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Antonio de Rabinal Gamboa, el ebrio Secretario de Cultura de San Luis | Apuntes de Jorge Saldaña
APUNTES.
Amigos de las verdades, hijos de “al pan, pan y al vino vino” llamemos las cosas por su nombre en esta entrega de apuntes de viernes alegre y de botana: El verdadero secretario de Cultura en San Luis Potosí es Antonio de Rabinal Gamboa López, en los hechos es el que manda en la administración y políticas de la dependencia, pero además se da el lujo de ejecutar su función en absoluto estado de ebriedad.
Sí, Antonio de Rabinal Gamboa está ebrio de poder y vanidad desde que usa a Elizabeth Torres como su marioneta y fachada pública para ejercer como un necio desbocado, de manera voluntariosa y necia un encargo público que le permitió apoderarse de toda una secretaría solo para colocar en la nómina gubernamental a su hermano, a su hijo, a la novia de su hijo y una media docena de compadres y amigotes que poco tienen que hacer en encargos culturales, mucho menos saben, pero que al final de cuentas serán compañeros de la borrachera de despilfarros que “invita” el hijo de Doña Lila López y Raúl Gamboa.
Por si fuera poco, están entregados a hacer negocios y apropiarse, por dónde se pueda, del recurso público asignado a tan importante área.
“Yo invito a la francachela presupuestal del sexenio”, parece gritar a los cuatro vientos este personaje y cabe aquí la anotación de Charles Bukowski, que en alguna de sus obras sentenció que “en defensa del alcohol, he tomado peores decisiones sobrio”, lo mismo le ocurre al secretario tapado, al ventrílocuo de la marioneta llamada Elizabeth Torres, al poderoso, pero alicorado que se embrutece de pifias y canonjías escondido de las apariencias oficiales.
Es Rabinal, el intoxicado, el necio, el que manotea y pide a manos llenas, el que manda a Elizabeth por un “six” de funcionarios bien “helados” en capacidades, pero que le hacen falta para su larga fiesta.
Elizabeth no tiene más que obedecer y salir corriendo en su papel de servidumbre sumisa, para justificar su impericia, su falta de conocimiento y los ridículos del patrón.
Hay que tapar al borracho de Rabinal aunque eso implique usar calumnias contra periodistas, acusaciones de gente baja (que son las únicas que sabe usar), no les tiembla la mano (quién sabe si en las crudas) para usar amenazas y toda su reducida capacidad para conseguir ser escuchada por el primer mandatario.
“Todo está bien gobernador… todo lo hacemos bien, pero es que son los medios los que no nos quieren” y de ahí no la sacan, no se sabe de otra, su incapacidad llega a tal grado, que ni para poder asumir sus falacias encuentran salida ante el jefe del ejecutivo.
Nadie, que se conozca, tiene un asunto personal en contra del ahora bautizado como el “Catarrín de las decisiones Culturales”, Antonio de Rabinal, o su servil Torres, en cambio ese par, sí han hecho personales sus ataques, mentiras y diatribas.
Ya algo se dejaba ver cuando afirmé en este mismo espacio para ustedes, los hijos de mi alma, que nunca estuve seguro de si Liz Torres era demasiado mala administradora como para ser secretaria, o demasiado mala secretaria para decirse buena administradora.
Nada más como dulce aperitivo, les adelanto que por primera vez en décadas, ya no fue la asociación “Tradiciones Potosinas” la encargada del evento de la Procesión del Silencio, en específico de manejar el dinero de la renta de las sillas y los gastos de producción, no señor, ahora el “gran organizador” y jefe de la solemne tradición, fue ni más ni menos que Antonio de Rabinal Gamboa.
¿Renta de las sillas? Todo el recurso lo manejó Rabinal.
¿Convenio con la boletera? Pregunten a Rabinal.
¿Renta del equipo de la producción? El señor Rabinal fue el productor general y el decidió cuál de sus amigos se encargaría de realizar y facturar el evento.
¿Y la transparencia en el manejo del evento? Ahhhh, pues ahí si pregunten a Liz Torres, que para eso tiene que dar la cara y para eso la tiene contratada Catarrín de la Cultura.
