Reportaje histórico, político y urbano de la nomenclatura potosina

«No nos une el amor sino el espanto;

será por eso que la quiero tanto.»

Jorge Luis Borges, «Buenos Aires», en El otro, el mismo (1964)

Por: Jorge Saldaña.

Caminar por San Luis Potosí es, sin que uno se dé mucha cuenta, un acto de paciencia historiográfica. Uno cree que va a comprar el pan, pero en realidad atraviesa cuatro siglos, tres regímenes, una revolución y una pulquería desaparecida. La esquina —esa institución tan mexicana— se vuelve aquí un libro abierto al que le faltan páginas, le sobran portadas y sostiene memorias cono nombres hechas de azulejo, metal o placa, que de no nombrarse ahí, nadie más las nombraría y menos las recordarían.

Lo cuento como periodista urbano, también como ciudadano y no como acusador. Esto no es una denuncia: es una caminata. Una caminata larga, tropezada y deliciosa por un casco antiguo donde una sola vía recta puede llamarse «Mariano Arista» en una placa, «ARISTA» en la siguiente y, dos cuadras más allá, «GRAL. M. ARISTA», todo en distintos materiales, todo igual de oficial, todo igual de imposible. Un solo general, tres nombres; un solo cabildo pero ningún acuerdo.

El estudio del licenciado Constantino Méndez sobre las inconsistencias actuales de la nomenclatura y el «Diccionario histórico de las calles de San Luis Potosí» de don Arcadio Castro Escalante —en su libro «Por las viejas calles de aquel San Luis»— dejaron consignado lo que aquí se cuenta con prosa de domingo: que la nomenclatura de esta ciudad es un palimpsesto -esos manuscritos en pergamino que conservan huellas de una escritura anterior-  al igual que nuestro centro, en cada placa hay un héroe encima de un pordiosero, un revolucionario encima de un cura, una avenida encima de una zanja. Y que la abuela, terca, sigue diciendo «La Corriente» cuando el plano oficial dice «Reforma» desde hace ya un siglo.

El verso de Borges con que se abre este reportaje no es decorativo. Es la llave. Porque si hay una manera de querer a las ciudades, esa manera es contradictoria: las queremos por lo que nos avergüenza de ellas. Las queremos por su desorden, por su terquedad, por su modo de no obedecer. San Luis Potosí entra en esa categoría con orgullo. Es una ciudad que se ama, en parte, por su incapacidad para ponerse de acuerdo consigo misma.

De los apodos a los apellidos

En 1828, recién consumada la Independencia, el Ayuntamiento potosino se topó con un problema simpático y propio de la época: necesitaba bautizar oficialmente sus calles, pero no tenía a quién honrar. A los españoles ya no se les quería —era demasiado pronto—, y los héroes nacionales todavía no alcanzaban para tantas esquinas. La solución fue salomónica y muy mexicana: dejar los apodos populares y ponerle apellido de vecino distinguido a lo que faltara.

Así se inauguró, sin saberlo, la primera ley no escrita de la nomenclatura potosina: la calle no se nombra, la calle se hereda. Hereda al insurgente cuando llega la Independencia, hereda al liberal cuando llega la Reforma, hereda al revolucionario cuando llega 1914 —el año bisagra, el del gran rebautizo— y hereda al fraccionador cuando llega el siglo XXI con sus colonias bautizadas con nombres de árboles que aquí no crecen.

Antes de 1828, sin embargo, las calles ya tenían nombre: solo que el nombre lo ponía el barrio, no el cabildo. La calle de la Cruz se llamaba así porque había una gran cruz divisoria entre la ciudad y la villa de San Miguelito. La de las Bóvedas porque allí se levantaron las primeras casas con techo abovedado. La del Arenal porque las lluvias de La Merced llenaban de arena la cuadra. La de los Burros porque los arrieros amarraban sus bestias antes de bajar a la Plaza de Armas. La de la Tamalera porque ahí vivía una mujer cuyos tamales eran de gran demanda.

Estos nombres, hoy reemplazados por placas con apellidos solemnes, eran en realidad un primer sistema completo y eficaz. Funcionaba etnográficamente: nombraba lo que estaba, no lo que se quería honrar. Era una nomenclatura sin proyecto político, asentada en la observación cotidiana. Por eso, cuando el cabildo intentó imponer apellidos en 1828, lo hizo sobre un sustrato vivo que ofreció resistencia silenciosa. La gente siguió diciendo «La Tamalera» mientras la placa decía «Julián de los Reyes».

La cuadra como unidad onomástica

Hasta bien entrado el siglo XIX, una vía recta no tenía un nombre: tenía tantos nombres como cuadras. La calle Iturbide, por ejemplo, en 1864 se desplegaba en ocho identidades distintas: «Ciprés», «Palaus», «Chino o Clima», «Filantropía», «Guayabo», «Mora», «Cocheros» y «Chica». La calle Vallejo se dividía en cinco: «Remedios», «Las Recogidas», «Plaza de Las Recogidas», «Lucero» y «San Miguelito». Manuel José Othón —el poeta— caminaba de niño por una vía que cambiaba cinco veces de nombre.

La avenida Carranza es el caso emblemático. En 1864 era cinco calles distintas en una sola línea: «La Cárcel» las dos primeras cuadras, «Maltos» las dos siguientes, «El Elefante» la quinta, y todo el resto «Real de Tequisquiapan». Cinco nombres, una traza. Hoy es una sola Carranza —liberal, rectísima, peatonal en su tramo histórico— pero quien camine por ahí está caminando, sin saberlo, sobre el rastro de un elefante, una cárcel y un señor de apellido Maltos del que no quedó memoria.

«Una descripción de Zaira como es hoy debería contener todo el pasado de Zaira. Pero la ciudad no dice su pasado, lo contiene como las líneas de una mano, escrito en los ángulos de las calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras […], surcado a su vez cada segmento por raspaduras, muescas, incisiones, cañonazos.»

Italo Calvino, Las ciudades invisibles (1972)

Calvino no escribió sobre San Luis Potosí, pero pudo haberlo hecho. Su descripción de Zaira describe con exactitud lo que cualquier potosino ve al levantar la cabeza en una esquina del primer cuadro: la ciudad no cuenta su pasado, lo contiene. Lo carga en cada placa que no se quitó, en cada rótulo que se dejó conviviendo con el nuevo, en cada rincón donde el catastro y la abuela difieren y nadie se atreve a darle la razón a uno solo de los dos.

Esta lógica de los muchos nombres por cuadra tenía sentido en una ciudad pequeña. Cada tramo coincidía con un edificio característico, una anécdota memorable, un vecino famoso. Cuando la población creció y la administración pública se profesionalizó, ese sistema se volvió insostenible. Una calle con siete nombres no se puede catastrar, no se puede cobrar predial, no se puede patrullar. La unificación llegaría —y llegaría con una ideología.

Las cuatro fechas bisagra

La nomenclatura de San Luis Potosí no cambió de una vez. Cambió en oleadas, y cada oleada lleva la firma del régimen que la promovió. Cuatro son las fechas que conviene memorizar:

1. 1828: primera nomenclatura oficial. Es la ola del cabildo independiente. Domina la mezcla de apellidos distinguidos y nombres triviales, por escasez de héroes.
2. 1860–1870: primera ola liberal. Tras las Leyes de Reforma, aparecen Galeana, Morelos, Hidalgo, Allende sustituyendo nombres conventuales y virreinales. Es el primer barrido ideológico.
3. 1914: el gran rebautizo revolucionario. La nomenclatura moderna —Carranza, Obregón, Madero, Zapata, 5 de Mayo— se impone sobre los antiguos nombres por cuadra. Es el momento más drástico: lo que había tardado tres siglos en sedimentar se sobrescribió en pocos años.
4. 1930: ola posrevolucionaria. Aparecen nombres de gobernadores y políticos locales (Julián Carrillo, Francisco Alcalde, Ildefonso Díaz de León). La memoria estatal entra a competir con la memoria nacional.

