octubre 20, 2025

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Activistas buscan tipificar crímenes de odio contra la comunidad LGBT+

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En breve presentarán una propuesta ante del Congreso del Estado para que el código penal dé los lineamientos de estos delitos y endurezca las penas para quien los comete 

Por: Ana G. Silva

El miércoles, activistas y organizaciones en pro de los derechos humanos presentaron una solicitud ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí para que les brinde una opinión técnica con la que, posteriormente, puedan enviar al Congreso una iniciativa ciudadana para modificar el código penal y tipificar los crímenes de odio en contra de personas LGBT+ en el estado.

Andrés Costilla, dirigente de la organización Amigos Potosinos en Lucha Contra el Sida, explicó: “hemos hecho un análisis a lo largo de la historia en San Luis Potosí, donde destaca que se han cometido crímenes de odio contra esta comunidad y muchas veces esos crímenes no se tipifican de la manera adecuada. Si bien, en el código penal actual se especifican los crímenes de odio por diferentes motivos: religión, condición de salud, por status social, orientación social, por identidad de género, queda ambiguo o no queda bien especificado cómo es que se perpetúa. Entonces al momento de que un juez revisa el código no tiene los elementos suficientes de interpretación o qué características tendría un crimen de este tipo y muchas veces queda como homicidios simple, homicidios dolosos, o en riña”, destacó el activista.

En la propuesta participan varios activistas del estado, así como organizaciones como Inclusión e igualdad AC, Amigos potosinos en lucha contra el sida, el Comité Organizador de la marcha LGBT en San Luis Potosí. Costilla destacó de una posible alianza con más personas, como un abogado y una egresada en Criminología que están interesados en participar y que también tiene una propuesta. “Nos estamos acercando para ver si podemos hacer algo en común que es una iniciativa ciudadana respaldada con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, con la mesa de atención a la diversidad sexual”.

En la reunión con el fiscal especializado en materia de Derechos Humanos, Francisco Pablo Alvarado Silva, y Esteban Pérez Mendieta, jefe de Unidad de Protección a Migrantes, Grupos Vulnerables, de la Diversidad Sexual, Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos con activistas de las poblaciones LGBTTTI se les planteó el panorama de México dentro de Latinoamérica, donde nuestro país ocupa el segundo lugar en crímenes de odio contra integrantes de este grupo.

“Necesitábamos la reunión con el fiscal especializado en Derechos Humanos para armar la propuesta y que después sea presentada en el Congreso del Estado como una iniciativa ciudadana que viene respaldada por estas instituciones con opiniones técnicas favorables. El fiscal nos ayudaría a emitir una opinión favorable, es decir, revisando el código penal y la propuesta, el punto es ver que sí existe esta necesidad para adecuar el código penal y se tipifiquen, el fiscal tiene que exponer por qué existe esta necesidad de acuerdo a la experiencia en su institución y por qué se requiere una iniciativa de esta naturaleza”.

El activista mencionó que el objetivo es lograr que se castigue con penas más duras a quienes cometen crímenes de odio, además de honrar la memoria de las víctimas:

Hace más de un año afuera del Greko mataron a un joven, al parecer fueron taxistas, el juez determinó que fue un crimen en riña, cuando había elementos para calificarlo como un crimen de odio: como que el lugar  de donde se encontraba es abiertamente gay o que fueron varios sus atacantes”.

Costilla se refirió a otro ejemplo: “también está el caso de una menor de edad que se identificaba como persona trans, Giovanni. Fue hace un año, y hasta ahora se detuvo a los presuntos responsables de este crimen y como aún no tenía su cambio de identidad, pues no entra como un feminicidio, pero tampoco está la figura del transfeminicidio en el código penal, entonces no queremos que quede impune”.

Andrés Costilla dijo que para catalogar un crimen de odio a esta comunidad se necesitan conocer las características de cómo se cometió:

“Muchas veces puede ser un crimen simple, pero cuando se comete una tortura, o cuando les ponen unas marcas visibles en la piel que puede decir ‘puto’ u otras palabras, podemos hablar de un crimen de odio, o cuando hay una saña inusual como al apuñalar muchas veces”.

El activista indicó que aunque en el estado están tipificados los crímenes de odio son generales y no en una situación específica como lo es a la comunidad gay.

Costilla agregó que luego de esta reunión ya tienen un diagnóstico de problemáticas de las poblaciones LGBT+, en la que Alvarado Silva destacó que lo que se busca en la FGE es que sea eficaz y eficiente, además de que estuvo de acuerdo con seguir colaborando en la propuesta.

“Ya en varios estados se han estado trabajando activistas colegas a través de la coalición mexicana LGBT y en San Luis Potosí queremos modificar nuestro código penal y ampliarlo y tener esos elementos para que se pueda explicar abiertamente”.

Por último, detalló que la iniciativa ciudadana se presentaría en un mes ante el Congreso de San Luis Potosí, una vez revisadas las cuestiones finales, donde tendrán una asesoría de técnica legislativa donde se les revisará que la propuesta esté presentable:

“La enviaremos al Congreso para que sea dictaminada, ver en qué comisión será enviada, que seguramente será en la Comisión de Justicia y ver a qué otra la envían, y una vez dictaminada de manera favorable, la suban al pleno para ser votada”.

