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“Adelgazan” en secreto a familiares y amigos de la delegación del IMSS en SLP
El hospital no tiene la autorización ni la infraestructura, el médico que hace las operaciones no está certificado
Por hacer esas operaciones, cancelan las del resto de los usuarios
Por: Jorge Saldaña y Luis Moreno
A partir de octubre del 2018, en el Hospital General número 2 del IMSS en San Luis Potosí, catalogado como de segundo nivel, se han realizado por lo menos 22 intervenciones quirúrgicas de control de obesidad, denominadas bariátricas, sin que se tenga ni la categoría para hacerlo, tampoco la infraestructura o siquiera a un médico certificado.
Entre los beneficiarios de las costosas cirugías destaca la hija de Francisco Javier Ortíz Nesme, jefe de Prestaciones Médicas de la delegación, su mano derecha y coordinador auxiliar, Juan Alberto Martínez Andrade, y Laura Mónica Curioca López, ambos en el organigrama delegacional bajo el mando de Ortíz Nesme.
Aunque la Norma Oficial Mexicana para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad prevé todas y cada una de las condiciones de infraestructura hospitalaria para realizar este tipo de cirugías (por ejemplo, en el apartado 7.3.1.6 establece que los pacientes con obesidad deben ser atendidos antes de la intervención por un equipo interdisciplinario, además de cumplir con una serie de requisitos y estudios; y en su apartado 6.1.1.2 indica que el medico deberá contar con certificación en cirugía bariátrica o endoscópica emitidos por Comité Normativo Nacional de Especialidades médicas (Conacem))en el Seguro Social de San Luis Potosí, se violaron todas y cada una de las normas.
El 25 de Octubre de 2018, como consta en el expediente médico, se operó por obesidad a Delta Estefanía Ortiz Díaz, hija del jefe de Prestaciones Médicas y segundo al mando de la delegación estatal, en manos de Rogelio Graillet Cervantes, cirujano que no cuenta, de acuerdo con la búsqueda en la Conacem, con la certificación como médico bariatra.
En las mismas condiciones pero en abril del 2019, se intervino a Juan Alberto Martínez Andrade, coordinador y auxiliar de Ortiz Nesme. Meses más tarde se operó a Laura Mónica Curioca López, tercera al mando de la oficina de Ortiz Nesme de acuerdo con el organigrama de la delegación.
Nombres de conocidos médicos, hermanos de periodistas radiofónicos, familiares de funcionarios y hasta familias de la más alta alcurnia potosina complementan la lista de los 22 pacientes que se han operado en el IMSS de Cuauhtémoc para tratar su obesidad. Sus nombres se omiten porque al no ser funcionarios públicos se deben reservar, así como su historial médico.
En contraste, decenas de pacientes han esperado hasta por un año para que les realicen cirugías y estudios que implican el uso del equipo de laparoscopía, aparato que el Seguro Social subarrenda a un proveedor, por el que se pagan contratos millonarios por su uso, y que de no hacerse ponen en peligro sus vidas o reducen la calidad de las mismas.
Son al menos 17 casos de operaciones de hernia hiatal, extirpación vescicular y otros, los que La Orquesta pudo constatar han sido diferidos o aplazados solamente durante el mes de noviembre. En todos los casos, el uso del equipo laparoscópico es indispensable, mismo aparato que se utiliza para la intervención de obsesidad.
Este medio también acudió a los pasillos de la Clínica Número 2 del IMSS para rescatar las historias de derechohabientes afectados por las adversidades en el sistema de salud, incluida la posible corrupción, y favoritismo en el uso de los equipos para atender a amigos y familiares de la delegación.
Desde hace seis meses, Javier (41 años) ha estado en cuatro ocasiones a punto de estar sobre la mesa de operaciones, sin embargo, todas esas oportunidades se han frustrado: «me han dicho de todo para reprogramarme, que si el doctor está de vacaciones, que porque hay otras emergencias, que si creen que tengo gripa. No creo que los motivos sean válidos, porque mi médico me había pasado de urgencia la primera vez que me programaron la cirugía dijeron que era de urgencia. Además me traen vuelta y vuelta sin que me den solución. Es muy molesto».
