diciembre 3, 2025

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¡Alerta! Febrero destacó por alto número de delitos sexuales en SLP

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Delitos sexuales

Los casos de violaciones y abuso sexual volvieron a sus puntos más altos; pese a eso, las autoridades incumplen con la Alerta de Género

Por Redacción

El mes de febrero de 2019 fue el que presentó más casos de delitos contra la libertad y la seguridad sexual en el estado en casi dos años y el que tuvo más crímenes por violación en los últimos 30 meses.

En total, el estado presentó 113 casos de delitos contra la libertad y seguridad sexual en el mes de febrero pasado, una cifra que no se veía desde mayo de 2017, cuando hubo 118 casos.

Los 113 casos existentes en el segundo mes de 2019 se dividen de la siguiente manera: 42 casos de abuso sexual, 16 de acoso sexual, tres de hostigamiento sexual, 48 de violación simple y cuatro casos más, incluidos en la categoría “otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual”.

De hecho, desde que inició la administración de Juan Manuel Carreras, solo tres veces se ha superado la cifra de 100 delitos sexuales. La primera vez fue en mayo de 2017, con los 118 casos que hasta el momento representan el número más alto para un periodo mensual. Después, los meses de enero y febrero de este año han superado ambos los 100 delitos sexuales.

En enero de 2019 se presentaron 101 casos: 32 de abuso sexual, 13 de acoso sexual, tres de hostigamiento sexual y 46 de violación simple. Hubo además siete crímenes incluidos en “otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual”.

De hecho, los casos de violación simple también tuvieron en febrero de este año un punto alto, el segundo lugar respecto a todo lo que ha transcurrido del sexenio del gobernador Juan Manuel Carreras.

Solo los 49 casos de agosto de 2016 logran superar el número de violaciones ocurridas en el segundo mes de este año. En agosto de 2016, además, ocurrieron cuatro casos de violación equiparada, es decir, aquella realizada con algún objeto.

El abuso sexual también había tenido solo dos veces durante la administración carrerista, cifras superiores a las presentadas en febrero de este año. En junio de 2018 hubo 45 casos y 44 en mayo de 2017. 42 se presentaron en febrero de este año.

El acoso sexual también presentó en febrero un máximo en la actual administración estatal, solo equiparable a los 16 casos ocurridos en mayo de 2016, el mismo número que tuvo el segundo mes de este año.

Pese a lo alto de las cifras de delitos sexuales ocurridos en el estado durante febrero de 2019, apenas el martes pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos

(CEDH) presentó un informe especial sobre el cumplimiento de la Alerta de Género en el estado.

El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres, y de 19 en 2017.

En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.

En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.

11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) acusó que ninguno de los seis municipios que tienen Alerta de Género en el estado informa en sus páginas de internet oficiales acerca de los avances que han tenido la implementación de ese mecanismo.

El protocolo de la Alerta de Género pide que los municipios que recibieron la declaratoria den a conocer los avances de la implementación y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas respecto a ese mecanismo de prevención de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, a casi 21 meses de que la Alerta fue emitida, los Ayuntamientos de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale no tienen en sus páginas web documentos que demuestren las acciones que se han realizado para cumplirla.

Debido a esto, la CEDH solicitará que la Alerta de Violencia de Género se extienda a tres municipios más de San Luis Potosí: San Ciro de Acosta, Rioverde y Ciudad Fernández.

 

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Ciudad

Incendios aumentan hasta un 30% en diciembre: Bomberos

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Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina

Por: Cristian Betancourt

Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.

Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia

y aumento de incendio en pastizales.

Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.

Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.

Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.

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Acusan que imputados simulan tortura para justificar delitos

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La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas 

Por: Redacción

La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.

La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.

“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.

La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar

, lo que impide que la parte acusadora simplemente se desista.

La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.

“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.

García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”

El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.

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SCT endurece regulación al transporte de personal industrial

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Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal

Por: Redacción

Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.

Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.

La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales

.

“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.

La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción

.

Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.

Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.

Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.

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