Esto es un asunto de legalidad y de coherencia legislativa: José Luis Fernández
Por Roberto Mendoza
La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, las reformas a nueve leyes secundarias que consolidan la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, tras la reforma constitucional al artículo 21 aprobada meses atrás. La votación desató un debate intenso por sus implicaciones en la militarización de la seguridad pública y por disposiciones que abren la puerta a la participación política de militares en activo.
El diputado federal Ricardo Monreal, uno de los principales impulsores de este paquete legislativo, defendió la iniciativa al señalar que “estas reformas son consecuencia natural de una decisión constitucional. Estamos armonizando las leyes para que la Guardia Nacional, ya parte de la Sedena, tenga un marco normativo coherente con su realidad operativa.”
Entre los puntos más controvertidos está la incorporación a la Ley de la Guardia Nacional de un artículo que permite a militares en activo solicitar licencia para postularse a cargos de elección popular, algo que, según algunos legisladores, ya contempla la Ley de la Defensa Nacional.
En entrevista exclusiva para La Orquesta, el diputado potosino José Luis Fernández explicó: “Hace algunos meses aprobamos una reforma al artículo 21, en donde incorporamos a la Guardia Nacional como parte de las Fuerzas Armadas. Por eso hoy estamos armonizando las leyes secundarias. Lo que algunos señalan como novedad, como el derecho de militares en activo a ser candidatos, en realidad ya existe en otra legislación; ahora solo se replica ese texto en la Ley de la Guardia Nacional.”
El diputado subrayó que la medida no amplía derechos, sino que los consolida: “Es un copy-paste, literalmente. Es un derecho ya previsto, que implica que el militar debe pedir una licencia especial y que sea aprobada por el Ejecutivo o el titular de la Sedena. Nadie se puede llamar sorprendido.”
Sobre los efectos prácticos de las reformas, Fernández enfatizó que se trata de una armonización para dar un trato similar al personal de la Guardia Nacional y al de otras ramas castrenses, como la Fuerza Aérea o la Marina. “Todas estas modificaciones tienen como origen directo la reforma al artículo 21”, insistió.
Consultado sobre el impacto para su estado natal, San Luis Potosí, el legislador precisó que el beneficio es de orden nacional: “Esto no es una ley pensada para beneficiar directamente a un estado. Es un asunto de legalidad, de coherencia legislativa. El Congreso está obligado a adecuar el marco legal tras una reforma constitucional.”
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