julio 31, 2026

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“Adelgazan” en secreto a familiares y amigos de la delegación del IMSS en SLP

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IMSS en SLP

El hospital no tiene la autorización ni la infraestructura, el médico que hace las operaciones no está certificado

Por hacer esas operaciones, cancelan las del resto de los usuarios

Por: Jorge Saldaña y Luis Moreno

A partir de octubre del 2018, en el Hospital General número 2 del IMSS en San Luis Potosí, catalogado como de segundo nivel, se han realizado por lo menos 22 intervenciones quirúrgicas de control de obesidad, denominadas bariátricas, sin que se tenga ni la categoría para hacerlo, tampoco la infraestructura o siquiera a un médico certificado. 

Entre los beneficiarios de las costosas cirugías destaca la hija de Francisco Javier Ortíz Nesme, jefe de Prestaciones Médicas de la delegación, su mano derecha y coordinador auxiliar, Juan Alberto Martínez Andrade, y Laura Mónica Curioca López, ambos en el organigrama delegacional bajo el mando de Ortíz Nesme.

Aunque la Norma Oficial Mexicana para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad prevé todas y cada una de las condiciones de infraestructura hospitalaria para realizar este tipo de cirugías (por ejemplo, en el apartado 7.3.1.6 establece que los pacientes con obesidad deben ser atendidos antes de la intervención por un equipo interdisciplinario, además de cumplir con una serie de requisitos y estudios; y en su apartado 6.1.1.2 indica que el medico deberá contar con certificación en cirugía bariátrica o endoscópica emitidos por Comité Normativo Nacional de Especialidades médicas (Conacem))en el Seguro Social de San Luis Potosí, se violaron todas y cada una de las normas.

El 25 de Octubre de 2018, como consta en el expediente médico, se operó por obesidad a Delta Estefanía Ortiz Díaz, hija del jefe de Prestaciones Médicas y segundo al mando de la delegación estatal, en manos de Rogelio Graillet Cervantes, cirujano que no cuenta, de acuerdo con la búsqueda en la Conacem, con la certificación como médico bariatra.

En las mismas condiciones pero en abril del 2019, se intervino a Juan Alberto Martínez Andrade, coordinador y auxiliar de Ortiz Nesme. Meses más tarde se operó a Laura Mónica Curioca López, tercera al mando de la oficina de Ortiz Nesme de acuerdo con el organigrama de la delegación.

Nombres de conocidos médicos, hermanos de periodistas radiofónicos, familiares de funcionarios y hasta familias de la más alta alcurnia potosina complementan la lista de los 22 pacientes que se han operado en el IMSS de Cuauhtémoc para tratar su obesidad. Sus nombres se omiten porque al no ser funcionarios públicos se deben reservar, así como su historial médico.

En contraste, decenas de pacientes han esperado hasta por un año para que les realicen cirugías y estudios que implican el uso del equipo de laparoscopía, aparato que el Seguro Social subarrenda a un proveedor, por el que se pagan contratos millonarios por su uso, y que de no hacerse ponen en peligro sus vidas o reducen la calidad de las mismas. 

Son al menos 17 casos de operaciones de hernia hiatal, extirpación vescicular y otros, los que La Orquesta pudo constatar han sido diferidos o aplazados solamente durante el mes de noviembre. En todos los casos, el uso del equipo laparoscópico es indispensable, mismo aparato que se utiliza para la intervención de obsesidad.

Este medio también acudió a los pasillos de la Clínica Número 2 del IMSS para rescatar las historias de derechohabientes afectados por las adversidades en el sistema de salud, incluida la posible corrupción, y favoritismo en el uso de los equipos para atender a amigos y familiares de la delegación.

Desde hace seis meses, Javier (41 años) ha estado en cuatro ocasiones a punto de estar sobre la mesa de operaciones, sin embargo, todas esas oportunidades se han frustrado: «me han dicho de todo para reprogramarme, que si el doctor está de vacaciones, que porque hay otras emergencias, que si creen que tengo gripa. No creo que los motivos sean válidos, porque mi médico me había pasado de urgencia la primera vez que me programaron la cirugía dijeron que era de urgencia. Además me traen vuelta y vuelta sin que me den solución. Es muy molesto».

Javier tiene una hernia inguinal, que es una protrusión de tejido que sobresale de alguna sección de los músculos abdominales; además parece de varicocele que una dilatación de las venas del cordón espermático y del escroto. Ambos padecimientos pueden ser corregidos mediante cirugía, no obstante, de no realizarse afectan constantemente a quien los padece:  

«Empecé con un dolor en la ingle derecha, me hice varios estudios para ver qué pasaba. Un día me vino un dolor muy fuerte y fui a urgencias. Me tuvieron en observación dos días, en los que nunca me hicieron nada, hasta que un médico se compadeció y me programó la cirugía, dijo que era de urgencia, desde ese día llevo medio año sin que me atiendan. Es muy molesto porque no puedo hacer muchas cosas, ahora el dolor ha sido tanto que provoca que me se duerma el pie derecho, hay días que ya ni lo siento».