Ya este medio ha solicitado el “santo y seña” de las cosas a través de transparencia, para que no salgan con la típica de que son cosas imaginarias de quien esto escribe.
Con los papeles en la mano, pudiendo confirmar la intromisión ventajosa de Rabinal, no habrá poder que lo sostenga en la silla de su cantina cultural y tendrá que regresar a su oficina de Canal 7 a curarse la cruda, o de plano a La Pila si es que cayó en la tentación (como todo parece indicar) de desviar los recursos de la tradición más arraigada en la capital potosina.
Pero no crean que ahí para la cosa hijos de mi “vamos a conectarla”: el señor en cuestión, el patrón de Liz, el escondidito y discreto borrachales de las políticas públicas culturales, no ha actuado solo (no le gustará ser ebrio de buró todavía) por lo que invita a sus más cercanos a la parranda del despilfarro y la desvergüenza:
Contrató a su hermano (y que el que diga que es nepotismo se lance por las siguientes chelas) Raúl Rafael Miguel Gamboa López como director de Vinculación de la Secretaría y cobra unos 34 mil pesos, mensuales según el tabulador gubernamental.
A su hijo, Antonio de Rabinal Gamboa Urías (hijo también de la “Herencia Maldita” porque cobró durante años en la administración de Juan Manuel Carreras) lo colocó en la subdirección del Instituto Potosino de Bellas Artes, ganando poco más de 27 mil pesos mensuales.
Seguramente el pequeño Gamboa Urías, se sintió muy solo, triste y aburrido en su labor, por lo que le pidió a “papá Rabi” que contratase a su novia, Laura Mitre,
Para ellos no hubo cambio. Para ellos la “Herencia Maldita” fue buena porque les pagó bien, y el nuevo gobierno todavía es mejor porque gracias a Catarrín Gamboa y la familia Canal 7, pues ahora cobran hasta mejor.
En la Dirección de Programación Cultural, el auténtico secretario de Cultura, colocó a Alejandro Mendoza Villalón, que lo mandaron de patitas a la calle del Centro de las Artes en el anterior gobierno por plagiar proyectos, venderlos y tener la desfachatez de no terminarlos.
Aún hoy, el señor Mendoza Villalón presume en sus redes públicas que es el director del Ceart, cuando ya no es así, ya está en la Dirección de Programación y gana “muy apenas” unos 40 mil pesos, pobrecito.
En la Dirección de Patrimonio Cultural de todos los potosinos, el beodo del poder decidió a Óscar Rubén Hinojosa Villarreal, un buen hombre de edad que lo une a Rabinal ser un permanente colaborador de los programas “culturales” que producía en Canal 7, ahí mismo fue colocado el ex locutor romántico Carlos García, que en la misma televisora hacía especiales o hasta deportes. Ahora es el segundo de a bordo del patrimonio cultural del estado…
En la delegación de cultura en la Zona Altiplano se puso a Juan Carlos González Islas, ex colaborador de la “Herencia Maldita” y sin mayores logros que… sí, adivinó, ser conductor de los programas del Canal 7 (que de siete ya no tiene nada).
Jorge Valdivia es otro de los amigotes de la farra administrativa de Rabi, a él lo puso como director de planeación con sus 34 mil seguros cada mes y la incorporación más reciente a la “peda” de poder y vanidad es la de Lorena Azcona, que llegó a la Dirección de Festivales y es además una persona muy allegada a Cecilia Padrón, titular del área de cultura ni más ni menos que de Xavier Nava.
Con semejante borrachera pues… mínimo ¿que inviten no? Se están despachando con la cuchara grande, se están atascando, se le escurre lo engreído, lo fatuo y lo soberbio por las barbas, mientras beben a tragos grandes el futuro cultural de San Luis Potosí.
