Mauricio Ordaz llama a los otros 57 municipios a fortalecer sus áreas de Protección Civil

Por: Redacción

Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de San Luis Potosí (CEPC), informó que los únicos dos municipios de la entidad que cumplen al 100% con su Atlas de Riesgos son Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí.

Cabe recordar que un Atlas de Riesgos es, de acuerdo con la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México, una herramienta que recopila información sobre las posibles amenazas en una región, como terremotos, derrumbes e inundaciones, con el objetivo de prevenir desastres y reducir vulnerabilidades.

Por otro lado, el titular de la coordinación aclaró que 37 de los 59 municipios del estado cuentan con un Atlas de Riesgos, aunque no han cumplido al 100% con los requerimientos establecidos para dicha reglamentación.

“Realmente los alcaldes y alcaldesas le han dado muy poca importancia a los ayuntamientos. En Armadillo de los Infante tienen una sola persona; es un municipio de alto riesgo. En Cerro de San Pedro hay dos personas, ¿qué se puede hacer con dos personas? Tampoco tienen vehículo. Hay muchas carencias e inconsistencias que deben subsanarse, porque no hay que esperar a que ocurra una desgracia para darnos cuenta de la importancia de la protección civil”, expresó Ordaz.

El funcionario exhortó a los presidentes municipales a dar mayor relevancia a estas herramientas y a invertir más recursos en las áreas de Protección Civil, con el fin de sumarse al ritmo de trabajo y fortalecimiento que impulsa la administración estatal.

También lee: FGESLP registró aumento de denuncias por maltrato animal en SLP

El Poder Judicial reconoció que existen casos con más de una década de retraso

Por: Redacción

Luego de darse a conocer que solo el 19% de las carpetas por violación en San Luis Potosí han concluido con sentencia, la presidenta del Poder Judicial del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, aseguró que los tiempos en la impartición de justicia no dependen únicamente del Ministerio Público, sino de múltiples etapas y recursos previstos en el sistema penal acusatorio.

“La duración de los procesos puede variar según las pruebas, incidentes o recursos que presenten tanto la defensa como la Fiscalía o la víctima. De nada serviría dictar una sentencia en un mes si no se ofrecieron todas las pruebas necesarias”, explicó la magistrada.

Zarazúa reconoció que existen casos con años de retraso

, como el de “La Bestia de Tamuín”, que lleva más de una década sin resolución definitiva. Dijo que, desde que asumió la presidencia del Supremo Tribunal, ordenó una revisión de expedientes antiguos para que los jueces avancen en los asuntos más rezagados.

Asimismo, advirtió que se iniciarán procedimientos administrativos contra funcionarios judiciales que hayan incurrido en omisiones o negligencias que prolonguen indebidamente los procesos.

“La instrucción es clara: atender lo que ya estaba detenido. La justicia no puede seguir en pausa”, subrayó.

También lee: Solo 17 adolescentes cumplen medidas en internamiento por delitos graves en SLP

La diputada Frinné Azuara afirma que no hay quejas ni rechazos en hospitales públicos y recordó que la única muerte registrada fue en un consultorio sin permisos

Por: Redacción

A casi un año de la despenalización del aborto en San Luis Potosí, la diputada local Frinné Azuara informó que las instituciones públicas de salud han brindado atención médica a 134 mujeres que solicitaron la interrupción legal del embarazo, sin que hasta el momento se hayan registrado quejas por negación del servicio.

“Todas las dependencias públicas han estado atendiendo. No hemos recibido la queja de ninguna persona que haya sido rechazada al solicitar este tipo de atenciones”, señaló.

Azuara reconoció que la implementación de la ley ha permitido reducir riesgos y prevenir muertes maternas derivadas de procedimientos inseguros. Recordó el caso de una mujer que perdió la vida en la colonia Fovissste, tras practicarse un aborto en un consultorio privado que no contaba con permisos de la Cofepris, donde el médico la abandonó después del procedimiento.

“La intención de la reforma fue justamente evitar la mortalidad materna. Buscamos que nuestras niñas y mujeres dejen de morir en el intento, bajo esquemas de inseguridad, sin higiene ni tratamiento adecuado”, expresó la legisladora.

Azuara subrayó que la mayoría de los casos atendidos corresponden a víctimas de violación o de violencia sexual, quienes anteriormente eran criminalizadas en lugar de recibir acompañamiento médico y legal.

“Antes se les trataba como delincuentes, cuando en realidad muchas eran víctimas que no recibían del Estado la atención y protección a la que tenían derecho”, añadió.

La diputada resaltó que el reto ahora es mantener la capacitación y sensibilización del personal de salud, además de garantizar que todas las mujeres, sin importar su lugar de origen, puedan acceder al servicio de forma segura, gratuita y sin discriminación.

También lee: Negligencia, clínica sin permisos y fuga: esto se sabe del caso de aborto en SLP