abril 1, 2025

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“Adelgazan” en secreto a familiares y amigos de la delegación del IMSS en SLP

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IMSS en SLP

El hospital no tiene la autorización ni la infraestructura, el médico que hace las operaciones no está certificado

Por hacer esas operaciones, cancelan las del resto de los usuarios

Por: Jorge Saldaña y Luis Moreno

A partir de octubre del 2018, en el Hospital General número 2 del IMSS en San Luis Potosí, catalogado como de segundo nivel, se han realizado por lo menos 22 intervenciones quirúrgicas de control de obesidad, denominadas bariátricas, sin que se tenga ni la categoría para hacerlo, tampoco la infraestructura o siquiera a un médico certificado. 

Entre los beneficiarios de las costosas cirugías destaca la hija de Francisco Javier Ortíz Nesme, jefe de Prestaciones Médicas de la delegación, su mano derecha y coordinador auxiliar, Juan Alberto Martínez Andrade, y Laura Mónica Curioca López, ambos en el organigrama delegacional bajo el mando de Ortíz Nesme.

Aunque la Norma Oficial Mexicana para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad prevé todas y cada una de las condiciones de infraestructura hospitalaria para realizar este tipo de cirugías (por ejemplo, en el apartado 7.3.1.6 establece que los pacientes con obesidad deben ser atendidos antes de la intervención por un equipo interdisciplinario, además de cumplir con una serie de requisitos y estudios; y en su apartado 6.1.1.2 indica que el medico deberá contar con certificación en cirugía bariátrica o endoscópica emitidos por Comité Normativo Nacional de Especialidades médicas (Conacem))en el Seguro Social de San Luis Potosí, se violaron todas y cada una de las normas.

El 25 de Octubre de 2018, como consta en el expediente médico, se operó por obesidad a Delta Estefanía Ortiz Díaz, hija del jefe de Prestaciones Médicas y segundo al mando de la delegación estatal, en manos de Rogelio Graillet Cervantes, cirujano que no cuenta, de acuerdo con la búsqueda en la Conacem, con la certificación como médico bariatra.

En las mismas condiciones pero en abril del 2019, se intervino a Juan Alberto Martínez Andrade, coordinador y auxiliar de Ortiz Nesme. Meses más tarde se operó a Laura Mónica Curioca López, tercera al mando de la oficina de Ortiz Nesme de acuerdo con el organigrama de la delegación.

Nombres de conocidos médicos, hermanos de periodistas radiofónicos, familiares de funcionarios y hasta familias de la más alta alcurnia potosina complementan la lista de los 22 pacientes que se han operado en el IMSS de Cuauhtémoc para tratar su obesidad. Sus nombres se omiten porque al no ser funcionarios públicos se deben reservar, así como su historial médico.

En contraste, decenas de pacientes han esperado hasta por un año para que les realicen cirugías y estudios que implican el uso del equipo de laparoscopía, aparato que el Seguro Social subarrenda a un proveedor, por el que se pagan contratos millonarios por su uso, y que de no hacerse ponen en peligro sus vidas o reducen la calidad de las mismas. 

Son al menos 17 casos de operaciones de hernia hiatal, extirpación vescicular y otros, los que La Orquesta pudo constatar han sido diferidos o aplazados solamente durante el mes de noviembre. En todos los casos, el uso del equipo laparoscópico es indispensable, mismo aparato que se utiliza para la intervención de obsesidad.

Este medio también acudió a los pasillos de la Clínica Número 2 del IMSS para rescatar las historias de derechohabientes afectados por las adversidades en el sistema de salud, incluida la posible corrupción, y favoritismo en el uso de los equipos para atender a amigos y familiares de la delegación.

Desde hace seis meses, Javier (41 años) ha estado en cuatro ocasiones a punto de estar sobre la mesa de operaciones, sin embargo, todas esas oportunidades se han frustrado: «me han dicho de todo para reprogramarme, que si el doctor está de vacaciones, que porque hay otras emergencias, que si creen que tengo gripa. No creo que los motivos sean válidos, porque mi médico me había pasado de urgencia la primera vez que me programaron la cirugía dijeron que era de urgencia. Además me traen vuelta y vuelta sin que me den solución. Es muy molesto».

