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Antonio de Rabinal Gamboa, el ebrio Secretario de Cultura de San Luis | Apuntes de Jorge Saldaña
APUNTES.
Amigos de las verdades, hijos de “al pan, pan y al vino vino” llamemos las cosas por su nombre en esta entrega de apuntes de viernes alegre y de botana: El verdadero secretario de Cultura en San Luis Potosí es Antonio de Rabinal Gamboa López, en los hechos es el que manda en la administración y políticas de la dependencia, pero además se da el lujo de ejecutar su función en absoluto estado de ebriedad.
Sí, Antonio de Rabinal Gamboa está ebrio de poder y vanidad desde que usa a Elizabeth Torres como su marioneta y fachada pública para ejercer como un necio desbocado, de manera voluntariosa y necia un encargo público que le permitió apoderarse de toda una secretaría solo para colocar en la nómina gubernamental a su hermano, a su hijo, a la novia de su hijo y una media docena de compadres y amigotes que poco tienen que hacer en encargos culturales, mucho menos saben, pero que al final de cuentas serán compañeros de la borrachera de despilfarros que “invita” el hijo de Doña Lila López y Raúl Gamboa.
Por si fuera poco, están entregados a hacer negocios y apropiarse, por dónde se pueda, del recurso público asignado a tan importante área.
“Yo invito a la francachela presupuestal del sexenio”, parece gritar a los cuatro vientos este personaje y cabe aquí la anotación de Charles Bukowski, que en alguna de sus obras sentenció que “en defensa del alcohol, he tomado peores decisiones sobrio”, lo mismo le ocurre al secretario tapado, al ventrílocuo de la marioneta llamada Elizabeth Torres, al poderoso, pero alicorado que se embrutece de pifias y canonjías escondido de las apariencias oficiales.
Es Rabinal, el intoxicado, el necio, el que manotea y pide a manos llenas, el que manda a Elizabeth por un “six” de funcionarios bien “helados” en capacidades, pero que le hacen falta para su larga fiesta.
Elizabeth no tiene más que obedecer y salir corriendo en su papel de servidumbre sumisa, para justificar su impericia, su falta de conocimiento y los ridículos del patrón.
Hay que tapar al borracho de Rabinal aunque eso implique usar calumnias contra periodistas, acusaciones de gente baja (que son las únicas que sabe usar), no les tiembla la mano (quién sabe si en las crudas) para usar amenazas y toda su reducida capacidad para conseguir ser escuchada por el primer mandatario.
“Todo está bien gobernador… todo lo hacemos bien, pero es que son los medios los que no nos quieren” y de ahí no la sacan, no se sabe de otra, su incapacidad llega a tal grado, que ni para poder asumir sus falacias encuentran salida ante el jefe del ejecutivo.
Nadie, que se conozca, tiene un asunto personal en contra del ahora bautizado como el “Catarrín de las decisiones Culturales”, Antonio de Rabinal, o su servil Torres, en cambio ese par, sí han hecho personales sus ataques, mentiras y diatribas.
Ya algo se dejaba ver cuando afirmé en este mismo espacio para ustedes, los hijos de mi alma, que nunca estuve seguro de si Liz Torres era demasiado mala administradora como para ser secretaria, o demasiado mala secretaria para decirse buena administradora.
Nada más como dulce aperitivo, les adelanto que por primera vez en décadas, ya no fue la asociación “Tradiciones Potosinas” la encargada del evento de la Procesión del Silencio, en específico de manejar el dinero de la renta de las sillas y los gastos de producción, no señor, ahora el “gran organizador” y jefe de la solemne tradición, fue ni más ni menos que Antonio de Rabinal Gamboa.
¿Renta de las sillas? Todo el recurso lo manejó Rabinal.
¿Convenio con la boletera? Pregunten a Rabinal.
¿Renta del equipo de la producción? El señor Rabinal fue el productor general y el decidió cuál de sus amigos se encargaría de realizar y facturar el evento.