Si uno camina hoy el centro y lee placa por placa, está leyendo —en estricto rigor— la geología política de la ciudad. La capa más profunda es colonial: convento, virgen, cruz. La siguiente, decimonónica: apellido distinguido, anécdota local. Encima, la liberal: insurgente. Encima, la revolucionaria: jefe armado. Encima, la postrevolucionaria: gobernador. Y en los fraccionamientos nuevos, la capa contemporánea: árbol exótico, flores, montañas y cordilleras. Cinco capas, una ciudad.

La memoria popular como capa subterránea

Hay una capa más, sin embargo, que ningún régimen logró borrar: la oral. Las placas también hablan de lo que el poder quiso olvidar. La calle de Las Manitas —hoy un tramo de Abasolo— se llamó así porque ahí enterraron las manos de un homicida. La de Las Cruces —hoy un tramo de Universidad— porque dos hombres se mataron mutuamente y se les puso cruces en el sitio. Estos nombres no entraron a la oficialidad porque la oficialidad prefiere héroes; pero la oralidad los recuerda. La calle, otra vez, no se borra: se tapa.

Y hay nombres populares que sí lograron permanecer, contra todo pronóstico. La calle Juan del Jarro lleva el nombre de Juan de Azios Ramírez, un pordiosero potosino del siglo XIX, vestido de harapos y con un jarro al hombro para pedir agua y comida. Se le atribuían dotes adivinatorias; la gente lo consultaba sobre fechas de muerte y matrimonios futuros, y atinaba lo suficiente para volverse leyenda. Cuando murió, le pusieron calle. Es uno de los pocos sitios en México donde un mendigo tiene placa oficial. Cosa rara, cosa potosina, cosa hermosa.

El régimen y la placa: cuando cada esquina la firma un gobierno.

«La ciudad es un conjunto de muchas cosas: memorias, deseos, signos de un lenguaje; son lugares de trueque, pero estos trueques no lo son solo de mercancías, son también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos.»

Italo Calvino, Las ciudades invisibles

La nomenclatura potosina no se entiende sin entender los trueques. Cada placa es el resultado de un intercambio: el cabildo le da un nombre a la calle, la calle le devuelve memoria al cabildo. Cuando el intercambio fluye, el nombre dura. Cuando se rompe —porque cambió el régimen, porque se cayó el héroe, porque ya nadie sabe quién era— el nombre se queda solo, huérfano, esperando a que otro régimen pase a recogerlo o a cambiarlo. Pero rara vez lo retira: lo cubre. Y eso es San Luis Potosí: una ciudad de placas tapadas por placas.

La crítica de Castro Escalante: revolucionarios y fechorías

Don Arcadio Castro Escalante escribió un párrafo que merece mencionarse con cuidado, porque es el corazón moral de toda esta investigación. Lo dijo así: que la nomenclatura moderna —adoptada en su mayoría a partir de 1914— recuerda a revolucionarios que, según consigna textualmente, cometieron «toda clase de fechorías»: «saqueos, robos, ultrajes, incendios de pueblos, levas, fusilamiento de inocentes».

El cronista no pone nombres en esa lista —y hay que respetar su prudencia— pero el argumento moral está claro: si la ciudad rinde homenaje oficial a personajes responsables de esos crímenes, ¿por qué no rendir homenaje, aunque sea con nombres antiguos y no oficiales, a los «hombres de bien» que la fundaron, que la habitaron, que la sostuvieron desde la sastrería, el púlpito o el mercado? Es una crítica fina, no una arenga. No pide que se borren las placas revolucionarias. Pide que la memoria sea más larga que un régimen.

Y aquí asoma la tesis de fondo: cada nomenclatura es la firma de un gobierno. La de 1914 se firmó con sangre; la posrevolucionaria, con clientelismo estatal; la contemporánea, con marketing inmobiliario y las placas son la rúbrica.

En entrevista sobre el tema, el ingeniero Octavio Pedroza Gaitán, quien fue alcalde de la capital potosina entre 2004 y 2006 y posteriormente senador de la República, lo plantea casi con la misma vara moral del cronista: «la ciudad y sus autoridades tienen no solamente una conversación, sino un adeudo histórico, pendiente con la población». Para Pedroza, la mayoría de los potosinos desconoce hoy quiénes fueron los personajes que dan nombre a sus calles. Lanza nombres concretos para ilustrarlo: «¿quién fue Ignacio Comonfort, quién fue Pánfilo Natera, quién fue Mascorro? ¿Quién fue Agustín Vera, la calle en la que yo viví durante tantas décadas? Muy pocas personas podrían tener respuesta». Su propuesta —dice— es construir un compendio que explique de una vez por todas el porqué de los nombres.

Sobre el cambio de nomenclatura, sin embargo, es categórico: no se debe tocar lo que ya tiene décadas de uso. «Sería verdaderamente poco práctico intentar el cambio cuando las calles tienen décadas de denominarse». El argumento de Pedroza es pragmático: cambiar un nombre obliga a personas físicas y morales a rehacer documentación, domicilios fiscales, escrituras. «Quien lo hace para su propio ego —y los hay— comete un error garrafal». Su única excepción documentada como alcalde fue, precisamente, una asignación nueva: el tramo del Periférico Norte que por acuerdo de Cabildo recibió el nombre de Manuel Gómez Morín, fundador del Banco de México y reformador de la UNAM.

De cara al futuro —fraccionamientos nuevos, calles recién trazadas— Pedroza simpatiza con el modelo numérico que usan ciudades como Puebla. «Es lo más sencillo del mundo, porque a la cuatro le sigue la cinco y le antecede la tres, y entonces ubicar un domicilio es mucho más fácil que estar entre Sevilla y Olmedo o Negrete y no tener idea para dónde continuar la búsqueda». La sugerencia, dice, sería al menos en sentido paralelo: que las nuevas vialidades carguen una nomenclatura numérica además de la onomástica.

Sobre las placas mismas —el tema visible, el de la esquina— Pedroza identifica dos motores legítimos para reponerlas: el desgaste por lluvia, polvo y viento, y la sustitución cuando se han vuelto ilegibles. Pero advierte sobre un tercer motor que considera ilegítimo: «cada tres años se vuelven a poner por el culto de la vanidad de la perpetuación de la administración municipal». Reconoce, con elegancia poco frecuente en política, que su propio gobierno entró en esa lógica al mandar hacer más de 26 mil placas patrocinadas por particulares. La regla práctica, según él, es esta: «en una misma esquina, en un mismo crucero, no puedes tener cuatro colores y tamaños diferentes para una misma calle. Eso me parece hasta ridículo de pronto». La frase, dicha así, podría servir de subtítulo para cualquier libro futuro sobre la nomenclatura potosina.

Inventario crítico: los diez casos más absurdos

Para la elaboración del presente reportaje, se hizo una selección rigurosamente subjetiva, ordenada de menor a mayor estupor sobre hallazgos absurdos. La regla fue simple: cada caso tenía que provocar al menos una sonrisa y, después, una pregunta seria.