En una situación aún peor se encuentra María (32 años). Desde niña padece de inguinodinia,

que es un dolor crónico en la región inguinal. Para paliar su malestar le han realizado diversas cirugías, la última, en la que le colocaron una malla en la zona afectada, fue mal realizada, lo que le ha generador por un lado un dolor insoportable en una parte de la ingle, pero insensibilidad en otra sección. Por ese motivo requiere de una operación correctiva
. Ese procedimiento luce aún lejano, pues incluso el estudio de mapeo ha sido reprogramado desde octubre. 

«El problema es que tal vez cortaron un nervio, pero todavía no pueden ni saberlo porque no me han hecho el mapeo, ese me lo programaron para el 30 de octubre, cuando llegó la fecha me lo cancelaron porque el doctor estaba de vacaciones, me han vuelto a dar varias citas, pero siempre las reprograman. Salen con que hay otras prioridades, y yo entiendo que hay emergencias, pero a mí me afectan mucho en mi vida cotidiana, porque no puedo cargar más de 2 o 3 libros, tampoco puedo caminar mucho. Además los motivos que me dan son injustos, sé de otros pacientes que ya los regresaron 4, 5 o 6 veces y no nos tienen una respuesta».

Los médicos y pacientes entrevistados coinciden en que las carencias en el Seguro Social no son nuevas, sin embargo la situación específica del Hospital número 2, mejor conocido como el Seguro de Cuauhtémoc, se ha agravado, sobre todo en la falta de material y quirófano a partir de que el doctor Rogelio Graillet Cervantes se presentó en octubre del 2018 como nuevo “encargado” del área de Bariatría, sobre todo si se considera que el costo del material para cada operación ronda entre los 50 y 60 mil pesos por intervención.

“A veces no hay gasas, no hay ni suturas, bueno con decirte que hasta la vestimenta estéril que se usa para las cirugías está escasa” Se queja un cirujano del hospital que por temor a represalias omite su nombre y continúa otro galeno “el equipo de laparoscopía se usa exclusivamente para operaciones programadas porque ni siquiera es del instituto, es decir, se renta a un particular por cierto número de ocasiones en que se utiliza, pero ha ocurrido que a mí por ejemplo me suspenden esa cirugía programada porque el equipo está siendo utilizado para una operación bariátrica ¿Con quién crees que se queja el paciente?”

Por su parte, los anestesiólogos del hospital, tampoco están de acuerdo en que se estén llevando a cabo los procedimientos bariátricos, y así lo expresaron con su firma al menos siete de ellos que entregaron a la dirección general un oficio recibido el pasado 25 de noviembre en el que hacen notar la falta de mesa quirúrgica con capacidad de soporte para peso y amplitud, así como contar con el índice biespectral BIS debido al riesgo de sobre o infra dosis con los pacientes bariátricos, entre otros equipos y medicamentos especializados.

La Orquesta acudió a entrevistar sobre este tema a Francisco Javier Ortiz Nesme, jefe de Atención Médica y acusado de favorecer a sus familiares y cercanos con cirugías de obesidad en perjuicio de los derechohabientes.

Ortiz Nesme declaró al respecto que las cirugías de obesidad y control de peso se están realizando en el Seguro Social como parte de un “programa piloto” para en el mediano plazo poder “abrir” el servicio a los derechohabientes y dijo desconocer que el médico encargado carezca de la certificación correspondiente. “Yo he visto muchos diplomas del doctor Graillet” justificó.

Sobre la intervención que se hizo a su hija, Delta Estefanía, declaró:

LO-¿Conoce a Delta Estefanía Ortíz Díaz?

FJON-Si

LO- ¿Quién es?

FJON-Mi hija 

LO-¿Fue beneficiada con una intervención bariátrica el pasado 25 de octubre?

FJON-¿eso que tiene que ver?

Igualmente aceptó que sus subalternos, Juan Alberto Martínez Andrade y Laura Mónica Curioca López han recibido el beneficio de la intervención, sin embargo hizo énfasis en que todos son empleados del seguro por ser parte de una prueba piloto, lo que contrasta con los nombres del resto de los que han sido operados y que nada tienen que ver con la institución pero que reservamos sus datos.

