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“Adelgazan” en secreto a familiares y amigos de la delegación del IMSS en SLP
El hospital no tiene la autorización ni la infraestructura, el médico que hace las operaciones no está certificado
Por hacer esas operaciones, cancelan las del resto de los usuarios
Por: Jorge Saldaña y Luis Moreno
A partir de octubre del 2018, en el Hospital General número 2 del IMSS en San Luis Potosí, catalogado como de segundo nivel, se han realizado por lo menos 22 intervenciones quirúrgicas de control de obesidad, denominadas bariátricas, sin que se tenga ni la categoría para hacerlo, tampoco la infraestructura o siquiera a un médico certificado.
Entre los beneficiarios de las costosas cirugías destaca la hija de Francisco Javier Ortíz Nesme, jefe de Prestaciones Médicas de la delegación, su mano derecha y coordinador auxiliar, Juan Alberto Martínez Andrade, y Laura Mónica Curioca López, ambos en el organigrama delegacional bajo el mando de Ortíz Nesme.
Aunque la Norma Oficial Mexicana para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad prevé todas y cada una de las condiciones de infraestructura hospitalaria para realizar este tipo de cirugías (por ejemplo, en el apartado 7.3.1.6 establece que los pacientes con obesidad deben ser atendidos antes de la intervención por un equipo interdisciplinario, además de cumplir con una serie de requisitos y estudios; y en su apartado 6.1.1.2 indica que el medico deberá contar con certificación en cirugía bariátrica o endoscópica emitidos por Comité Normativo Nacional de Especialidades médicas (Conacem))en el Seguro Social de San Luis Potosí, se violaron todas y cada una de las normas.
El 25 de Octubre de 2018, como consta en el expediente médico, se operó por obesidad a Delta Estefanía Ortiz Díaz, hija del jefe de Prestaciones Médicas y segundo al mando de la delegación estatal, en manos de Rogelio Graillet Cervantes, cirujano que no cuenta, de acuerdo con la búsqueda en la Conacem, con la certificación como médico bariatra.
En las mismas condiciones pero en abril del 2019, se intervino a Juan Alberto Martínez Andrade, coordinador y auxiliar de Ortiz Nesme. Meses más tarde se operó a Laura Mónica Curioca López, tercera al mando de la oficina de Ortiz Nesme de acuerdo con el organigrama de la delegación.

En contraste, decenas de pacientes han esperado hasta por un año para que les realicen cirugías y estudios que implican el uso del equipo de laparoscopía, aparato que el Seguro Social subarrenda a un proveedor, por el que se pagan contratos millonarios por su uso, y que de no hacerse ponen en peligro sus vidas o reducen la calidad de las mismas.
Son al menos 17 casos de operaciones de hernia hiatal, extirpación vescicular y otros, los que La Orquesta pudo constatar han sido diferidos o aplazados solamente durante el mes de noviembre. En todos los casos, el uso del equipo laparoscópico es indispensable, mismo aparato que se utiliza para la intervención de obsesidad.
Este medio también acudió a los pasillos de la Clínica Número 2 del IMSS para rescatar las historias de derechohabientes afectados por las adversidades en el sistema de salud, incluida la posible corrupción, y favoritismo en el uso de los equipos para atender a amigos y familiares de la delegación.
Desde hace seis meses, Javier (41 años) ha estado en cuatro ocasiones a punto de estar sobre la mesa de operaciones, sin embargo, todas esas oportunidades se han frustrado: «me han dicho de todo para reprogramarme, que si el doctor está de vacaciones, que porque hay otras emergencias, que si creen que tengo gripa. No creo que los motivos sean válidos, porque mi médico me había pasado de urgencia la primera vez que me programaron la cirugía dijeron que era de urgencia. Además me traen vuelta y vuelta sin que me den solución. Es muy molesto».
Javier tiene una hernia inguinal, que es una protrusión de tejido que sobresale de alguna sección de los músculos abdominales; además parece de varicocele que una dilatación de las venas del cordón espermático y del escroto. Ambos padecimientos pueden ser corregidos mediante cirugía, no obstante, de no realizarse afectan constantemente a quien los padece:
«Empecé con un dolor en la ingle derecha, me hice varios estudios para ver qué pasaba. Un día me vino un dolor muy fuerte y fui a urgencias. Me tuvieron en observación dos días, en los que nunca me hicieron nada, hasta que un médico se compadeció y me programó la cirugía, dijo que era de urgencia, desde ese día llevo medio año sin que me atiendan. Es muy molesto porque no puedo hacer muchas cosas, ahora el dolor ha sido tanto que provoca que me se duerma el pie derecho, hay días que ya ni lo siento».