1. Aldama y sus cuatro identidades: en 1806 era Real Caja; en 1860 una sola calle se llamaba Mica en un tramo, La Moneda en otro, San Francisco en otro. Y en planos antiguos aparece escrita como «Mica», «Miga» y «Amica». Un nombre, tres faltas de ortografía, cuatro siglos de discusión.
2. Iturbide, la calle de los ocho disfraces: en 1864 sus cuadras se llamaban Ciprés, Palaus, Chino o Clima, Filantropía, Guayabo, Mora, Cocheros y Chica. Era literalmente una calle distinta cada cien metros.
3. La Corriente que se negó a ser Reforma: desde 1688 La Zanja, luego Corriente Seca, luego oficialmente Reforma. Pero la gente le siguió diciendo La Corriente hasta los años cuarenta del siglo XX. Tres siglos de obstinación contra la nomenclatura oficial.
4. Morelos, mosaico de seis nombres: en 1900, una sola calle integraba 1ª de La Alhóndiga, calle del Comercio, Morelos propiamente, Mesón de San José, Camino llano y Camino a Guanajuato. Y antes, en 1860, contenía nombres tan disímbolos como Corte, Plateros, Baco y Garita de México.
5. Vallejo, la cuadra de las recogidas: en 1864 sus cinco tramos eran Remedios, Las Recogidas, Plaza de Las Recogidas, Lucero y San Miguelito. «Las Recogidas» eran las internas de un beaterio. Hoy se llama Vallejo, sin que nadie sepa que ahí caminaron mujeres recluidas por orden eclesiástica.
6. Mariano Arista en tres versiones simultáneas: no es histórico, es presente. Hoy mismo, en una sola caminata, las placas dicen «GRAL. M. ARISTA», «ARISTA» y «Mariano Arista». Tres maneras de nombrar al mismo señor en la misma calle.
7. Manuel José Othón, calle-poema: en 1864 se desplegaba como Diamante, Curato, Plazuela del Carmen, Escoleta y Avenida Alameda. Othón era niño cuando todavía sus tramos se llamaban así. La calle del poeta, antes del poeta, ya tenía cinco metáforas.
8. Galeana y la confesión arquitectónica: en 1870 era Portillo de San Agustín, Galeana, Portillo de San Francisco y Tercera Orden. Tres de los cuatro nombres aludían a los conventos que la flanqueaban. La calle se debatía, literalmente, entre Dios y la patria.
9. Álvaro Obregón, identidades superpuestas: por 1930 se llamaba Julián Carrillo. Antes, desde fines del siglo XIX, era Juárez. Y antes de eso, en 1860, sus cuadras eran Suárez, Abogada, Colegio de Niñas y Escuela de Niños. Cuatro re-bautizos en menos de un siglo.
10. Universidad, la calle sin acta de nacimiento: el propio Castro Escalante señala que las placas antiguas y los planos discrepan; sospecha que las calles Perico, Afligidos y Vargas alguna vez formaron parte de lo que hoy es Universidad.

También se le cuestionó a Mario García Valdez, alcalde de la capital entre 2012 y 2015, ex rector de la UASLP y hoy Secretario de Cultura del gobierno del Estado, al respecto. El funcionario recuerda que el tema de la nomenclatura sí llegó a su Cabildo. «No solo lo del centro histórico, sino la nomenclatura en general de la ciudad, que tiene muchísimas calles que no tienen nomenclatura o son muy diversas». De ahí salió un programa de renovación de placas «hasta donde alcanzó», dice. Sin falsa modestia: hasta donde alcanzó.

La parte fina de su respuesta parece más conceptual, y es que García Valdez no propone borrar las capas, propone armonizarlas. «Yo pienso que se debe homologar, pero conservando las placas antiguas. Y que las nuevas sean parecidas a las placas antiguas para que el centro histórico mantenga ese perfil histórico, que sus viejas placas se mantengan y las nuevas tengan más o menos la misma fisonomía». Es la fórmula del palimpsesto bien manejado: ni borrar ni acumular sin criterio, sino lograr que cada generación de placas dialogue con la anterior. Sobre litigios concretos, ninguno; al menos no le tocó. «No me tocó nada de eso» -dijo-.

Cinco calles con historia poderosa

Frente a las absurdas, también se escogieron las que pesan. Las que cargan acta, sangre o doctrina y se sugiere leer despacio.

1. Calle de la Constitución

Su nombre dice todo y no dice nada, porque México ha tenido al menos cinco constituciones desde 1812. Esta calle integra antiguos tramos llamados El Gato, La Lagunita, Paseo Nuevo y Camposanto de San Sebastián. Es decir que lo que hoy se llama solemnemente Constitución, antes fue cementerio, laguna, paseo y un lugar al que la gente llamó simplemente «el gato», por razones que el tiempo se llevó. La calle más institucional de la ciudad reposa sobre una memoria popular y funeraria.

2. Avenida Carranza

Cinco nombres en cinco cuadras hasta 1864: La Cárcel, Maltos, El Elefante, Real de Tequisquiapan. La unificación bajo el nombre del Primer Jefe se hizo después de 1914, cuando la Revolución consolidó su panteón. Hoy es una arteria peatonal en su tramo histórico, pero su nombre carga el peso de una decisión política: convertir cinco identidades barriales en una sola identidad nacional.

3. Independencia

En 1864, esta sola línea era siete calles: Osollo, Tamaulipas, Independencia, Molino de San Francisco, Puerta del Campo de San Francisco, Correo Viejo y Grito de la Libertad. Es notable que dos de esos siete nombres ya aludían al hecho independentista, lo que indica que la oficialidad llegó tarde: los vecinos ya habían bautizado por su cuenta. Cuando el Ayuntamiento unificó la calle también la ratificó.

4. Allende

Bajo el nombre del insurgente conviven al menos cinco fantasmas: del Puente Nuevo, de La Carrera, La Yedra, de la Puente, y —el más sabroso— Los Burros. Otro tramo se llamó La del Francés, por una hacienda de beneficio cuyo dueño era de esa nacionalidad. Allende, nombre alto, descansa pues sobre arrieros, planchadores y un francés desconocido.

5. Calzada de Guadalupe

La metamorfosis nominal más completa de la ciudad. En 1800, calle del Santuario; en 1850, Calzada del Santuario de Guadalupe; a fines del XIX, Avenida Juárez (esfuerzo liberal por descristianizarla); en 1914, Avenida La Guadalupana (reacción posrevolucionaria); finalmente, Calzada de Guadalupe. Una calle entera que alterna entre la Virgen y Juárez, según sople el viento del régimen.

El caos legal silencioso, la ley invisible y la abuela que tiene la última palabra

«Te amo, ¡oh capital infame! […] por lo mismo que eres vieja y terrible, te adoro.»
Charles Baudelaire, Las flores del mal

Baudelaire amaba a París por todo aquello que la afeaba. Por su vejez, por su horror, por su escándalo cotidiano. La nuestra es una ciudad menor en escala, pero la lógica del afecto es la misma: amamos a San Luis no a pesar de su desorden onomástico, sino, en parte, gracias a él. Lo que sigue, sin embargo, es la cara administrativa de ese amor: lo que se cae cuando una placa equivocada se enfrenta a un trámite real. Lo que dice la ley y lo que dice la placa

El Reglamento de Construcciones del Municipio de San Luis Potosí, en su artículo 21, establece con esa solemnidad que tienen los reglamentos cuando saben que nadie los lee:
«Solo el Cabildo del Ayuntamiento determinará el nombre oficial de las vías públicas, parques, jardines, plazas y espacios abiertos.»

Solo el Cabildo. No la costumbre, no el vecino, no la imprenta de la esquina. Y, sin embargo, basta con caminar tres cuadras desde el centro para entender que la ley vive en una ciudad y las placas en otra. La Dirección General de Catastro, Desarrollo Urbano y Nuevos Proyectos del Ayuntamiento es la dependencia encargada de validar la nomenclatura municipal. Recibe solicitudes de nuevas calles en fraccionamientos y dictamina la adopción de nombres a través del Cabildo. Para el centro histórico, sus mapas se actualizan periódicamente; pero la mayoría de las placas físicas son anteriores a estos registros. Hay un acuerdo tácito de no tocar las placas patrimoniales, aunque sean contradictorias. Es decir: se prefiere el caos pintoresco al orden uniforme.