Conforme a la información oficial del IMSS a nivel federal, en un comunicado del 26 de agosto de 2010 se encontró que la institución solo reconoce al Centro Médico Nacional, Siglo XXI, al Centro Médico de Occidente en Jalisco y el Hospital General número 25 en Monterrey como los únicos centros de atención especializada con capacidades de realizar éste tipo de cirugías. 

El comunicado se puede encontrar en el siguiente link.

Esta es la entrevista completa con Javier Ortiz Nesme:

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Acento Ajeno

Las murallas de Chapultepec | Columna de Haniel Valdés

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Acento ajeno

Por: Haniel Valdés Velázquez

La ciudad de las piscinas a desnivel, los puentes verdes y las licencias gratuitas, tiene un nuevo debate público, que lo mismo puede parecer ataque político vestido de periodismo ciudadano.

Resulta que a muchos cochistas les molestan los nuevos topes de la Avenida Chapultepec, porque autos volaron sobre ellos en su primera noche. Los quejosos voladores aducen a través de reportes, que aún los topes no estaba bien señalados; lo cierto es que quien va a la velocidad permitida, no sale volando.

Por primera vez una obra vial a nivel de la calle ocupa portadas y titulares en los medios, porque para los ingenieros viales o expertos de turno la solución siempre es que el peatón suba y baje 200 escalones de horribles estructuras de hierro o que los autos sigan a 100 km/h sobre un puente o paso a desnivel.

No soy un experto en ingeniería urbana, por lo que no pretendo entrar en detalles técnicos de si está bien o mal hecho, por eso me centro en los debates que quieren forzar las páginas de Facebook que se llaman medios de prensa.

Pocas veces he visto medios cuestionar la constante construcción de estructura cochista que lejos de mejorar la movilidad, como dicen los boletines oficiales, tienden solamente a favorecer la velocidad.

¿Quién se acuerda de los peatones? ¿Quién piensa en el que quiere cruzar la calle sin tener que subirse a un gigante de hierro de más de 6 metros de altura? Antes de que lo invada un pensamiento clasista, whitexican o retrógrado y termine llamando “pobre” al que camina, tómese los 30 minutos que tarda en cada semáforo para respirar y léame con la mente un poco menos cerrada.

Las primeras quejas llegaron porque no había señalética para avisarle a los conductores que había una barda en medio de la calle, pero la mayoría de los que piden la señal con el aviso son los mismos que, a propósito, no ven las que sí están, esas que indican un máximo en la velocidad, o ser cortés con los peatones que intentan cruzar.

Señales faltan más, como una que indique para qué o quién es el carril central de Chapultepec, que en realidad nadie lo sabe a ciencia cierta, otras en toda la ciudad, las que avisen que la ciclovía no es para que se estacionen autos de los negocios de Carranza o Himno Nacional.

La Avenida Chapultepec tiene varias señales que indican que el límite de velocidad es de 50 km/h, algunas casi borradas -ahí te encargo, Ayuntamiento- pero en los videos que circularon de autos voladores, en ninguno de los casos, la velocidad del vehículo estaba por debajo del límite permitido

.

Sí hubo un fallo grande por parte de las autoridades viales municipales que no anunciaron a tiempo el tope y no colocaron la señal hasta que ya estaba listo el muro de los tormentos.

Sigue existiendo tardanza por parte de estas mismas autoridades para repintar o rescatar las señales que no solo ahí, sino en toda la ciudad, están mal pintadas, opacas, mal colocadas o tapadas por árboles.

Los medios que compartieron videos, que criticaron al gobierno municipal, que incitaron al odio de conductores hacia peatones (como si eso no fuera pan de cada día), ¿por qué no acompañaron sus post con un “circule con cuidado”, “cumpla con lo establecido”, “respete al peatón”?

A mis colegas de los medios: falta para el 2027, no empecemos desde ya a querer caerle mejor al que todavía no saben si va a seguir en el poder, hagamos periodismo útil, no crítica en busca de likes. 

Conductores: respeten al peatón. Peatones: no usen el móvil mientras cruzan las calles, ni intenten ganarle al semáforo. Ciclistas: hay solo 3 ciclovías, pero usémoslas correctamente. 

Autoridades: hagan su trabajo, pero háganlo bien, y no descuiden lo que hicieron antes por centrarse solo en obras nuevas.

Gobierno estatal: la obra municipal es para que las personas se sientan más seguras entrando a un parque bajo su cuidado, para evitar accidentes en una calle, de una ciudad que también es parte del estado.

Gobierno municipal: no se apresuren por hacer cosas solo de cara a la contienda electoral, échenle ganas y háganlas bien, respeten los tiempos, informen oportunamente a los usuarios de las vialidades.

