El diputado José Luis Fernández destacó eficiencia y continuidad en funciones tras extinción de organismos autónomos
Por: Roberto Mendoza
Con 347 votos a favor, 128 en contra y 0 abstenciones, alcanzando la mayoría calificada, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto que modifica diversas disposiciones de la Constitución en materia de simplificación orgánica. La reforma propone reestructurar la administración pública, priorizando la eficiencia, austeridad y centralización de funciones mediante la desaparición de siete organismos autónomos y la redistribución de sus facultades entre dependencias del Ejecutivo federal.
Los organismos afectados son:
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU)
Comisión Reguladora de Energía (CRE)
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
Las responsabilidades del INAI pasarán a la Secretaría de la Función Pública, mientras que las tareas de CONEVAL se integrarán al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Por su parte, las funciones educativas de MEJOREDU se transferirán a la Secretaría de Educación Pública. El dictamen establece que los ahorros derivados de esta reforma se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Además, se respetarán los derechos laborales del personal afectado, quienes serán reubicados en las nuevas dependencias responsables.
El diputado federal por San Luis Potosí, José Luis Fernández Martínez , destacó en entrevista exclusiva para La Orquesta que la reforma busca garantizar la continuidad de las funciones de los organismos extintos sin duplicar esfuerzos ni incrementar la burocracia: “La aprobación de este dictamen no quiere decir que las funciones de estos órganos vayan a desaparecer. Por ejemplo, en el caso del INAI, el Sistema Nacional de Información seguirá vigente y sus funciones estarán en la Secretaría Anticorrupción. Los ciudadanos tendrán garantizado el acceso a la información que requieran”, explicó.
Fernández Martínez aseguró que la redistribución de funciones será más eficiente, “otros organismos, como el INEGI, absorberán funciones. El INEGI tiene toda la capacidad y experiencia para generar estadísticas sobre pobreza. Creo que hay que dar el voto de confianza. Estamos viviendo nuevas formas en el país, es un régimen distinto a lo que hemos vivido. El pueblo se manifestó en ese sentido y eso es lo que estamos construyendo”.
Cuestionado sobre si esta reforma podría complicar el acceso a la información pública, el diputado federal respondió: “Al contrario, la burocracia va a tender a disminuir. Estos espacios eran de cuotas políticas, entregados para acomodar a los cuates. No se pensaba en el beneficio de la gente, sino en dónde acomodar a un compadre o al amigo del contrario político para llegar a acuerdos. De esto está harto el pueblo de México. Con esta ley vamos a garantizar que los ciudadanos tengan información y una condición inmejorable en estos temas”.
Sobre las críticas que señalan que esta reforma es una venganza política, Fernández Martínez rechazó esa interpretación: “Los argumentos de la oposición no son sólidos, incluso son irresponsables. Si eres un inversionista extranjero y lees las declaraciones de la oposición, evidentemente habría alarma. La verdad es que estamos recuperando la soberanía del Estado, que sea el rector de las políticas y decisiones que se toman en el país. Creemos que tenemos un buen gobierno, y los resultados son muy buenos para el pueblo de México”.
Finalmente, sobre el impacto en San Luis, el legislador afirmó: “Formamos parte del pacto federal. Con el trabajo de las y los potosinos se pagan los sueldos de estas personas que no tienen nada que hacer en este nuevo esquema porque duplican funciones. Al quitarlos, no solo San Luis Potosí se verá beneficiado, sino todo el país”.
Por su parte, el diputado Elías Lixa, vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, expresó su rechazo a la reforma y señaló que centralizar las facultades de estos órganos pone en riesgo la transparencia y los derechos ciudadanos. “Están distribuyendo las facultades de estos órganos para dárselas a sí mismos desde el gobierno y controlar la información, lo cual es muy grave. Esta mayoría no escucha a nadie. Estos organismos eran un logro de los ciudadanos, y ¿quién es el interesado en que no exista información? Quien tiene cosas que ocultar”, señaló en entrevista exclusiva para La Orquesta.
Lixa agregó que la desaparición de estos entes autónomos responde a una represalia por los casos de corrupción destapados por instituciones como el INAI: “Gracias al INAI supimos, entre otros casos, del desvío multimillonario de SEGALMEX. Esto es una venganza contra este órgano que dio a conocer esa información. Además, desaparecen CONEVAL, que mide los avances de las políticas públicas en materia de combate a la pobreza. Si no se mide, no se puede evaluar ni mejorar. El gobierno quiere controlar todo, y será entonces un gobierno mediocre, que busca solo aplausos dentro de sus propias filas”.
Al ser cuestionado sobre algún posible beneficio en esta reforma, Lixa fue enfático: “No puede haber nada positivo en quitarle facultades a órganos técnicos y darle el control absoluto al gobierno a costa del derecho de los ciudadanos. Esto es un retroceso para México”. Hoy en la discusión en lo particular se analizarán propuestas de modificación, entre ellas la creación de dos organismos descentralizados que asumirán las funciones del IFT y la Cofece.
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