La cadena de consecuencias

¿Qué se cae cuando una placa no coincide con otra? Se cae más de lo que parece. Pongámoslo en lista, que para eso sirven las listas:

Domicilios fiscales: el SAT y la Secretaría de Finanzas estatal exigen una dirección homologada. Si la escritura dice «Calle del Gral. Ignacio Zaragoza» y el recibo predial dice «CALLE ZARAGOZA», hay quien ha tenido que pelear, papel en mano, para acreditar que es la misma puerta.

Catastro municipal e INEGI: el INEGI integra la información catastral y de vialidades al Marco Geoestadístico Nacional, pero trabaja con lo que los municipios le reportan. Si el municipio no reporta los conflictos, el INEGI los reproduce. La cartografía oficial trabaja con la nomenclatura ratificada por Cabildo; la realidad urbana trabaja con la placa que el albañil colocó en 1978. Cuando los dos no coinciden, gana el papel —pero pierde el ciudadano.

Mapas digitales y Google Maps: el algoritmo es generoso pero literal. Si un usuario reporta «Av. Carranza» y otro «Venustiano Carranza», el sistema duplica entradas y el restaurante de la esquina aparece en dos lugares distintos. Las navegaciones GPS toman la nomenclatura del mapa base —no la de la placa física—, y tendremos al turista buscando en una calle un nombre que solo existe en la pantalla.

Servicios de emergencia: una ambulancia que recibe «Calle Aldama» tiene que adivinar si va al tramo que en los planos antiguos era Mica, el que era Real Caja en 1806, o el que se llamó La Moneda en 1860.

Mensajería y comercio electrónico: DHL, Estafeta y FedEx han hecho sus propios diccionarios internos para traducir entre la dirección que el cliente escribió y la dirección que el repartidor encontrará. Es un esfuerzo privado para resolver un desorden público.

Escrituras y notarías: los notarios potosinos saben de memoria cuáles fincas tienen dirección «antigua» y «nueva», y redactan con prudencia: «la finca marcada con el número X de la calle Z, antes calle W». Es un seguro contra litigios, pero también es una confesión: la ciudad no está de acuerdo consigo misma.

Constantino Méndez lo llamó, con frase exacta, una afectación al «derecho a la certidumbre del domicilio». No es una expresión menor. Es, en el fondo, el derecho a estar en algún lado. A que el Estado sepa dónde encontrarte para entregarte un oficio, una multa o una buena noticia. Y ese derecho, en el centro histórico potosino, depende todavía de qué placa te tocó en la suerte de tu cuadra.

La ley que casi nadie ha visto

Hay un dato que conviene introducir aquí, en este punto del reportaje, porque le da la vuelta a la serie histórica. El problema de la nomenclatura aquí expuesto no solo ha tenido respuesta legislativa, sino que ha sido aprobada. Existe la ley. Se publicó. Está vigente. Y la ciudad, sin embargo, sigue caminando como si no se hubiera enterado.

Además la cuenta quien la firmó, el ciudadano Martín Juárez Córdoba, hoy director de Cultura Municipal de San Luis Potosí, y ex diputado local en la LXII Legislatura. Desde esa silla, en febrero de 2020, presentó, junto con Constantino Méndez Ponce —el mismo cronista cuyo estudio sobre las inconsistencias de las placas hemos citado a lo largo de estas tres entregas—, una iniciativa para reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado. La iniciativa hacía exactamente lo que el sentido común sugería: definir jurídicamente qué es la nomenclatura de las calles, homologar la información que deben contener las placas y sujetar a regulación municipal a quien las instale, modifique o retire.

La iniciativa caminó. Fue dictaminada, votada favorablemente en el Pleno y publicada en el Periódico Oficial del Estado «Plan de San Luis» el 16 de julio de 2020 como Decreto 0689. Desde entonces, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado contiene cuatro modificaciones que, leídas juntas, son la respuesta jurídica más completa que se ha dado al problema potosino de las placas: el artículo 3° suma la fracción XXXVII e incorpora, como propósito explícito del ordenamiento territorial, «la homologación de la información que deben contener las placas de la nomenclatura de las vialidades»; el artículo 4° suma la fracción CI con la definición misma de placa de nomenclatura; el artículo 8° suma la fracción V, que sujeta a la ley a quien instale, modifique o retire una placa oficial; y el artículo 330 reforma su fracción X para exigir, en todo fraccionamiento nuevo, placas de nomenclatura, señalamiento vial y numeración oficial homologados con la normativa.

En la práctica, la ley pidió que cada placa potosina cargara, además del nombre, cinco datos: nombre completo de la vía, sentido de la circulación, código postal, colonia o barrio, y rango de numeración de la cuadra. Cinco datos. Para una ciudad donde, como hemos visto, hay cruceros con tres versiones distintas del mismo nombre, eso ya sería revolucionario.

Pero el lector que camine ahora mismo por el centro histórico —placa por placa, esquina por esquina— se hará la única pregunta que importa: ¿dónde están esas cinco líneas? La ley existe; las placas, en su mayoría, no la han escuchado.

Hoy, desde la Dirección de Cultura Municipal, Juárez Córdoba aportó otro ángulo durante la entrevista que es más antropológico que jurídico y explicó que las placas antiguas de azulejo del centro histórico —«frecuentemente denominadas de Talavera o mayólica»— ya están protegidas a nivel federal por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en tanto el primer cuadro está clasificado como Zona de Monumentos Históricos.

«No pueden ser modificadas, retiradas o dañadas sin autorización del INAH», dice.
Es decir: la coexistencia de placas viejas y nuevas no es un problema técnico, es un mandato federal. Lo que falta, otra vez, es articular esa protección con la ley estatal de 2020.

Su conclusión va al fondo del asunto y se cita por su precisión: «es muy necesario que trabajemos con mayor estrategia en la recuperación de los nombres antiguos de las calles, principalmente como un ejercicio de salvaguardia de la memoria colectiva y la identidad local, reconociendo que la toponimia popular narra la historia cotidiana, en ocasiones mejor que los nombres formales».

Esa frase —que la toponimia popular narra la historia cotidiana mejor que los nombres formales— podría haber sido el subtítulo de este reportaje. Y de la ley vigente que aún espera ver el azulejo.

Los callejones, o la versión menor de la historia

Si las calles son la firma del poder, los callejones son la firma de la gente. Más estrechos, más ignorados por las placas, más sobrevivientes. En San Luis Potosí los callejones tienen nombres que ningún cabildo se atrevió a cambiar, porque cambiarlos hubiera sido una grosería.

Callejón del Cariño

Mediados del siglo XIX. Existió la pulquería «del Cariño». La dueña, doña Isabel Bedoya, era conocida como «La Cariñosa», y la pulquería tomó el alias antes de que el alias tomara el callejón. El nombre del callejón es, así, el sobrenombre de un sobrenombre. Triple etimología popular.

Callejón del Codo

Pequeña vía diagonal entre Salazar y Juan Sarabia. Se le conoce con ese nombre desde 1860. Su trazado quebrado —forma un codo— le ganó el apelativo. Hoy sigue ahí, codeando la cuadrícula.

Callejón de la Yedra

Se llamó antes Callejón del Arco y Los Espantos. La yedra que le dio nombre era una planta de la familia de las malváceas (Mediola carolineana) que abundaba en el lugar. Hoy ya no hay yedras, pero el nombre se quedó como un fósil botánico.

Callejón del Beso (o del Jordan)

No es romance: es burla. El coronel Eduardo Jordán fue tildado de cobarde tras evitar la batalla de Ahualulco. Las mujeres del mercado —fruteras, verduleras, tortilleras— hicieron una colecta de $116.00 para pagar a un poeta que escribiera versos satíricos contra él. Probablemente el callejón más anti-épico de México: nombrado por una vergüenza colectiva.
Callejón del Buche

Nombre popular que la gente de los años treinta del siglo XX otorgaba a la actual calle Altamirano. «Buche» de qué, no se sabe. Es uno de esos nombres que sobrevivieron solo en la memoria oral y que el cronista rescata como quien rescata una receta.

