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“Adelgazan” en secreto a familiares y amigos de la delegación del IMSS en SLP
El hospital no tiene la autorización ni la infraestructura, el médico que hace las operaciones no está certificado
Por hacer esas operaciones, cancelan las del resto de los usuarios
Por: Jorge Saldaña y Luis Moreno
A partir de octubre del 2018, en el Hospital General número 2 del IMSS en San Luis Potosí, catalogado como de segundo nivel, se han realizado por lo menos 22 intervenciones quirúrgicas de control de obesidad, denominadas bariátricas, sin que se tenga ni la categoría para hacerlo, tampoco la infraestructura o siquiera a un médico certificado.
Entre los beneficiarios de las costosas cirugías destaca la hija de Francisco Javier Ortíz Nesme, jefe de Prestaciones Médicas de la delegación, su mano derecha y coordinador auxiliar, Juan Alberto Martínez Andrade, y Laura Mónica Curioca López, ambos en el organigrama delegacional bajo el mando de Ortíz Nesme.
Aunque la Norma Oficial Mexicana para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad prevé todas y cada una de las condiciones de infraestructura hospitalaria para realizar este tipo de cirugías (por ejemplo, en el apartado 7.3.1.6 establece que los pacientes con obesidad deben ser atendidos antes de la intervención por un equipo interdisciplinario, además de cumplir con una serie de requisitos y estudios; y en su apartado 6.1.1.2 indica que el medico deberá contar con certificación en cirugía bariátrica o endoscópica emitidos por Comité Normativo Nacional de Especialidades médicas (Conacem))en el Seguro Social de San Luis Potosí, se violaron todas y cada una de las normas.
El 25 de Octubre de 2018, como consta en el expediente médico, se operó por obesidad a Delta Estefanía Ortiz Díaz, hija del jefe de Prestaciones Médicas y segundo al mando de la delegación estatal, en manos de Rogelio Graillet Cervantes, cirujano que no cuenta, de acuerdo con la búsqueda en la Conacem, con la certificación como médico bariatra.
En las mismas condiciones pero en abril del 2019, se intervino a Juan Alberto Martínez Andrade, coordinador y auxiliar de Ortiz Nesme. Meses más tarde se operó a Laura Mónica Curioca López, tercera al mando de la oficina de Ortiz Nesme de acuerdo con el organigrama de la delegación.

En contraste, decenas de pacientes han esperado hasta por un año para que les realicen cirugías y estudios que implican el uso del equipo de laparoscopía, aparato que el Seguro Social subarrenda a un proveedor, por el que se pagan contratos millonarios por su uso, y que de no hacerse ponen en peligro sus vidas o reducen la calidad de las mismas.
Son al menos 17 casos de operaciones de hernia hiatal, extirpación vescicular y otros, los que La Orquesta pudo constatar han sido diferidos o aplazados solamente durante el mes de noviembre. En todos los casos, el uso del equipo laparoscópico es indispensable, mismo aparato que se utiliza para la intervención de obsesidad.
Este medio también acudió a los pasillos de la Clínica Número 2 del IMSS para rescatar las historias de derechohabientes afectados por las adversidades en el sistema de salud, incluida la posible corrupción, y favoritismo en el uso de los equipos para atender a amigos y familiares de la delegación.
Desde hace seis meses, Javier (41 años) ha estado en cuatro ocasiones a punto de estar sobre la mesa de operaciones, sin embargo, todas esas oportunidades se han frustrado: «me han dicho de todo para reprogramarme, que si el doctor está de vacaciones, que porque hay otras emergencias, que si creen que tengo gripa. No creo que los motivos sean válidos, porque mi médico me había pasado de urgencia la primera vez que me programaron la cirugía dijeron que era de urgencia. Además me traen vuelta y vuelta sin que me den solución. Es muy molesto».
Javier tiene una hernia inguinal, que es una protrusión de tejido que sobresale de alguna sección de los músculos abdominales; además parece de varicocele que una dilatación de las venas del cordón espermático y del escroto. Ambos padecimientos pueden ser corregidos mediante cirugía, no obstante, de no realizarse afectan constantemente a quien los padece:
«Empecé con un dolor en la ingle derecha, me hice varios estudios para ver qué pasaba. Un día me vino un dolor muy fuerte y fui a urgencias. Me tuvieron en observación dos días, en los que nunca me hicieron nada, hasta que un médico se compadeció y me programó la cirugía, dijo que era de urgencia, desde ese día llevo medio año sin que me atiendan. Es muy molesto porque no puedo hacer muchas cosas, ahora el dolor ha sido tanto que provoca que me se duerma el pie derecho, hay días que ya ni lo siento».
En una situación aún peor se encuentra María (32 años). Desde niña padece de inguinodinia, que es un dolor crónico en la región inguinal. Para paliar su malestar le han realizado diversas cirugías, la última, en la que le colocaron una malla en la zona afectada, fue mal realizada, lo que le ha generador por un lado un dolor insoportable en una parte de la ingle, pero insensibilidad en otra sección. Por ese motivo requiere de una operación correctiva . Ese procedimiento luce aún lejano, pues incluso el estudio de mapeo ha sido reprogramado desde octubre.