Javier tiene una hernia inguinal, que es una protrusión de tejido que sobresale de alguna sección de los músculos abdominales; además parece de varicocele que una dilatación de las venas del cordón espermático y del escroto. Ambos padecimientos pueden ser corregidos mediante cirugía, no obstante, de no realizarse afectan constantemente a quien los padece:
«Empecé con un dolor en la ingle derecha, me hice varios estudios para ver qué pasaba. Un día me vino un dolor muy fuerte y fui a urgencias. Me tuvieron en observación dos días, en los que nunca me hicieron nada, hasta que un médico se compadeció y me programó la cirugía, dijo que era de urgencia, desde ese día llevo medio año sin que me atiendan. Es muy molesto porque no puedo hacer muchas cosas, ahora el dolor ha sido tanto que provoca que me se duerma el pie derecho, hay días que ya ni lo siento».
En una situación aún peor se encuentra María (32 años). Desde niña padece de inguinodinia, 
«El problema es que tal vez cortaron un nervio, pero todavía no pueden ni saberlo porque no me han hecho el mapeo, ese me lo programaron para el 30 de octubre, cuando llegó la fecha me lo cancelaron porque el doctor estaba de vacaciones, me han vuelto a dar varias citas, pero siempre las reprograman. Salen con que hay otras prioridades, y yo entiendo que hay emergencias, pero a mí me afectan mucho en mi vida cotidiana, porque no puedo cargar más de 2 o 3 libros, tampoco puedo caminar mucho. Además los motivos que me dan son injustos, sé de otros pacientes que ya los regresaron 4, 5 o 6 veces y no nos tienen una respuesta».
Los médicos y pacientes entrevistados coinciden en que las carencias en el Seguro Social no son nuevas, sin embargo la situación específica del Hospital número 2, mejor conocido como el Seguro de Cuauhtémoc, se ha agravado, sobre todo en la falta de material y quirófano a partir de que el doctor Rogelio Graillet Cervantes se presentó en octubre del 2018 como nuevo “encargado” del área de Bariatría, sobre todo si se considera que el costo del material para cada operación ronda entre los 50 y 60 mil pesos por intervención.
“A veces no hay gasas, no hay ni suturas, bueno con decirte que hasta la vestimenta estéril que se usa para las cirugías está escasa” Se queja un cirujano del hospital que por temor a represalias omite su nombre y continúa otro galeno “el equipo de laparoscopía se usa exclusivamente para operaciones programadas porque ni siquiera es del instituto, es decir, se renta a un particular por cierto número de ocasiones en que se utiliza, pero ha ocurrido que a mí por ejemplo me suspenden esa cirugía programada porque el equipo está siendo utilizado para una operación bariátrica ¿Con quién crees que se queja el paciente?”
Por su parte, los anestesiólogos del hospital, tampoco están de acuerdo en que se estén llevando a cabo los procedimientos bariátricos, y así lo expresaron con su firma al menos siete de ellos que entregaron a la dirección general un oficio recibido el pasado 25 de noviembre en el que hacen notar la falta de mesa quirúrgica con capacidad de soporte para peso y amplitud, así como contar con el índice biespectral BIS debido al riesgo de sobre o infra dosis con los pacientes bariátricos, entre otros equipos y medicamentos especializados.
La Orquesta acudió a entrevistar sobre este tema a Francisco Javier Ortiz Nesme, jefe de Atención Médica y acusado de favorecer a sus familiares y cercanos con cirugías de obesidad en perjuicio de los derechohabientes.
Ortiz Nesme declaró al respecto que las cirugías de obesidad y control de peso se están realizando en el Seguro Social como parte de un “programa piloto” para en el mediano plazo poder “abrir” el servicio a los derechohabientes y dijo desconocer que el médico encargado carezca de la certificación correspondiente. “Yo he visto muchos diplomas del doctor Graillet” justificó.
Sobre la intervención que se hizo a su hija, Delta Estefanía, declaró:
LO-¿Conoce a Delta Estefanía Ortíz Díaz?
FJON-Si
LO- ¿Quién es?
FJON-Mi hija
LO-¿Fue beneficiada con una intervención bariátrica el pasado 25 de octubre?
FJON-¿eso que tiene que ver?
Igualmente aceptó que sus subalternos, Juan Alberto Martínez Andrade y Laura Mónica Curioca López han recibido el beneficio de la intervención, sin embargo hizo énfasis en que todos son empleados del seguro por ser parte de una prueba piloto, lo que contrasta con los nombres del resto de los que han sido operados y que nada tienen que ver con la institución pero que reservamos sus datos.