Juan del Jarro

Más calle que callejón, pero merece la pena estar aquí por su rareza. Lleva el nombre de Juan de Azios Ramírez, pordiosero potosino del siglo XIX. Vestía con harapos, cargaba un jarro al hombro y se le atribuían dotes adivinatorias. La gente lo consultaba sobre fechas de fallecimiento y matrimonios futuros. Cuando murió, le pusieron calle. Es uno de los pocos sitios en México donde un mendigo tiene una placa oficial.

Las cinco inconsistencias estructurales:
Numeración incoherente. Hay calles donde los números no avanzan: retroceden, saltan o se repiten. Méndez documenta cruceros con tres y hasta cuatro placas distintas en una misma esquina.
Variantes ortotipográficas en placas oficiales. Una calle es «Gral. Simón Bolívar» en una placa, «Avenida Bolívar» en otra y «calle de las Bóvedas» —el nombre antiguo, todavía visible— en una tercera. Las tres son oficiales. Ninguna es ilegal. Todas son confusas. Y todas, desde julio de 2020, contradicen lo que ordena el Decreto 0689.

Apellidos sin nombre. Calles llamadas Alvarado, Uresti, Espinosa, Muñoz o Domínguez, sin más dato. Sobre esto Castro Escalante advierte que es «muy difícil dar datos biográficos de estos personajes por ser casi anónimos». Octavio Pedroza añade desde su experiencia: ¿quién fue Comonfort, quién fue Pánfilo Natera, quién fue Mascorro, quién fue Agustín Vera? Los apellidos viajan solos.

Coexistencia de nomenclatura antigua y nueva. Las placas de azulejo del siglo XIX no se han retirado; conviven con las placas modernas. Bonito patrimonialmente, jurídicamente un caos, pero ahora protegido por la federación, según recuerda Juárez Córdoba.
Discordancia entre catastro, INEGI y mapas digitales. El INEGI registra una nomenclatura, el catastro municipal otra ligeramente distinta, Google Maps una tercera basada en aportaciones de usuarios, y la placa física —la que el ciudadano lee— a veces no coincide con ninguna.
Si una ciudad no puede ponerse de acuerdo en el nombre de una calle, quizá tampoco pueda ponerse de acuerdo en su destino
.
Esta frase no intenta sentenciar y, por el contrario, alivia: porque la otra opción —la de una ciudad que sí se pone de acuerdo en todo, que homologa, que pavimenta su pasado, que retira las placas viejas para que solo quede una versión— es peor. Es la ciudad sin memoria. Es la ciudad sin pulquería del Cariño, sin pordiosero adivino, sin coronel cobarde, sin tamalera. Es, en suma, la ciudad correcta pero muerta. Qué aburrido.

Y, sin embargo, este reportaje no concluye con el alivio. Concluye con una incomodidad nueva. Porque ahora ya sabemos que la ley existe. Que un diputado y un cronista hicieron su trabajo. Que el Pleno hizo el suyo. Que el Decreto 0689 fue publicado hace casi seis años en el Periódico Oficial. Y que las placas, sin embargo, siguen sin saberlo. La pregunta deja de ser «por qué nadie ha legislado» y se vuelve, mucho más incómoda, «por qué se legisla y no se aplica».

Lo que han mostrado nuestras tres entregas, y lo que han confirmado las voces de los tres exalcaldes y del director de cultura municipal, es que San Luis Potosí prefiere el palimpsesto, el dejar huellas del pasado para poner una nueva que a golpe de calendario un día será nuevamente huella.

Pero no se debería confundir el palimpsesto con la negligencia. Pedroza pide un compendio que explique los nombres y advierte contra el cambio caprichoso. García Valdez propone homologar conservando, dialogando lo antiguo con lo nuevo. Juárez Córdoba —que firmó la ley— recuerda que la federación ya protege las placas patrimoniales. Tres maneras de decir lo mismo: que la ciudad sí quiere orden, pero no a costa del rastro de su historia. Lo que falta es voluntad para articular la ley con la calle.

La verdadera radiografía moral, entonces, no está en la inconsistencia: está en la decisión —tantas veces postergada, tantas veces compartida— de no hacer cumplir lo ya decidido. En que el cabildo, el catastro, el INEGI y los mapas digitales sigan en una conversación abierta en la que nadie tiene la última palabra, ni siquiera el Decreto 0689. Porque la última palabra, en el centro histórico potosino, la sigue teniendo la abuela, la que dice La Corriente cuando todo el mundo dice Reforma.

Y a esa abuela —que es Borges sin saberlo, que es Calvino sin haberlo leído, que es Baudelaire sin París pero con La Merced— nadie le quita la palabra porque esa abuela… es la ciudad.

Fuentes

Reportaje basado en la investigación histórica de Arcadio Castro Escalante («Por las viejas calles de aquel San Luis») y el estudio del licenciado Constantino Méndez sobre las inconsistencias actuales de la nomenclatura potosina. Se consultaron además el Reglamento de Construcciones del Municipio de San Luis Potosí (artículo 21), la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí —en su texto vigente, reformada por Decreto 0689 publicado en el Periódico Oficial del Estado «Plan de San Luis» el 16 de julio de 2020 a propuesta del entonces diputado Martín Juárez Córdoba y el ciudadano Constantino Méndez Ponce—, los lineamientos de la Dirección General de Catastro, Desarrollo Urbano y Nuevos Proyectos del Ayuntamiento, y los marcos catastrales del INEGI. Las citas literarias provienen de Jorge Luis Borges, «Buenos Aires», en «El otro, el mismo» (1964); Italo Calvino, «Las ciudades invisibles» (1972); y Charles Baudelaire, «Las flores del mal» («Épilogue»). Se entrevistó para esta serie a Octavio Pedroza Gaitán, presidente municipal 2004-2006 y exsenador; a Mario García Valdez, presidente municipal 2012-2015, ex rector de la UASLP y actual secretario de Cultura del gobierno del Estado; y a Martín Juárez Córdoba, ex diputado local y actual director de Cultura Municipal de San Luis Potosí.

Anotación del periodista: Se transcribe la parte final del prólogo de Arcadio Escalante en su obra multicitada en este reportaje porque en la única edición de la obra, en 1999, el autor hace un hincapié relevante que no demerita su investigación, sin embargo, admite posibles errores que él mismo justifica:

“Como todo trabajo editorial realizado por humanos, podría haber algunos errores, sobre todo en el presente, en el que se han utilizado algunos planos algo ilegibles….”

Link a cada entrega:

Parte I

Parte II

Parte III

APUNTES

Culto Público, hijos del pleno disfrute de mi soberanía:

Esta semana, dos gobernadores se asomaron al mismo hoyo, o precipicio para ser preciso, pero no por la misma razón. Una, Maru Campos, abrió la puerta de atrás de la soberanía para que entraran unos invitados que debían tocar el timbre. El otro amaneció con el nombre rondando en un expediente del Distrito Sur de Nueva York que huele a chupitos, dinero sucio y vergüenza pública.

En medio de los dos, berenjenales, una presidenta caminando sobre alambre: abajo, el abismo; arriba, el ruido; enfrente, Trump afilándose los dientotes.

Pero, respiremos para no marearnos:

Maru Campos usó la eficiencia como coartada para abrir la puerta… y no se vale.

La gobernadora de Chihuahua decidió que la soberanía nacional, vista desde su oficina, puede estorbar más que ayudar. Y entonces, según se reportó, acordó una operación con agentes de la CIA en territorio mexicano sin pasar por la ventanilla de Palacio Nacional.