Dirá mi culto público que me morderé la legua (o en este caso las manos) al escribir tanto de los placeres de Baco, y tendrán razón, pero en defensa de quien esto escribe y todos mis amigos de los que somos “solo por hoy”, he de decir que ningún afecto a las bebidas espirituosas tiene porque dar explicaciones de sus hábitos o actos, y a diferencia de Rabinal Gamboa, los funcionarios públicos sí lo tienen que hacer, y que finalmente en mi licenciosa vida de excesos jamás había conocido a un ebrio que hiciera semejantes ridículos como los aquí expuestos, por alguien al frente de de una secretaría (en los hechos), ni había escuchado tanta imprudencia pública en los comentarios de un ahogado de soberbia como los que hace en gabinete Antonio de Rabinal Gamboa López.
Ya bájale hermano. Poco a poco se llega lejos, pero no exageres, esos pasitos para hacerte millonario de plano te traen muy “mareado” y el primer paso es reconocer.
¿O lo vas a negar? Te reto a que me contestes en programa en vivo en Canal 7 y, para tener audiencia, también en La Orquesta ¿cómo ves? ¡Salud!
Atentamente,
Jorge Saldaña.
BEMOLES
LOS SIETE DE NAVA.
Para el alcalde de penosa memoria para los potosinos, Xavier Nava Palacios, ha sido buena idea contratar a siete de sus ex empleados para ejecutar todo tipo de tareas bajunas, perversas y sinsentido. Son los mismos 7siete que se manifestaron en contra de la rodada nocturna en la que participaron miles de ciclistas pero que a ellos siete les molestó. Son los mismos que quisieron “tomar” la avenida Salvador Nava este viernes porque exigen la “reubicación” de aviadores, colaboradores de campaña y buenos para nada que fueron detectados en el nuevo gobierno y que resultaron despedidos. Son los mismos que se desgarran las vestiduras por “la defensa de los derechos indígenas”, son los mismos siete que dicen y comparten una cantidad de disparates en redes sociales. Son personajes (seguramente desempleados) que se ganan el pan de cada día pidiendo 200 pesos por “manifestación” a Xavier Nava, no importa el tema… ¿Creerán que los potosinos somos tontos? Se han vuelto cada vez más evidentes y la verdad causan mucha lastima. #Los7DeNava
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Se sabía, se avisó y nadie hizo nada: evaluación judicial, el camino para depurar la base trabajadora | Columna de Víctor Ezequiel
SERENDIPIA
Por: Víctor Ezequiel
X: @MrVictorHdz
Culto público, amanecimos con tremendo golpe al personal operativo del PJF. Este 5 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo General que fue aprobado por unanimidad el 28 de octubre por el Pleno del Órgano de Administración Judicial. Su supuesto objeto es “regular la evaluación del desempeño del personal de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación”.
Su justificación oficial es fortalecer la profesionalización, mejorar la impartición de justicia, identificar necesidades de capacitación y establecer parámetros objetivos para valorar el desempeño. Hasta ahí, nadie podría oponerse a que el servicio público sea evaluado. El problema comienza cuando revisamos cómo se hará y qué consecuencias puede tener.
¿A quiénes alcanza?
La evaluación comprende las categorías de: secretarios de tribunales y juzgados, proyectistas, asistentes de constancias y registro, secretarios instructores y de acuerdos de tribunales laborales, actuarios y oficiales judiciales, entre otros. Se excluye al personal adscrito a la Suprema Corte y al Tribunal Electoral. También puede evaluarse al personal que tenga al menos seis meses ininterrumpidos en el mismo órgano y categoría, independientemente de que cuente o no con nombramiento de base.
Esto último merece atención: no se trata únicamente de quienes tienen una plaza definitiva. El acuerdo alcanza a un universo amplio de personas que realizan funciones de carrera judicial.
¿Cómo se evaluará?
El modelo combina conocimientos y rendimiento. El 60% corresponde a habilidades y competencias: 40% mediante un examen y 20% por capacitación. El 40% restante se distribuye entre productividad (10%), calidad del trabajo conforme al perfil (5%), trabajo en equipo y clima organizacional (5%), ética (5%), servicio a la ciudadanía (5%) y comportamiento y ejercicio profesional (10%).
