abril 9, 2026

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“Adelgazan” en secreto a familiares y amigos de la delegación del IMSS en SLP

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IMSS en SLP

El hospital no tiene la autorización ni la infraestructura, el médico que hace las operaciones no está certificado

Por hacer esas operaciones, cancelan las del resto de los usuarios

Por: Jorge Saldaña y Luis Moreno

A partir de octubre del 2018, en el Hospital General número 2 del IMSS en San Luis Potosí, catalogado como de segundo nivel, se han realizado por lo menos 22 intervenciones quirúrgicas de control de obesidad, denominadas bariátricas, sin que se tenga ni la categoría para hacerlo, tampoco la infraestructura o siquiera a un médico certificado. 

Entre los beneficiarios de las costosas cirugías destaca la hija de Francisco Javier Ortíz Nesme, jefe de Prestaciones Médicas de la delegación, su mano derecha y coordinador auxiliar, Juan Alberto Martínez Andrade, y Laura Mónica Curioca López, ambos en el organigrama delegacional bajo el mando de Ortíz Nesme.

Aunque la Norma Oficial Mexicana para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad prevé todas y cada una de las condiciones de infraestructura hospitalaria para realizar este tipo de cirugías (por ejemplo, en el apartado 7.3.1.6 establece que los pacientes con obesidad deben ser atendidos antes de la intervención por un equipo interdisciplinario, además de cumplir con una serie de requisitos y estudios; y en su apartado 6.1.1.2 indica que el medico deberá contar con certificación en cirugía bariátrica o endoscópica emitidos por Comité Normativo Nacional de Especialidades médicas (Conacem))en el Seguro Social de San Luis Potosí, se violaron todas y cada una de las normas.

El 25 de Octubre de 2018, como consta en el expediente médico, se operó por obesidad a Delta Estefanía Ortiz Díaz, hija del jefe de Prestaciones Médicas y segundo al mando de la delegación estatal, en manos de Rogelio Graillet Cervantes, cirujano que no cuenta, de acuerdo con la búsqueda en la Conacem, con la certificación como médico bariatra.

En las mismas condiciones pero en abril del 2019, se intervino a Juan Alberto Martínez Andrade, coordinador y auxiliar de Ortiz Nesme. Meses más tarde se operó a Laura Mónica Curioca López, tercera al mando de la oficina de Ortiz Nesme de acuerdo con el organigrama de la delegación.

Nombres de conocidos médicos, hermanos de periodistas radiofónicos, familiares de funcionarios y hasta familias de la más alta alcurnia potosina complementan la lista de los 22 pacientes que se han operado en el IMSS de Cuauhtémoc para tratar su obesidad. Sus nombres se omiten porque al no ser funcionarios públicos se deben reservar, así como su historial médico.

En contraste, decenas de pacientes han esperado hasta por un año para que les realicen cirugías y estudios que implican el uso del equipo de laparoscopía, aparato que el Seguro Social subarrenda a un proveedor, por el que se pagan contratos millonarios por su uso, y que de no hacerse ponen en peligro sus vidas o reducen la calidad de las mismas. 

Son al menos 17 casos de operaciones de hernia hiatal, extirpación vescicular y otros, los que La Orquesta pudo constatar han sido diferidos o aplazados solamente durante el mes de noviembre. En todos los casos, el uso del equipo laparoscópico es indispensable, mismo aparato que se utiliza para la intervención de obsesidad.

Este medio también acudió a los pasillos de la Clínica Número 2 del IMSS para rescatar las historias de derechohabientes afectados por las adversidades en el sistema de salud, incluida la posible corrupción, y favoritismo en el uso de los equipos para atender a amigos y familiares de la delegación.

Desde hace seis meses, Javier (41 años) ha estado en cuatro ocasiones a punto de estar sobre la mesa de operaciones, sin embargo, todas esas oportunidades se han frustrado: «me han dicho de todo para reprogramarme, que si el doctor está de vacaciones, que porque hay otras emergencias, que si creen que tengo gripa. No creo que los motivos sean válidos, porque mi médico me había pasado de urgencia la primera vez que me programaron la cirugía dijeron que era de urgencia. Además me traen vuelta y vuelta sin que me den solución. Es muy molesto».