En una situación aún peor se encuentra María (32 años). Desde niña padece de inguinodinia, que es un dolor crónico en la región inguinal. Para paliar su malestar le han realizado diversas cirugías, la última, en la que le colocaron una malla en la zona afectada, fue mal realizada, lo que le ha generador por un lado un dolor insoportable en una parte de la ingle, pero insensibilidad en otra sección. Por ese motivo requiere de una operación correctiva . Ese procedimiento luce aún lejano, pues incluso el estudio de mapeo ha sido reprogramado desde octubre.
«El problema es que tal vez cortaron un nervio, pero todavía no pueden ni saberlo porque no me han hecho el mapeo, ese me lo programaron para el 30 de octubre, cuando llegó la fecha me lo cancelaron porque el doctor estaba de vacaciones, me han vuelto a dar varias citas, pero siempre las reprograman. Salen con que hay otras prioridades, y yo entiendo que hay emergencias, pero a mí me afectan mucho en mi vida cotidiana, porque no puedo cargar más de 2 o 3 libros, tampoco puedo caminar mucho. Además los motivos que me dan son injustos, sé de otros pacientes que ya los regresaron 4, 5 o 6 veces y no nos tienen una respuesta».
Los médicos y pacientes entrevistados coinciden en que las carencias en el Seguro Social no son nuevas, sin embargo la situación específica del Hospital número 2, mejor conocido como el Seguro de Cuauhtémoc, se ha agravado, sobre todo en la falta de material y quirófano a partir de que el doctor Rogelio Graillet Cervantes se presentó en octubre del 2018 como nuevo “encargado” del área de Bariatría, sobre todo si se considera que el costo del material para cada operación ronda entre los 50 y 60 mil pesos por intervención.
“A veces no hay gasas, no hay ni suturas, bueno con decirte que hasta la vestimenta estéril que se usa para las cirugías está escasa” Se queja un cirujano del hospital que por temor a represalias omite su nombre y continúa otro galeno “el equipo de laparoscopía se usa exclusivamente para operaciones programadas porque ni siquiera es del instituto, es decir, se renta a un particular por cierto número de ocasiones en que se utiliza, pero ha ocurrido que a mí por ejemplo me suspenden esa cirugía programada porque el equipo está siendo utilizado para una operación bariátrica ¿Con quién crees que se queja el paciente?”
Por su parte, los anestesiólogos del hospital, tampoco están de acuerdo en que se estén llevando a cabo los procedimientos bariátricos, y así lo expresaron con su firma al menos siete de ellos que entregaron a la dirección general un oficio recibido el pasado 25 de noviembre en el que hacen notar la falta de mesa quirúrgica con capacidad de soporte para peso y amplitud, así como contar con el índice biespectral BIS debido al riesgo de sobre o infra dosis con los pacientes bariátricos, entre otros equipos y medicamentos especializados.
La Orquesta acudió a entrevistar sobre este tema a Francisco Javier Ortiz Nesme, jefe de Atención Médica y acusado de favorecer a sus familiares y cercanos con cirugías de obesidad en perjuicio de los derechohabientes.
Ortiz Nesme declaró al respecto que las cirugías de obesidad y control de peso se están realizando en el Seguro Social como parte de un “programa piloto” para en el mediano plazo poder “abrir” el servicio a los derechohabientes y dijo desconocer que el médico encargado carezca de la certificación correspondiente. “Yo he visto muchos diplomas del doctor Graillet” justificó.
Sobre la intervención que se hizo a su hija, Delta Estefanía, declaró:
LO-¿Conoce a Delta Estefanía Ortíz Díaz?
FJON-Si
LO- ¿Quién es?
FJON-Mi hija
LO-¿Fue beneficiada con una intervención bariátrica el pasado 25 de octubre?
FJON-¿eso que tiene que ver?
Igualmente aceptó que sus subalternos, Juan Alberto Martínez Andrade y Laura Mónica Curioca López han recibido el beneficio de la intervención, sin embargo hizo énfasis en que todos son empleados del seguro por ser parte de una prueba piloto, lo que contrasta con los nombres del resto de los que han sido operados y que nada tienen que ver con la institución pero que reservamos sus datos.
Conforme a la información oficial del IMSS a nivel federal, en un comunicado del 26 de agosto de 2010 se encontró que la institución solo reconoce al Centro Médico Nacional, Siglo XXI, al Centro Médico de Occidente en Jalisco y el Hospital General número 25 en Monterrey como los únicos centros de atención especializada con capacidades de realizar éste tipo de cirugías.
