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“Adelgazan” en secreto a familiares y amigos de la delegación del IMSS en SLP
El hospital no tiene la autorización ni la infraestructura, el médico que hace las operaciones no está certificado
Por hacer esas operaciones, cancelan las del resto de los usuarios
Por: Jorge Saldaña y Luis Moreno
A partir de octubre del 2018, en el Hospital General número 2 del IMSS en San Luis Potosí, catalogado como de segundo nivel, se han realizado por lo menos 22 intervenciones quirúrgicas de control de obesidad, denominadas bariátricas, sin que se tenga ni la categoría para hacerlo, tampoco la infraestructura o siquiera a un médico certificado.
Entre los beneficiarios de las costosas cirugías destaca la hija de Francisco Javier Ortíz Nesme, jefe de Prestaciones Médicas de la delegación, su mano derecha y coordinador auxiliar, Juan Alberto Martínez Andrade, y Laura Mónica Curioca López, ambos en el organigrama delegacional bajo el mando de Ortíz Nesme.
Aunque la Norma Oficial Mexicana para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad prevé todas y cada una de las condiciones de infraestructura hospitalaria para realizar este tipo de cirugías (por ejemplo, en el apartado 7.3.1.6 establece que los pacientes con obesidad deben ser atendidos antes de la intervención por un equipo interdisciplinario, además de cumplir con una serie de requisitos y estudios; y en su apartado 6.1.1.2 indica que el medico deberá contar con certificación en cirugía bariátrica o endoscópica emitidos por Comité Normativo Nacional de Especialidades médicas (Conacem))en el Seguro Social de San Luis Potosí, se violaron todas y cada una de las normas.
El 25 de Octubre de 2018, como consta en el expediente médico, se operó por obesidad a Delta Estefanía Ortiz Díaz, hija del jefe de Prestaciones Médicas y segundo al mando de la delegación estatal, en manos de Rogelio Graillet Cervantes, cirujano que no cuenta, de acuerdo con la búsqueda en la Conacem, con la certificación como médico bariatra.
En las mismas condiciones pero en abril del 2019, se intervino a Juan Alberto Martínez Andrade, coordinador y auxiliar de Ortiz Nesme. Meses más tarde se operó a Laura Mónica Curioca López, tercera al mando de la oficina de Ortiz Nesme de acuerdo con el organigrama de la delegación.

En contraste, decenas de pacientes han esperado hasta por un año para que les realicen cirugías y estudios que implican el uso del equipo de laparoscopía, aparato que el Seguro Social subarrenda a un proveedor, por el que se pagan contratos millonarios por su uso, y que de no hacerse ponen en peligro sus vidas o reducen la calidad de las mismas.
Son al menos 17 casos de operaciones de hernia hiatal, extirpación vescicular y otros, los que La Orquesta pudo constatar han sido diferidos o aplazados solamente durante el mes de noviembre. En todos los casos, el uso del equipo laparoscópico es indispensable, mismo aparato que se utiliza para la intervención de obsesidad.
Este medio también acudió a los pasillos de la Clínica Número 2 del IMSS para rescatar las historias de derechohabientes afectados por las adversidades en el sistema de salud, incluida la posible corrupción, y favoritismo en el uso de los equipos para atender a amigos y familiares de la delegación.
Desde hace seis meses, Javier (41 años) ha estado en cuatro ocasiones a punto de estar sobre la mesa de operaciones, sin embargo, todas esas oportunidades se han frustrado: «me han dicho de todo para reprogramarme, que si el doctor está de vacaciones, que porque hay otras emergencias, que si creen que tengo gripa. No creo que los motivos sean válidos, porque mi médico me había pasado de urgencia la primera vez que me programaron la cirugía dijeron que era de urgencia. Además me traen vuelta y vuelta sin que me den solución. Es muy molesto».
Javier tiene una hernia inguinal, que es una protrusión de tejido que sobresale de alguna sección de los músculos abdominales; además parece de varicocele que una dilatación de las venas del cordón espermático y del escroto. Ambos padecimientos pueden ser corregidos mediante cirugía, no obstante, de no realizarse afectan constantemente a quien los padece:
«Empecé con un dolor en la ingle derecha, me hice varios estudios para ver qué pasaba. Un día me vino un dolor muy fuerte y fui a urgencias. Me tuvieron en observación dos días, en los que nunca me hicieron nada, hasta que un médico se compadeció y me programó la cirugía, dijo que era de urgencia, desde ese día llevo medio año sin que me atiendan. Es muy molesto porque no puedo hacer muchas cosas, ahora el dolor ha sido tanto que provoca que me se duerma el pie derecho, hay días que ya ni lo siento».
