octubre 29, 2026

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“Adelgazan” en secreto a familiares y amigos de la delegación del IMSS en SLP

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IMSS en SLP

El hospital no tiene la autorización ni la infraestructura, el médico que hace las operaciones no está certificado

Por hacer esas operaciones, cancelan las del resto de los usuarios

Por: Jorge Saldaña y Luis Moreno

A partir de octubre del 2018, en el Hospital General número 2 del IMSS en San Luis Potosí, catalogado como de segundo nivel, se han realizado por lo menos 22 intervenciones quirúrgicas de control de obesidad, denominadas bariátricas, sin que se tenga ni la categoría para hacerlo, tampoco la infraestructura o siquiera a un médico certificado. 

Entre los beneficiarios de las costosas cirugías destaca la hija de Francisco Javier Ortíz Nesme, jefe de Prestaciones Médicas de la delegación, su mano derecha y coordinador auxiliar, Juan Alberto Martínez Andrade, y Laura Mónica Curioca López, ambos en el organigrama delegacional bajo el mando de Ortíz Nesme.

Aunque la Norma Oficial Mexicana para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad prevé todas y cada una de las condiciones de infraestructura hospitalaria para realizar este tipo de cirugías (por ejemplo, en el apartado 7.3.1.6 establece que los pacientes con obesidad deben ser atendidos antes de la intervención por un equipo interdisciplinario, además de cumplir con una serie de requisitos y estudios; y en su apartado 6.1.1.2 indica que el medico deberá contar con certificación en cirugía bariátrica o endoscópica emitidos por Comité Normativo Nacional de Especialidades médicas (Conacem))en el Seguro Social de San Luis Potosí, se violaron todas y cada una de las normas.

El 25 de Octubre de 2018, como consta en el expediente médico, se operó por obesidad a Delta Estefanía Ortiz Díaz, hija del jefe de Prestaciones Médicas y segundo al mando de la delegación estatal, en manos de Rogelio Graillet Cervantes, cirujano que no cuenta, de acuerdo con la búsqueda en la Conacem, con la certificación como médico bariatra.

En las mismas condiciones pero en abril del 2019, se intervino a Juan Alberto Martínez Andrade, coordinador y auxiliar de Ortiz Nesme. Meses más tarde se operó a Laura Mónica Curioca López, tercera al mando de la oficina de Ortiz Nesme de acuerdo con el organigrama de la delegación.

Nombres de conocidos médicos, hermanos de periodistas radiofónicos, familiares de funcionarios y hasta familias de la más alta alcurnia potosina complementan la lista de los 22 pacientes que se han operado en el IMSS de Cuauhtémoc para tratar su obesidad. Sus nombres se omiten porque al no ser funcionarios públicos se deben reservar, así como su historial médico.

En contraste, decenas de pacientes han esperado hasta por un año para que les realicen cirugías y estudios que implican el uso del equipo de laparoscopía, aparato que el Seguro Social subarrenda a un proveedor, por el que se pagan contratos millonarios por su uso, y que de no hacerse ponen en peligro sus vidas o reducen la calidad de las mismas. 

Son al menos 17 casos de operaciones de hernia hiatal, extirpación vescicular y otros, los que La Orquesta pudo constatar han sido diferidos o aplazados solamente durante el mes de noviembre. En todos los casos, el uso del equipo laparoscópico es indispensable, mismo aparato que se utiliza para la intervención de obsesidad.

Este medio también acudió a los pasillos de la Clínica Número 2 del IMSS para rescatar las historias de derechohabientes afectados por las adversidades en el sistema de salud, incluida la posible corrupción, y favoritismo en el uso de los equipos para atender a amigos y familiares de la delegación.

Desde hace seis meses, Javier (41 años) ha estado en cuatro ocasiones a punto de estar sobre la mesa de operaciones, sin embargo, todas esas oportunidades se han frustrado: «me han dicho de todo para reprogramarme, que si el doctor está de vacaciones, que porque hay otras emergencias, que si creen que tengo gripa. No creo que los motivos sean válidos, porque mi médico me había pasado de urgencia la primera vez que me programaron la cirugía dijeron que era de urgencia. Además me traen vuelta y vuelta sin que me den solución. Es muy molesto».