Conforme a la información oficial del IMSS a nivel federal, en un comunicado del 26 de agosto de 2010 se encontró que la institución solo reconoce al Centro Médico Nacional, Siglo XXI, al Centro Médico de Occidente en Jalisco y el Hospital General número 25 en Monterrey como los únicos centros de atención especializada con capacidades de realizar éste tipo de cirugías.
El comunicado se puede encontrar en el siguiente link.
Esta es la entrevista completa con Javier Ortiz Nesme:
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Portadas locales
San Luis Hoy: Víctimas demandan justicia. Familias afectadas por hechos violentos exigen resultados a la Fiscalía General del Estado. Destacan también el costo de la CEGAIP (2 mdp mensuales) y el rezago en vialidades.
Plano Informativo: Contaminación pone en riesgo a los potosinos. Altos niveles de PM2.5, PM10 y ozono generados por vehículos, industria, quema y actividades clandestinas.
Pulso SLP: Policías estatales bajos en certificación. Oculta CEDH datos sobre recomendaciones. Marcha de familias de víctimas a la FGE. Bulevar descuidado.
Columnas locales
La Bitácora – San Luis Hoy: La transparencia sale muy cara. La CEGAIP está en vías de desaparecer, pero sus funcionarios mantienen sueldos elevados: José Gerardo Navarro Alviso recibe 80 mil pesos mensuales, Ana Cristina García Nales 78 mil y la directora administrativa Gabriela López Fraga 25 mil. Solo la nómina ronda los 888 mil pesos al mes.
De Todos – Pulso SLP: Alcaldía: otra hackeada. Ignoran al gobernador. La columna señala un nuevo incidente de vulneración digital en el Ayuntamiento capitalino y critica la falta de coordinación y reconocimiento hacia el gobierno del estado en los temas de obras y seguridad informática.
El Gato Filósofo (Elucubraciones) – Código San Luis: El juego sucio del PAN. El columnista analiza las maniobras internas y las prácticas de imposición dentro de Acción Nacional en San Luis Potosí, particularmente en la definición de coordinadores y posibles candidaturas de cara a 2027.
El Radar – Antena San Luis (Jesús Aguilar): Mil 413 policías sin certificar: ¿quién responde? En dos años la certificación de policías municipales cayó 40.7 por ciento (de 95.9 a 55.2 por ciento). Casi mil 413 elementos carecen de Certificado Único Policial. Se exige rendición de cuentas a quienes los contratan, evalúan y envían a las calles.
El Sótano – El Mañana SLP: Las investigaciones por el millonario desfalco al fondo estatal de pensiones avanzan. Luis Arturo Coronado Puente confirma colaboración abierta con la FGE y advierte nuevas carpetas. Ricardo Gallardo relevó a Isabel Leticia Vargas Tinajero en Seduvop; entra Jorge Grimaldo Limón con la instrucción de acelerar obras de movilidad. San Luis Potosí se consolida como la segunda entidad con mayor reducción de homicidios dolosos (tasa de 0.9 por cada 100 mil habitantes frente a 6.7 nacional, según México Evalúa) y como segunda mejor opción de inversión extranjera.
Notas prioritarias de la Alcaldía Capital:
Ciudadanos salen a tapar baches mientras el alcalde reconoce rezago en las calles (Astrolabio). Adoquines dañados afectan la circulación en el Centro Histórico (El Sol de San Luis). Cierre de Bulevar Españita por trabajos del “puentecito La Tripita” genera críticas por el espectáculo mediático (redes ciudadanas). Fallas y enojo ciudadano por el puente peatonal de Cordillera de los Alpes (Última Hora SLP). Interapas deja obras a medias en el Centro Histórico; el “100 por ciento” anunciado no se concreta (OCnoticias). El Ayuntamiento sigue posponiendo la peatonalización del Centro Histórico (OCnoticias). Asalto a plena luz del día en Himalaya y robo de batería en General I. Martínez (redes ciudadanas). Interapas surte agua con drenaje incluido en la General I. Martínez (Tiradero San Luis). Regreso de “mordelones” a la zona universitaria con el inicio de clases (redes ciudadanas). Hundimiento en la estructura del puente de Pánfilo Natera (redes ciudadanas). Fuga de agua termal sin reparar en el Centro (Chikilín). El alcalde puso en marcha la renovación de la calle Oro en Fracción Morales (Antena San Luis).
