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AMLO y la prensa: una relación que comienza a tensarse
Las conferencias diarias de AMLO abonan para tener su opinión todos los días, pero también han provocado que la relación con los medios se vuelva ríspida
Por: El Saxofón
La relación de Andrés Manuel López Obrador con los medios de comunicación se ha vuelto tensa. Por un lado su gobierno ha disminuido considerablemente el presupuesto destinado a comunicación social, lo cual golpea la economía de los grandes medios, por otra parte algunos medios acusan al presidente de amenazar el trabajo periodístico que él asegura respetar. En este contexto, los grandes consorcios de medios pierden dinero, y por otro lado periodistas mexicanos siguen perdiendo la vida por hacer su trabajo.
Todos los días, a las siete de la mañana, en Palacio Nacional, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, atiende a la prensa nacional. Las conferencias mañaneras son vistas por algunos como una práctica que abona a la transparencia y a la cercanía del Ejecutivo Federal con los medios de comunicación y a través de ellos con la ciudadanía. Para otros, este ejercicio no es más que el escenario desde el cual López Obrador se apropia de la agenda mediática y pretende imponer el ritmo a la información sobre los problemas nacionales.
Sin duda, se trata de ambas cosas. Los periodistas tienen, como nunca antes, la oportunidad de cuestionar al primer mandatario, pero también tienen que enfrentar el sermón diario acerca de cómo hacer su trabajo.
A lo largo de hora y media, López Obrador hace anuncios, responde cuestionamientos y hace declaraciones que, por superfluas que pudieran ser, ameritan una nota, y a veces sirven para desviar la atención de los aspectos importantes de los diversos temas nacionales.
Sin embargo, uno de los aspectos que se han venido señalando en la relación de López Obrador con la prensa, son las supuestas “amenazas veladas” que el presidente hace a los periodistas y medios que escriben o tienen opiniones distintas a las suyas.
Él ha dicho que en su gobierno hay libertad de expresión y pleno respeto a esta garantía, sin embargo, cuando ha sido cuestionado respecto a los calificativos que dirige a ciertos medios e informadores, llamándolos integrantes de la “prensa fifí”, sus respuestas han sido, por decir lo menos, ambiguas.
Esta crítica a López Obrador ha sido hecha desde su campaña, cuando hablaba de medios y periodistas que estaban al servicio de la “Mafia del Poder”, ahora, ya como presidente, ha dicho que hasta para ellos “hay libertad”, sin embargo, en la conferencia del pasado 15 de abril, López Obrador hizo lo que fue interpretado como una amenaza velada a los periodistas.
Durante la rueda de prensa, uno de los asistentes a “la mañanera” cuestionó al presidente, acerca de la confrontación que había vivido con el periodista Jorge Ramos, sobre las cifras de homicidios dolosos cometidos en el país, en los siguientes términos:
“El viernes pasado estuvo aquí un reportero, yo le diría cirquero, del grupo Televisa, filial de Univisión, increpándole por el tema de la inseguridad en el país. Yo no recuerdo, o yo revisé, que el señor no haya hecho reportajes por los miles de muertos que hay el Libia, que hay en Irak, que hay en Haití, consecuencia de las invasiones ordenadas por Bush y Barack Obama. Tampoco recuerdo que haya hecho un reportaje por los miles de pesos que recibió Televisa por publicidad cuando acallaron la violencia sobre los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto. ¿Qué opinión le merece, presidente o que sabor de boca le deja, que reporteros vengan a increparlo y que acallen la violencia que existe en el país a cambio de publicidad?“
La respuesta de AMLO: “Miren lo mejor es la libertad, el que nos podamos manifestar. Yo le tengo mucha confianza a los ciudadanos. Los ciudadanos están muy informados, muy avispados -dice López Obrador-. ‘El pueblo no es tonto. Tonto es quien piensa que el pueblo es tonto”, aseguró. Luego hizo una digresión para relatar un episodio histórico relacionado con una carta que el intelectual conservador Lucas Alamán le envía a Antonio López de Santa Anna para que regrese al país, y que según López Obrador describe de manera extraordinaria “la manipulación de la opinión pública”.
De ahí entra en materia y se refiere a un artículo que reseña su confrontación con Jorge Ramos, y es donde lanza la supuesta amenaza velada:
“El otro día, vi con motivo de esta entrevista, vi a un columnista diciendo que los que venían aquí no eran buenos periodistas, que Jorge Ramos si era buen periodista, no, yo pienso con todo respeto, discrepo, creo que ustedes no solo son buenos periodistas, son prudentes, porque aquí les están viendo, y si ustedes se pasan pues ya saben, ¿no?, lo que sucede ¿no?, entonces, pero no soy yo, es la gente, no es conmigo, es con los ciudadanos que ya no son ciudadanos imaginarios, hay mucha inteligencia en nuestro pueblo. Antes se menospreciaba a la gente. Entonces que digo, vamos a garantizar las libertades, diálogo circular, debate, cuestionamientos con respeto y mensajes de ida y vuelta, porque también eso es importante. Dicen: es que el presidente no debe de desacreditar a los medios; ah, los medios si pueden desacreditar al presidente y el presidente no se debe de defender, se tiene que quedar callado, eso íi no, voy a ofrecer mi derecho de réplica, con respeto.”
Al día siguiente, aseguró que no se había tratado de ninguna amenaza velada:
“Aclaro esto porque algunos sintieron que era una amenaza. Ya les he dicho, nosotros no vamos a actuar como los gobiernos conservadores, no vamos a hacer lo que injustamente le hicieron a José Gutiérrez Vivó, que lo expulsaron del país, o lo que le hicieron a Carmen Aristegui (…) Son otros tiempos, para que no nos confundan”, recalcó.
Sin embargo, la polémica no ha quedado ahí, pues hay quienes acusan a López Obrador de azuzar a la gente contra los periodistas, lo cual fue negado por el mandatario.
“A nadie instruyo ni le digo que este periodista se pasa, ni le pido ayuda para ponerlos en su lugar, eso nunca lo he hecho, ni lo haré jamás”, aseveró.
Argumentó que en su movimiento participan millones de mexicanos: “Esta transformación no depende de un solo hombre o grupo de dirigentes, la estamos llevando entre muchos. Cuando hay un cuestionamiento sin fundamento, los que nos están escuchando pues contestan, responden. A eso me refiero a que no me estén viendo sólo a mí. Ni modo que me haga responsable de lo que opinan los que participan en este movimiento. A nadie instruyo ni le digo que este periodista se pasa, ni le pido ayuda para ponerlos en su lugar, eso nunca lo he hecho, ni lo haré jamás”, concluyó.
En la práctica, tal parece que, efectivamente, hay libertad de expresión por parte del gobierno de López Obrador, sin embargo, las declaraciones del presidente y sus calificativos hacia la prensa, e incluso algunas “recomendaciones” que ha hecho a los periodistas como revelar las fuentes y “ser prudentes”, no abonan a su relación con los medios.
Y más aún, la realidad puede jugar en contra de López Obrador. En lo que va de su gobierno han sido asesinados ocho periodistas. La cifra ya casi alcanza el número de informadores asesinados en 2018, el último año de Enrique Peña Nieto como presidente, cuando fueron nueve.
Sin pruebas, Oviedo Ábrego niega primer lugar de SLP como productor de drogas
Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
Lee también: IFSE detecta irregularidades en municipios de SLP
El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
También lee: Tren de pasajeros usará vías ferroviarias existentes en SLP
Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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