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“Candidaturas indígenas aprobadas por el Ceepac, son discriminatorias”: Observatorio Indígena
Los partidos solo estarán obligados a postular candidatos y candidatas indígenas en dos distritos locales
Por Redacción:
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) aprobó los lineamientos para las el registro de candidaturas indígenas en las elecciones de diputaciones y ayuntamientos de San Luis Potosí para el proceso electoral del próximo año. Ante esto, la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina y el Observatorio Indígena Mesoamericano reaccionaron y describieron los acuerdos del Ceepac como “profundamente discriminatorios y excluyentes”.
En un comunicado firmado por Rogel del Rosal Valladares, asesor de la Coordinadora, y Juan Felipe, Ciseneros, representante del Observatorio, se señala que “el Ceepac trata de imponer arbitrariamente cierto número de personas indígenas en los ayuntamientos de municipios de mayoría indígena dejando fuera a los que tienen porcentajes menores al 50 por ciento de población indígena; es decir, dichos lineamientos ni siquiera se acercan a garantizar una cuota de indígenas de acuerdo al porcentaje de su población”, esto fue confirmado por el Ceepac, que reconoció que será en los distritos electorales 13, con cabecera en Tamuín y 14, con cabecera en Tamazunchale, donde deberán de integrarse candidaturas de fórmulas indígenas, ya que ellos cuentan con una población indígena mayor al 60% del total de sus habitantes.
El Ceepac agregó que “los municipios que superan el 50% de su población total indígena y en los cuales los partidos políticos, coaliciones, alianzas partidarias, candidatas o candidatos independientes deberán registrar candidaturas indígenas propietarias y suplentes son: Alaquines, Aquismón, Tancanhuitz, Coxcatlán, Huehuetlán, San Antonio, San Martín Chalchicuahutla, San Vicente Tancuayalab, Santa Catarina, Tamazunchale, Tampacán, Tampamolón Corona, Tamuín, Tanlajás, Axtla de Terrazas, Xilitla y Matlapa”.
Los representantes de las comunidades puntualizaron los siguiente:
“Un gran defecto de los mencionados lineamientos es que a los pueblos y comunidades indígenas no se les considera como sujetos colectivos de derecho público, como entes capaces de gobernarse y de establecer relaciones de interculturalidad con el resto de la sociedad. Se les ve como individuos aislados entre sí y no como sujetos colectivos de derechos para ejercer la libre determinación y autonomía reconocidos en el marco jurídico local, nacional e internacional (…) lo correcto es el establecer mecanismos para que las comunidades y pueblos indígenas ejerzan su derecho a la representación política mediante sus sistemas normativos, tanto para integrar sus gobiernos municipales y su representación en el Congreso del estado.
Finalmente, agregan que otro de los problemas con los aprobado es que se considera que “con el solo hecho de elevar las cuotas de indígenas a través de intermediarios políticos, como hasta ahora lo han sido los partidos políticos, coaliciones u otras figuras políticas que son entes ajenos a las instancias de decisión de las comunidades. Además se minimiza el porcentaje de población indígena en cualquier situación de la composición sociocultural de los municipios y del estado. Es decir, municipios con 10, 20, 30, 40 por ciento, más o menos, ni siquiera se les toma en cuenta; y sólo a los que tienen más del 50% de población indígena se les “pichicatea” su representación”.
La diputada Sara Rocha aseguró que condicionar la utilización de estos dispositivos ayudará al desarrollo integral de los estudiantes
Por: Redacción
La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma al artículo 60 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de delimitar el uso de los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo.
La reforma establece que “las autoridades educativas determinarán el uso complementario que se dará al uso del celular y demás dispositivos electrónicos como material educativo de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de estudiantes del nivel secundaria, estableciendo para ello los lineamientos necesarios para su aplicación dentro de la jornada escolar, quedando prohibido su uso dentro de los planteles de educación primaria”.
Dicho proceso deberá contar con la participación de directivos, docentes, madres, padres o tutores y, de acuerdo con el principio del interés superior de la niñez. Las autoridades educativas participaran en el diseño e implementación en coordinación con las autoridades correspondientes, de manera permanente y transversal, de las estrategias, campañas y programas formativos dirigidos a toda la comunidad educativa sobre el desarrollo del uso responsable de dispositivos electrónicos.
La congresista aseguró que “en un mundo globalizado donde la tecnología juega un papel cada más importante en el desarrollo de las diversas actividades que realizan las personas en todos los ámbitos de su vida, en especial los dispositivos electrónicos como son los teléfonos y relojes inteligentes, tabletas, computadoras, laptops
Sin embargo, recalcó que además de las ventajas que conlleva el uso de la tecnología, también genera efectos nocivos por el uso excesivo que cada vez más se está dando en todo el mundo, afectando la salud mental, los procesos de socialización y en general la forma de interactuar entre las personas.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis.
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Los citatorios se abrieron para diez ciudadanos de Sinaloa, mientras que uno alterno incluyó a funcionarios de Chihuahua
Por: Roberto Mendoza
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió citatorios para diez ciudadanos del estado de Sinaloa, entre los que se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, como parte de una investigación derivada de una acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Sobre esta primera acción ministerial, la dependencia federal determinó: “dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad“.
Dentro del expediente judicial radicado en la corte estadounidense se incluye al senador en activo Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. A diferencia del mandatario estatal con licencia, el legislador conserva su escaño y fuero constitucional; su última ubicación reportada en territorio sinaloense data del 10 de mayo, tras registrar ausencias en sus funciones legislativas desde finales de abril.
De forma paralela a esta indagatoria, la instancia de procuración de justicia federal desarrolla una investigación en curso requiriendo la presencia de autoridades de Chihuahua por la cadena de mando en el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.
Respecto a este caso, el órgano autónomo detalló: “están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
Los requerimientos ministeriales ejecutados responden al seguimiento de las operaciones logísticas en ambas entidades y a las acciones pertinentes de los respectivos planes de investigación.
Para fundamentar el alcance de las comparecencias y entrevistas en sede federal, la institución de justicia precisó: “En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.
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La gobernadora en persona recibe el documento, asegura que se presentará aun con fuero
Por: Roberto Mendoza
Dos agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron este 23 de mayo al Palacio de Gobierno de Chihuahua para notificar el requerimiento oficial a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, quien garantizó su asistencia programada para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas: “Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, aseguró.
El origen del citatorio ministerial responde a la investigación federal iniciada tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos.
La indagatoria, documentada, examina la participación operativa de dos agentes estadounidenses en territorio estatal con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de determinar si la administración de Chihuahua violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Ante el requerimiento de la autoridad federal, la mandataria estatal abordó su situación jurídica frente a la protección constitucional de su cargo y estableció un contraste operativo respecto a las indagatorias dirigidas a otros ejecutivos estatales: “Voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque yo una servidora tenga fuero constitucional. ¿con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ni a ningún otro gobernador de este país?
La integración de la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación contempla hasta el momento la emisión de citatorios previos dirigidos a 50 funcionarios estatales, como parte de las diligencias para establecer si las autoridades locales incurrieron en una invasión de competencias de jurisdicción federal.
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