Javier tiene una hernia inguinal, que es una protrusión de tejido que sobresale de alguna sección de los músculos abdominales; además parece de varicocele que una dilatación de las venas del cordón espermático y del escroto. Ambos padecimientos pueden ser corregidos mediante cirugía, no obstante, de no realizarse afectan constantemente a quien los padece:  

«Empecé con un dolor en la ingle derecha, me hice varios estudios para ver qué pasaba. Un día me vino un dolor muy fuerte y fui a urgencias. Me tuvieron en observación dos días, en los que nunca me hicieron nada, hasta que un médico se compadeció y me programó la cirugía, dijo que era de urgencia, desde ese día llevo medio año sin que me atiendan. Es muy molesto porque no puedo hacer muchas cosas, ahora el dolor ha sido tanto que provoca que me se duerma el pie derecho, hay días que ya ni lo siento».

En una situación aún peor se encuentra María (32 años). Desde niña padece de inguinodinia,

que es un dolor crónico en la región inguinal. Para paliar su malestar le han realizado diversas cirugías, la última, en la que le colocaron una malla en la zona afectada, fue mal realizada, lo que le ha generador por un lado un dolor insoportable en una parte de la ingle, pero insensibilidad en otra sección. Por ese motivo requiere de una operación correctiva
. Ese procedimiento luce aún lejano, pues incluso el estudio de mapeo ha sido reprogramado desde octubre. 

«El problema es que tal vez cortaron un nervio, pero todavía no pueden ni saberlo porque no me han hecho el mapeo, ese me lo programaron para el 30 de octubre, cuando llegó la fecha me lo cancelaron porque el doctor estaba de vacaciones, me han vuelto a dar varias citas, pero siempre las reprograman. Salen con que hay otras prioridades, y yo entiendo que hay emergencias, pero a mí me afectan mucho en mi vida cotidiana, porque no puedo cargar más de 2 o 3 libros, tampoco puedo caminar mucho. Además los motivos que me dan son injustos, sé de otros pacientes que ya los regresaron 4, 5 o 6 veces y no nos tienen una respuesta».

Los médicos y pacientes entrevistados coinciden en que las carencias en el Seguro Social no son nuevas, sin embargo la situación específica del Hospital número 2, mejor conocido como el Seguro de Cuauhtémoc, se ha agravado, sobre todo en la falta de material y quirófano a partir de que el doctor Rogelio Graillet Cervantes se presentó en octubre del 2018 como nuevo “encargado” del área de Bariatría, sobre todo si se considera que el costo del material para cada operación ronda entre los 50 y 60 mil pesos por intervención.

“A veces no hay gasas, no hay ni suturas, bueno con decirte que hasta la vestimenta estéril que se usa para las cirugías está escasa” Se queja un cirujano del hospital que por temor a represalias omite su nombre y continúa otro galeno “el equipo de laparoscopía se usa exclusivamente para operaciones programadas porque ni siquiera es del instituto, es decir, se renta a un particular por cierto número de ocasiones en que se utiliza, pero ha ocurrido que a mí por ejemplo me suspenden esa cirugía programada porque el equipo está siendo utilizado para una operación bariátrica ¿Con quién crees que se queja el paciente?”

Por su parte, los anestesiólogos del hospital, tampoco están de acuerdo en que se estén llevando a cabo los procedimientos bariátricos, y así lo expresaron con su firma al menos siete de ellos que entregaron a la dirección general un oficio recibido el pasado 25 de noviembre en el que hacen notar la falta de mesa quirúrgica con capacidad de soporte para peso y amplitud, así como contar con el índice biespectral BIS debido al riesgo de sobre o infra dosis con los pacientes bariátricos, entre otros equipos y medicamentos especializados.

La Orquesta acudió a entrevistar sobre este tema a Francisco Javier Ortiz Nesme, jefe de Atención Médica y acusado de favorecer a sus familiares y cercanos con cirugías de obesidad en perjuicio de los derechohabientes.

