Los partidos solo estarán obligados a postular candidatos y candidatas indígenas en dos distritos locales

Por Redacción:

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) aprobó los lineamientos para las el registro de candidaturas indígenas en las elecciones de diputaciones y ayuntamientos de San Luis Potosí para el proceso electoral del próximo año. Ante esto, la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina y el Observatorio Indígena Mesoamericano reaccionaron y describieron los acuerdos del Ceepac como “profundamente discriminatorios y excluyentes”.

En un comunicado firmado por Rogel del Rosal Valladares, asesor de la Coordinadora, y Juan Felipe, Ciseneros, representante del Observatorio, se señala que “el Ceepac trata de imponer arbitrariamente cierto número de personas indígenas en los ayuntamientos de municipios de mayoría indígena dejando fuera a los que tienen porcentajes menores al 50 por ciento de población indígena; es decir, dichos lineamientos ni siquiera se acercan a garantizar una cuota de indígenas de acuerdo al porcentaje de su población”, esto fue confirmado por el Ceepac, que reconoció que será en los distritos electorales 13, con cabecera en Tamuín y 14, con cabecera en Tamazunchale, donde deberán de integrarse candidaturas de fórmulas indígenas, ya que ellos cuentan con una población indígena mayor al 60% del total de sus habitantes.

El Ceepac agregó que “los municipios que superan el 50% de su población total indígena y en los cuales los partidos políticos, coaliciones, alianzas partidarias, candidatas o candidatos independientes deberán registrar candidaturas indígenas propietarias y suplentes son: Alaquines, Aquismón, Tancanhuitz, Coxcatlán, Huehuetlán, San Antonio, San Martín Chalchicuahutla, San Vicente Tancuayalab, Santa Catarina, Tamazunchale, Tampacán, Tampamolón Corona, Tamuín, Tanlajás, Axtla de Terrazas, Xilitla y Matlapa”.

Los representantes de las comunidades puntualizaron los siguiente:
“Un gran defecto de los mencionados lineamientos es que a los pueblos y comunidades indígenas no se les considera como sujetos colectivos de derecho público, como entes capaces de gobernarse y de establecer relaciones de interculturalidad con el resto de la sociedad. Se les ve como individuos aislados entre sí y no como sujetos colectivos de derechos para ejercer la libre determinación y autonomía reconocidos en el marco jurídico local, nacional e internacional (…) lo correcto es el establecer mecanismos para que las comunidades y pueblos indígenas ejerzan su derecho a la representación política mediante sus sistemas normativos, tanto para integrar sus gobiernos municipales y su representación en el Congreso del estado.

Finalmente, agregan que otro de los problemas con los aprobado es que se considera que “con el solo hecho de elevar las cuotas de indígenas a través de intermediarios políticos, como hasta ahora lo han sido los partidos políticos, coaliciones u otras figuras políticas que son entes ajenos a las instancias de decisión de las comunidades. Además se minimiza el porcentaje de población indígena en cualquier situación de la composición sociocultural de los municipios y del estado. Es decir, municipios con 10, 20, 30, 40 por ciento, más o menos, ni siquiera se les toma en cuenta; y sólo a los que tienen más del 50% de población indígena se les “pichicatea” su representación”.