Para integrar los resultados se utilizarán exámenes, cuestionarios contestados por titulares o administradores, cuestionarios confidenciales aplicados a compañeros y reportes institucionales. También se tomarán en cuenta antecedentes disciplinarios, administrativos y laborales, así como informes desfavorables de revisiones técnicas, bajo las condiciones previstas en el acuerdo.
Aquí aparece una preocupación evidente: ¿cómo se evitará que las diferencias personales, los conflictos internos o las relaciones de poder dentro de cada órgano influyan en una evaluación que pretende ser objetiva? El documento ordena utilizar información verificable y establecer controles metodológicos contra posibles sesgos, pero una declaración normativa no garantiza, por sí sola, que estos no ocurran.
Las consecuencias no son menores.
Los resultados se clasifican en cinco niveles: sobresaliente, de 90 a 100 puntos; satisfactorio, de 80 a 89; regular, de 70 a 79; suficiente, de 60 a 69; e insuficiente, de 0 a 59.
Quienes obtengan resultados satisfactorios o sobresalientes recibirán una constancia de permanencia por dos años. Los niveles regular y suficiente tendrán una constancia por un año y deberán cumplir acciones de fortalecimiento. El resultado insuficiente se traduce en un estándar de desempeño no alcanzado y abre la posibilidad de un examen extraordinario o un recurso de revisión, según el origen de la calificación. Si el resultado queda firme, el asunto se remite al Pleno para los efectos previstos en la Ley de Carrera Judicial, incluida la posible separación en los supuestos legales.
El recurso de revisión debe interponerse en diez días hábiles y el Pleno cuenta con un plazo máximo de cuatro meses
¿Y qué sucede durante 2026?
El acuerdo establece expresamente que la evaluación de este año será diagnóstica: no contará como periodo ordinario ni producirá consecuencias individuales de permanencia o separación. Sin embargo, la participación será obligatoria y sus resultados servirán para diseñar programas de capacitación que también serán obligatorios y considerados en la primera evaluación ordinaria.
El calendario ya está definido: del 11 al 13 de noviembre se cargará información a la plataforma; el 17 y 18 se notificará y publicará el temario; del 4 al 15 de diciembre se aplicarán cuestionarios. Los exámenes serán el 4 de diciembre para secretarios, el 8 para actuarios y los días 14 y 15 para oficiales judiciales. De enero a marzo de 2027 se analizarán resultados y se elaborarán informes y acciones de fortalecimiento. La primera evaluación con consecuencias se realizará después de concluir la capacitación correspondiente.
La memoria de 2024 no puede borrarse.
Durante el paro nacional de trabajadores del PJF en 2024, una de las principales preocupaciones fue precisamente la posible afectación a los derechos laborales. En aquel momento, se sostuvo que la reforma buscaba combatir el nepotismo y la corrupción, particularmente respecto de las personas titulares, y que el personal no tendría por qué resultar perjudicado.
Hoy, con un nuevo “modelo de evaluación” que alcanza a oficiales, actuarios y secretarios, resulta difícil separar las piezas. Entre 2024 y 2026 se impulsaron numerosos concursos abiertos de oposición para integrar listas de personas habilitadas; ahora existe un universo amplio de aspirantes disponibles, mientras el personal que construyó su trayectoria dentro de la institución queda sujeto a un sistema que puede comprometer su permanencia.
La lectura política es inevitable: la reforma no solamente cambió quiénes ocupan los cargos de juzgadores; también está reconfigurando las condiciones bajo las cuales permanece el personal que sostiene la operación judicial. La evaluación puede convertirse en una herramienta de profesionalización, pero también en un mecanismo de depuración si sus criterios se aplican de manera sesgada o se utilizan para favorecer la sustitución de personal de carrera por perfiles alineados con el nuevo proyecto político. No es una preocupación que deba despacharse con el argumento de que todo se hace por eficiencia.
El acuerdo dice que la evaluación será objetiva, imparcial y diagnóstica. Ahora corresponde demostrarlo. La independencia judicial también se construye con trabajadores que puedan desempeñar sus funciones sin temor a perder su empleo por criterios discrecionales. La transformación del Poder Judicial no puede convertirse en una puerta para sustituir experiencia, antigüedad y carrera por obediencia institucional.