Ortiz Nesme declaró al respecto que las cirugías de obesidad y control de peso se están realizando en el Seguro Social como parte de un “programa piloto” para en el mediano plazo poder “abrir” el servicio a los derechohabientes y dijo desconocer que el médico encargado carezca de la certificación correspondiente. “Yo he visto muchos diplomas del doctor Graillet” justificó.

Sobre la intervención que se hizo a su hija, Delta Estefanía, declaró:

LO-¿Conoce a Delta Estefanía Ortíz Díaz?

FJON-Si

LO- ¿Quién es?

FJON-Mi hija 

LO-¿Fue beneficiada con una intervención bariátrica el pasado 25 de octubre?

FJON-¿eso que tiene que ver?

Igualmente aceptó que sus subalternos, Juan Alberto Martínez Andrade y Laura Mónica Curioca López han recibido el beneficio de la intervención, sin embargo hizo énfasis en que todos son empleados del seguro por ser parte de una prueba piloto, lo que contrasta con los nombres del resto de los que han sido operados y que nada tienen que ver con la institución pero que reservamos sus datos.

Conforme a la información oficial del IMSS a nivel federal, en un comunicado del 26 de agosto de 2010 se encontró que la institución solo reconoce al Centro Médico Nacional, Siglo XXI, al Centro Médico de Occidente en Jalisco y el Hospital General número 25 en Monterrey como los únicos centros de atención especializada con capacidades de realizar éste tipo de cirugías. 

El comunicado se puede encontrar en el siguiente link.

Esta es la entrevista completa con Javier Ortiz Nesme:

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Tamuín repartió 38 mdp en obra pública sin concursos

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Construcciones VICAAN y Juan Martín Martínez Montoya suman 23 de los 49 contratos y 40% del monto

Por: Ana G Silva

El Ayuntamiento de Tamuín asignó por adjudicación directa las 49 obras públicas que registró en 2026, por 38 millones de pesos, y dos contratistas se quedaron con cuatro de cada diez pesos de ese monto, según los expedientes publicados en el portal de la Contraloría General del Estado.

Tamuín es la segunda unidad contratante con más adjudicaciones directas en el registro estatal, solo detrás de Tamazunchale, que concentra 129. Ninguno de sus contratos rebasa el monto máximo que la ley permite para asignar obra sin concurso en 2026, de 1 millón 751 mil 600 pesos con IVA.

Las 49 obras se repartieron entre 15 contratistas. Construcciones VICAAN, S.A. de C.V., obtuvo 11 contratos por 7.9 millones de pesos, 20.7% del total. Juan Martín Martínez Montoya obtuvo 12 contratos por 7.5 millones, 19.7%. Juntos suman 23 contratos y 15.4 millones de pesos.

Les siguen Alfonso Gerardo Martínez Sánchez, con cuatro contratos por 6 millones, e Incicom RMC, con cinco por 4.5 millones. Entre los cuatro concentran 68%

del monto.

La mayoría de los contratos de los dos principales corresponde a redes de agua potable y drenaje sanitario en calles de la cabecera municipal. VICAAN tiene además el mantenimiento del relleno sanitario, la rehabilitación de un centro de distribución de insumos para la construcción y la del camino W-10, entre los kilómetros 24+250 y 29+500, su contrato más alto, por 1 millón 734 mil pesos. Martínez Montoya construye tres puentes vehiculares y nueve cuartos dormitorios. VICAAN también pavimentó, con dos contratos separados de junio y septiembre, tramos contiguos de la calle Leona Vicario que en conjunto suman 1 millón 785 mil pesos, ligeramente por encima del monto máximo para adjudicación directa.

Varias asignaciones coincidieron en fecha. El 16 de abril, el ayuntamiento falló cuatro contratos de agua potable y drenaje, dos para cada contratista. El 13 de octubre falló cinco, tres de ellos para VICAAN y Martínez Montoya, por 4.4 millones de pesos.