El comunicado se puede encontrar en el siguiente link.
Esta es la entrevista completa con Javier Ortiz Nesme:
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Destacadas
Un hecho el pago a la UASLP; lunes Gobierno y Rectoría darán el anuncio
El recurso se verá reflejado en las cuentas universitarias en las próximas 24 a 48 horas y con ese depósito se liquidará el adeudo que ponía en riesgo los pagos y el paro de la institución
Por: Jorge Saldaña y Ana G. Silva
El próximo lunes el gobierno del estado y la rectoría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí anunciarán de manera conjunta la ejecución del pago adeudado por 208 millones de pesos por parte de la administración estatal a la institución.
Con información confirmada por La Orquesta la transferencia del dinero es un hecho, sin embargo los recursos se verán reflejados por condiciones bancarias entre 24 y 48 horas a partir de este jueves.
Con la transferencia de recursos estaría cubierta la totalidad del adeudo que mantenía la administración estatal con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y se dará cumplimiento cabal al convenio firmando entre el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona y la federación correspondiente al año 2025.
De acuerdo a la información obtenida desde el más alto nivel por este medio, el rector Alejandro Zermeño Guerra y el secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, alistan una rueda de prensa conjunta para el lunes (con horario por definir), donde anunciarán públicamente que las finanzas universitarias están a salvo y el adeudo fue liquidado.
La llegada del recurso permitirá a la Universidad sortear la etapa más crítica que enfrentó en años: la amenaza real de no poder cubrir nómina, aguinaldos, prestaciones y jubilaciones antes del cierre del año, y con ello el riesgo de un paro generalizado de la institución.
El monto a depositar corresponde al saldo pendiente de 208 millones de pesos, acumulado tras meses de retrasos y diferencias de interpretación del convenio y anexo de ejecución firmado entre la Federación y el Estado teniendo como beneficiario a la universidad.
El convenio, en su cláusula tercera señala que la Secretaría de Educación Pública realizaría depósitos mensuales al gobierno estatal para que fueran entregados a la UASLP hasta por un monto de 506 millones 155 mil 546 pesos, no obstante, de enero a octubre en cada ministración se fueron acumulando diferencias entre lo programado y lo entregado a la universidad.
Durante meses, la UASLP, a través de su máxima autoridad, el rector Alejandro Zermeño, advirtió al Consejo Directivo Universitario y a la sociedad que la falta de liquidez comprometía su operación más básica
. El rector insistió desde julio en la urgencia de que la Secretaría de Finanzas entregara las participaciones completas: “Si el gobierno del estado nos da las participaciones completas, no tendríamos ninguna afectación” dijo entonces a medios de comunicación.Las advertencias subieron de tono al grado de que el pago de quincenas, aguinaldos, pensiones, mantenimiento e incluso la continuidad operativa se verían comprometidas si no llegaba el recurso antes del 30 de noviembre.
La crisis escaló y la SEP recordó oficialmente al Gobierno del Estado su obligación de aportar los 506 millones correspondientes a 2025, aclarando que el convenio no contemplaba la posibilidad de pagos en obra ni en especie.
El Gobierno respondió primero con un abono parcial en octubre, luego con mesas y reuniones de alto nivel de las dos instituciones hasta que se reconoció la deuda, y finalmente —tras semanas de tensiones, filtraciones y recelos— se generó una promesa de pago que vence este viernes 14 de noviembre.
El acuerdo logrado, aunque tardío, representa que la UASLP no enfrentará riesgos de impagos a la nómina ni prestaciones a sus empleados ni jubilados.
Con el anuncio oficial preparado para el próximo lunes, la relación institucional con el Gobierno del Estado se estabiliza, al menos en lo financiero y se podría decir que la responsabilidad institucional se impuso sobre las diferencias políticas.
Aunque el depósito se verá reflejado en las próximas horas y el adeudo estará cubierto, el Gobierno del Estado y la UASLP esperarán al lunes 17 para hacer el anuncio público.
En la conferencia conjunta además se espera se de adelanten los términos del convenio del próximo año y los recursos contemplados por el gobierno en su Ley de egresos 2026 y comenzará una nueva narrativa de la relación Gobierno-UASLP.
También lee: Gobierno y UASLP se reúnen hoy de emergencia; podría concretarse pago millonario a la Universidad
Ciudad
Gobierno defiende ruta jurídica del Congreso en el caso de Villa de Pozos
Guadalupe Torres reconoció que existían señalamientos al interior del concejo durante la gestión de Teresa Rivera
Por: Redacción
Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno, afirmó que la renuncia de Teresa de Jesús Rivera Acevedo como presidenta concejal de Villa de Pozos fue tramitada correctamente ante el Congreso del Estado, y defendió que la vía elegida para su sustitución es la adecuada, pese a las dudas jurídicas y políticas que ha generado el procedimiento.