En una situación aún peor se encuentra María (32 años). Desde niña padece de inguinodinia, que es un dolor crónico en la región inguinal. Para paliar su malestar le han realizado diversas cirugías, la última, en la que le colocaron una malla en la zona afectada, fue mal realizada, lo que le ha generador por un lado un dolor insoportable en una parte de la ingle, pero insensibilidad en otra sección. Por ese motivo requiere de una operación correctiva . Ese procedimiento luce aún lejano, pues incluso el estudio de mapeo ha sido reprogramado desde octubre.
«El problema es que tal vez cortaron un nervio, pero todavía no pueden ni saberlo porque no me han hecho el mapeo, ese me lo programaron para el 30 de octubre, cuando llegó la fecha me lo cancelaron porque el doctor estaba de vacaciones, me han vuelto a dar varias citas, pero siempre las reprograman. Salen con que hay otras prioridades, y yo entiendo que hay emergencias, pero a mí me afectan mucho en mi vida cotidiana, porque no puedo cargar más de 2 o 3 libros, tampoco puedo caminar mucho. Además los motivos que me dan son injustos, sé de otros pacientes que ya los regresaron 4, 5 o 6 veces y no nos tienen una respuesta».
Los médicos y pacientes entrevistados coinciden en que las carencias en el Seguro Social no son nuevas, sin embargo la situación específica del Hospital número 2, mejor conocido como el Seguro de Cuauhtémoc, se ha agravado, sobre todo en la falta de material y quirófano a partir de que el doctor Rogelio Graillet Cervantes se presentó en octubre del 2018 como nuevo “encargado” del área de Bariatría, sobre todo si se considera que el costo del material para cada operación ronda entre los 50 y 60 mil pesos por intervención.
“A veces no hay gasas, no hay ni suturas, bueno con decirte que hasta la vestimenta estéril que se usa para las cirugías está escasa” Se queja un cirujano del hospital que por temor a represalias omite su nombre y continúa otro galeno “el equipo de laparoscopía se usa exclusivamente para operaciones programadas porque ni siquiera es del instituto, es decir, se renta a un particular por cierto número de ocasiones en que se utiliza, pero ha ocurrido que a mí por ejemplo me suspenden esa cirugía programada porque el equipo está siendo utilizado para una operación bariátrica ¿Con quién crees que se queja el paciente?”
Por su parte, los anestesiólogos del hospital, tampoco están de acuerdo en que se estén llevando a cabo los procedimientos bariátricos, y así lo expresaron con su firma al menos siete de ellos que entregaron a la dirección general un oficio recibido el pasado 25 de noviembre en el que hacen notar la falta de mesa quirúrgica con capacidad de soporte para peso y amplitud, así como contar con el índice biespectral BIS debido al riesgo de sobre o infra dosis con los pacientes bariátricos, entre otros equipos y medicamentos especializados.
La Orquesta acudió a entrevistar sobre este tema a Francisco Javier Ortiz Nesme, jefe de Atención Médica y acusado de favorecer a sus familiares y cercanos con cirugías de obesidad en perjuicio de los derechohabientes.
Ortiz Nesme declaró al respecto que las cirugías de obesidad y control de peso se están realizando en el Seguro Social como parte de un “programa piloto” para en el mediano plazo poder “abrir” el servicio a los derechohabientes y dijo desconocer que el médico encargado carezca de la certificación correspondiente. “Yo he visto muchos diplomas del doctor Graillet” justificó.
Sobre la intervención que se hizo a su hija, Delta Estefanía, declaró:
LO-¿Conoce a Delta Estefanía Ortíz Díaz?
FJON-Si
LO- ¿Quién es?
FJON-Mi hija
LO-¿Fue beneficiada con una intervención bariátrica el pasado 25 de octubre?
FJON-¿eso que tiene que ver?
Igualmente aceptó que sus subalternos, Juan Alberto Martínez Andrade y Laura Mónica Curioca López han recibido el beneficio de la intervención, sin embargo hizo énfasis en que todos son empleados del seguro por ser parte de una prueba piloto, lo que contrasta con los nombres del resto de los que han sido operados y que nada tienen que ver con la institución pero que reservamos sus datos.
Conforme a la información oficial del IMSS a nivel federal, en un comunicado del 26 de agosto de 2010 se encontró que la institución solo reconoce al Centro Médico Nacional, Siglo XXI, al Centro Médico de Occidente en Jalisco y el Hospital General número 25 en Monterrey como los únicos centros de atención especializada con capacidades de realizar éste tipo de cirugías.
El comunicado se puede encontrar en el siguiente link.
Esta es la entrevista completa con Javier Ortiz Nesme:
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Ceepac analiza dos denuncias por actos anticipados de campaña
La consejera presidenta Paloma Blanco confirmó que ambos expedientes ya se encuentran en revisión jurídica; uno corresponde a la Huasteca Potosina
Por: Redacción
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) mantiene en análisis dos denuncias formales por presuntos actos anticipados de campaña e infracciones a la legislación electoral, informó su consejera presidenta, Paloma Blanco López.