Ya aprovechando, revisen las señales de tránsito de la zona, que necesitan mantenimiento, y luego dense una vuelta por la ciudad: hay banquetas que son estacionamientos, hay ciclovías intransitables, hay peatones en riesgo porque los conductores no siguen el reglamento.

En pocas palabras, bajemos todos la velocidad… en todo, hay topes.

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SEGE da por concluido el caso Universidad Potosina, pero Fiscalía sigue

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La secretaria Deisy López afirmó que el trámite administrativo ante la SEGE ya concluyó, aunque la Fiscalía mantiene abiertas más de veinte carpetas

Por: Redacción

Deisy Maribel López Sierra, secretaria de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), afirmó que el trámite administrativo del caso de la Universidad Potosina ante su dependencia “ya quedó concluido”.

El caso se originó por la denuncia de 48 exalumnos de la carrera de Medicina de la Universidad Potosina, en Carranza, quienes acusaron a la institución de operar sin el Registro de Validez Oficial de Estudios (REVOE), lo que les impidió obtener título profesional o realizar prácticas clínicas. La Fiscalía General del Estado (FGE) documentó al menos 31 denuncias contra la institución y su entonces rector, Arturo Segoviano García.

Pese al cierre administrativo que reporta la SEGE, la vía penal permanece activa: para julio de 2026 existían al menos 23 carpetas de investigación abiertas desde junio de 2024, y los denunciantes se preparaban para promover un amparo por la lentitud en el avance de las audiencias, de acuerdo con reportes de Astrolabio Diario Digital

.

El abogado de los exalumnos, Jaime Soria Osornio, ha acusado además una posible colusión entre funcionarios de la propia SEGE y el exrector Segoviano, a quien atribuye una protección institucional que, según él, rebasa la competencia estatal del caso.

La actual administración de la Universidad Potosina se deslindó formalmente de la gestión de Segoviano y opera bajo otra razón social, en un domicilio distinto al plantel señalado por la falta de registro.

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341 millones en remesas: el banco paralelo de la Huasteca potosina

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En 2025, los migrantes de la Huasteca potosina enviaron cuatro veces el dinero que el gobierno federal destinó a infraestructura en la región, en El Naranjo, la brecha llega a 27 a uno

Por: Carlos Ruíz

La Huasteca potosina opera con un presupuesto paralelo que ningún instrumento de gobierno controla: en 2025, sus migrantes enviaron 341 millones de dólares desde Estados Unidos, cuatro veces el dinero federal destinado a infraestructura social en la región ese mismo año.

El Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), principal mecanismo del gobierno federal para obra en municipios de alta marginación— distribuyó 1,555 millones de pesos entre los 20 municipios de la Huasteca en 2024.

Las remesas del mismo período equivalen a aproximadamente 6,550 millones de pesos al tipo de cambio promedio de 2025. Por cada peso del FISM, los migrantes mandaron 4.2. Los datos provienen del Banco de México (serie CE166) y del Periódico Oficial del Estado.

El extremo más pronunciado es El Naranjo. El municipio serrano tiene el segundo índice de intensidad migratoria más alto de la región, pues el 11.44% de sus hogares recibe remesas, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), y aun así recibe el FISM más bajo de toda la Huasteca: 23 millones de pesos al año. En 2025, sus migrantes enviaron el equivalente a 626 millones de pesos. 27 veces el monto del FISM.

La brecha no es homogénea. En los municipios del norte y centro de la región: Ciudad Valles, El Naranjo, Tamuín, Xilitla, Tanquián de Escobedo, Tamasopo, las remesas superan al FISM en proporciones de entre 5

y 27 a uno. En el sur: Aquismón, Matlapa, Coxcatlán, la relación se invierte: el presupuesto federal supera a las remesas. Aquismón, con el mayor FISM de la Huasteca (212 millones de pesos), recibe 93 millones en remesas.

El flujo va en aumento. En el primer trimestre de 2026, la Huasteca recibió 73.8 millones de dólares —el dato trimestral más alto desde que existen registros desagregados por municipio, y el 16% del total estatal, la mayor participación histórica. La tendencia coincide con los debates sobre un posible impuesto de 3.5% a las remesas en Estados Unidos propuesto por la administración de Donald Trump. Si esa medida se aplicara, la Huasteca perdería alrededor de 12 millones de dólares al año, más de lo que el FISM asigna a tres de sus municipios juntos.

El FISM calcula sus asignaciones con base en índices de pobreza y rezago social, no en flujos migratorios. En El Naranjo (donde el dinero de los migrantes supera 27 veces al presupuesto federal), la asignación fue la mínima de toda la Huasteca.

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