¿Y la transparencia en el manejo del evento? Ahhhh, pues ahí si pregunten a Liz Torres, que para eso tiene que dar la cara y para eso la tiene contratada Catarrín de la Cultura.
Ya este medio ha solicitado el “santo y seña” de las cosas a través de transparencia, para que no salgan con la típica de que son cosas imaginarias de quien esto escribe.
Con los papeles en la mano, pudiendo confirmar la intromisión ventajosa de Rabinal, no habrá poder que lo sostenga en la silla de su cantina cultural y tendrá que regresar a su oficina de Canal 7 a curarse la cruda, o de plano a La Pila si es que cayó en la tentación (como todo parece indicar) de desviar los recursos de la tradición más arraigada en la capital potosina.
Pero no crean que ahí para la cosa hijos de mi “vamos a conectarla”: el señor en cuestión, el patrón de Liz, el escondidito y discreto borrachales de las políticas públicas culturales, no ha actuado solo (no le gustará ser ebrio de buró todavía) por lo que invita a sus más cercanos a la parranda del despilfarro y la desvergüenza:
Contrató a su hermano (y que el que diga que es nepotismo se lance por las siguientes chelas) Raúl Rafael Miguel Gamboa López como director de Vinculación de la Secretaría y cobra unos 34 mil pesos, mensuales según el tabulador gubernamental.
A su hijo, Antonio de Rabinal Gamboa Urías (hijo también de la “Herencia Maldita” porque cobró durante años en la administración de Juan Manuel Carreras) lo colocó en la subdirección del Instituto Potosino de Bellas Artes, ganando poco más de 27 mil pesos mensuales.
Seguramente el pequeño Gamboa Urías, se sintió muy solo, triste y aburrido en su labor, por lo que le pidió a “papá Rabi” que contratase a su novia, Laura Mitre,
Para ellos no hubo cambio. Para ellos la “Herencia Maldita” fue buena porque les pagó bien, y el nuevo gobierno todavía es mejor porque gracias a Catarrín Gamboa y la familia Canal 7, pues ahora cobran hasta mejor.
En la Dirección de Programación Cultural, el auténtico secretario de Cultura, colocó a Alejandro Mendoza Villalón, que lo mandaron de patitas a la calle del Centro de las Artes en el anterior gobierno por plagiar proyectos, venderlos y tener la desfachatez de no terminarlos.
Aún hoy, el señor Mendoza Villalón presume en sus redes públicas que es el director del Ceart, cuando ya no es así, ya está en la Dirección de Programación y gana “muy apenas” unos 40 mil pesos, pobrecito.
En la Dirección de Patrimonio Cultural de todos los potosinos, el beodo del poder decidió a Óscar Rubén Hinojosa Villarreal, un buen hombre de edad que lo une a Rabinal ser un permanente colaborador de los programas “culturales” que producía en Canal 7, ahí mismo fue colocado el ex locutor romántico Carlos García, que en la misma televisora hacía especiales o hasta deportes. Ahora es el segundo de a bordo del patrimonio cultural del estado…
En la delegación de cultura en la Zona Altiplano se puso a Juan Carlos González Islas, ex colaborador de la “Herencia Maldita” y sin mayores logros que… sí, adivinó, ser conductor de los programas del Canal 7 (que de siete ya no tiene nada).
Jorge Valdivia es otro de los amigotes de la farra administrativa de Rabi, a él lo puso como director de planeación con sus 34 mil seguros cada mes y la incorporación más reciente a la “peda” de poder y vanidad es la de Lorena Azcona, que llegó a la Dirección de Festivales y es además una persona muy allegada a Cecilia Padrón, titular del área de cultura ni más ni menos que de Xavier Nava.
Con semejante borrachera pues… mínimo ¿que inviten no? Se están despachando con la cuchara grande, se están atascando, se le escurre lo engreído, lo fatuo y lo soberbio por las barbas, mientras beben a tragos grandes el futuro cultural de San Luis Potosí.
