa también con sustancias ilegales. Sin embargo, “eso es competencia de otras autoridades. Nosotros estamos trabajando con la prevención”.
Comas Viña reiteró que el daño de vapear va directamente “al cerebro”, por lo que fumar es aún más riesgoso en esta modalidad.
Recomendamos leer también: Encontraron el cuerpo de una mujer dentro de una bolsa en SLP
De no lograrlo, el Poder Judicial quedaría en una grave falta a un ordenamiento federal
Por: Haniel Valdés Velázquez
El decreto que obliga a juicios orales en materia civil y familiar fue publicado desde 2023 y fija el 1 de abril de 2027 como plazo máximo e inaplazable. El calendario presupuestal estatal deja al Poder Judicial potosino apenas tres meses, entre enero y marzo, para construir la infraestructura que la ley exige.
El Poder Judicial de San Luis Potosí enfrenta una carrera contra el tiempo que fue advertida desde hace casi cuatro años: el decreto que crea el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, fija el 1 de abril de 2027 como fecha límite —automática, sin posibilidad de prórroga— para que la nueva justicia civil y familiar, basada en juicios orales, entre en vigor en el estado. El problema es aritmético: por el propio calendario presupuestal estatal, el recurso para construirla no llega antes de enero de 2027.
El Artículo Segundo Transitorio del decreto no deja margen de interpretación. Establece que la aplicación del Código entrará en vigor en cada entidad mediante declaratoria del Congreso local, previa solicitud del propio Poder Judicial estatal, pero fija que dicho trámite no podrá exceder el 1 de abril de 2027. Y añade un candado adicional: si no se emite la declaratoria correspondiente, la entrada en vigor será automática en todo el territorio nacional, sin que la fecha límite se mueva. No hay escenario en el que San Luis Potosí quede exento del plazo.
Lo que exige el nuevo Código no es un ajuste de formularios. Obliga a que los procesos civiles y familiares se desarrollen en audiencias orales —salvo excepciones fundadas—, incorpora la justicia digital (videoconferencia, expedientes electrónicos) y crea figuras procesales completamente nuevas, como el Juicio Ordinario Civil Oral, el Ejecutivo Civil Oral y el Hipotecario Oral. Se traduce en salas equipadas, conectividad y personal capacitado en todo el estado, no en un memorando administrativo.
Ahí es donde se cruza con el calendario del dinero. Por mandato constitucional, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) formula anualmente su propio presupuesto y lo remite al Poder Ejecutivo para que lo incorpore al Presupuesto de Egresos estatal; no lo negocia directamente con el Congreso.
La magistrada presidenta del STJE, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, confirmó que la propuesta de presupuesto para 2027 debe quedar aprobada por los tres órganos internos del Poder Judicial
De ahí, el proceso sigue un patrón que se ha repetido en los últimos tres ejercicios fiscales: el Ejecutivo tiene hasta finales de noviembre para entregar el paquete económico completo —Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos— al Congreso del Estado. La Comisión de Hacienda lo revisa en tres o cuatro sesiones y el Pleno lo aprueba, según el historial reciente, entre mediados y finales de diciembre. El presupuesto para 2025, por ejemplo, se publicó en el Periódico Oficial hasta el 26 de diciembre de 2024. Bajo ese mismo calendario, el dinero para 2027 no estaría disponible antes del 1 de enero de ese año.
Ahí queda planteado el dilema: entre que el recurso llega y el tope legal del 1 de abril, el Poder Judicial tendría apenas tres meses para construir salas orales, instalar sistemas digitales y capacitar personal en los distritos judiciales del estado. Y en las prioridades de gasto que la propia magistrada presidenta ha hecho públicas para el presupuesto 2027 —edificios y personal— no aparece mencionada de manera explícita esta infraestructura específica que exige el Código Nacional.
El antecedente no juega a favor del Poder Judicial potosino. En enero de este año, la propia institución reconoció que la no renovación de contratos de personal respondió a “cuestiones meramente presupuestarias”, derivadas de la necesidad de ajustar el gasto. Es decir: la insuficiencia de recursos no es una hipótesis alarmista para 2027, es una condición que el propio Poder Judicial ha admitido enfrentar en el presente.
El escenario de riesgo es concreto. Si el 2 de abril de 2027 se presenta una demanda bajo el nuevo Código exigiendo su desahogo en juicio oral y en sala oral, y esa infraestructura no está lista, el Poder Judicial del Estado quedaría en los hechos incumpliendo una ley federal de la que tuvo aviso desde junio de 2023.
