La emisión de plásticos sin consentimiento expreso será nula y se prohíbe generar cargos o reportar a Buró de Crédito por ellos
Por: Roberto Mendoza
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 467 votos la iniciativa para reformar la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila. La propuesta, presentada este miércoles y a la que se le dispensaron los trámites, busca proteger a los usuarios de la emisión de tarjetas de crédito o débito que no hayan solicitado expresamente.
La reforma establece que la emisión de un plástico sin el “consentimiento expreso y verificable” del usuario será “nula de pleno derecho“.
En consecuencia, el ciudadano no tendrá obligación alguna y no será necesario que realice un trámite de cancelación. Fundamentalmente, la ley ahora prohíbe generar cargos por anualidad, comisiones u otros conceptos asociados a dichos plásticos, y prohíbe que el historial o la falta de uso sean reportados a las sociedades de información crediticia.
Las entidades también estarán obligadas a reembolsar cualquier cobro indebido en un plazo máximo de cinco días hábiles.
Adicionalmente, se modifica la ley para garantizar el derecho del usuario a cancelar sus tarjetas activas de manera fácil , obligando a las entidades a ofrecer mecanismos presenciales, telefónicos y digitales. Estos últimos deberán incluir un “botón visible y de acceso directo” en aplicaciones móviles y portales web, disponible 24/7.
Una vez solicitada, la cancelación deberá ejecutarse en un plazo máximo de cinco días hábiles y sin costo o penalización para el cliente. La vigilancia de estas disposiciones recaerá en la Condusef y la Profeco.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, justificó la iniciativa señalando que cerca de 40 millones de personas en México poseen tarjetas y son vulnerables a prácticas como recibir plásticos no solicitados que generan cobros indebidos y afectan su historial crediticio.
Monreal Ávila reconoció que la reforma enfrentará resistencia de “cabilderos” en el Congreso, pero sostuvo que es indispensable para proteger los derechos de los usuarios frente a los abusos de las instituciones financieras.
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