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Activistas buscan tipificar crímenes de odio contra la comunidad LGBT+
En breve presentarán una propuesta ante del Congreso del Estado para que el código penal dé los lineamientos de estos delitos y endurezca las penas para quien los comete
Por: Ana G. Silva
El miércoles, activistas y organizaciones en pro de los derechos humanos presentaron una solicitud ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí para que les brinde una opinión técnica con la que, posteriormente, puedan enviar al Congreso una iniciativa ciudadana para modificar el código penal y tipificar los crímenes de odio en contra de personas LGBT+ en el estado.
Andrés Costilla, dirigente de la organización Amigos Potosinos en Lucha Contra el Sida, explicó: “hemos hecho un análisis a lo largo de la historia en San Luis Potosí, donde destaca que se han cometido crímenes de odio contra esta comunidad y muchas veces esos crímenes no se tipifican de la manera adecuada. Si bien, en el código penal actual se especifican los crímenes de odio por diferentes motivos: religión, condición de salud, por status social, orientación social, por identidad de género, queda ambiguo o no queda bien especificado cómo es que se perpetúa. Entonces al momento de que un juez revisa el código no tiene los elementos suficientes de interpretación o qué características tendría un crimen de este tipo y muchas veces queda como homicidios simple, homicidios dolosos, o en riña”, destacó el activista.
En la propuesta participan varios activistas del estado, así como organizaciones como Inclusión e igualdad AC, Amigos potosinos en lucha contra el sida, el Comité Organizador de la marcha LGBT en San Luis Potosí. Costilla destacó de una posible alianza con más personas, como un abogado y una egresada en Criminología que están interesados en participar y que también tiene una propuesta. “Nos estamos acercando para ver si podemos hacer algo en común que es una iniciativa ciudadana respaldada con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, con la mesa de atención a la diversidad sexual”.
En la reunión con el fiscal especializado en materia de Derechos Humanos, Francisco Pablo Alvarado Silva, y Esteban Pérez Mendieta, jefe de Unidad de Protección a Migrantes, Grupos Vulnerables, de la Diversidad Sexual, Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos con activistas de las poblaciones LGBTTTI se les planteó el panorama de México dentro de Latinoamérica, donde nuestro país ocupa el segundo lugar en crímenes de odio contra integrantes de este grupo.
“Necesitábamos la reunión con el fiscal especializado en Derechos Humanos para armar la propuesta y que después sea presentada en el Congreso del Estado como una iniciativa ciudadana que viene respaldada por estas instituciones con opiniones técnicas favorables. El fiscal nos ayudaría a emitir una opinión favorable, es decir, revisando el código penal y la propuesta, el punto es ver que sí existe esta necesidad para adecuar el código penal y se tipifiquen, el fiscal tiene que exponer por qué existe esta necesidad de acuerdo a la experiencia en su institución y por qué se requiere una iniciativa de esta naturaleza”.
El activista mencionó que el objetivo es lograr que se castigue con penas más duras a quienes cometen crímenes de odio, además de honrar la memoria de las víctimas:
“Hace más de un año afuera del Greko mataron a un joven, al parecer fueron taxistas, el juez determinó que fue un crimen en riña, cuando había elementos para calificarlo como un crimen de odio: como que el lugar de donde se encontraba es abiertamente gay o que fueron varios sus atacantes”.
Costilla se refirió a otro ejemplo: “también está el caso de una menor de edad que se identificaba como persona trans, Giovanni. Fue hace un año, y hasta ahora se detuvo a los presuntos responsables de este crimen y como aún no tenía su cambio de identidad, pues no entra como un feminicidio, pero tampoco está la figura del transfeminicidio en el código penal, entonces no queremos que quede impune”.
Andrés Costilla dijo que para catalogar un crimen de odio a esta comunidad se necesitan conocer las características de cómo se cometió:
“Muchas veces puede ser un crimen simple, pero cuando se comete una tortura, o cuando les ponen unas marcas visibles en la piel que puede decir ‘puto’ u otras palabras, podemos hablar de un crimen de odio, o cuando hay una saña inusual como al apuñalar muchas veces”.