El operativo funcionó. Desmantelaron un laboratorio y que bueno. Hubo resultado… sí, pero ahí está precisamente el problema: hay actos que, aunque sean eficaces, resultan todavía más peligrosos y no son legales. Colgarse de un diablito eléctrico, por ejemplo, es eficaz porque te da luz, pero en una de esas te quedas pegado y es ilegal porque le estas robando a la Comisión o al vecino.

Se oye feo y el hubiera no existe (aunque yo tengo otros datos) pero ¿Qué hubiera pasado si los dos agentes de la CIA no hubieran muerto? Maru se hubiera salido con la suya (con cual otra) y dejaría una ventana abierta para que esas criaturas comedoras de hamburguers and fríes, pudieran entrar y salir cuando convenga y hacer lo mismo con los vecinos.

En cambio, con los CIA boys volteados y fallecidos, el asunto escaló al grado de hervor necesario como para poder sacar a Maru hasta de la olla.

Aceptemos hijos de mi México en la piel: la soberanía no sirve nomás para adornar discursos del 15 de septiembre ni para que los niños la memoricen en civismo. La soberanía es la cerradura de la casa. Y si otro Estado entra sin permiso, no está ayudando, está recordando que quiere copia de la llave.

Maru confundió cooperación con autoservicio diplomático. Creyó que podía brincarse la fila institucional porque la causa era noble, urgente o rentable en términos de imagen. Y no. En este país, al menos en el papel (y de vez en cuando también en la práctica), la coordinación con agencias extranjeras no la administra un gobierno estatal como quien pide refuerzo por aplicación.

El asunto no es si el laboratorio existía. El asunto no es si el operativo fue “exitoso”. El asunto es que cuando un gobernador decide que puede gestionar la relación con un poder extranjero por su cuenta, lo que desmantela no es solo un narcolaboratorio: desmantela la jerarquía del Estado mexicano.

Muy eficiente todo. Muy práctico. Muy “resolvimos”. Pues sí, pero hasta que uno recuerda que así empiezan las cesiones: primero te agarro la manita, luego te llevo del brazo y al final hasta tienes que tender la ropa, o en otras palabras: primero por utilidad, luego por costumbre y al final por obediencia. (Y de ahí a ponerle estrella 51 a la bandera gringa pues tampoco falta tanto…ojalá esté exagerando)

Del otro lado (no del país, sino de la moneda) está Rubén Rocha Moya. Y lo suyo no es una puerta abierta, sino una sótano obscuro.

Según las acusaciones dadas a conocer en Nueva York, su nombre aparece salpicado por un expediente que habla de narcotráfico, armas, sobornos y una red de complicidades donde varios funcionarios también quedaron embarrados. Dicho así, parece serie mala de plataforma. El problema es que no lo escribió Netflix (ni modo, ¿para qué me cortan mi acceso? -ambiciosos-)

Rocha respondió como responden casi todos cuando sienten el agua en el cuello: que todo tranqui, que ya habló con la presidenta, que no pasa nada. Uff, esa frase dicha por políticos suele tener la consistencia de una gelatina de esas temblorosas con papelito húmedo del que escurre.

Y aquí conviene dejar algo claro para que no nos gane ni la pasión patriótica ni la tentación del linchamiento por delivery: si hay pruebas, que se investigue; si no las hay, que no se condene por consigna. Así de sencillo y valido para los dos gobernadores mencionados.

Porque la soberanía no puede servir para abrirle la puerta a la CIA en Chihuahua, pero tampoco para tapar con la bandera a un gobernador señalado por una corte extranjera.

El problema de fondo no se llama Maru. Ni Rocha. El problema se llama ¿Qué nos dice todo esto? ¿Qué lineas se leen desde el exterior?

En política, ya sabemos, la percepción es esa bestia que muerde más duro que los hechos.

Si México se ve como un país que protege a sus impresentables bajo el argumento de la autodeterminación, le está poniendo la mesa a Trump para que vuelva a vender su cuento favorito: que aquí no gobierna un Estado, sino un cártel con himno y Palacio.

Y si el gobierno mexicano actúa con tibieza, peor: la narrativa se le arma sola al vecino.

Pero si la Fiscalía decide avanzar, si encuentra elementos sólidos, si el lodo deja de ser rumor y se vuelve expediente, entonces la 4T tendrá que tragarse una piedra. Porque una cosa es defender la soberanía frente a Washington, y otra muy distinta descubrir que uno de los tuyos tiene las manotas llenas de fango.

Y ahí sí se abre el cajón que nadie quiere abrir: cuánto se sabía, quién miró para otro lado, quién cobró, quién calló y cuánto de ese dinero lubricó las maquinarias electorales de años recientes (saludos a Palenque).

Tómala barbón. Ese es el verdadero mega golpazo, y es que el lodo mancha los zapatos del que pisa, pero también salpica a quien lo acompaña y aquí está en duda el actuar en consecuencia porque, como escribió Carlos Monsiváis: “En México la impunidad no es la excepción, es el paisaje“.

Esta mañana Claudia Sheinbaum hizo lo único que podía hacer: caminar por la cuerda sin mirar abajo. Dijo, en esencia, que si hay pruebas contundentes se actuará, pero que México no aceptará instrucciones de un juez extranjero como si la soberanía fuera un trámite aduanal.

Y esa es la cuerda exacta.

Ni entreguismo disfrazado de colaboración, como en Chihuahua. Ni encubrimiento envuelto en nacionalismo, como quisieran algunos en Sinaloa. Ni subordinación. Ni impunidad.

Difícil equilibrio. Porque un paso en falso la deja del lado de los débiles frente a Washington y el mundo; el otro, del lado de los complacientes frente a los propios. Y mientras, la oposición se siente en el circo: aplaude las acrobacias mientras por dentro espera la caída del malabarista con grado de dificultad del tipo precio de la gasolina, alianza amarrada con hilo del delgado y T-MEC en puerta.

Estar en los zapatos de Claudia Sheinbaum en este momento, es lo mismo que cambiar un foco con cables pelones saliendo de la ducha.

En resumen, dos gobernadores se asomaron esta semana al precipicio y pueden acabar en el hoyo. Mi presidenta entre tanto, mide la profundidad sin pestañear para el próximo brinco.

Y aquí no se vale resbalarse porque nadie sabemos si todavía queda suelo institucional antes del fondo.

Bemoles.

¿Ya vieron las últimas encuestas? La senadora Ruth González, de acuerdo a los resultados de una empresa seria que hizo el ejercicio a nivel nacional, en este momento y en caso de decidirse a ser candidata solamente por el Verde, arrancaría la contienda con más de 20 puntos de ventaja contra todos. A nadie sorprende el dato y parece que los demás protagonistas posibles se están pasando de cautos.

Será que se desaniman por los números ¿o será que ya todo está amarrado y la senadora irá prácticamente sin rival? Ese escenario es posible… aunque aburrido y hasta injusto para la senadora Ruth. Su legitimación fundada en su alta votación está en riesgo. Sin rival, da lo mismo tener 500 mil ó 5 mil votos.

Hasta la próxima. Yo soy Jorge Saldaña.

También lee: Disculpe: ¿El 2027 para dónde queda? | Apuntes de Jorge Saldaña

El caos legal silencioso, la ley invisible y la abuela que tiene la última palabra

«Te amo, ¡oh capital infame! […] por lo mismo que eres vieja y terrible, te adoro.»
Charles Baudelaire, Las flores del mal

Por: Jorge Saldaña

Baudelaire amaba a París por todo aquello que la afeaba. Por su vejez, por su horror, por su escándalo cotidiano. La nuestra es una ciudad menor en escala, pero la lógica del afecto es la misma: amamos a San Luis no a pesar de su desorden onomástico, sino, en parte, gracias a él. Lo que sigue, sin embargo, es la cara administrativa de ese amor: lo que se cae cuando una placa equivocada se enfrenta a un trámite real. Lo que dice la ley y lo que dice la placa

El Reglamento de Construcciones del Municipio de San Luis Potosí, en su artículo 21, establece con esa solemnidad que tienen los reglamentos cuando saben que nadie los lee:
«Solo el Cabildo del Ayuntamiento determinará el nombre oficial de las vías públicas, parques, jardines, plazas y espacios abiertos.»