Javier tiene una hernia inguinal, que es una protrusión de tejido que sobresale de alguna sección de los músculos abdominales; además parece de varicocele que una dilatación de las venas del cordón espermático y del escroto. Ambos padecimientos pueden ser corregidos mediante cirugía, no obstante, de no realizarse afectan constantemente a quien los padece:  

«Empecé con un dolor en la ingle derecha, me hice varios estudios para ver qué pasaba. Un día me vino un dolor muy fuerte y fui a urgencias. Me tuvieron en observación dos días, en los que nunca me hicieron nada, hasta que un médico se compadeció y me programó la cirugía, dijo que era de urgencia, desde ese día llevo medio año sin que me atiendan. Es muy molesto porque no puedo hacer muchas cosas, ahora el dolor ha sido tanto que provoca que me se duerma el pie derecho, hay días que ya ni lo siento».

En una situación aún peor se encuentra María (32 años). Desde niña padece de inguinodinia,

que es un dolor crónico en la región inguinal. Para paliar su malestar le han realizado diversas cirugías, la última, en la que le colocaron una malla en la zona afectada, fue mal realizada, lo que le ha generador por un lado un dolor insoportable en una parte de la ingle, pero insensibilidad en otra sección. Por ese motivo requiere de una operación correctiva
. Ese procedimiento luce aún lejano, pues incluso el estudio de mapeo ha sido reprogramado desde octubre. 

«El problema es que tal vez cortaron un nervio, pero todavía no pueden ni saberlo porque no me han hecho el mapeo, ese me lo programaron para el 30 de octubre, cuando llegó la fecha me lo cancelaron porque el doctor estaba de vacaciones, me han vuelto a dar varias citas, pero siempre las reprograman. Salen con que hay otras prioridades, y yo entiendo que hay emergencias, pero a mí me afectan mucho en mi vida cotidiana, porque no puedo cargar más de 2 o 3 libros, tampoco puedo caminar mucho. Además los motivos que me dan son injustos, sé de otros pacientes que ya los regresaron 4, 5 o 6 veces y no nos tienen una respuesta».

Los médicos y pacientes entrevistados coinciden en que las carencias en el Seguro Social no son nuevas, sin embargo la situación específica del Hospital número 2, mejor conocido como el Seguro de Cuauhtémoc, se ha agravado, sobre todo en la falta de material y quirófano a partir de que el doctor Rogelio Graillet Cervantes se presentó en octubre del 2018 como nuevo “encargado” del área de Bariatría, sobre todo si se considera que el costo del material para cada operación ronda entre los 50 y 60 mil pesos por intervención.

“A veces no hay gasas, no hay ni suturas, bueno con decirte que hasta la vestimenta estéril que se usa para las cirugías está escasa” Se queja un cirujano del hospital que por temor a represalias omite su nombre y continúa otro galeno “el equipo de laparoscopía se usa exclusivamente para operaciones programadas porque ni siquiera es del instituto, es decir, se renta a un particular por cierto número de ocasiones en que se utiliza, pero ha ocurrido que a mí por ejemplo me suspenden esa cirugía programada porque el equipo está siendo utilizado para una operación bariátrica ¿Con quién crees que se queja el paciente?”

Por su parte, los anestesiólogos del hospital, tampoco están de acuerdo en que se estén llevando a cabo los procedimientos bariátricos, y así lo expresaron con su firma al menos siete de ellos que entregaron a la dirección general un oficio recibido el pasado 25 de noviembre en el que hacen notar la falta de mesa quirúrgica con capacidad de soporte para peso y amplitud, así como contar con el índice biespectral BIS debido al riesgo de sobre o infra dosis con los pacientes bariátricos, entre otros equipos y medicamentos especializados.

La Orquesta acudió a entrevistar sobre este tema a Francisco Javier Ortiz Nesme, jefe de Atención Médica y acusado de favorecer a sus familiares y cercanos con cirugías de obesidad en perjuicio de los derechohabientes.

Ortiz Nesme declaró al respecto que las cirugías de obesidad y control de peso se están realizando en el Seguro Social como parte de un “programa piloto” para en el mediano plazo poder “abrir” el servicio a los derechohabientes y dijo desconocer que el médico encargado carezca de la certificación correspondiente. “Yo he visto muchos diplomas del doctor Graillet” justificó.

Sobre la intervención que se hizo a su hija, Delta Estefanía, declaró:

LO-¿Conoce a Delta Estefanía Ortíz Díaz?

FJON-Si

LO- ¿Quién es?

FJON-Mi hija 

LO-¿Fue beneficiada con una intervención bariátrica el pasado 25 de octubre?

FJON-¿eso que tiene que ver?

