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Burócratas denuncian basificaciones irregulares y de último minuto en gobierno de Nava
#EXCLUSIVA | Las 150 posiciones son para allegados y consentidos. El boquete financiero que hereda es de 36 millones de pesos por año
Por: Jorge Saldaña
Por lo menos 150 bases laborales del ayuntamiento capitalino han sido otorgadas a discreción a igual número de trabajadores de confianza contratados por la administración de Xavier Nava en los últimos meses, aun cuando en su mayoría no cumplen los requisitos legales ni de antigüedad.
“Se están sirviendo con la cuchara grande en complicidad con el propio sindicato”, se quejó una empleada con más de 18 años de servicio quien, en conjunto con varios compañeros y compañeras dieron testimonio a este medio de comunicación así como pruebas que confirman que entre julio y agosto de éste año, la administración municipal ha otorgado por lo menos 150 bases laborales a empleados que llegaron en el periodo del gobierno de Xavier Nava y que van desde niveles medios hasta directores de área.
De acuerdo a la información recabada, este acto administrativo significa un compromiso financiero de más de 36 millones de pesos por año que se dejarían comprometidos en la nómina de las siguientes administraciones municipales.
Solo hasta el 31 de agosto, se pueden contabilizar 150 de dichos puestos laborales que han sido entregados, no obstante que se advierte que los procesos de basificación continúan, por lo que la cifra podría aumentar.
“Lo que está ocurriendo es que hay una complicidad entre el gobierno actual y el sindicato, los primeros basifican y los segundos inician de inmediato el proceso de sindicalización, lo que garantiza a los allegados y privilegiados un empleo prácticamente de por vida” explicó uno de los entrevistados.
Conforme a las listas, las funciones, categorías y antigüedad de las listas que éste medio tiene a la vista, la gran mayoría de éstos privilegios laborales se han otorgado a personal que no exceden ni tres años trabajados, en contraste con personal que lleva 18 años o más, a los que jamás ha llegado su basificación.
Destaca que la mayoría de los 150 nuevos empleados con base, fueron certificados en ésta misma administración por el Instituto Panamericano de Estudios Superiores a Distancia (IPESAD) como servidores públicos “con cargo de confianza”, por lo que de acuerdo a la normativa no podrían pasar a ser personal de base durante la misma administración.
De entre los privilegiados, resaltan tres casos de la Dirección de Recursos Humanos, dos de ellos coordinadores y una más con puesto de coordinadora especializada que a la fecha recibe, de acuerdo al tabulador oficial publicado en la página de transparencia del Ayuntamiento, un sueldo de 32 mil 785 pesos, mismos que seguirá recibiendo de por vida al obtener su base con la anuencia del sindicato mayoritario del Ayuntamiento encabezado desde hace 32 años por Guadalupe Valencia.
Otro caso específico es el de un coordinador especializado en la misma Dirección de Recursos Humanos, con sueldo de 44 mil 358 pesos, que se desempeña en funciones con naturaleza de confianza, tiene personal a su cargo y además cuenta con una base en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Un tercer caso que llama la atención por sus particulares condiciones, es la de una asistente general, también de Recursos Humanos, que comenzó ganando 8 mil 150 pesos y en menos de tres años incrementó su salario al doble, devengando al día de hoy 16 mil 231 pesos. 
La mencionada, así como el otro par de casos de ésa dirección están ubicados como personas “muy allegadas” al presidente municipal y que tienen la “bendición” del líder sindical. Los tres fueron basificados después del 6 de junio y la última logró su privilegio laboral el día primero de septiembre.
QUE SE AUDITE AL SINDICATO
Como parte de la queja burocrática, los trabajadores municipales con 12, 18 y h
asta 30 años en servicio, dijeron sentirse burlados, violentados y abandonados por sus representantes sindicales.
“El cacique (Guadalupe Valencia) últimamente se da la tarea de sindicalizar personal de nuevo ingreso por instrucción de Xavier Nava quien no quiere dejar desprotegidos a sus allegados, cuando hay trabajadores con tenemos más de 15 años laborando y con base pero que no se han logrado sindicalizar, así como también trabajadores con más de 30 años de servicio que requieren su jubilación pero no se las dan por favorecer a personal con menos años de servicio”.
Los trabajadores también hicieron notar que nunca se habían otorgado retabulaciones a sindicalizados como se hizo en esta administración, “claro sólo favoreciendo a administrativos allegados a él” y se preguntan porque no se ajustó el sueldo de la misma forma a barrenderos, recolectores de basura, jardineros, intendentes, chóferes, que día a día trabajan para la ciudad.
“Hay que recordar que el cacique Valencia continúa en el dirigencia por las elecciones del 2019, las cuales fueron violadas porque no fueron libres, secretas y directas, obviamente fueron manipuladas por Xavier Nava. Valencia no tuvo contrincante ..que bonito sindicato democrático”.
Para finalizar, los molestos empleados de la ciudad hicieron un llamado para que se realice una auditoría al sindicato ya que en más de 32 años no se ha informado sobre el destino de las cuotas sindicales.
Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
Lee también: IFSE detecta irregularidades en municipios de SLP
El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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