También lee: Localizan sin vida a adulto mayor dentro de un taxi en la colonia San Ángel
De forma preliminar no presentaba huellas visibles de violencia. Fiscalía ya investiga y la necropsia determinará la causa de muerte
Por: Redacción
Un hombre de entre 65 y 70 años fue localizado sin vida la noche del sábado dentro de un taxi estacionado en calles de la colonia San Ángel, en San Luis Potosí.
El hallazgo ocurrió alrededor de las 21:00 horas, cuando vecinos de la zona reportaron a los servicios de emergencia que una persona se encontraba aparentemente inconsciente al interior de una unidad de transporte público, estacionada en el cruce de la avenida San Ángel y la calle Santa Martha, cerca del deportivo municipal.
El hombre se encontraba en el asiento del copiloto del taxi con número económico 2215. Al arribar al sitio, elementos de seguridad confirmaron que ya no presentaba signos vitales,
De manera preliminar, las autoridades no detectaron huellas visibles de violencia en el cuerpo; sin embargo, hasta el momento se desconoce qué provocó su fallecimiento.
Al lugar acudieron posteriormente agentes de la Policía de Investigación y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las primeras diligencias para establecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte y determinar si existe algún delito que investigar.
Una vez concluidas las actuaciones en el lugar, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal, donde se realizará la necropsia correspondiente.
También lee: Agentes recuperan un vehículo tan solo horas después de su robo
Los estudiantes caminarán hasta la Fiscalía General del Estado, donde exigirán avances en la investigación
Por: Redacción
A diez días del asesinato de Gabriel Salvador Martínez Flores, estudiante de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), integrantes de la comunidad estudiantil convocaron a una marcha para exigir justicia y avances en la investigación
La movilización se llevará a cabo el próximo 19 de agosto a las 14:00 horas. El punto de reunión será el edificio de Criminología, ubicado sobre la calle Tomás Esteves, en el Centro Histórico, desde donde los participantes caminarán hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).
La convocatoria fue difundida a través de redes sociales y plantea como principal exigencia el esclarecimiento del asesinato de Gabriel Salvador, ocurrido el pasado 7 de agosto en la colonia Rural Atlas, donde el joven fue atacado a balazos.
Gabriel tenía 21 años y cursaba la carrera de Criminología en la Facultad de Derecho. Además de formar parte de la comunidad universitaria, era integrante del equipo Águilas UASLP de tiro con arco, participaba en competencias nacionales y realizaba diversas actividades para contribuir a los gastos de su familia.
Su asesinato provocó indignación entre estudiantes, docentes, familiares y personas cercanas al joven, quienes han exigido que el caso no quede impune y que las autoridades esclarezcan quiénes fueron los responsables.
En medio de las exigencias de justicia, la Facultad de Derecho de la UASLP publicó el pasado 14 de agosto un posicionamiento en el que condenó públicamente el homicidio de Gabriel y expresó su solidaridad con sus familiares, amistades y compañeros.
La institución pidió a las autoridades encargadas de la investigación actuar con prontitud y rigor para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Sin embargo, el comunicado generó cuestionamientos entre integrantes de la comunidad universitaria debido al momento en que fue publicado. Gabriel fue asesinado el 7 de agosto y, durante los días posteriores, la Facultad únicamente había difundido una esquela dedicada al estudiante.
En los comentarios de la publicación, algunos usuarios reprocharon que el posicionamiento llegara después de que el caso adquiriera mayor difusión pública y se multiplicaran las exigencias de justicia.
También lee: Asaltan y matan a estudiante de la UASLP; familia y compañeros exigen justicia
-
Destacadas2 añosCon 4 meses trabajando, jefa de control de abasto del IMSS se va de vacaciones a Jerusalén, echando mentiras
-
Ciudad4 años
¿Cuándo abrirá The Park en SLP y qué tiendas tendrá?
-
Ciudad4 años
Tornillo Vázquez, la joven estrella del rap potosino
-
Destacadas5 años
“SLP pasaría a semáforo rojo este viernes”: Andreu Comas
-
Ciudad4 años
Crudo, el club secreto oculto en el Centro Histórico de SLP
-
Estado3 años
A partir de enero de 2024 ya no se cobrarán estacionamientos de centros comerciales
-
#4 Tiempos4 años
La disputa por el triángulo dorado de SLP | Columna de Luis Moreno
-
Destacadas4 años
SLP podría volver en enero a clases online
