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“Adelgazan” en secreto a familiares y amigos de la delegación del IMSS en SLP
El hospital no tiene la autorización ni la infraestructura, el médico que hace las operaciones no está certificado
Por hacer esas operaciones, cancelan las del resto de los usuarios
Por: Jorge Saldaña y Luis Moreno
A partir de octubre del 2018, en el Hospital General número 2 del IMSS en San Luis Potosí, catalogado como de segundo nivel, se han realizado por lo menos 22 intervenciones quirúrgicas de control de obesidad, denominadas bariátricas, sin que se tenga ni la categoría para hacerlo, tampoco la infraestructura o siquiera a un médico certificado.
Entre los beneficiarios de las costosas cirugías destaca la hija de Francisco Javier Ortíz Nesme, jefe de Prestaciones Médicas de la delegación, su mano derecha y coordinador auxiliar, Juan Alberto Martínez Andrade, y Laura Mónica Curioca López, ambos en el organigrama delegacional bajo el mando de Ortíz Nesme.
Aunque la Norma Oficial Mexicana para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad prevé todas y cada una de las condiciones de infraestructura hospitalaria para realizar este tipo de cirugías (por ejemplo, en el apartado 7.3.1.6 establece que los pacientes con obesidad deben ser atendidos antes de la intervención por un equipo interdisciplinario, además de cumplir con una serie de requisitos y estudios; y en su apartado 6.1.1.2 indica que el medico deberá contar con certificación en cirugía bariátrica o endoscópica emitidos por Comité Normativo Nacional de Especialidades médicas (Conacem))en el Seguro Social de San Luis Potosí, se violaron todas y cada una de las normas.
El 25 de Octubre de 2018, como consta en el expediente médico, se operó por obesidad a Delta Estefanía Ortiz Díaz, hija del jefe de Prestaciones Médicas y segundo al mando de la delegación estatal, en manos de Rogelio Graillet Cervantes, cirujano que no cuenta, de acuerdo con la búsqueda en la Conacem, con la certificación como médico bariatra.
En las mismas condiciones pero en abril del 2019, se intervino a Juan Alberto Martínez Andrade, coordinador y auxiliar de Ortiz Nesme. Meses más tarde se operó a Laura Mónica Curioca López, tercera al mando de la oficina de Ortiz Nesme de acuerdo con el organigrama de la delegación.

En contraste, decenas de pacientes han esperado hasta por un año para que les realicen cirugías y estudios que implican el uso del equipo de laparoscopía, aparato que el Seguro Social subarrenda a un proveedor, por el que se pagan contratos millonarios por su uso, y que de no hacerse ponen en peligro sus vidas o reducen la calidad de las mismas.
Son al menos 17 casos de operaciones de hernia hiatal, extirpación vescicular y otros, los que La Orquesta pudo constatar han sido diferidos o aplazados solamente durante el mes de noviembre. En todos los casos, el uso del equipo laparoscópico es indispensable, mismo aparato que se utiliza para la intervención de obsesidad.
Este medio también acudió a los pasillos de la Clínica Número 2 del IMSS para rescatar las historias de derechohabientes afectados por las adversidades en el sistema de salud, incluida la posible corrupción, y favoritismo en el uso de los equipos para atender a amigos y familiares de la delegación.
Desde hace seis meses, Javier (41 años) ha estado en cuatro ocasiones a punto de estar sobre la mesa de operaciones, sin embargo, todas esas oportunidades se han frustrado: «me han dicho de todo para reprogramarme, que si el doctor está de vacaciones, que porque hay otras emergencias, que si creen que tengo gripa. No creo que los motivos sean válidos, porque mi médico me había pasado de urgencia la primera vez que me programaron la cirugía dijeron que era de urgencia. Además me traen vuelta y vuelta sin que me den solución. Es muy molesto».
Javier tiene una hernia inguinal, que es una protrusión de tejido que sobresale de alguna sección de los músculos abdominales; además parece de varicocele que una dilatación de las venas del cordón espermático y del escroto. Ambos padecimientos pueden ser corregidos mediante cirugía, no obstante, de no realizarse afectan constantemente a quien los padece:
«Empecé con un dolor en la ingle derecha, me hice varios estudios para ver qué pasaba. Un día me vino un dolor muy fuerte y fui a urgencias. Me tuvieron en observación dos días, en los que nunca me hicieron nada, hasta que un médico se compadeció y me programó la cirugía, dijo que era de urgencia, desde ese día llevo medio año sin que me atiendan. Es muy molesto porque no puedo hacer muchas cosas, ahora el dolor ha sido tanto que provoca que me se duerma el pie derecho, hay días que ya ni lo siento».
