La Cámara de Diputados aprueba nuevas reglas para su posesión, uso y sanción, que buscan atacar al crimen organizado
Por Roberto Mendoza
Con 476 votos a favor, cero en contra y sólo dos abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, cuyo objetivo es fortalecer el control sobre las armas, sus componentes y el uso de explosivos en territorio nacional.
La reforma otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control absoluto del Registro Federal de Armas de Fuego y la facultad de autorizar, negar o cancelar permisos de portación. Se precisa que sólo podrán portar armas de uso restringido —como las automáticas calibre 7.62 mm o superiores— los integrantes operativos de instituciones de seguridad pública, siempre que esté debidamente justificado.
Asimismo, se regula la posesión en el domicilio para fines de legítima defensa, se permite el uso deportivo y cultural bajo estricta supervisión, y se prohíbe expresamente la modificación artesanal o tecnológica de armas, así como el uso de dispositivos como miras térmicas, visión nocturna o impresiones en 3D para mejorar su eficacia en actividades ilícitas.
En entrevista exclusiva para La Orquesta, el diputado federal panista Federico Döring calificó la reforma como “una medida necesaria frente al avance del crimen organizado y la sofisticación del armamento ilegal”. Destacó que “por primera vez se armoniza una ley que toma en cuenta no solo el control de armas, sino su entorno químico, tecnológico y social”.
Döring también advirtió que “el verdadero reto será su aplicación. Sin recursos ni coordinación entre niveles de gobierno, esta ley puede convertirse en letra muerta”.
La nueva legislación endurece penas que van de los cuatro a los treinta años de prisión para quien trafique, modifique o utilice armas sin permiso. También establece multas que podrían superar los dos mil días de salario mínimo para infractores, especialmente en casos relacionados con explosivos o armamento de uso exclusivo militar.
Además, se contempla una cláusula para regular el destino final de las armas en caso de fallecimiento o desaparición del propietario legal, obligando a los designados a notificar a Sedena para su resguardo o reubicación.
Con esta reforma, el Estado mexicano cerró grietas legales que durante años han sido aprovechadas para alimentar el tráfico de armas y fortalecer las capacidades letales del crimen organizado. La discusión ahora pasa al Senado.
También lee: Continúa vandalismo a alumbrado público de SLP