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“Candidaturas indígenas aprobadas por el Ceepac, son discriminatorias”: Observatorio Indígena
Los partidos solo estarán obligados a postular candidatos y candidatas indígenas en dos distritos locales
Por Redacción:
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) aprobó los lineamientos para las el registro de candidaturas indígenas en las elecciones de diputaciones y ayuntamientos de San Luis Potosí para el proceso electoral del próximo año. Ante esto, la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina y el Observatorio Indígena Mesoamericano reaccionaron y describieron los acuerdos del Ceepac como “profundamente discriminatorios y excluyentes”.
En un comunicado firmado por Rogel del Rosal Valladares, asesor de la Coordinadora, y Juan Felipe, Ciseneros, representante del Observatorio, se señala que “el Ceepac trata de imponer arbitrariamente cierto número de personas indígenas en los ayuntamientos de municipios de mayoría indígena dejando fuera a los que tienen porcentajes menores al 50 por ciento de población indígena; es decir, dichos lineamientos ni siquiera se acercan a garantizar una cuota de indígenas de acuerdo al porcentaje de su población”, esto fue confirmado por el Ceepac, que reconoció que será en los distritos electorales 13, con cabecera en Tamuín y 14, con cabecera en Tamazunchale, donde deberán de integrarse candidaturas de fórmulas indígenas, ya que ellos cuentan con una población indígena mayor al 60% del total de sus habitantes.
El Ceepac agregó que “los municipios que superan el 50% de su población total indígena y en los cuales los partidos políticos, coaliciones, alianzas partidarias, candidatas o candidatos independientes deberán registrar candidaturas indígenas propietarias y suplentes son: Alaquines, Aquismón, Tancanhuitz, Coxcatlán, Huehuetlán, San Antonio, San Martín Chalchicuahutla, San Vicente Tancuayalab, Santa Catarina, Tamazunchale, Tampacán, Tampamolón Corona, Tamuín, Tanlajás, Axtla de Terrazas, Xilitla y Matlapa”.
Los representantes de las comunidades puntualizaron los siguiente:
“Un gran defecto de los mencionados lineamientos es que a los pueblos y comunidades indígenas no se les considera como sujetos colectivos de derecho público, como entes capaces de gobernarse y de establecer relaciones de interculturalidad con el resto de la sociedad. Se les ve como individuos aislados entre sí y no como sujetos colectivos de derechos para ejercer la libre determinación y autonomía reconocidos en el marco jurídico local, nacional e internacional (…) lo correcto es el establecer mecanismos para que las comunidades y pueblos indígenas ejerzan su derecho a la representación política mediante sus sistemas normativos, tanto para integrar sus gobiernos municipales y su representación en el Congreso del estado.
Finalmente, agregan que otro de los problemas con los aprobado es que se considera que “con el solo hecho de elevar las cuotas de indígenas a través de intermediarios políticos, como hasta ahora lo han sido los partidos políticos, coaliciones u otras figuras políticas que son entes ajenos a las instancias de decisión de las comunidades. Además se minimiza el porcentaje de población indígena en cualquier situación de la composición sociocultural de los municipios y del estado. Es decir, municipios con 10, 20, 30, 40 por ciento, más o menos, ni siquiera se les toma en cuenta; y sólo a los que tienen más del 50% de población indígena se les “pichicatea” su representación”.
La secretaria Deisy López afirmó que el trámite administrativo ante la SEGE ya concluyó, aunque la Fiscalía mantiene abiertas más de veinte carpetas
Por: Redacción
Deisy Maribel López Sierra, secretaria de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), afirmó que el trámite administrativo del caso de la Universidad Potosina ante su dependencia “ya quedó concluido”.
El caso se originó por la denuncia de 48 exalumnos de la carrera de Medicina de la Universidad Potosina, en Carranza, quienes acusaron a la institución de operar sin el Registro de Validez Oficial de Estudios (REVOE), lo que les impidió obtener título profesional o realizar prácticas clínicas. La Fiscalía General del Estado (FGE) documentó al menos 31 denuncias contra la institución y su entonces rector, Arturo Segoviano García.