Igualmente aceptó que sus subalternos, Juan Alberto Martínez Andrade y Laura Mónica Curioca López han recibido el beneficio de la intervención, sin embargo hizo énfasis en que todos son empleados del seguro por ser parte de una prueba piloto, lo que contrasta con los nombres del resto de los que han sido operados y que nada tienen que ver con la institución pero que reservamos sus datos.

Conforme a la información oficial del IMSS a nivel federal, en un comunicado del 26 de agosto de 2010 se encontró que la institución solo reconoce al Centro Médico Nacional, Siglo XXI, al Centro Médico de Occidente en Jalisco y el Hospital General número 25 en Monterrey como los únicos centros de atención especializada con capacidades de realizar éste tipo de cirugías. 

El comunicado se puede encontrar en el siguiente link.

Esta es la entrevista completa con Javier Ortiz Nesme:

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#4 Tiempos

MO-VI-LI-ZA-CIÓN | Apuntes de Jorge Saldaña

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APUNTES

 

Veremos de qué tan desabridas vienen las campañas para personas juzgadoras. Las federales ya comenzaron, solo una potosina, Alma Delia González, compite entre cientos de perfiles para alcanzar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La magistrada, que no se esperaba hace unos meses estar involucrada en un proceso electivo, comenzó su campaña en TikTok y se ha dado a conocer con productos audiovisuales en sus redes sociales.

No hay mucho más que hacer, las reglas del juego así lo contemplan. Los aspirantes a cargos de magistrados y jueces, 74 en total en el estado, comenzarán hasta abril, sin embargo, desde ahora se avizora un escenario pardo, sin emoción ni expectativas aunque sea medianas.

Los cálculos más entusiastas indican que solo entre el 9 y el 14 por ciento de los ciudadanos tienen la intención de participar con su voto en la histórica, primera y extraordinaria elección de ministros, magistrados y jueces que se llevará a cabo el próximo primero de junio.

El bajo interés en el proceso es explicable: No hay un intercambio simbólico entre candidatos y votantes, no hay una promesa de valor que motive al ciudadano a votar en la renovación del Poder Judicial, un poder además que históricamente ha sido distante del ciudadano.

El gran riesgo que ese desinterés generalizado plantea es que grupos, con buenas o malas intenciones, se metan en la movilización pagada el día de la elección.

Con un calculo simple, hay que tomar en cuenta que con mucho menos de 2 mil votos– y eso si es que se llega a una participación de 100 mil potosinos- se pueden ganar los cargos.

De las campañas de los interesados se espera muy poco, todos intentarán colocar su número y color de boleta en la cabeza de la gente, sin embargo no están contemplando que muy difícilmente podremos recordar 74 combinaciones. Ni las del Melate son tan difíciles.

¿Los candidatos qué nos pueden ofrecer? Solo su trayectoria e imparcialidad, de ahí en fuera sus mensajes tenderán a lo emocional y a la confianza que puedan generar de manera orgánica en sus redes. En resumen todos nos dirán las mismas tres cosas: que son buenas personas, que son capaces y que son incorruptibles.

Lamentablemente este mismo punto se podrá poner en duda desde el momento en que algunos se presten al juego de la movilización el día electoral, pues estarían vendiendo su llegada al cargo a cambio de favores.

Ojalá que no se preste ninguno, sean los menos y los que lo hagan pierdan. (Permítame algo de idealismo aunque sea).

Al respecto de la elección, a través de la Secretaría General de Gobierno se hizo un llamado a los organismos electorales, y secretarías de estado involucradas en la seguridad, derechos humanos y Fiscalía para que se unan en la revisión de protocolos en búsqueda de mantener la paz y la gobernabilidad durante las campañas federales, que ya iniciaron, como las estatales que comenzarán los últimos días de abril.

Se busca un proceso “justo y ordenado” y que bueno que haya esas intenciones, no obstante eso de “justo” irónicamente está en veremos porque lo mismo que partidos políticos, gobiernos, instituciones, sindicatos, grupos magisteriales, gremios y hasta el crimen organizado -hay que decirlo- podrían de manera “ordenada” (literalmente por una orden) enviar o comprar con relativa facilidad a cientos de personas con la intención de hacer ganar a candidatos

que estarán comprometidos con sus impulsores para hacerles favores durante años (por lo menos 5 y por lo más 9) a los patrocinadores de la movilización.