Notas del gobernador Ricardo Gallardo Cardona:
Gallardo mantiene 57.9 por ciento de aprobación ciudadana y ocupa el cuarto lugar nacional, el mejor evaluado entre los gobernadores de la Cuarta Transformación (Código San Luis / Polls.Mx). Relevo en Seduvop: Jorge Grimaldo Limón sustituye a Isabel Leticia Vargas Tinajero con la instrucción de acelerar obras de movilidad y conectividad. Giras de trabajo en Huehuetlán, Santa María del Río y Matlapa para reforzar programas sociales de SEDESORE. Presencia activa en la FENAPO: entrega de boletos para Grupo Firme y recepción a Sin Bandera. San Luis Potosí se mantiene como segunda entidad con mayor baja de homicidios dolosos y segunda mejor opción de inversión extranjera. Tras reunión con el alcalde Enrique Galindo, la Contraloría liberó 19 obras para la capital, incluido el paso a desnivel de El Saucito.
Columnas y temas nacionales:
Templo Mayor (Reforma): La extradición desde Argentina del contralmirante Fernando Farías Laguna (huachicol fiscal) coincidió con la visita de Omar García Harfuch a Buenos Aires. Operativos federales fallidos: se escapó el alcalde de Paraíso, Tabasco, y no detuvieron a “El Tío Lako” del CJNG en Michoacán, lo que provocó narcobloqueos. Queda abierto quién llevará el proceso de desafuero de Alejandro “Alito” Moreno.
Jaque Mate (Sergio Sarmiento – Reforma): García Harfuch construyó puentes con la DEA en Buenos Aires pese a la resistencia inicial de la presidenta Sheinbaum. Terry Cole lo llamó “socio de confianza”. Sheinbaum habló de “doble discurso” de la agencia estadounidense.
Bajo Reserva (El Universal): Gerardo Fernández Noroña exhibió una “visa dorada” que no correspondía al formato oficial. La Auditoría Superior de la Federación investiga el fallido examen de admisión de la UNAM. El gobernador de Hidalgo llevó buenas noticias de inversión a Palacio Nacional.
Carlos Loret de Mola (El Universal): Detención en Mérida de Justo Rivera Parrazales, operador del Clan de Andy López Beltrán, acusado de ser operador financiero del Cártel del Noreste. Se aseguraron 15 vehículos de lujo, dólares, joyas y armas. También hay presión del Partido Verde por liberar a Raúl Piña Horta, exsecretario particular de Jorge Emilio González Martínez.
Héctor de Mauleón (El Universal): Operativo federal en Michoacán contra Heraclio Guerrero Martínez, “El Tío Lako” (CJNG). Se halló un arsenal enorme (64 vehículos, ametralladoras calibre .50, lanzagranadas, drones y explosivos), pero el objetivo principal no estaba. Se registraron 25 narcobloqueos. “Alborotaron el avispero y no avisaron”.
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El instituto aclaró que no interviene en el delito por el que fueron procesadas: su trabajo se concentra en atender la adicción
Por: Ana G Silva
Durante 2026, 100 personas han sido atendidas en el Instituto Temazcalli tras ser canalizadas por jueces debido a antecedentes de consumo de sustancias. De ellas, 94 son hombres y seis mujeres.
Luis Eduardo López Rivas, titular del Área Paraclínica de Temazcalli, explicó que la atención forma parte de un trabajo interinstitucional con la Unidad de Medidas Cautelares. Hasta julio de este año, el instituto había registrado 324 intervenciones dentro de este esquema.
El especialista aclaró que Temazcalli no interviene en el proceso judicial ni da seguimiento al delito que pudo haber cometido la persona. La institución recibe la referencia relacionada con el antecedente de consumo y, a partir de una valoración, determina el tipo de atención necesaria.
Las personas pueden cumplir con la medida cautelar mediante exámenes toxicológicos, atención ambulatoria o internamiento en la comunidad terapéutica, dependiendo de su condición clínica.
“Nosotros no tenemos nada que ver” con la situación legal, explicó López Rivas, pues la atención se concentra en el consumo de sustancias y sus consecuencias.