“La postura es que estamos muy atentos a lo que ocurre en este marco de la presentación de la renuncia de la concejal presidenta, y el interés es por la gobernabilidad de un municipio más, como los 58 restantes. Creemos que la decisión tomada ha sido tramitada de manera correcta”, declaró el funcionario.
Torres Sánchez subrayó que debe distinguirse entre un concejo municipal designado por el Congreso y un ayuntamiento electo por voto popular, pues esa diferencia jurídica —dijo— justifica que el relevo se tramite desde el Poder Legislativo.
“He visto que se busca impulsar una ruta jurídica distinta, pero no: la que se está haciendo es la correcta”, insistió.
El secretario general reconoció que hubo señalamientos internos en la administración de Rivera Acevedo, pero sostuvo que el interés del Gobierno estatal no es político, sino de “mejorar los servicios municipales” y fortalecer el funcionamiento del nuevo municipio.
“Vamos a estar del lado de la nueva concejal presidenta, si así lo determina el Congreso. Lo que nos impulsa aquí es el servicio público, no un asunto político distinto”, agregó.
Torres confirmó que la Comisión de Gobernación del Congreso validó la renuncia de Rivera y propuso como relevo a la diputada con licencia Patricia Aradillas, decisión que deberá ser ratificada este viernes por el Pleno del Legislativo.
El funcionario estatal reiteró el respaldo del Gobierno a la eventual designación de Aradillas y afirmó que se buscará que Villa de Pozos sea uno de los municipios mejor administrados del estado, pese a los conflictos internos y las interpretaciones legales encontradas.
También lee: Tras sigilosa renuncia de Tere Rivera, diputados preparan madruguete y mañana nombrarían a su remplazo
Deportes
A un año del anuncio, Ciudad Deportiva del Atlético de San Luis no presenta avances
El gobernador Ricardo Gallardo buscará a accionistas del Atlético de San Luis por el terreno donado
Por: Redacción
A un año del anuncio de la Ciudad Deportiva del Atlético de San Luis, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona aseguró que buscará a los accionistas del club antes de que termine el 2025, debido a que no se ha colocado ni la primera piedra del proyecto, a pesar de que el Gobierno estatal donó un terreno para su edificación.
“Buscaré a los accionistas del Atlético de San Luis por el tema del terreno que les donamos y no han hecho nada. Muy seguramente antes de diciembre estaremos reuniéndonos con ellos”, declaró el mandatario.
La promesa fue hecha en marzo de 2022, cuando Gallardo anunció que el Gobierno del Estado construiría, junto con la directiva del club, una Ciudad Deportiva para formar nuevos talentos, fomentar valores y alejar a los jóvenes de las adicciones.
En ese momento, el gobernador y el entonces presidente del club, Juan Alberto Marrero, destacaron que el proyecto contaría con apoyo del Instituto Potosino del Deporte y del Atlético de Madrid, socio mayoritario del equipo potosino.
En agosto de 2024, el propio Gallardo anunció que el 2 de octubre se colocaría la primera piedra, en un acto encabezado por Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, e informó que la primera inversión sería de 40 millones de euros.
Sin embargo, nunca hubo evento, ni obra, ni inversión. A la fecha, el terreno permanece sin movimiento
El panorama se complica aún más tras la reciente noticia de que Apollo Sports Capital, fondo derivado de Apollo Global Management, comprará la mayoría de acciones del Atlético de Madrid, operación que incluye también al Atlético de San Luis y al Atlético Ottawa de Canadá.
La transacción se concretará a inicios de 2026, lo que deja en incertidumbre los compromisos previos entre el club y el Gobierno estatal.
Esta adquisición convierte a Apollo en el segundo grupo de capital estadounidense con presencia en la Liga MX, tras la compra del Querétaro por Innovatio Capital, y reaviva el debate sobre la multipropiedad en el futbol mexicano, pues Apollo también tiene participación en el Necaxa.
La Federación Mexicana de Futbol (FMF) ha insistido desde hace años en eliminar esta práctica, que la FIFA considera irregular, aunque no existe aún una fecha límite ni sanciones formales.
Mientras tanto, el gobierno potosino insiste en que el club cumpla con su compromiso, pese a que los nuevos dueños podrían modificar o cancelar los acuerdos establecidos con la administración estatal.
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