Dirá mi culto público que me morderé la legua (o en este caso las manos) al escribir tanto de los placeres de Baco, y tendrán razón, pero en defensa de quien esto escribe y todos mis amigos de los que somos “solo por hoy”, he de decir que ningún afecto a las bebidas espirituosas tiene porque dar explicaciones de sus hábitos o actos, y a diferencia de Rabinal Gamboa, los funcionarios públicos sí lo tienen que hacer, y que finalmente en mi licenciosa vida de excesos jamás había conocido a un ebrio que hiciera semejantes ridículos como los aquí expuestos, por alguien al frente de de una secretaría (en los hechos), ni había escuchado tanta imprudencia pública en los comentarios de un ahogado de soberbia como los que hace en gabinete Antonio de Rabinal Gamboa López.
Ya bájale hermano. Poco a poco se llega lejos, pero no exageres, esos pasitos para hacerte millonario de plano te traen muy “mareado” y el primer paso es reconocer.
¿O lo vas a negar? Te reto a que me contestes en programa en vivo en Canal 7 y, para tener audiencia, también en La Orquesta ¿cómo ves? ¡Salud!
Atentamente,
Jorge Saldaña.
BEMOLES
LOS SIETE DE NAVA.
Para el alcalde de penosa memoria para los potosinos, Xavier Nava Palacios, ha sido buena idea contratar a siete de sus ex empleados para ejecutar todo tipo de tareas bajunas, perversas y sinsentido. Son los mismos 7siete que se manifestaron en contra de la rodada nocturna en la que participaron miles de ciclistas pero que a ellos siete les molestó. Son los mismos que quisieron “tomar” la avenida Salvador Nava este viernes porque exigen la “reubicación” de aviadores, colaboradores de campaña y buenos para nada que fueron detectados en el nuevo gobierno y que resultaron despedidos. Son los mismos que se desgarran las vestiduras por “la defensa de los derechos indígenas”, son los mismos siete que dicen y comparten una cantidad de disparates en redes sociales. Son personajes (seguramente desempleados) que se ganan el pan de cada día pidiendo 200 pesos por “manifestación” a Xavier Nava, no importa el tema… ¿Creerán que los potosinos somos tontos? Se han vuelto cada vez más evidentes y la verdad causan mucha lastima. #Los7DeNava
Entre 2017 y 2025, la Fiscalía de San Luis Potosí documentó al menos ocho procesos penales contra personal con funciones docentes por delitos sexuales contra menores, repartidos en al menos cinco municipios
Por: Haniel Valdés Velázquez
En octubre de 2019, un hombre identificado como David “N” era profesor de inglés en un preescolar de Matlapa. Ahí, según la Fiscalía General del Estado (FGESLP), violó a un niño de identidad reservada. El caso avanzó durante cuatro años hasta que, el 2 de diciembre de 2023, un juez lo declaró penalmente responsable de violación específica agravada y lo sentenció a 14 años y seis meses de prisión. La Fiscalía señaló entonces que el sentenciado enfrentaba más carpetas de investigación pendientes, sin precisar cuántas ni de qué naturaleza.
Es, hasta ahora, el desenlace judicial más contundente que se puede documentar en San Luis Potosí sobre personal educativo señalado de violencia sexual contra un menor. Pero no es un caso aislado ni reciente: es, más bien, el más antiguo y el que más tardó en resolverse de una lista que la propia Fiscalía ha hecho pública, boletín por boletín, durante casi una década.
En ese mismo municipio, Matlapa, pero en un caso distinto, un profesor de educación física identificado como Víctor “N”, de 35 años, fue detenido el 27 de diciembre de 2021 —tres años y nueve meses después de los hechos, ocurridos en marzo de 2018— acusado de violar a un alumno de un jardín de niños y de amenazarlo para que no lo contara. A diferencia del caso de David “N”, no hay en varias fuentes revisadas una sentencia posterior confirmada para Víctor “N”: lo último documentado es su detención y el inicio del proceso penal.