Javier tiene una hernia inguinal, que es una protrusión de tejido que sobresale de alguna sección de los músculos abdominales; además parece de varicocele que una dilatación de las venas del cordón espermático y del escroto. Ambos padecimientos pueden ser corregidos mediante cirugía, no obstante, de no realizarse afectan constantemente a quien los padece:  

«Empecé con un dolor en la ingle derecha, me hice varios estudios para ver qué pasaba. Un día me vino un dolor muy fuerte y fui a urgencias. Me tuvieron en observación dos días, en los que nunca me hicieron nada, hasta que un médico se compadeció y me programó la cirugía, dijo que era de urgencia, desde ese día llevo medio año sin que me atiendan. Es muy molesto porque no puedo hacer muchas cosas, ahora el dolor ha sido tanto que provoca que me se duerma el pie derecho, hay días que ya ni lo siento».

En una situación aún peor se encuentra María (32 años). Desde niña padece de inguinodinia,

que es un dolor crónico en la región inguinal. Para paliar su malestar le han realizado diversas cirugías, la última, en la que le colocaron una malla en la zona afectada, fue mal realizada, lo que le ha generador por un lado un dolor insoportable en una parte de la ingle, pero insensibilidad en otra sección. Por ese motivo requiere de una operación correctiva
. Ese procedimiento luce aún lejano, pues incluso el estudio de mapeo ha sido reprogramado desde octubre. 

«El problema es que tal vez cortaron un nervio, pero todavía no pueden ni saberlo porque no me han hecho el mapeo, ese me lo programaron para el 30 de octubre, cuando llegó la fecha me lo cancelaron porque el doctor estaba de vacaciones, me han vuelto a dar varias citas, pero siempre las reprograman. Salen con que hay otras prioridades, y yo entiendo que hay emergencias, pero a mí me afectan mucho en mi vida cotidiana, porque no puedo cargar más de 2 o 3 libros, tampoco puedo caminar mucho. Además los motivos que me dan son injustos, sé de otros pacientes que ya los regresaron 4, 5 o 6 veces y no nos tienen una respuesta».

Los médicos y pacientes entrevistados coinciden en que las carencias en el Seguro Social no son nuevas, sin embargo la situación específica del Hospital número 2, mejor conocido como el Seguro de Cuauhtémoc, se ha agravado, sobre todo en la falta de material y quirófano a partir de que el doctor Rogelio Graillet Cervantes se presentó en octubre del 2018 como nuevo “encargado” del área de Bariatría, sobre todo si se considera que el costo del material para cada operación ronda entre los 50 y 60 mil pesos por intervención.

“A veces no hay gasas, no hay ni suturas, bueno con decirte que hasta la vestimenta estéril que se usa para las cirugías está escasa” Se queja un cirujano del hospital que por temor a represalias omite su nombre y continúa otro galeno “el equipo de laparoscopía se usa exclusivamente para operaciones programadas porque ni siquiera es del instituto, es decir, se renta a un particular por cierto número de ocasiones en que se utiliza, pero ha ocurrido que a mí por ejemplo me suspenden esa cirugía programada porque el equipo está siendo utilizado para una operación bariátrica ¿Con quién crees que se queja el paciente?”

Por su parte, los anestesiólogos del hospital, tampoco están de acuerdo en que se estén llevando a cabo los procedimientos bariátricos, y así lo expresaron con su firma al menos siete de ellos que entregaron a la dirección general un oficio recibido el pasado 25 de noviembre en el que hacen notar la falta de mesa quirúrgica con capacidad de soporte para peso y amplitud, así como contar con el índice biespectral BIS debido al riesgo de sobre o infra dosis con los pacientes bariátricos, entre otros equipos y medicamentos especializados.

La Orquesta acudió a entrevistar sobre este tema a Francisco Javier Ortiz Nesme, jefe de Atención Médica y acusado de favorecer a sus familiares y cercanos con cirugías de obesidad en perjuicio de los derechohabientes.