La funcionaria explicó que ambos asuntos ya fueron turnados al área jurídica para su revisión, aunque evitó adelantar posibles resoluciones debido a que los expedientes aún se encuentran en etapa de análisis.
Uno de los procedimientos corresponde a un caso registrado en la Huasteca Potosina, mientras que el segundo se refiere a un asunto de carácter local, detalló la presidenta del organismo electoral.
Blanco López precisó que las eventuales sanciones dependerán de los resultados de la investigación y de si se acredita alguna infracción a la normatividad vigente.
La consejera recordó que actualmente San Luis Potosí no se encuentra en periodo electoral formal, por lo que las consecuencias jurídicas varían según la naturaleza de los hechos denunciados y el momento en que ocurran.
Explicó que la legislación contempla desde sanciones administrativas hasta restricciones para participar en futuros procesos electorales, particularmente en casos relacionados con violencia política en razón de género, además de posibles conductas que pudieran constituir delitos electorales y ser investigadas por la fiscalía especializada.
Las declaraciones fueron realizadas al término de una reunión entre autoridades electorales, legislativas y representantes del Poder Ejecutivo para analizar propuestas de reforma electoral, encuentro en el que, según Blanco López, no se abordaron temas presupuestales ni de financiamiento para futuros procesos comiciales.
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Ciudad
Centro de Salud Mental atiende hasta 35 personas al día
El DIF Municipal reportó una alta demanda de servicios psicológicos, neuropsicológicos y psiquiátricos en el Centro Histórico
Por: Redacción
El Centro de Salud Mental del DIF Municipal de San Luis Potosí atiende diariamente entre 25 y 35 personas en sus turnos matutino y vespertino, informó la presidenta del organismo, Estela Arriaga Márquez.
La funcionaria explicó que la creación del centro respondió a la necesidad detectada por el área de Psicología y Prevención del DIF, que identificó una creciente demanda de atención especializada no solo psicológica, sino también psiquiátrica.
Arriaga reconoció que existe una fuerte demanda de estos servicios en la capital potosina y consideró que sería positivo ampliar la cobertura con más espacios de atención en salud mental.
Actualmente, el centro brinda consultas psicológicas, neuropsicológicas y psiquiátricas a usuarios que acuden en busca de atención especializada.
Además del Centro de Salud Mental, el DIF Municipal mantiene servicios médicos a través de cinco centros de salud ubicados en distintos centros comunitarios y mediante la Ruta de la Salud, programa itinerante que visita colonias de la ciudad para acercar consultas y estudios médicos a la población.
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Destacadas
Paridad y representación indígena, los retos electorales para 2027: TEESLP
La presidenta del TEESLP, Dennise Porras, recordó que solo 15 de los 59 municipios del estado son gobernados por mujeres
Por: Redacción
Dennise Adriana Porras Guerrero, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP), consideró que uno de los principales desafíos rumbo al proceso electoral de 2027 será garantizar el cumplimiento efectivo del principio de paridad de género, especialmente en los gobiernos municipales.
Al realizar un balance de las enseñanzas que dejó la reciente elección judicial y los retos que enfrentará el sistema electoral en los próximos años, la magistrada señaló que aún existe una deuda importante en materia de representación política de las mujeres.
Porras Guerrero recordó que actualmente solo 15 de los 59 municipios de San Luis Potosí son gobernados por mujeres, por lo que consideró necesario fortalecer no solo las reglas de paridad en las postulaciones, sino también los mecanismos que permitan que las mujeres accedan y permanezcan en estos cargos.
“Todavía tenemos una deuda pendiente sobre todo en lo que tiene que ver con municipios”, expresó.
La presidenta del Tribunal Electoral también destacó el avance registrado a nivel nacional, donde actualmente 14 entidades federativas son gobernadas por mujeres, una cifra que calificó como inédita. En ese sentido, consideró que para el próximo proceso electoral debe mantenerse, al menos, el nivel de representación femenina que actualmente existe en las gubernaturas del país.
Además de la paridad, señaló que otros temas prioritarios serán la inclusión y representación de grupos históricamente vulnerables, entre ellos pueblos y comunidades indígenas, personas de la diversidad sexual y los casos relacionados con usurpación de identidad de género en candidaturas.
La magistrada indicó que algunas de estas cuestiones podrían incorporarse dentro de las reformas político-electorales que actualmente se analizan, aunque advirtió que, de no concretarse por la vía legislativa, podrían ser abordadas mediante criterios administrativos o resoluciones jurisdiccionales.
Finalmente, Porras Guerrero destacó la necesidad de fortalecer el sistema de justicia electoral y reforzar la información dirigida a la ciudadanía ante la complejidad que representarán las próximas elecciones, donde coexistirán distintos cargos locales y federales.
“Tenemos una corresponsabilidad institucional para que la ciudadanía llegue informada a votar”, concluyó.
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