En una situación aún peor se encuentra María (32 años). Desde niña padece de inguinodinia, que es un dolor crónico en la región inguinal. Para paliar su malestar le han realizado diversas cirugías, la última, en la que le colocaron una malla en la zona afectada, fue mal realizada, lo que le ha generador por un lado un dolor insoportable en una parte de la ingle, pero insensibilidad en otra sección. Por ese motivo requiere de una operación correctiva . Ese procedimiento luce aún lejano, pues incluso el estudio de mapeo ha sido reprogramado desde octubre.
«El problema es que tal vez cortaron un nervio, pero todavía no pueden ni saberlo porque no me han hecho el mapeo, ese me lo programaron para el 30 de octubre, cuando llegó la fecha me lo cancelaron porque el doctor estaba de vacaciones, me han vuelto a dar varias citas, pero siempre las reprograman. Salen con que hay otras prioridades, y yo entiendo que hay emergencias, pero a mí me afectan mucho en mi vida cotidiana, porque no puedo cargar más de 2 o 3 libros, tampoco puedo caminar mucho. Además los motivos que me dan son injustos, sé de otros pacientes que ya los regresaron 4, 5 o 6 veces y no nos tienen una respuesta».
Los médicos y pacientes entrevistados coinciden en que las carencias en el Seguro Social no son nuevas, sin embargo la situación específica del Hospital número 2, mejor conocido como el Seguro de Cuauhtémoc, se ha agravado, sobre todo en la falta de material y quirófano a partir de que el doctor Rogelio Graillet Cervantes se presentó en octubre del 2018 como nuevo “encargado” del área de Bariatría, sobre todo si se considera que el costo del material para cada operación ronda entre los 50 y 60 mil pesos por intervención.
“A veces no hay gasas, no hay ni suturas, bueno con decirte que hasta la vestimenta estéril que se usa para las cirugías está escasa” Se queja un cirujano del hospital que por temor a represalias omite su nombre y continúa otro galeno “el equipo de laparoscopía se usa exclusivamente para operaciones programadas porque ni siquiera es del instituto, es decir, se renta a un particular por cierto número de ocasiones en que se utiliza, pero ha ocurrido que a mí por ejemplo me suspenden esa cirugía programada porque el equipo está siendo utilizado para una operación bariátrica ¿Con quién crees que se queja el paciente?”
Por su parte, los anestesiólogos del hospital, tampoco están de acuerdo en que se estén llevando a cabo los procedimientos bariátricos, y así lo expresaron con su firma al menos siete de ellos que entregaron a la dirección general un oficio recibido el pasado 25 de noviembre en el que hacen notar la falta de mesa quirúrgica con capacidad de soporte para peso y amplitud, así como contar con el índice biespectral BIS debido al riesgo de sobre o infra dosis con los pacientes bariátricos, entre otros equipos y medicamentos especializados.
La Orquesta acudió a entrevistar sobre este tema a Francisco Javier Ortiz Nesme, jefe de Atención Médica y acusado de favorecer a sus familiares y cercanos con cirugías de obesidad en perjuicio de los derechohabientes.
Ortiz Nesme declaró al respecto que las cirugías de obesidad y control de peso se están realizando en el Seguro Social como parte de un “programa piloto” para en el mediano plazo poder “abrir” el servicio a los derechohabientes y dijo desconocer que el médico encargado carezca de la certificación correspondiente. “Yo he visto muchos diplomas del doctor Graillet” justificó.
Sobre la intervención que se hizo a su hija, Delta Estefanía, declaró:
LO-¿Conoce a Delta Estefanía Ortíz Díaz?
FJON-Si
LO- ¿Quién es?
FJON-Mi hija
LO-¿Fue beneficiada con una intervención bariátrica el pasado 25 de octubre?
FJON-¿eso que tiene que ver?
Igualmente aceptó que sus subalternos, Juan Alberto Martínez Andrade y Laura Mónica Curioca López han recibido el beneficio de la intervención, sin embargo hizo énfasis en que todos son empleados del seguro por ser parte de una prueba piloto, lo que contrasta con los nombres del resto de los que han sido operados y que nada tienen que ver con la institución pero que reservamos sus datos.
Conforme a la información oficial del IMSS a nivel federal, en un comunicado del 26 de agosto de 2010 se encontró que la institución solo reconoce al Centro Médico Nacional, Siglo XXI, al Centro Médico de Occidente en Jalisco y el Hospital General número 25 en Monterrey como los únicos centros de atención especializada con capacidades de realizar éste tipo de cirugías.
El comunicado se puede encontrar en el siguiente link.
