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Cámara de Diputados aprobó reformas para crear la Guardia Nacional
Con 362 votos a favor, los diputados del Congreso de la Unión aprobaron, en lo general, la creación de la Guardia Nacional
Por: Redacción
Con 362 votos a favor, 119 en contra y cuatro abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, la reforma constitucional que crea la nueva Guardia Nacional.
En acuerdo con el PRI y el PVEM, la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados del PT y PES consensuaron los cambios al dictamen avalado en comisiones.
El documento propone un mando “mixto” o “combinado” entre civiles y militares del nuevo cuerpo policial, propuesto por el presidente López Obrador, para combatir la inseguridad y la violencia en el país.
Las modificaciones centrales establecen que la Guardia Nacional dependerá de la Secretaría de Seguridad, que será la encargada de diseñar las políticas y programas, y la Sedena y la Marina las implementarán.
Para ello se establece un mando “mixto” o “combinado”, para lo que se plantea que “La ley determinará la estructura orgánica de la Guardia Nacional, adscrita a la secretaría del ramo de seguridad y tendrá una Junta de Jefes de Estado Mayor, compuesta por integrantes de las dependencias de los ramos de Seguridad, Defensa Nacional y Marina”.
Propone “amalgamar un carácter civil de una Guardia Nacional como institucional policial con funciones de seguridad pública, bajo programación y dirección civil, con un esquema de organización interna que responda a los rasgos más sobresalientes del régimen castrense”.
Para el consenso con el PRI, Morena planteó una “adenda” de modificaciones que contempla seis puntos centrales:
- Se establece una Dirección Central de carácter civil.
- Se dejan intocadas las competencias federal, de los estados y de los municipios en materia de seguridad pública.
- Se fortalecen los mecanismos de colaboración entre los tres niveles de gobierno.
- Crear una ruta para el fortalecimiento de los cuerpos policiacos.
- Se crea una Guardia con formación y capacitación de policías para el uso de la fuerza, en derechos humanos y en materia de género.
- Se crean mecanismos de control político y jurisdiccional para la evaluación de su desempeño, a través del Senado de la República.
Con una asistencia récord de 485 legisladores, el dictamen dio el primer paso, y los legisladores se disponen a debatir esta tarde-noche más de un centenar de “reservas”, o propuestas de modificación, principalmente del PAN, PRD y MC.
Por otra parte, el portal Animal Político detalló que se mantiene en el dictamen el fuero militar 
A petición de diputados del PRI se agregaron dos temas. Por un lado en la propuesta de reforma al artículo 21 constitucional (donde se explica que es la Guardia Nacional y sus funciones) se añade la frase “así como colaboración en estos objetivos con las entidades federativas”.
Lo anterior con el objetivo de que se plasme la obligación de la nueva fuerza con las entidades y no actúe por su cuenta.
Y también, a petición de los priistas, en el nuevo paquete de artículos transitorios se añade el 4to que señala: “El Sistema Nacional de Seguridad Pública implementará un esquema de fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de las instituciones policiales, bajo objetivos cuyos resultados sean verificable”.
Quienes están en desacuerdo con la propuesta son las organizaciones ciudadanos agrupadas en el colectivo “Seguridad Sin Guerra”, diversos expertos y legisladores de algunos partidos de oposición, quienes advierten que el mando operativo de la nueva fuerza en realidad no será civil y que los cambios propuestos no son suficientes para impedir la militarización de la seguridad pública en México.
“Aunque tiene mejor técnica legislativa, y es una redacción más limpia, (el dictamen) sigue siendo la propuesta original de militarizar por la vía constitucional la seguridad pública, el mando civil es simbólico, y no se atendieron demandas de especialistas, ni resoluciones de la CoIDH, ni convenciones internacionales ni atendieron las evidencias que señalan que no es la vía para resolver el problema de la inseguridad. La violencia no puede combatirse con más violencia”, dijo en entrevista la diputada Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano.
Con información de: El Financiero y Animal Político
Diputado solicita juicio politico vs Jaime Pineda en el Congreso de SLP
Las mujeres representan una fracción menor de la población carcelaria en San Luis Potosí, lo que se refleja en los números de cada evento de preliberación
Por: Redacción
Nohemi Proal Huerta, secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, aclaró que las preliberaciones en San Luis Potosí no se otorgan con cuotas de género ni se concentran en un solo centro penitenciario: el criterio es exclusivamente la situación procesal de cada persona privada de libertad (PPL).