Ortiz Nesme declaró al respecto que las cirugías de obesidad y control de peso se están realizando en el Seguro Social como parte de un “programa piloto” para en el mediano plazo poder “abrir” el servicio a los derechohabientes y dijo desconocer que el médico encargado carezca de la certificación correspondiente. “Yo he visto muchos diplomas del doctor Graillet” justificó.

Sobre la intervención que se hizo a su hija, Delta Estefanía, declaró:

LO-¿Conoce a Delta Estefanía Ortíz Díaz?

FJON-Si

LO- ¿Quién es?

FJON-Mi hija 

LO-¿Fue beneficiada con una intervención bariátrica el pasado 25 de octubre?

FJON-¿eso que tiene que ver?

Igualmente aceptó que sus subalternos, Juan Alberto Martínez Andrade y Laura Mónica Curioca López han recibido el beneficio de la intervención, sin embargo hizo énfasis en que todos son empleados del seguro por ser parte de una prueba piloto, lo que contrasta con los nombres del resto de los que han sido operados y que nada tienen que ver con la institución pero que reservamos sus datos.

Conforme a la información oficial del IMSS a nivel federal, en un comunicado del 26 de agosto de 2010 se encontró que la institución solo reconoce al Centro Médico Nacional, Siglo XXI, al Centro Médico de Occidente en Jalisco y el Hospital General número 25 en Monterrey como los únicos centros de atención especializada con capacidades de realizar éste tipo de cirugías. 

El comunicado se puede encontrar en el siguiente link.

Esta es la entrevista completa con Javier Ortiz Nesme:

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Claudia, la que “se debilita”… ganando. Apuntes de Jorge Saldaña

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APUNTES

 

Culto Público, hijos de la narrativa que se cae como diente de leche flojo:

Siempre he creído que la oposición mexicana antes de ir a dormirse se cuenta una historia como para acurrucarse y soñar con un cuento de hadas al revés.

Sueñan desde los más fachos, hasta los más hipócritas -esos que estiran la mano y con la otra avientan la piedra- (Ya sé que así no va el refrán, pero siempre me doy mis licencias) que la presidenta Claudia Sheinbaum está debilitada, que el barco se hunde, que el país se desmorona y que pronto —cualquier día de estos, ya merito— todo se viene abajo, que entrarán a México todos los GI Joe gringos a exterminar en un parpadeo con los narcotraficantes y el narcotráfico (ajá…).

Deliran humedecidos que en cualquier chasquido, van a secuestrar a AMLO como lo hicieron con Maduro y que la Cuarta Transformación y a la presidenta la van a derrocar con mensajes en “Truth” aplicando la máxima goobeliana de “repite una mentira mil veces” (esa de que nos gobiernan los narcos) para que sea realidad” y aquí hay quien se la cree.

Esa narrativa la repiten los discípulos de su mesías “Lilly Tellez” en columnas, en mesas de análisis, en redes sociales y en cuanta cámara les pongan enfrente. Pero como decimos en el periodismo, hasta los aprendices, que todavía usamos datos: una cosa es el cuento público… y otra la realidad.

Vamos viendo: En estos días, la presidenta fue cuestionada sobre el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que habla de más de 132 mil personas desaparecidas en México.

Sheinbaum respondió con un argumento que hay que leer sin histeria: las cifras del comité extrapolan a 2025 datos de un análisis que cubre el periodo 2009-2016. Es decir, el grueso de esa tragedia corresponde a sexenios anteriores —los mismos que hoy callan cómodamente desde la oposición.

¿Es grave el problema de las desapariciones? Por supuesto que sí. Nadie con dos dedos de frente lo minimizaría. Pero una cosa es exigir justicia y otra es usar un informe con datos extrapolados como ariete político contra un gobierno que, al menos, no niega el problema y opera un censo para dimensionarlo.

Y ya que hablamos de la ONU y su preocupación por los derechos humanos, permítanme la pregunta que nadie se acuerda de hacer en las mesas de análisis: ¿Dónde está esa misma ONU frente a la guerra que Estados Unidos está librando contra Irán, a través de Palestina desde febrero de este año?

¿Dónde estuvo cuando las niñas iraníes fueron asesinadas? —digo— ¿ellas también desaparecieron no? ¿Ellas no cuentan?