Lee también: Poder Judicial: ¿austeridad o incertidumbre laboral?
El gobernador dijo que hay una gran sincronización con la Guardia Nacional para vigilar las carreteras desde el aire y recibir a los paisanos
Por: Redacción
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que la vigilancia de las carreteras para recibir a los migrantes potosinos se hará este año también por vía aérea, en coordinación con la Guardia Nacional.
Gallardo dijo que habrá “una gran caravana de migrantes” y que los paisanos serán recibidos “en próximos días”. Aseguró que existe una gran sincronización con la Guardia Nacional para vigilar las carreteras desde el aire y poder recibirlos “con los brazos abiertos”.
La Caravana del Migrante Potosino de este año traerá de regreso a entre 5 mil y 7 mil paisanos desde Estados Unidos, de acuerdo con el Instituto de Migración y Enlace Internacional de San Luis Potosí. Será la última de la administración 2021-2027 y más de 36 alcaldes
El Gobierno del Estado informó que unos 2 mil vehículos participarán en la caravana, que entrará a México el 20 de diciembre por Matamoros, Tamaulipas, con el apoyo de unas 40 dependencias que darán atención médica, asesoría jurídica y auxilio vial. La llegada a San Luis Potosí está prevista entre el 18 y el 21 de diciembre.
El Instituto recomendó a quienes regresan por su cuenta que se unan a la caravana oficial para viajar acompañados y con menos riesgo, pues desde septiembre muchos paisanos llegan al estado por separado.
También lee: Gallardo presume cero observaciones financieras en auditoría de 2025
Las noches de hotel en la capital bajaron 13% aunque la feria superó los 10 millones de visitas
Por: Ana G Silva
Los hoteles de la capital potosina ocuparon 53.96% de sus cuartos en agosto de 2026, el mes de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), frente a 61.16% en agosto de 2025. La caída fue de 7.2 puntos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México (DataTur), de la Secretaría de Turismo federal.
Los hoteles de la capital mantuvieron su oferta de 6,181 cuartos, pero en agosto vendieron 103,106 noches de habitación, 11.7% menos que un año antes. Llegaron a los hoteles 88,823 turistas, 8.9% menos que en agosto de 2025.
Antes de la feria, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, titular de la Secretaría de Turismo del Estado, anticipó que los hoteles “se van a abarrotar” con la Fenapo. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó que la derrama económica de esta edición “va a superar todo” lo registrado en 2025.
Más visitas a la feria, menos noches de hotel
Al cierre de la feria, en la que se incluyó el concierto gratuito de Katy Perry, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí reportó una ocupación hotelera de 80% en la capital. Esa cifra correspondió a los últimos días de la Fenapo; el promedio de todo agosto quedó 26 puntos
En septiembre, el gobierno estatal informó que la Fenapo rebasó los 10 millones de visitas en 24 días, más de tres millones por encima de su propia proyección.
Ese aumento no se reflejó en el hospedaje. Los turistas noche en hoteles de la capital, que suman las noches de cada huésped, bajaron de 191,979 en agosto de 2025 a 166,574 en agosto de 2026, una caída de 13.2%.
La Secretaría de Turismo del Estado reportó para todo el estado un incremento de poco más de 5% en la ocupación hotelera del verano, del 10 de julio al 30 de agosto. En la capital, julio y agosto juntos promediaron 55.3%, contra 60.6% en 2025.
El año también va abajo
De enero a septiembre de 2026, la ocupación promedio en la capital fue de 50.88%, contra 53.40% en el mismo periodo de 2025. Solo enero y mayo superaron el nivel del año anterior.
Septiembre, con 45.19%, fue el mes más bajo de 2026, siete puntos debajo de septiembre de 2025.
En nueve meses llegaron 694,483 turistas a los hoteles de la capital, 2.5% menos que un año antes. Los visitantes nacionales bajaron 7.9%, mientras los extranjeros subieron 71.6%, hasta 82,622, sin compensar la caída.
También lee: Katy Perry, seguridad reforzada y hoteles llenos marcan la Fenapo
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