Solo el Cabildo. No la costumbre, no el vecino, no la imprenta de la esquina. Y, sin embargo, basta con caminar tres cuadras desde el centro para entender que la ley vive en una ciudad y las placas en otra. La Dirección General de Catastro, Desarrollo Urbano y Nuevos Proyectos del Ayuntamiento es la dependencia encargada de validar la nomenclatura municipal. Recibe solicitudes de nuevas calles en fraccionamientos y dictamina la adopción de nombres a través del Cabildo. Para el centro histórico, sus mapas se actualizan periódicamente; pero la mayoría de las placas físicas son anteriores a estos registros. Hay un acuerdo tácito de no tocar las placas patrimoniales, aunque sean contradictorias. Es decir: se prefiere el caos pintoresco al orden uniforme.

La cadena de consecuencias

¿Qué se cae cuando una placa no coincide con otra? Se cae más de lo que parece. Pongámoslo en lista, que para eso sirven las listas:

Domicilios fiscales: el SAT y la Secretaría de Finanzas estatal exigen una dirección homologada. Si la escritura dice «Calle del Gral. Ignacio Zaragoza» y el recibo predial dice «CALLE ZARAGOZA», hay quien ha tenido que pelear, papel en mano, para acreditar que es la misma puerta.

Catastro municipal e INEGI: el INEGI integra la información catastral y de vialidades al Marco Geoestadístico Nacional, pero trabaja con lo que los municipios le reportan. Si el municipio no reporta los conflictos, el INEGI los reproduce. La cartografía oficial trabaja con la nomenclatura ratificada por Cabildo; la realidad urbana trabaja con la placa que el albañil colocó en 1978. Cuando los dos no coinciden, gana el papel —pero pierde el ciudadano.

Mapas digitales y Google Maps: el algoritmo es generoso pero literal. Si un usuario reporta «Av. Carranza» y otro «Venustiano Carranza», el sistema duplica entradas y el restaurante de la esquina aparece en dos lugares distintos. Las navegaciones GPS toman la nomenclatura del mapa base —no la de la placa física—, y tendremos al turista buscando en una calle un nombre que solo existe en la pantalla.

Servicios de emergencia: una ambulancia que recibe «Calle Aldama» tiene que adivinar si va al tramo que en los planos antiguos era Mica, el que era Real Caja en 1806, o el que se llamó La Moneda en 1860.

Mensajería y comercio electrónico: DHL, Estafeta y FedEx han hecho sus propios diccionarios internos para traducir entre la dirección que el cliente escribió y la dirección que el repartidor encontrará. Es un esfuerzo privado para resolver un desorden público.

Escrituras y notarías: los notarios potosinos saben de memoria cuáles fincas tienen dirección «antigua» y «nueva», y redactan con prudencia: «la finca marcada con el número X de la calle Z, antes calle W». Es un seguro contra litigios, pero también es una confesión: la ciudad no está de acuerdo consigo misma.

Constantino Méndez lo llamó, con frase exacta, una afectación al «derecho a la certidumbre del domicilio». No es una expresión menor. Es, en el fondo, el derecho a estar en algún lado. A que el Estado sepa dónde encontrarte para entregarte un oficio, una multa o una buena noticia. Y ese derecho, en el centro histórico potosino, depende todavía de qué placa te tocó en la suerte de tu cuadra.

La ley que casi nadie ha visto

Hay un dato que conviene introducir aquí, en este punto del reportaje, porque le da la vuelta a la serie histórica. El problema de la nomenclatura aquí expuesto no solo ha tenido respuesta legislativa, sino que ha sido aprobada. Existe la ley. Se publicó. Está vigente. Y la ciudad, sin embargo, sigue caminando como si no se hubiera enterado.

Además la cuenta quien la firmó, el ciudadano Martín Juárez Córdoba, hoy director de Cultura Municipal de San Luis Potosí, y ex diputado local en la LXII Legislatura. Desde esa silla, en febrero de 2020, presentó, junto con Constantino Méndez Ponce —el mismo cronista cuyo estudio sobre las inconsistencias de las placas hemos citado a lo largo de estas tres entregas—, una iniciativa para reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado. La iniciativa hacía exactamente lo que el sentido común sugería: definir jurídicamente qué es la nomenclatura de las calles, homologar la información que deben contener las placas y sujetar a regulación municipal a quien las instale, modifique o retire.

La iniciativa caminó. Fue dictaminada, votada favorablemente en el Pleno y publicada en el Periódico Oficial del Estado «Plan de San Luis» el 16 de julio de 2020 como Decreto 0689. Desde entonces, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado contiene cuatro modificaciones que, leídas juntas, son la respuesta jurídica más completa que se ha dado al problema potosino de las placas: el artículo 3° suma la fracción XXXVII e incorpora, como propósito explícito del ordenamiento territorial, «la homologación de la información que deben contener las placas de la nomenclatura de las vialidades»; el artículo 4° suma la fracción CI con la definición misma de placa de nomenclatura; el artículo 8° suma la fracción V, que sujeta a la ley a quien instale, modifique o retire una placa oficial; y el artículo 330 reforma su fracción X para exigir, en todo fraccionamiento nuevo, placas de nomenclatura, señalamiento vial y numeración oficial homologados con la normativa.

En la práctica, la ley pidió que cada placa potosina cargara, además del nombre, cinco datos: nombre completo de la vía, sentido de la circulación, código postal, colonia o barrio, y rango de numeración de la cuadra. Cinco datos. Para una ciudad donde, como hemos visto, hay cruceros con tres versiones distintas del mismo nombre, eso ya sería revolucionario.

Pero el lector que camine ahora mismo por el centro histórico —placa por placa, esquina por esquina— se hará la única pregunta que importa: ¿dónde están esas cinco líneas? La ley existe; las placas, en su mayoría, no la han escuchado.

Hoy, desde la Dirección de Cultura Municipal, Juárez Córdoba aportó otro ángulo durante la entrevista que es más antropológico que jurídico y explicó que las placas antiguas de azulejo del centro histórico —«frecuentemente denominadas de Talavera o mayólica»— ya están protegidas a nivel federal por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en tanto el primer cuadro está clasificado como Zona de Monumentos Históricos.

«No pueden ser modificadas, retiradas o dañadas sin autorización del INAH», dice.
Es decir: la coexistencia de placas viejas y nuevas no es un problema técnico, es un mandato federal. Lo que falta, otra vez, es articular esa protección con la ley estatal de 2020.

Su conclusión va al fondo del asunto y se cita por su precisión: «es muy necesario que trabajemos con mayor estrategia en la recuperación de los nombres antiguos de las calles, principalmente como un ejercicio de salvaguardia de la memoria colectiva y la identidad local, reconociendo que la toponimia popular narra la historia cotidiana, en ocasiones mejor que los nombres formales».

Esa frase —que la toponimia popular narra la historia cotidiana mejor que los nombres formales— podría haber sido el subtítulo de este reportaje. Y de la ley vigente que aún espera ver el azulejo.

Los callejones, o la versión menor de la historia

Si las calles son la firma del poder, los callejones son la firma de la gente. Más estrechos, más ignorados por las placas, más sobrevivientes. En San Luis Potosí los callejones tienen nombres que ningún cabildo se atrevió a cambiar, porque cambiarlos hubiera sido una grosería.

Callejón del Cariño

Mediados del siglo XIX. Existió la pulquería «del Cariño». La dueña, doña Isabel Bedoya, era conocida como «La Cariñosa», y la pulquería tomó el alias antes de que el alias tomara el callejón. El nombre del callejón es, así, el sobrenombre de un sobrenombre. Triple etimología popular.