¿Dónde están las resoluciones vinculantes, las sanciones, los comités especiales para los miles de civiles que desaparecen —literalmente de la faz de la tierra— bajo los bombardeos del país que, además y casualmente, financia y controla los hilos de los organismos internacionales?

Es decir, mientras la ONU le exige cuentas a México sobre personas desaparecidas, al mismo tiempo tolera la desaparición y extinción inmediata de miles de seres humanos (¿Ya se les olvidó que el lunes en la noche Trump prometió “desaparecer” a Iran?).

Eso no es justicia, ni casualidad, ni es coherente. Eso es una puesta en escena con guión de Fox News y una geopolítica selectiva con narrativa a modo.

Y así, mientras la ONU se pierde en sus laberintos, y en el “dicen que tú y yo estamos locos Lucas”, La presidenta Sheinbaum hoy (miércoles) les recetó otra dosis de realidad estratégica: la consolidación de la soberanía energética.

La presidenta presentó hoy el plan para explotar nuestras propias reservas de gas natural, un recurso que por años hemos importado como si no tuviéramos nada bajo el suelo.

Ese no es solo un tema de hidrocarburos; es un mensaje de independencia. Disminuir la importación de gas es quitarle a los de afuera el interruptor de nuestra luz y nuestra industria. Es, de nuevo, el dato de la infraestructura aplastando el re lato de la dependencia.

Pero la fortaleza no solo es energética, también es social. Ayer, Sheinbaum terminó de trazar la ruta hacia la salud universal

. Mientras la oposición sigue añorando un sistema de salud que solo existía en sus comerciales y que aplaudían, el anuncio de esta semana consolida la integración total de los servicios para que el acceso a un médico no dependa de tu código postal o tu patrón. ¿Es un sistema perfecto? No, pero nunca lo ha sido, este gobierno por lo menos, tiene un camino claro.

Es la institucionalización de un derecho que los “debilitadores” de oficio trataron como mercancía durante décadas. ¿Eso es estar debilitada? Se necesita mucha fuerza política para meter en cintura al aparato burocrático de la salud y ponerlo a funcionar para todos, pero no con varita mágica.

Ahora, si me lo permite, hagamos un “Flash Back” a los “reveses a la Reforma Electoral en sus versiones A y B”: Si el Plan A era construir una autopista de seis carriles con distribuidores viales, puentes y señalización inteligente, el Plan B es repintar las rayas del estacionamiento y cambiar los focos de la caseta. Si el Plan A era reconstruir el estadio completo, el Plan B es ponerle lona nueva a la tribuna de sol. Si el Plan A era una cirugía a corazón abierto al sistema electoral, el Plan B es un Mejoral con tecito de manzanilla, pero… el A no pasó y el B… trastocado.

Para lo que nos corresponde a San Luis Potosí, el Plan B prácticamente no mueve ni a una abeja asustada, y es que ningún municipio potosino tiene más de 15 regidores y el presupuesto del Congreso local no supera el 0.7 por ciento del presupuesto estatal. Reforma de austeridad, le llaman, pero lo que toca es tan mínimo que ni se siente (como tu cariño…).

Bueno y llegamos a mi parte favorita, Culto Público, porque aquí la oposición se supera a sí misma. La narrativa opositora sostiene —todos los días, en todos los tonos, en todas las plataformas— que el país se está cayendo a pedazos. Que Sheinbaum no puede. Que la gente está harta. Que todo va de mal en peor. Perfecto. Asumamos por un segundo que tienen razón. Entonces, ¿por qué bloquearon la revocación de mandato que hubiera puesto a Sheinbaum en la boleta del 2027?

Si de verdad creen que la mayoría del país piensa como ellos, la revocación era su oportunidad de oro: someter a la presidenta al veredicto popular y, si el país está tan mal como dicen, obligarla a dimitir. ¿Por qué no lo hicieron? Porque saben —y este es el secreto que no confiesan ni en misa de 9 en el Santuario— que Sheinbaum ganaría.

La propia presidenta lo dijo sin rodeos: “Tuvieron miedo.”

Claudia Sheinbaum, contra todo, no se está debilitando. Se está fortaleciendo con las propias contradicciones de quienes la atacan.