 

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La falsa “Subsecretaría” de la SEP sigue operando: cuatro meses sin resultados

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Ni la SEP, ni el Gobierno Federal, ni las autoridades locales han informado avances, pese a la instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum

Por: Redacción

Han pasado ya más de cuatro meses desde que La Orquesta reveló la existencia de un esquema de fraude que operaba en San Luis Potosí bajo el nombre de una inexistente “Subsecretaría de Auditoría y Control” de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El caso, que alcanzó atención nacional e incluso llegó hasta la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, continúa sin avances públicos ni sanciones visibles.

En julio pasado, la mandataria federal instruyó una investigación inmediata y exhortó a las víctimas a presentar sus denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, hasta la fecha no se ha informado sobre el estatus de esa indagatoria, ni se conocen reportes oficiales de detenciones o procesos abiertos.

De acuerdo con testimonios recientes, las mismas personas que encabezaron la estafa continúan operando en la capital potosina, esta vez desde nuevas direcciones y oficinas temporales.

Entre los nombres señalados se mantiene el de Norma Judith Loredo Hernández, quien se presenta como “gobernadora indígena de San Luis Potosí” y ha sido identificada como una de las principales operadoras del esquema, junto con Juan Manuel Pérez, Daniel Guzmán, Eduardo Rodríguez López y Arquímedes Vázquez.

El fraude ofrece plazas laborales en la SEP, solicitando a los aspirantes pagos que iban de 6 mil hasta 22 mil pesos por supuestos trámites, manuales o afiliaciones sindicales.

A las víctimas se les pide entregar documentos personales y realizar depósitos a cuentas particulares, con la promesa de incorporarse a una dependencia federal que no existe ni figura en el Diario Oficial de la Federación

.

La investigación de La Orquesta ha documentado la operación del grupo en San Luis Potosí, Ciudad de México, Michoacán, Puebla, Veracruz, Querétaro y Tamaulipas, entre otras entidades que se han revelado al medio.

En la capital potosina, la supuesta oficina principal funcionó en Mariano Ávila #224, donde se atendía a los aspirantes y se recababa documentación con sellos y logotipos apócrifos del Gobierno de México.

Incluso, los reclutadores llegaron a presentarse en un programa de televisión abierta nacional, “Con M de Mañanita”, donde promovieron públicamente la existencia de esta falsa subsecretaría, reforzando así la percepción de legitimidad entre los afectados.

A pesar del mandato presidencial, las autoridades federales y locales no han rendido cuentas. No hay información sobre avances de la FGR, ni pronunciamientos de la SEP o la Secretaría de Gobernación sobre las denuncias interpuestas.

La estructura sigue operando, el fraude continúa y las instrucciones de la presidenta parecen haber quedado en el aire.

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Gobernador pide permiso a la Federación para arreglar las laterales de la 57

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Ricardo Gallardo advirtió que los tramos ya no soportan más bacheos, por lo que necesita una reconstrucción total

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, llamó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Federal y al Ayuntamiento de la capital a definir quién se hará cargo de la rehabilitación de las laterales de la carretera 57, al considerar que estas vialidades se encuentran en condiciones críticas.

Gallardo señaló que el mantenimiento mediante bacheo ya no es suficiente y que se requiere una reconstrucción completa, pues los tramos laterales se han deteriorado con el paso del tiempo y la falta de coordinación entre niveles de gobierno.

“Urge arreglar las laterales de la 57. Ya no aguantan una bacheada más. Alguien debe tomar la batuta: si la Federación o el municipio no pueden, que nos den permiso para hacerlo”, enfatizó.

El mandatario potosino explicó que recientemente se firmó un convenio entre la Junta Estatal de Caminos (JEC)

y la SCT Federal para realizar labores de mantenimiento, pero advirtió que ese acuerdo no contempla una reconstrucción total, sino únicamente acciones de bacheo.

Además, adelantó que su administración continúa gestionando con el Gobierno Federal un proyecto integral de movilidad que contempla la construcción de un segundo piso sobre la carretera 57 y la extensión de la vía alterna hasta el kilómetro 140, con una inversión estimada de 12 mil millones de pesos.

“Sería llevar a San Luis Potosí a otro nivel de vialidades; hay que seguirlo buscando, la Federación tiene recursos para hacerlo”, sostuvo Gallardo.

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Sheinbaum reconoce respuesta de SLP ante inundaciones en la Huasteca

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Gobierno estatal destacó apoyos economicos por parte de la federación para familias afectadas

Por: Redacción

Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, dio a conocer que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció la pronta reacción de las autoridades estatales ante las inundaciones ocurridas en la Huasteca Potosina.

En particular, destacó la coordinación con los municipios y brigadistas, lo que, en palabras del secretario, permitió que San Luis Potosí se posicionara como uno de los estados con mayor efectividad frente a la contingencia.

El pasado 17 de octubre, el gobierno estatal anunció que la entidad salió oficialmente de la contingencia

por inundaciones, tras haber repartido 50 mil 784 despensas y víveres, así como 17 mil 457 paquetes de limpieza.

Además, se reporta la presencia de 50 brigadas médicas activas en las zonas afectadas, las cuales han brindado mil 561 atenciones médicas a la población.

Por otro lado, Torres Sánchez informó que el Gobierno Federal otorgará apoyos económicos a través de censos realizados por los Servidores de la Nación, dirigidos a las familias cuyos hogares resultaron afectados.

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