«El problema es que tal vez cortaron un nervio, pero todavía no pueden ni saberlo porque no me han hecho el mapeo, ese me lo programaron para el 30 de octubre, cuando llegó la fecha me lo cancelaron porque el doctor estaba de vacaciones, me han vuelto a dar varias citas, pero siempre las reprograman. Salen con que hay otras prioridades, y yo entiendo que hay emergencias, pero a mí me afectan mucho en mi vida cotidiana, porque no puedo cargar más de 2 o 3 libros, tampoco puedo caminar mucho. Además los motivos que me dan son injustos, sé de otros pacientes que ya los regresaron 4, 5 o 6 veces y no nos tienen una respuesta».
Los médicos y pacientes entrevistados coinciden en que las carencias en el Seguro Social no son nuevas, sin embargo la situación específica del Hospital número 2, mejor conocido como el Seguro de Cuauhtémoc, se ha agravado, sobre todo en la falta de material y quirófano a partir de que el doctor Rogelio Graillet Cervantes se presentó en octubre del 2018 como nuevo “encargado” del área de Bariatría, sobre todo si se considera que el costo del material para cada operación ronda entre los 50 y 60 mil pesos por intervención.
“A veces no hay gasas, no hay ni suturas, bueno con decirte que hasta la vestimenta estéril que se usa para las cirugías está escasa” Se queja un cirujano del hospital que por temor a represalias omite su nombre y continúa otro galeno “el equipo de laparoscopía se usa exclusivamente para operaciones programadas porque ni siquiera es del instituto, es decir, se renta a un particular por cierto número de ocasiones en que se utiliza, pero ha ocurrido que a mí por ejemplo me suspenden esa cirugía programada porque el equipo está siendo utilizado para una operación bariátrica ¿Con quién crees que se queja el paciente?”
Por su parte, los anestesiólogos del hospital, tampoco están de acuerdo en que se estén llevando a cabo los procedimientos bariátricos, y así lo expresaron con su firma al menos siete de ellos que entregaron a la dirección general un oficio recibido el pasado 25 de noviembre en el que hacen notar la falta de mesa quirúrgica con capacidad de soporte para peso y amplitud, así como contar con el índice biespectral BIS debido al riesgo de sobre o infra dosis con los pacientes bariátricos, entre otros equipos y medicamentos especializados.
La Orquesta acudió a entrevistar sobre este tema a Francisco Javier Ortiz Nesme, jefe de Atención Médica y acusado de favorecer a sus familiares y cercanos con cirugías de obesidad en perjuicio de los derechohabientes.
Ortiz Nesme declaró al respecto que las cirugías de obesidad y control de peso se están realizando en el Seguro Social como parte de un “programa piloto” para en el mediano plazo poder “abrir” el servicio a los derechohabientes y dijo desconocer que el médico encargado carezca de la certificación correspondiente. “Yo he visto muchos diplomas del doctor Graillet” justificó.
Sobre la intervención que se hizo a su hija, Delta Estefanía, declaró:
LO-¿Conoce a Delta Estefanía Ortíz Díaz?
FJON-Si
LO- ¿Quién es?
FJON-Mi hija
LO-¿Fue beneficiada con una intervención bariátrica el pasado 25 de octubre?
FJON-¿eso que tiene que ver?
Igualmente aceptó que sus subalternos, Juan Alberto Martínez Andrade y Laura Mónica Curioca López han recibido el beneficio de la intervención, sin embargo hizo énfasis en que todos son empleados del seguro por ser parte de una prueba piloto, lo que contrasta con los nombres del resto de los que han sido operados y que nada tienen que ver con la institución pero que reservamos sus datos.
Conforme a la información oficial del IMSS a nivel federal, en un comunicado del 26 de agosto de 2010 se encontró que la institución solo reconoce al Centro Médico Nacional, Siglo XXI, al Centro Médico de Occidente en Jalisco y el Hospital General número 25 en Monterrey como los únicos centros de atención especializada con capacidades de realizar éste tipo de cirugías.
El comunicado se puede encontrar en el siguiente link.
Esta es la entrevista completa con Javier Ortiz Nesme:
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Ciudad
Cuatro empresas concentran 36% del transporte urbano en SLP
La empresa que más unidades controla también enfrenta una denuncia por incumplir su concesión
Por: Haniel Valdés
Un tercio del transporte urbano metropolitano de San Luis Potosí está en manos de solo cuatro empresas, según el padrón más reciente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). De las 1,203 unidades registradas y los 217 titulares que las operan, Transportes Urbanos y Suburbanos Tangamanga, Línea Guadalupe Siglo XXI, Transporte Urbano y Suburbano Tequis y Transportistas Asociados Línea Guadalupe concentran 435 unidades, el 36.1% del total. En un servicio que la ley concibe como un mosaico de decenas de concesionarios compitiendo por ruta, cuatro nombres deciden ya la disponibilidad de transporte para uno de cada tres pasajeros del sistema colectivo.
