Estado
#Artículo | Hasta que la dignidad se nos haga costumbre
Por: Irazamy portiillo y Vanessa Hernández
Durante el proceso electoral del próximo verano, Bárbara y Vanessa harán historia en San Luis Potosí al convertirse en las primeras personas transgénero en contender a un cargo de elección popular (diputada al V Distrito local y suplemente respectivamente). El resultado en las urnas será lo menos importante, pues su sola presencia en una boleta es en sí misma un triunfo irrevocable para un estado y una ciudad que desean profundamente romper con los prejuicios y el conservadurismo que tanto mal han generado.
La Orquesta recibió hace unos días la solicitud para publicar un texto escrito por ambas que a continuación reproducimos:
Después de muchos años de lucha de la población LGBT+, gracias a la autonomía lograda con los movimientos sociales, comenzamos a lograr posicionar nuestras necesidades y demandas en el estado.
La lucha se ha librado día a día durante más de 60 años, se ha trabajando alrededor del país, pero lamentablemente este contexto neoliberal de los derechos humanos ha significado subsistir a estas tendencias paternalistas con las que se pretende atender a nuestra población.
En los años 70, en México, la comunidad LGBT+ comenzó a constituirse como un movimiento social para defender los derechos humanos. 
Para los años 90, comenzamos a lograr visibilizar a nuestra comunidad y tener una respuesta de la sociedad civil organizada para defender nuestros derechos.
Resultado de todo ese esfuerzo, San Luis Potosí ahora tiene una ley de cambio de identidad sexo genérica, pero aún hoy, a las mujeres trans se nos niega el acceso a muchos espacios. Por ello estar frente a una candidatura abiertamente LGBT+ es una enorme responsabilidad, pues nos da la posibilidad de dar voz a MILES de personas que callan. Hemos sido víctimas de la negligencia y olvido de los organismos gubernamentales.
Agradecemos la inclusión del partido Redes Sociales Progresistas (RSP) y de José Luis Romero Calzada “Tekmol”, por esta oportunidad.
Seguiremos en la conquista de espacios, hasta que la dignidad se nos haga costumbre.
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Mauricio Ordaz subrayó que no se permitirá la operación de espacios que no garanticen la integridad de las personas
Por: Redacción
El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de San Luis Potosí, Mauricio Ordaz Flores, lanzó un llamado de atención a los responsables de Plaza San Luis ante presuntas irregularidades en materia de seguridad, derivadas de falta de mantenimiento.
El funcionario señaló que existe negligencia por parte de los empresarios, quienes no han atendido los requerimientos realizados por la autoridad, pese a haber sido notificados formalmente.
“Ya tenemos un apercibimiento donde se les han señalado inconsistencias, pero siguen siendo omisos”, advirtió.
Ordaz Flores explicó que, conforme a la Ley de Protección Civil, los responsables cuentan con un plazo de cinco días hábiles para subsanar las observaciones o solicitar una prórroga; de lo contrario, se podría proceder a la clausura del inmueble.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran la falta de documentación clave como memoria de cálculo estructural, dictamen eléctrico, rutas de evacuación, salidas de emergencia y capacitación en primeros auxilios.
El titular de Protección Civil recordó que el recinto ya ha sido sancionado previamente, luego del colapso de un techo y la ruptura de un vidrio, situaciones que derivaron en la colocación de sellos por parte de la autoridad.
Aunque algunas fallas han sido corregidas, advirtió que esto no es suficiente, ya que los responsables deben acreditar formalmente el cumplimiento de las condiciones de seguridad.
Finalmente, reiteró que la prioridad es garantizar la seguridad de las personas, por lo que no se permitirá la operación de espacios que no cumplan con la normativa vigente.
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El principal punto de conflicto es el incremento salarial, ya que trabajadores buscan condiciones similares a las otorgadas en la planta de Silao, donde se autorizó un aumento del 15%
Por: Redacción
Crisógono Sánchez Lara, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de San Luis Potosí, afirmó que existe confianza en que se logrará un acuerdo entre trabajadores y empresa para evitar el paro laboral en la planta de General Motors en San Luis Potosí.
Luego de que la semana pasada surgiera la posibilidad de un paro por inconformidades salariales, el funcionario explicó que las negociaciones continúan tras acordarse una prórroga hasta el próximo 16 de abril.
“Lo que menos queremos es que se cristalice el emplazamiento a huelga”, señaló.
Indicó que las mesas de diálogo siguen activas con la participación de autoridades estatales, federales, sindicato y empresa, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que beneficie a ambas partes.
Uno de los puntos clave en la negociación es el ajuste salarial, luego de que en la planta de Silao
Sánchez Lara subrayó que el llamado a las empresas es a garantizar condiciones justas, al enfatizar que “no hay trabajadores de primera ni de segunda”, por lo que todos deben recibir un trato digno conforme a la ley.
El funcionario destacó que la estabilidad laboral en la entidad ha sido clave para atraer inversiones, incluso adelantó que hay proyectos importantes en puerta que podrían generar nuevas fuentes de empleo formal.
Finalmente, confió en que el conflicto se resolverá antes de la fecha límite, privilegiando el diálogo y evitando afectaciones a la economía del estado.
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Estado
Consejo Empresarial Mexicano llama “basura automotriz” a autos chocolate y pide retirarlos de circulación
Jaime Chalita Zarur advirtió que la regularización de estos vehículos rompe el marco legal y genera incertidumbre para las inversiones
Por: Redacción
El presidente del Consejo Empresarial Mexicano en San Luis Potosí, Jaime Chalita Zarur, calificó como “basura automotriz” a los llamados autos chocolate y exigió al gobierno federal retirarlos de circulación, al considerar que su regularización afecta gravemente al sector formal y a la competitividad del país.
El líder empresarial advirtió que la legalización de vehículos internados de manera irregular vulnera el estado de derecho y genera incertidumbre para las inversiones, especialmente en entidades como San Luis Potosí, donde la industria automotriz es uno de los principales motores económicos.
“Las decisiones de capital se basan en reglas claras; si estas se rompen, se afecta la confianza de quienes invierten y cumplen con la ley”, señaló.
Chalita Zarur sostuvo que muchos de estos vehículos provienen del extranjero como pérdidas totales, por lo que su ingreso al país representa un riesgo para la seguridad vial, además de fomentar la competencia desleal frente a las empresas establecidas.
Asimismo, acusó que la regularización de estos autos propicia un entorno de corrupción e impunidad, al premiar prácticas ilegales y debilitar el cumplimiento de las normas.
“No estamos ante un rezago social, sino ante la legalización de un engaño activo”, afirmó.
El sector empresarial insistió en que permitir la circulación de estos vehículos afecta la cadena de valor de la industria automotriz, desincentiva el consumo de unidades fabricadas en México y pone en riesgo la estabilidad económica regional.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades a no extender decretos que permitan la regularización de estos vehículos, y asumir el costo político de aplicar la ley para retirar de circulación unidades que ingresaron de manera ilegal.
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