¿Cómo evitar el asunto de la movilización interesada y peligrosa? La pregunta es para las autoridades y no solo las electorales, que además gastarán una millonada de recursos en la organización de la elección y muy poco en explicar, conmover y convencer al ciudadano común para que vaya a votar libremente.

Por cierto que no juegan a favor los simulacros que se han hecho respecto a los tiempos que se tomará cada ciudadano para emitir su voto, que se calculan desde la entrada de la casilla, identificación, entrega de boletas, votación, inserción de cada boleta en las urnas y retiro, entre 15 y 20 minutos por persona.

Imagine Usted, Culto Público, que cuando llegue usted a la casilla el primero de junio, estén 10 personas formadas antes que usted, el tiempo que le tomará para que sea su turno será de más de 2 horas.

¿Habrá alguien dispuesto a perder tanto tiempo de su domingo por pura buena voluntad y civismo? Esa buena voluntad será directamente proporcional a la cantidad de votantes.

 

BEMOLES

MORALES

En el parque de Morales hay mas grilla que pasto y las indirectas entre el gobernador y el alcalde están a la orden del día.

En el primer acto, el gobierno del estado anunció la rehabilitación de este sitio desde mayo del año pasado (en plenas elecciones) y entró a intervenirlo sin contar con los permisos que el proyecto requería, por lo tanto, hubo quien encontró en esta omisión motivo para ampararse y detener la obra.

En el segundo acto, el gobierno municipal detuvo el mantenimiento del parque, quizás pensaron algo como que “al fin y al cabo lo estaría llevando el palacio de enfrente”.

En el tercer acto pasó más de un año y ni el gobierno estatal pudo hacer realidad la rehabilitación ni el municipal dio mantenimiento sostenido al sitio.

Ayer Ricardo Gallardo afirmó que Morales cada vez está “más jodido” y es cierto, por su parte el municipio ya por lo menos lo está regando y anunció la inversión en una planta tratadora.

¿Cómo se llamó la obra? Se llamó “Todavía no hay obra”.

Si continúan los celos y pleitos entre palacios, se caerán todos los arboles Moralescos y lo único verde que veremos serán los moños en los puestos de los elotes.

Hasta la próxima

Jorge Saldaña

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Ciudad

Calles del Centro Histórico de SLP serán “Zona 30”

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El alcalde Enrique Galindo dijo que esta designación permitirá la circulación de vehículos a velocidades no mayores a 30 kilómetros por hora

Por: Bernardo Vera

Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, indicó que existe un proyecto de movilidad para la zona Centro de la capital, en la que las calles principales se adhieran a un esquema de Zona 30, que permita la movilidad de vehículos hasta una velocidad de 30 kilómetros por hora.

El alcalde capitalino detalló que este esquema existe en ciudades como Madrid, España y la Ciudad de México, por lo que se estudiará su viabilidad en la capital potosina.

Además de las calles del cuadro principal d el Centro Histórico, el alcalde Galindo Ceballos indicó que se estudiará esta viabilidad en la calle de Mariano Arista, desde el parque de Morales hasta el Centro Histórico.

Este proyecto permitiría la movilidad de transportes como bicicletas, scooters eléctricos y otros vehículos alternativos, en armonía con el parque vehicular ya existente.

Finalmente, Galindo Ceballos dijo que para dicho proyecto se espera su integración en el Reglamento de Tránsito para la capital potosina, lo que permitiría la ejecución de una posible obra bajo una normativa fundamentada.

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Destacadas

Descartan intromisión de grupos de poder en elección judicial

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El magistrado presidente del PJESLP dijo que los organismos deben vigilar que la elección de jueces se realice con ética y responsabilidad

Por: Redacción

Arturo Morales Silva, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, aseguró que no existen riesgos de injerencia del crimen organizado, partidos políticos o grupos de poder en la elección extraordinaria de jueces y magistrados que se llevará a cabo en este 2025.

El magistrado enfatizó que, desde su perspectiva, no hay indicios de que actores externos busquen influir en el proceso. No obstante, destacó la importancia de que los organismos competentes se mantengan en alerta para garantizar la legalidad y transparencia de la elección.

“Desde mi punto de vista, considero que no existe ese riesgo como tal. Desde luego que los organismos competentes deben estar vigilantes, y también las personas que participan deben hacerlo con ética y responsabilidad por lo justo”, expresó Morales Silva.

La elección extraordinaria de jueces y magistrados es un proceso clave para el sistema judicial del estado, por lo que se espera que se realice bajo estrictos estándares de transparencia e imparcialidad.

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Opinión

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