En Aquismón, un profesor de primaria identificado como Herminio “N”, de 41 años, fue detenido el 3 de enero de 2021 y vinculado a proceso el 11 de enero de ese año, acusado de manosear reiteradamente a una alumna cuando la niña se acercaba a su escritorio a que le revisara la tarea. Los hechos habían ocurrido en 2017 y 2018, es decir, entre tres y cuatro años antes de que el caso llegara a un juez.
En Ciudad Valles, un profesor jubilado identificado como J. Jesús “N”, de 58 años, fue vinculado a proceso el 25 de febrero de 2020 con prisión preventiva oficiosa. La Fiscalía documentó que la víctima, un niño de 14 años de una comunidad tének, había sido su alumno desde los 11 años, y que el hombre lo explotaba sexualmente desde entonces a cambio de dinero u objetos: no fue un episodio único, sino una relación de abuso sostenida durante al menos tres años antes de que un reporte al 911 —por la presencia de un adulto con un menor en un hotel de Ciudad Valles— destapara el caso.
En Rioverde, un maestro de 65 años fue detenido el 3 de noviembre de 2020, acusado de abusar sexualmente de una alumna de 13 años durante una clase de regularización. Es, de los ocho casos documentados, el único en el que no fue posible confirmar el nombre del imputado ni el estatus posterior del proceso. Rioverde tiene, además, al menos otros dos casos de personal docente señalado por delitos sexuales en años distintos —uno en 2019 y otro en diciembre de 2025—, que este medio no ha confirmado a fondo todavía y que representan, por sí solos, un hilo de reporteo propio.
En la capital, un docente identificado como José Manuel “N”, de 39 años, fue detenido el 2 de enero de 2022 —originalmente por hechos del 14 de diciembre de 2021— acusado de aprovechar unas clases de regularización a domicilio para tocar a una menor de edad.
El caso más reciente de este tipo documentado por la propia Fiscalía ocurrió en septiembre de 2025: un entrenador de fútbol identificado como Jesús Jaime “N” fue detenido en flagrancia, dentro de un vehículo estacionado cerca de una cancha de la colonia Valle del Potosí, en la capital, acusado de violar a una de sus jugadoras, de 12 años. El 13 de septiembre de 2025 fue vinculado a proceso por violación específica agravada, con prisión preventiva justificada.
Ocho procesos, cinco municipios, hechos que van de 2017 a 2025: no es un patrón nuevo ni exclusivo de este año. Es, más bien, una constante que la Fiscalía ha ido documentando boletín por boletín sin que, hasta ahora, ningún medio local —incluido este— la haya puesto junta.
Estos son solo los casos que se han viralizado o que han llegado al conocimiento público, muchos de ellos demorados o sin resolución legal, al menos verificable. ¿Pero cuántos hechos como estos no habrán quedado silenciados en el tiempo?
La ola de 2026
Los casos más recientes que ha cubierto este medio ocurrieron ya en instituciones concretas de educación media superior y superior, con nombre propio de por medio. En diciembre de 2025, una exalumna de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) denunció ante la FGESLP que un profesor de esa entidad académica, identificado como César Gabriel “N”, la había agredido con un cuchillo en un departamento donde ella se hospedaba temporalmente.
La UASLP se enteró del caso hasta enero de 2026 y no fue sino hasta el 10 de febrero —dos meses después de los hechos— que la Defensoría de los Derechos Universitarios separó al profesor de toda actividad frente a grupo
En octubre de 2024, el director del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí (Cobach) informó que tres profesores habían sido cesados en lo que iba del año por acoso; uno de ellos respondió con una demanda por despido injustificado, cuyo resultado nunca se hizo público. En mayo de 2025, una división interna en el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP) salió a la luz por denuncias de abuso de autoridad y hostigamiento laboral; el caso fue turnado a la Fiscalía y al Tecnológico Nacional de México (TecNM), sin resolución conocida. Y en junio de 2026, La Orquesta documentó que una madre llevaba cuatro meses exigiendo, sin respuesta, que la Secretaría de Educación y la Fiscalía actuaran contra una maestra que golpeó a su hija, una niña con autismo, dentro de la escuela.