También lee: Un contratista obtiene 20% de la obra pública de Tamazunchale

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En cinco años, no se ha recibido ni un peso estatal al Ayuntamiento

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El alcalde dijo que solo llegan participaciones federales y pidió que se precise a qué obra se refiere el Gobierno del Estado. Acusó que la Contraloría estatal retuvo licitaciones, como la de Peñasco, que arrancarían hasta enero

Por: Redacción

El alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmó este miércoles, en entrevista, que del Gobierno del Estado de San Luis Potosí «en cinco años no ha llegado un peso» al Ayuntamiento de San Luis Potosí, y negó que existan recursos estatales para obra municipal.

Respondió así al señalamiento del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, difundido esta semana, de que asignó grandes cantidades de recursos a obras del Ayuntamiento y de que habría auditorías. Galindo dijo que el Estado no ha autorizado un peso, ni adicional ni ordinario, y que lo único que llega son las participaciones federales.

El alcalde afirmó que las cuentas pueden revisarse en cualquier momento y que el Ayuntamiento ya es auditado por el IFSE y por la Auditoría Superior de la Federación. Pidió que se precise a qué obra o recurso se refiere el señalamiento y dijo que, si se le indica cuál, se retractará y ofrecerá una disculpa.

Galindo acusó que la Contraloría del Estado mantuvo retenidas tres licitaciones, entre ellas la de pavimentación en Peñasco, donde dijo que hay 14 obras listas para intervenirse. Señaló que se liberaron hace unos días y que aún faltan 45 días

para licitar, por lo que los trabajos arrancarían en enero. Dijo no saber si la Contraloría actuó por decisión propia o por orden de alguien.

Sostuvo que la responsabilidad del retraso no es del Ayuntamiento y que los oficios de liberación son públicos. Ofreció mostrarlos.

Mencionó otras obras detenidas. El Eje 140, que calificó de urgente para la zona industrial, sigue sin autorizarse, y el túnel de la salida a Guadalajara lleva desde marzo sin liberarse. El proyecto de Saucito se liberó en agosto y su licitación sigue en proceso, afirmó. «A alguien no le cae bien que avancemos», dijo.

Al preguntársele si los retrasos afectan el ejercicio fiscal, respondió que los recursos federales se aplicaron para no tener que devolverlos.

Galindo añadió que sigue reconociendo a Gallardo Cardona como gobernador y líder político, lo que, dijo, debería ponerlo por encima de temas electorales, pero que a su juicio mantiene una campaña permanente. Aseguró que al gobernador le siguen informando mal en materia financiera para seguir atacando al Ayuntamiento.

También lee: “O engañan al gobernador o no quiere informarse”: Galindo

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Segam reconoce que mide solo parte de la calidad del aire

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Sonia Mendoza dijo que el aire se complica en horas pico y que el frío puede acumular contaminantes

Por: Redacción

Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), reconoció que el monitoreo de la calidad del aire en San Luis Potosí da “un panorama incompleto” del estado.

Según ella, con la información disponible, el estado ha tenido buena calidad del aire este año. La excepción son las horas pico: por la mañana, cuando las familias llevan a sus hijos a la escuela, y a la hora de salida del trabajo.

Hoy el estado opera cinco casetas de monitoreo. En su Quinto Informe, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí reportó 2.1 millones de pesos este año para mantenerlas y operarlas. También reportó 1.1 millones para la primera etapa del ProAire, el programa para mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana.

Para 2027, Segam pidió dos casetas

más, de unos 6 millones de pesos cada una. Forman parte de un aumento presupuestal que Mendoza Díaz estimó en alrededor de 30 millones.

Las cámaras empresariales piden lo mismo. A mediados de octubre, Mario García Valdez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), dijo que lo que más preocupa a los empresarios en la mesa ambiental con el Gobierno del Estado es que se instale otra estación de monitoreo.

Sobre la temporada de frío, la funcionaria advirtió que en esos meses la contaminación se estabiliza y puede acumularse. “Esperemos que no tengamos mala calidad del aire en estos tiempos”, dijo.

También lee: “El tema no se trata de multas”: Sedeco ante propuestas ambientales de empresarios

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Opinión

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