Bloquear la revocación que podría tumbarla, rechazar reformas que beneficiarían a la oposición misma, tiros de tres bandas en los que se usan cifras extrapoladas mientras se ignoran guerras en tiempo real, no es una oposición que esté ganando terreno.

Ah y se me olvidaba el AIFA: Frente a los embates de los Texcocoheridos, el aeropuerto toma vuelo y las cifras lo comprueban. (Chequen ustedes si no me creen)

Hasta la próxima

Yo soy Jorge Saldaña

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El 98% de contratos en ayuntamientos se asignaron por dedazo en 2024:INEGI

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En 2024, el 98% de las adquisiciones y obras públicas en los ayuntamientos del país se realizaron mediante adjudicación directa

 

Por: Redacción 

Con estos datos, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado admite irregularidades recurrentes en los procesos de adjudicación municipal en SLP y señala sobreprecios, expedientes mal integrados y uso excesivo de excepciones legales.

En 2024, el 98% de las adquisiciones y obras públicas en los ayuntamientos del país se realizaron mediante adjudicación directa —es decir, sin licitación ni competencia—, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales del INEGI.

Ante estos datos, el titular del IFSE, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, reconoció que las omisiones en los procedimientos de adjudicación son una constante en los municipios y motivo frecuente de observaciones.

El auditor explicó que, aunque las leyes permiten excepciones a la licitación pública y a la invitación restringida, los entes municipales suelen omitir estos procedimientos sin integrar adecuadamente los expedientes, lo que deriva en irregularidades administrativas.

Además, señaló que en algunos casos los bienes y servicios sí se entregan, pero a costos superiores, lo que representa un perjuicio para las finanzas públicas. “Al haber omitido el procedimiento legal, adquieren o contratan de manera mucho más onerosa”, advirtió.

El IFSE también reconoció haber sido “flexible” con los municipios, priorizando la capacitación de funcionarios sobre la sanción inmediata, aunque admitió que las fallas persisten.

En ese contexto, Lecourtois López planteó la necesidad de reformar y homologar en el estado las leyes de Adquisiciones y Obra Pública —ya modificadas a nivel federal— para cerrar los vacíos que permiten el uso discrecional de la adjudicación directa.

El auditor insistió en endurecer las sanciones contra funcionarios que recurran indebidamente a estos mecanismos, aunque matizó que el estudio del INEGI es únicamente cuantitativo y no detalla las condiciones específicas de cada contrato.

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Desactivan bomba en Soledad: Detecta PC 30 pipas cargadas de gasolina sin control

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Protección Civil identificó riesgo inminente de explosión en un encierro sin permisos y procedió a clausurar el sitio; la FGR abrió investigación sobre el origen del combustible

Por: Redacción

Un predio que resguardaba al menos 30 auto tanques cargados con hidrocarburos —sin permisos ni condiciones de seguridad— fue clausurado en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, tras detectarse un riesgo inminente de explosión que pudo haber provocado una tragedia de gran escala.

El operativo fue realizado de manera conjunta por personal de la FGR y Protección Civil Estatal de San Luis Potosí, quienes además iniciaron una investigación para determinar si el combustible almacenado es de procedencia legal o está vinculado al mercado ilícito, conocido como huachicol.

El sitio intervenido corresponde a los patios de encierro de Grúas Pensiones Tangamanga, ubicados sobre la carretera San Luis Potosí–Matehuala. En el lugar se localizaron unidades, en su mayoría con capacidad de hasta 48 mil litros, cargadas con gasolina, diésel y combustóleo.

De acuerdo con autoridades estatales, el inmueble no contaba con permisos básicos como seguro de responsabilidad civil por daño ambiental ni estudios de riesgo de incendio, lo que elevaba significativamente el peligro para la población cercana.

Mauricio Ordaz Flores, titular de Protección Civil Estatal, advirtió que el manejo inadecuado de este tipo de material representaba un riesgo crítico, por lo que la clausura buscó contener una posible emergencia mayor.

El operativo se generó a partir de reportes ciudadanos y derivó en la suspensión total de actividades del predio, mientras los responsables deberán implementar medidas correctivas.

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