Esta es la entrevista completa con Javier Ortiz Nesme:
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Ciudad
Ciudadanos de Villa de Pozos se rebelan: impugnan nombramiento de Aradillas
Acusaron al Congreso de incumplir el procedimiento de sustitución: señalaron que el Concejo no fue notificado de la renuncia de Rivera Acevedo
Por: Redacción
La designación de la diputada local con licencia Patricia Aradillas Aradillas, como presidenta concejal del recién creado municipio de Villa de Pozos quedó ahora bajo revisión judicial. Ocho habitantes de la localidad promovieron un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano para impugnar el decreto aprobado por el Congreso del Estado.
El recurso —presentado el 19 de noviembre de 2025 ante la Oficialía Mayor del Congreso y el Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí (TEESLP)— señala como autoridad responsable al Poder Legislativo, al considerar que se vulneró la ley al aprobar la sustitución tras la renuncia de María Teresa Rivera Acevedo, quien encabezaba el Concejo Municipal.
Los promoventes argumentan que no se siguió el procedimiento de sustitución previsto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, que el Concejo Municipal jamás fue notificado formalmente de la renuncia de Rivera Acevedo y que la designación viola el artículo 118, fracción IX, de la Constitución local, que prohíbe nombrar a personas con cargo legislativo en órganos municipales.
El juicio está firmado por ocho habitantes de Pozos, encabezados por el activista y representante vecinal Justino Castro Rodríguez, junto a Ma. de los Ángeles Flores Martínez —con trayectoria en órganos electorales—, así como Francisco Ramírez, Tomás Hernández Carranza, Ma. Concepción Martínez Martínez, José Valentín Fraga Ponce, Gerardo Enrique Castillo Cuevas y José Jorge Enrique Castillo Morua.
En su demanda, solicitan que el Congreso remita el caso al Tribunal Electoral con el informe circunstanciado y los antecedentes del decreto, para que el TEESLP ejerza control constitucional y legal sobre la designación de Aradillas.
Con esta impugnación, la integración del Concejo Municipal de Villa de Pozos entra en una nueva fase de revisión judicial, y si el Tribunal determina que hubo violaciones al proceso, el nombramiento podría modificarse o incluso anularse.
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Ciudad
Carranza agoniza: solo 40 comercios sobreviven y 80 han cerrado
Alberto Narváez dijo que el diseño actual de la ciclovía provoca menos estacionamiento, más tráfico y menos ventas
Por: Redacción
La crisis comercial en la avenida Venustiano Carranza se ha profundizado en 2025. De acuerdo con el empresario y representante del Corredor Cultural Carranza, Alberto Narváez Arochi, la emblemática vialidad hoy sobrevive con solo 40 comercios en operación, mientras que 80 locales han cerrado definitivamente, un golpe histórico para una de las zonas que por décadas fue referente económico y cultural en la capital potosina.
Narváez Arochi explicó que la problemática se agravó tras la promesa municipal de replantear el trazo de la ciclovía, instalada durante la pasada administración.
El diseño actual —sostuvo— ha generado más afectaciones que beneficios: menos espacios de estacionamiento, circulación más conflictiva en ambos sentidos y una caída directa en las ventas de los comercios.
“Ojalá no quede como otra promesa más”, advirtió el empresario. Para él, la raíz del problema es la movilidad, no la ciclovía en sí.
Además, señaló que la ciclovía, en su trazo actual, no cumple su función, pues pocos ciclistas la utilizan. La mayoría prefiere circular junto al transporte urbano, lo que evidencia —dijo— que la infraestructura fue mal planeada y no responde a las necesidades reales de quienes se desplazan en bicicleta.
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Destacadas
Siguen los trabajos de restauración en la Huasteca tras inundaciones de octubre
La diputada Roxana Hernández dijo que el Xantolo ayudó a reactivar parte de la economía y actividad comunitaria
Por: Redacción
La diputada local Roxanna Hernández Ramírez informó que las labores de restauración en la Huasteca potosina continúan, pues varias zonas afectadas por las inundaciones de octubre aún presentan daños significativos.
De acuerdo con la legisladora, se han realizado censos municipales para identificar las áreas más afectadas y a las familias que requieren atención prioritaria, con el fin de que los apoyos sociales lleguen de manera directa. Aun así, afirmó que “hoy por hoy los municipios han logrado levantarse de la crisis”.
Hernández Ramírez destacó que la celebración de Xantolo funcionó como un impulso importante para la reactivación económica y social de las comunidades dañadas. Añadió que diputadas y diputados han realizado diversas visitas a la región y que en los próximos días el Congreso local entregará nuevos apoyos a las familias afectadas.
Sobre el panorama sanitario, señaló que la Jurisdicción Sanitaria no ha registrado cifras alarmantes de enfermedades derivadas de las inundaciones. Sin embargo, reconoció que persisten problemas de infraestructura y afectaciones en parcelas, pues el río arrasó con gran parte de las pertenencias y terrenos de cultivo de los habitantes.
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