Entre las personas atendidas bajo este esquema, señaló, predomina el consumo de cannabis y, muy cerca, el de metanfetaminas.
Tratar la adicción, parte de la reinserción
López Rivas consideró fundamental atender las adicciones dentro de los procesos de reinserción social, al reconocer que el consumo de sustancias puede estar relacionado con algunas conductas delictivas.
Explicó que, en algunos casos, las personas que desarrollan una dependencia pueden llegar a cometer conductas ilícitas para obtener recursos y mantener el consumo, incluso dentro del propio entorno familiar, como vender pertenencias para conseguir dinero.
Sin embargo, precisó que Temazcalli no atiende la reincidencia delictiva, sino la recaída en el consumo de sustancias.
Para el especialista, una persona que enfrenta un proceso judicial o sale de prisión y no recibe atención para su problema de consumo puede volver a presentar una recaída, por lo que consideró necesario incluir el tratamiento de las adicciones dentro de las estrategias de reinserción.
La medida judicial puede ayudar al tratamiento
Aunque algunas de estas personas no llegan a Temazcalli por decisión propia, López Rivas señaló que una medida cautelar puede favorecer el apego al tratamiento.
Según su experiencia, quienes están obligados a acudir como parte de una medida judicial pueden mantener una asistencia más constante que algunos pacientes que buscan atención voluntariamente y abandonan o acuden de manera irregular.
La atención que reciben no cambia por su condición jurídica. El tratamiento incluye valoración médica, psiquiátrica y psicológica, así como atención familiar, terapias individuales y grupales, de acuerdo con las necesidades de cada paciente.
El especialista destacó que la participación de la familia es fundamental, ya que las personas generalmente regresan al mismo entorno social y familiar después del tratamiento, donde pueden enfrentar nuevamente factores de riesgo relacionados con el consumo.
Además, explicó que es frecuente que el consumo de sustancias esté acompañado por problemas de salud mental, como ansiedad, depresión u otros trastornos, por lo que atender estas condiciones también forma parte del proceso de rehabilitación.
López Rivas insistió en que, aunque puede existir una relación entre el consumo y determinadas conductas delictivas, la adicción debe atenderse desde una perspectiva de salud.
“Ser adicto es una enfermedad”, sostuvo, al señalar que el consumo de sustancias requiere una intervención profesional y no puede reducirse únicamente a una cuestión de voluntad.
Así, en el caso de las personas canalizadas por jueces, la autoridad determina la medida cautelar, mientras que Temazcalli se concentra en atender la adicción, no el delito.
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José Luis Romero, “Tekmol”, podría pagar hasta 1.9 millones de pesos de multa por la tala de árboles que se le atribuye en el río Valles
Por: Redacción
Ilustración generada con IA para La Orquesta
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) habría abierto un procedimiento sancionador contra José Luis Romero Calzada, conocido como “El Tekmol”, político del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Ciudad Valles, luego de que, de acuerdo con Huasteca Hoy, taló árboles y vegetación en la ribera del río Valles, en la zona de Santa Rosa.
La tarde del martes 18 de agosto, Romero Calzada habría desbrozado y talado parte de la maleza y la arboleda que crece a la orilla del río, en un tramo que comparten el ejido La Diana, la colonia Praderas del Río y la localidad de Santa Rosa. El político habría señalado que buscaba convertir el sitio en un espacio de interés comercial y turístico, y habría atribuido el abandono del lugar al gobierno de David Medina Sa lazar
La ribera es jurisdicción federal. Según Huasteca Hoy, Darío Fernando González Castillo, delegado de la Conagua en la zona, señaló que nadie notificó a la dependencia sobre el corte de árboles y que, tras una visita de inspección, se habría iniciado el procedimiento. Habría indicado, además, que la Semarnat
González Castillo habría precisado que el procedimiento podría derivar en una multa de hasta un millón 900 mil pesos.
No sería la primera vez que Romero Calzada enfrenta un procedimiento oficial: desde junio, el Tribunal Electoral del Estado analiza una denuncia del PRI en su contra por presunta duplicidad en la entrega de despensas de programas estatales en Ciudad Valles, señalamiento que también hizo el PAN. Romero Calzada se afilió al PVEM en 2025, después de haber criticado al partido y a Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del Estado.
La sanción se determinaría una vez que concluya la revisión técnica del expediente.
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