La cifra que cambió sin explicación
Ese patrón, construido caso por caso desde 2017, tiene un contrapunto en las declaraciones del propio gobierno estatal. El 22 de octubre de 2025, el entonces titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, informó que 11 docentes de distintas instituciones y regiones de San Luis Potosí habían sido cesados de manera definitiva por acoso, abuso sexual o discriminación, y que más de 30 adicionales habían enfrentado procesos administrativos con sanciones menores.
Cinco meses después, el 5 de marzo de 2026, el mismo funcionario informó que “alrededor de 40 trabajadores” de diversos niveles educativos habían sido separados de su cargo tras confirmarse su participación en casos de acoso y abuso sexual. Torres Cedillo no explicó, en ninguna de las dos ocasiones, si la segunda cifra incluye a los 11 docentes ya mencionados en octubre, si se trata de una revisión retroactiva de expedientes anteriores, o si refleja casos nuevos confirmados en ese periodo.
Ninguna de las dos cifras de la SEGE coincide, tampoco, con el número de casos que la propia Fiscalía ha hecho público en sus boletines: los ocho documentados aquí corresponden a personal masculino identificado con nombre reservado ante un juez, mientras que las cifras de la SEGE son agregados administrativos sin nombres ni fechas. Son, en los hechos, dos conteos distintos de un mismo problema que ninguna de las dos dependencias ha cruzado públicamente.
El sistema que no se ve
Todos los casos documentados hasta ahora, desde el maestro de Matlapa a los procesos de 2026, ocurrieron en instituciones públicas. No existe, en ninguna fuente oficial o periodística consultada, un solo caso registrado en una escuela privada de San Luis Potosí. Eso no significa que no ocurran: significa que, si ocurren, no hay un mecanismo público que los documente ni una autoridad que públicamente los reconozca.
El contexto general de la violencia sexual en el estado tampoco ayuda a dimensionar el problema específico en las aulas. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), San Luis Potosí acumuló 965 víctimas de delitos contra la libertad y la seguridad sexual en el primer semestre de 2026, con junio como el mes más alto del año (185 víctimas). En el comparativo contra el mismo periodo de 2025, las carpetas de investigación por estos delitos bajaron 15.5% en general, aunque el hostigamiento sexual aumentó 75%. Ninguna de estas cifras distingue si el presunto agresor era personal educativo.
Ninguna de las dos cifras que ha dado la SEGE vino acompañada de un desglose público por año, nivel educativo, municipio o estatus judicial, y tampoco lo ha hecho la Fiscalía respecto al conjunto de los ocho casos que sí ha documentado en sus propios boletines a lo largo de casi una década.
Es información que ambas dependencias deberían ofrecer por iniciativa propia, sin que medios o padres de familia tengan que reconstruirla boletín por boletín, como se hizo para este trabajo: se trata de personal que trabajó con menores de edad en escuelas públicas, pagadas con presupuesto del estado. Mientras esa información no se transparente por voluntad propia, la pregunta de cuántos casos existen en total y cuántos de ellos seguirán sin respuesta.
También lee: Gusano barrenador: de 1,500 a 80 casos bajo control con mosca estéril en SLP
La entidad registra 80 casos activos de gusano barrenador mientras despliega control con 100 millones de moscas estériles producidas en Chiapas
Por: Redacción
Jorge Luis Díaz Salinas, titular de Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), reportó que aunque históricamente se registraron más de mil 500 casos de gusano barrenador en la entidad, actualmente hay 80 casos activos en atención, una cifra significativamente menor después del tratamiento de los animales afectados.
Díaz Salinas aclaró una confusión común: “porque piensan que son mil 500 activos y no lo son. Ahorita hay como 80 activos”. Las regiones más afectadas fueron Guadalcázar y Ciudad del Maíz, aunque también se ha presentado la plaga en animales domésticos como perros y gatos en la zona metropolitana.
Para combatir la mosca del gusano barrenador, Sedarh trabaja con el programa nacional de control mediante moscas estériles. Una planta en Chiapas, inaugurada por la presidenta Claudia Sheinbaum
Las moscas estériles son identificables por su color: “son más verdes, o sea, ahí vienen las fotografías. Es una mosca más verde como fosforescente”, explicó el titular, señalando que la población debe evitar matar estas moscas para permitir que cumplan su función de control.