Callejón del Codo

Pequeña vía diagonal entre Salazar y Juan Sarabia. Se le conoce con ese nombre desde 1860. Su trazado quebrado —forma un codo— le ganó el apelativo. Hoy sigue ahí, codeando la cuadrícula.

Callejón de la Yedra

Se llamó antes Callejón del Arco y Los Espantos. La yedra que le dio nombre era una planta de la familia de las malváceas (Mediola carolineana) que abundaba en el lugar. Hoy ya no hay yedras, pero el nombre se quedó como un fósil botánico.

Callejón del Beso (o del Jordan)

No es romance: es burla. El coronel Eduardo Jordán fue tildado de cobarde tras evitar la batalla de Ahualulco. Las mujeres del mercado —fruteras, verduleras, tortilleras— hicieron una colecta de $116.00 para pagar a un poeta que escribiera versos satíricos contra él. Probablemente el callejón más anti-épico de México: nombrado por una vergüenza colectiva.
Callejón del Buche

Nombre popular que la gente de los años treinta del siglo XX otorgaba a la actual calle Altamirano. «Buche» de qué, no se sabe. Es uno de esos nombres que sobrevivieron solo en la memoria oral y que el cronista rescata como quien rescata una receta.

Juan del Jarro

Más calle que callejón, pero merece la pena estar aquí por su rareza. Lleva el nombre de Juan de Azios Ramírez, pordiosero potosino del siglo XIX. Vestía con harapos, cargaba un jarro al hombro y se le atribuían dotes adivinatorias. La gente lo consultaba sobre fechas de fallecimiento y matrimonios futuros. Cuando murió, le pusieron calle. Es uno de los pocos sitios en México donde un mendigo tiene una placa oficial.

Las cinco inconsistencias estructurales:
Numeración incoherente. Hay calles donde los números no avanzan: retroceden, saltan o se repiten. Méndez documenta cruceros con tres y hasta cuatro placas distintas en una misma esquina.
Variantes ortotipográficas en placas oficiales. Una calle es «Gral. Simón Bolívar» en una placa, «Avenida Bolívar» en otra y «calle de las Bóvedas» —el nombre antiguo, todavía visible— en una tercera. Las tres son oficiales. Ninguna es ilegal. Todas son confusas. Y todas, desde julio de 2020, contradicen lo que ordena el Decreto 0689.

Apellidos sin nombre. Calles llamadas Alvarado, Uresti, Espinosa, Muñoz o Domínguez, sin más dato. Sobre esto Castro Escalante advierte que es «muy difícil dar datos biográficos de estos personajes por ser casi anónimos». Octavio Pedroza añade desde su experiencia: ¿quién fue Comonfort, quién fue Pánfilo Natera, quién fue Mascorro, quién fue Agustín Vera? Los apellidos viajan solos.

Coexistencia de nomenclatura antigua y nueva. Las placas de azulejo del siglo XIX no se han retirado; conviven con las placas modernas. Bonito patrimonialmente, jurídicamente un caos, pero ahora protegido por la federación, según recuerda Juárez Córdoba.
Discordancia entre catastro, INEGI y mapas digitales. El INEGI registra una nomenclatura, el catastro municipal otra ligeramente distinta, Google Maps una tercera basada en aportaciones de usuarios, y la placa física —la que el ciudadano lee— a veces no coincide con ninguna.
Si una ciudad no puede ponerse de acuerdo en el nombre de una calle, quizá tampoco pueda ponerse de acuerdo en su destino
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Esta frase no intenta sentenciar y, por el contrario, alivia: porque la otra opción —la de una ciudad que sí se pone de acuerdo en todo, que homologa, que pavimenta su pasado, que retira las placas viejas para que solo quede una versión— es peor. Es la ciudad sin memoria. Es la ciudad sin pulquería del Cariño, sin pordiosero adivino, sin coronel cobarde, sin tamalera. Es, en suma, la ciudad correcta pero muerta. Qué aburrido.

Y, sin embargo, este reportaje no concluye con el alivio. Concluye con una incomodidad nueva. Porque ahora ya sabemos que la ley existe. Que un diputado y un cronista hicieron su trabajo. Que el Pleno hizo el suyo. Que el Decreto 0689 fue publicado hace casi seis años en el Periódico Oficial. Y que las placas, sin embargo, siguen sin saberlo. La pregunta deja de ser «por qué nadie ha legislado» y se vuelve, mucho más incómoda, «por qué se legisla y no se aplica».

Lo que han mostrado nuestras tres entregas, y lo que han confirmado las voces de los tres exalcaldes y del director de cultura municipal, es que San Luis Potosí prefiere el palimpsesto, el dejar huellas del pasado para poner una nueva que a golpe de calendario un día será nuevamente huella.

Pero no se debería confundir el palimpsesto con la negligencia. Pedroza pide un compendio que explique los nombres y advierte contra el cambio caprichoso. García Valdez propone homologar conservando, dialogando lo antiguo con lo nuevo. Juárez Córdoba —que firmó la ley— recuerda que la federación ya protege las placas patrimoniales. Tres maneras de decir lo mismo: que la ciudad sí quiere orden, pero no a costa del rastro de su historia. Lo que falta es voluntad para articular la ley con la calle.

La verdadera radiografía moral, entonces, no está en la inconsistencia: está en la decisión —tantas veces postergada, tantas veces compartida— de no hacer cumplir lo ya decidido. En que el cabildo, el catastro, el INEGI y los mapas digitales sigan en una conversación abierta en la que nadie tiene la última palabra, ni siquiera el Decreto 0689. Porque la última palabra, en el centro histórico potosino, la sigue teniendo la abuela, la que dice La Corriente cuando todo el mundo dice Reforma.

Y a esa abuela —que es Borges sin saberlo, que es Calvino sin haberlo leído, que es Baudelaire sin París pero con La Merced— nadie le quita la palabra porque esa abuela… es la ciudad.

Fuentes

Reportaje basado en la investigación histórica de Arcadio Castro Escalante («Por las viejas calles de aquel San Luis») y el estudio del licenciado Constantino Méndez sobre las inconsistencias actuales de la nomenclatura potosina. Se consultaron además el Reglamento de Construcciones del Municipio de San Luis Potosí (artículo 21), la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí —en su texto vigente, reformada por Decreto 0689 publicado en el Periódico Oficial del Estado «Plan de San Luis» el 16 de julio de 2020 a propuesta del entonces diputado Martín Juárez Córdoba y el ciudadano Constantino Méndez Ponce—, los lineamientos de la Dirección General de Catastro, Desarrollo Urbano y Nuevos Proyectos del Ayuntamiento, y los marcos catastrales del INEGI. Las citas literarias provienen de Jorge Luis Borges, «Buenos Aires», en «El otro, el mismo» (1964); Italo Calvino, «Las ciudades invisibles» (1972); y Charles Baudelaire, «Las flores del mal» («Épilogue»). Se entrevistó para esta serie a Octavio Pedroza Gaitán, presidente municipal 2004-2006 y exsenador; a Mario García Valdez, presidente municipal 2012-2015, ex rector de la UASLP y actual secretario de Cultura del gobierno del Estado; y a Martín Juárez Córdoba, ex diputado local y actual director de Cultura Municipal de San Luis Potosí.

Anotación del periodista: Se transcribe la parte final del prólogo de Arcadio Escalante en su obra multicitada en este reportaje porque en la única edición de la obra, en 1999, el autor hace un hincapié relevante que no demerita su investigación, sin embargo, admite posibles errores que él mismo justifica:

“Como todo trabajo editorial realizado por humanos, podría haber algunos errores, sobre todo en el presente, en el que se han utilizado algunos planos algo ilegibles….”

También lee: La radiografía moral de una ciudad a través de sus esquinas. Segunda Parte