La tendencia además no se frena: entre los dos últimos cortes disponibles del padrón, el top 10 de empresas pasó de controlar 60.6% a 61.2% de las unidades, mientras el número de titulares bajó de 225 a 217. Menos empresas se reparten cada vez más unidades — un mercado que se consolida, no se fragmenta, y que llega a la mesa de negociación con la autoridad con más peso específico que hace apenas un par de años.
Tangamanga, la empresa con más unidades del padrón (123), es también la que concentra el señalamiento más serio. Según Ciudadanos Observando, mantiene suspendidas las rutas 29, 31 y 32 de su título de concesión, obtenido en 1999, desde la administración de Juan Manuel Carreras. Su presidente, José Guadalupe González Covarrubias, pidió al Gobierno del Estado de San Luis Potosí cancelar la concesión si la empresa no la cumple y abrir una convocatoria nueva. El dato importa por el contraste: la empresa que más peso tiene en el padrón es la misma que, según esta organización, lleva años sin operar rutas completas sin que eso le haya costado la concesión.
El padrón de automóvil de alquiler muestra un patrón parecido, a escala de personas: de 368 concesionarios de ruleteo, 94 (25.5%) tienen dos o tres concesiones cada uno, y reúnen 41% del total disponible en esa modalidad. El taxi individual, pensado como un oficio de un permiso por persona, ya tiene también su propia versión de concentración: 4 de cada 10 concesiones están en manos de una cuarta parte de los concesionarios.
El propio padrón colectivo, además, tiene un salto que ninguna fuente pública explica: de 881 unidades en 2022 pasó a 1,202 en 2023, un incremento de 36% en un solo año. La cifra pesa porque contradice lo que la misma SCT ha declarado después: su titular, Araceli Martínez Acosta, informó en 2026 que en lo que va del año no se ha otorgado ninguna concesión nueva mientras corre un diagnóstico técnico, y reconoció que cerca de 350 camiones salieron de circulación apenas en 2024. Si la política reciente es de congelamiento y baja de unidades, el alta masiva de 2022-2023 no encaja con esa narrativa.
Ese diagnóstico, que arrancó en junio de 2026, contempla todas las modalidades del transporte público y privado regulado, y busca establecer con datos técnicos si hay zonas con déficit o saturación de unidades antes de decidir si se abren concesiones nuevas. Mientras ese estudio no concluya, el mapa de operadores del transporte urbano en San Luis Potosí seguirá siendo el que ya existe hoy: uno donde cuatro empresas deciden la mayor parte del servicio.
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FGR asegura 2 mil 400 litros de huachicol en Ejido Los Gómez
Dos hombres fueron detenidos y una bodega quedó bajo resguardo tras el hallazgo de huachicol en el Ejido Los Gómez
Por: Redacción
Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron 2 mil 400 litros de hidrocarburo, tres tractocamiones, una cabina Kenworth, un semirremolque y un montacargas tras catear un inmueble en el Ejido Los Gómez.
El operativo derivó del seguimiento a un reporte de robo de un tractocamión en el Libramiento Poniente. En esa primera intervención fueron detenidos Juan “N”, de 29 años, y Cristian “N”, de 27, quienes presuntamente resguardaban el acceso a una bodega.
En el lugar se localizaron también un tractocamión International 2018 con reporte de robo y una camioneta Chevrolet. El inmueble quedó bajo custodia policial mientras se tramitaba la orden de cateo correspondi ente.
Con la orden ya en mano, autoridades federales catearon la propiedad y decomisaron el hidrocarburo
, los vehículos de carga y equipo para la aparente elaboración de combustible. También se localizaron siete inhibidores de señal, tanques de oxígeno y de gas LP, y otros indicios que quedaron a disposición de la autoridad investigadora.Los dos detenidos y el material asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente. La Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana del Estado (SSPC) informó que mantiene coordinación permanente con autoridades federales y estatales para dar seguimiento a reportes de robo de vehículos y transporte de carga.
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Cinco municipios buscan sumarse a los seis Pueblos Mágicos de San Luis Potosí
Por: Redacción
La Secretaría de Turismo del Estado confirmó que los municipios de Villa de Reyes, Pozos, Soledad de Graciano Sánchez, Axtla de Terrazas y Cerro de San Pedro buscan sumarse al programa de Pueblos Mágicos, que hoy reconoce a seis localidades potosinas.
La secretaria Yolanda Josefina Cepeda Echavarría dijo que los candidatos deberán cumplir con capacitación, inversión en infraestructura y experiencias turísticas competitivas, además de contar con hotelería y oferta gastronómica tradicional.
Según la funcionaria, un nuevo nombramiento podría concretarse antes de que termine el año o a inicios de 2027.
Los seis Pueblos Mágicos vigentes se ubican entre los mejor evaluados del país, de un total de 177 reconocidos en México. La dependencia estatal trabaja, junto con Protección Civil del Estado, en completar los planes municipales de protección civil de los seis municipios, un requisito federal pendiente.
Cepeda Echavarría destacó la coordinación con la Secretaría de Turismo federal para ese proceso.
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