La funcionaria respondió así a cuestionamientos sobre si existirían eventos de preliberación exclusivos para el penal femenino de Xolol, donde la presencia de mujeres beneficiadas ha sido notoriamente baja en ejercicios anteriores.
“No nos basamos en que sean más hombres o más mujer es. De hecho, la población femenina dentro de los centros es mucho menor a la de los hombres
La secretaria explicó que cada evento de preliberación aplica al universo total de PPL en todos los centros del estado — no a un penal en específico — y que el beneficio se otorga a quienes cumplen los requisitos de acuerdo a su proceso, independientemente del género.
Sobre el evento más reciente, Proal Huerta reconoció que las mujeres fueron la menor parte de las beneficiadas, aunque sostuvo que el resultado fue “mucho más equilibrado que otros”.
También lee: Guardia Civil actuó por orden judicial en desalojo de Tampamolón: Jesús Juárez
Desalojos de este tipo —ordenados por jueces civiles y mercantiles— ocurren dos o tres veces al día en la entidad, según el funcionario responsable de seguridad estatal
Por: Redacción
Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, afirmó que la participación de la Guardia Civil Estatal en el desalojo de familias indígenas en el predio La Peña de Tampamolón fue realizada como “apoyo” a una orden judicial de restitución de inmueble emanada de un juzgado civil, y que la corporación actúa conforme a “fundamento legal” sin conocer los expedientes específicos de cada caso.
En respuesta a cuestionamientos sobre la intervención de la corporación en el desalojo, que circuló en redes sociales con denuncias de agresiones, detenciones y daños, Juárez Hernández precisó que la Guardia Civil no fue convocada de oficio sino mediante solicitud formal de la autoridad judicial. “No fuimos convocados mediante oficio para apoyar nada más”, dijo durante la entrevista.
El funcionario sostuvo que la corporación cumple un rol limitado en estos operativos: ejecutar la orden sin intervenir en la evaluación de los expedientes civiles que la originan. “No conocemos el expediente, solamente cumplimos con el ordenamiento”, afirmó Juárez Hernández, al reiterar que desconoce el trasfondo específico del desalojo en Tampamolón.
Según el titular de Seguridad, los desalojos con apoyo de fuerzas públicas —ya sean municipales, estatales o de la Policía de Investigación— son procedimientos recurrentes en la entidad. “Son de recurrentes, dos o tres diarias
Juárez Hernández justificó la presencia de fuerzas de seguridad en estos actos como medida preventiva ante posibles conflictos entre los actores involucrados. “Precisamente por eso es necesaria la presencia de la fuerza pública para evitar que los actores entren en conflicto“, comentó, aunque aclaró nuevamente que la corporación no revisa ni participa en la decisión judicial que origina el desalojo.
El contexto del desalojo en Tampamolón incluye denuncias en redes sociales de presuntas agresiones, detenciones y daños a viviendas, según reportaron habitantes de la comunidad que identificaron a las familias desalojadas como indígenas náhuatl y tének. La participación de la fuerza pública en estos conflictos agrarios ha generado cuestionamientos sobre represión y supervisión de las corporaciones.
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El legislador afirmó que la falta de agua es su prioridad y prometió trabajar en una solución de corto plazo, además de un plan hídrico de mediano y largo plazo para la capital y el estado.
Por: Redacción
Juan Carlos Valladares, diputado federal, se comprometió a resolver el problema de abasto de agua en su distrito en el corto plazo y a impulsar un plan hídrico de largo plazo para San Luis Potosí.
El legislador regresó a su distrito con “buenas noticias” y proyectos en marcha y aprovechó para reiterar que el agua es una prioridad que no data solo de campaña.
“Es un tema que ha generado muchísima problemática y obviamente frustración y hartazgo de la población”, reconoció Valladares, quien sostuvo que existe una solución “en el corto plazo”.
El diputado llamó a construir una visión estructural. “La capital, el estado tiene que tener proyectos muy importantes en cuestión hídrica y creo que tenemos que trabajar en ello”, afirmó.
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