Pese al cierre administrativo que reporta la SEGE, la vía penal permanece activa: para julio de 2026 existían al menos 23 carpetas de investigación abiertas desde junio de 2024, y los denunciantes se preparaban para promover un amparo por la lentitud en el avance de las audiencias, de acuerdo con reportes de Astrolabio Diario Digital
El abogado de los exalumnos, Jaime Soria Osornio, ha acusado además una posible colusión entre funcionarios de la propia SEGE y el exrector Segoviano, a quien atribuye una protección institucional que, según él, rebasa la competencia estatal del caso.
La actual administración de la Universidad Potosina se deslindó formalmente de la gestión de Segoviano y opera bajo otra razón social, en un domicilio distinto al plantel señalado por la falta de registro.
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En 2025, los migrantes de la Huasteca potosina enviaron cuatro veces el dinero que el gobierno federal destinó a infraestructura en la región, en El Naranjo, la brecha llega a 27 a uno
Por: Carlos Ruíz
La Huasteca potosina opera con un presupuesto paralelo que ningún instrumento de gobierno controla: en 2025, sus migrantes enviaron 341 millones de dólares desde Estados Unidos, cuatro veces el dinero federal destinado a infraestructura social en la región ese mismo año.
El Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), principal mecanismo del gobierno federal para obra en municipios de alta marginación— distribuyó 1,555 millones de pesos entre los 20 municipios de la Huasteca en 2024.
Las remesas del mismo período equivalen a aproximadamente 6,550 millones de pesos al tipo de cambio promedio de 2025. Por cada peso del FISM, los migrantes mandaron 4.2. Los datos provienen del Banco de México (serie CE166) y del Periódico Oficial del Estado.
El extremo más pronunciado es El Naranjo. El municipio serrano tiene el segundo índice de intensidad migratoria más alto de la región, pues el 11.44% de sus hogares recibe remesas, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), y aun así recibe el FISM más bajo de toda la Huasteca: 23 millones de pesos al año. En 2025, sus migrantes enviaron el equivalente a 626 millones de pesos. 27 veces el monto del FISM.
La brecha no es homogénea. En los municipios del norte y centro de la región: Ciudad Valles, El Naranjo, Tamuín, Xilitla, Tanquián de Escobedo, Tamasopo, las remesas superan al FISM en proporciones de entre 5
El flujo va en aumento. En el primer trimestre de 2026, la Huasteca recibió 73.8 millones de dólares —el dato trimestral más alto desde que existen registros desagregados por municipio, y el 16% del total estatal, la mayor participación histórica. La tendencia coincide con los debates sobre un posible impuesto de 3.5% a las remesas en Estados Unidos propuesto por la administración de Donald Trump. Si esa medida se aplicara, la Huasteca perdería alrededor de 12 millones de dólares al año, más de lo que el FISM asigna a tres de sus municipios juntos.
El FISM calcula sus asignaciones con base en índices de pobreza y rezago social, no en flujos migratorios. En El Naranjo (donde el dinero de los migrantes supera 27 veces al presupuesto federal), la asignación fue la mínima de toda la Huasteca.
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Tras encontrar nuevos animales muertos esta semana, anunciaron que presentarán una denuncia formal y exigirán acciones para protegerlos
Por: Redacción
Locatarios del mercado San Luis 400, en la calle Coronel Romero 139, sospechan que un vecino o personal de la Ciudad Judicial —ubicada a un costado del inmueble— está detrás del envenenamiento de los gatos que rondan el lugar, luego de que esta semana aparecieron varios felinos muertos.
Esta semana, los comerciantes hallaron varios gatos sin vida: unos, según creen, por consumir alimento envenenado, y otros con lesiones que atribuyen a los perros que acompañan a los lavacoches que se posesionan de la zona.
Los locatarios ya habían denunciado ante las autoridades la matanza de gatos dentro y fuera del mercado, pero aseguran que la práctica continúa sin que ninguna autoridad intervenga, pese a tener conocimiento del caso.
Hace un par de semanas comenzaron a registrar la muerte de varios gatos que rondan las instalaciones del mercado.
Confirmaron entonces que los gatos estaban siendo envenenados, lo que motivó una protesta ante las autoridades. Indicaron que, al comunicarse vía telefónica con personal del Centro Integral de Bienestar Animal, la respuesta fue que no podían intervenir. Al paso de los días dejaron de detectar irregularidades, hasta el hallazgo de esta semana.
Ante ello, los locatarios esperan presentar una denuncia formal ante las autoridades y solicitar la construcción de una barda o, al menos, una cerca de malla ciclónica para proteger el estacionamiento y los accesos al centro de abasto.
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