Instó a la ciudadanía a reportar cualquier caso a través de Cenacica o a la Sedarch para intensificar el lanzamiento de moscas en las regiones afectadas.
También lee: Sheinbaum inaugura planta binacional para combatir el gusano barrenador
El alcalde aseguró que la falta de recursos ha impedido realizar el mantenimiento mayor que requiere la infraestructura hidráulica del organismo operador
Por Redacción
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reconoció que la situación financiera de Interapas limita la capacidad del organismo para rehabilitar la totalidad de los pozos que abastecen de agua a la zona metropolitana, luego de que se diera a conocer que durante la primera mitad del año se registraron 43 fallas en esta infraestructura.
El edil explicó que el problema responde al desgaste acumulado de la red hidráulica, pues los más de 170 pozos que opera Interapas en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro y Villa de Pozos requieren mantenimiento de fondo para garantizar su funcionamiento.
“De los más de 170 pozos que tenemos en los cuatro municipios, todos necesitan un mantenimiento mayor. Ya llegamos al momento en que requieren inversiones importantes”, afirmó.
Galindo recordó que, tras la crisis hídrica de 2023, una de las principales estrategias del organismo fue rehabilitar pozos existentes y perforar nuevas fuentes de abastecimiento para fortalecer el suministro de agua.
En ese sentido, aseguró que más de 70 pozos ya recibieron trabajos de reparación integral, incluyendo la sustitución de equipos electromecánicos y sistemas eléctricos; sin embargo, reconoció que la falta de recursos impide intervenir el resto de la infraestructura con la rapidez necesaria.
El presidente municipal sostuvo que el principal obstáculo para avanzar en el mantenimiento de los pozos es la situación financiera de Interapas.
Explicó que uno de los factores es la falta de recursos federales destinados al organismo durante el año pasado y el presente ejercicio fiscal. “Los recursos federales del año pasado y de este no llegaron”, afirmó.
A ello se suma, dijo, la falta de conciliación de cuentas entre Interapas y el Gobierno del Estado, un proceso que, aseguró, permanece pendiente desde hace cuatro años.
“El Gobierno del Estado tiene una deuda con nosotros muy fuerte y nosotros también tenemos una deuda con ellos. Tenemos que conciliar esas cuentas porque eso fortalecería las finanzas del organismo”, señaló.
El alcalde estimó que los montos involucrados superan los 400 millones de pesos, recurso que, de resolverse, permitiría mejorar la capacidad operativa de Interapas para atender fallas y realizar inversiones en infraestructura.
Otro de los factores que, según Galindo, ha deteriorado las finanzas de Interapas es el crecimiento de la cartera vencida, particularmente en Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos.
El alcalde aseguró que existe un llamado público para que los usuarios dejen de pagar el servicio de agua, situación que, dijo, termina afectando directamente la capacidad del organismo para operar.
“La gente dice: ‘¿Para qué pago el agua si mañana me van a decir que ya no la pague?’. Eso genera un círculo vicioso”, comentó.
Añadió que la falta de ingresos no solo afecta el mantenimiento de los pozos, sino también la reparación de infraestructura dañada, como drenajes colapsados y socavones.
Como ejemplo, explicó que la rehabilitación del socavón donde recientemente cayó una pipa representa una inversión cercana a 2.5 millones de pesos, mientras que actualmente existen alrededor de 50 socavones pendientes de reparación.
“Hay reparaciones que cuestan entre uno y dos millones de pesos. El socavón donde cayó la pipa cuesta alrededor de dos millones y medio, y todavía tenemos cerca de 50 más por atender”, indicó.
Finalmente, Galindo insistió en que resolver los problemas financieros del organismo será indispensable para garantizar el mantenimiento de la infraestructura hidráulica y evitar que las fallas en pozos continúen incrementándose durante los próximos años.
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