El activista indicó que aunque en el estado están tipificados los crímenes de odio son generales y no en una situación específica como lo es a la comunidad gay.
Costilla agregó que luego de esta reunión ya tienen un diagnóstico de problemáticas de las poblaciones LGBT+, en la que Alvarado Silva destacó que lo que se busca en la FGE es que sea eficaz y eficiente, además de que estuvo de acuerdo con seguir colaborando en la propuesta.
“Ya en varios estados se han estado trabajando activistas colegas a través de la coalición mexicana LGBT y en San Luis Potosí queremos modificar nuestro código penal y ampliarlo y tener esos elementos para que se pueda explicar abiertamente”.
Por último, detalló que la iniciativa ciudadana se presentaría en un mes ante el Congreso de San Luis Potosí, una vez revisadas las cuestiones finales, donde tendrán una asesoría de técnica legislativa donde se les revisará que la propuesta esté presentable:
“La enviaremos al Congreso para que sea dictaminada, ver en qué comisión será enviada, que seguramente será en la Comisión de Justicia y ver a qué otra la envían, y una vez dictaminada de manera favorable, la suban al pleno para ser votada”.
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Las víctimas estaban desaparecidas desde el 7 de febrero; uno de ellos tenía proyección política en el municipio
Por: Redacción
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) confirmó el hallazgo sin vida de Pablo Ortega Venegas, de 36 años, y Óscar Osbaldo Luna Silva, de 38 años, ambos originarios del municipio de Villa de Reyes, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado sábado 7 de febrero.
Los cuerpos fueron localizados en el municipio de Pinos, Zacatecas, lo que derivó en una coordinación inmediata entre agentes de la Policía de Investigación (PDI) de San Luis Potosí y Zacatecas para llevar a cabo las diligencias correspondientes y esclarecer el doble homicidio.
De acuerdo con la información oficial, desde el momento en que se tuvo conocimiento de la no localización de ambos hombres, la FGESLP activó los protocolos de búsqueda, emitió las fichas correspondientes a través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y abrió carpetas de investigación tras las denuncias presentadas por familiares.
Las víctimas fueron vistas por última vez en puntos distintos: Pablo Ortega Venegas, conocido como “Pablo Carreta”, en las inmediaciones del rancho “La Carreta”, mientras que Óscar Osbaldo Luna Silva fue reportado por última vez en la entrada al municipio de Jesús María. Las autoridades también solicitaron apoyo ciudadano para localizar dos vehículos en los que presuntamente se transportaban: una camioneta Kia Sportage color vino y un Nissan Tsuru blanco.
Pablo Ortega Venegas se perfilaba como posible candidato a la presidencia municipal de Villa de Reyes por Movimiento Ciudadano, mientras que Óscar Osbaldo Luna Silva era productor agrícola y hermano de Aurelio Luna, asesinado en 2024, quien también aspiraba a contender por la alcaldía del municipio, en ese caso por Morena.
Previo a la confirmación del deceso, familiares y amigos habían convocado a una marcha pacífica para este martes 10 de febrero, con el objetivo de exigir la aparición con vida de las personas privadas ilegalmente de la libertad.
La FGESLP informó que ha robustecido las indagatorias para establecer cómo ocurrieron los hechos y dar con los responsables, aunque hasta el momento no se han revelado las condiciones en las que fueron encontrados los cuerpos.
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Tras feminicidios de los últimos días, Fiscalía pide denunciar cualquier tipo de violencia
María Manuela García señaló que la falta de denuncia sigue siendo un tema muy común, incluso cuando ya hay una detención de por medio
Por: Redacción
Tras los dos feminicidios ocurridos en San Luis Potosí en días recientes, María Manuela García Cazares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier tipo de violencia familiar para evitar estos trágicos acontecimientos.
La fiscal señaló que en ninguno de los dos casos existía algún reporte previo por violencia familiar, lo que hace prácticamente imposible la prevención del crimen por parte de las autoridades.
García Cazares indicó que la falta de denuncia sigue siendo un problema muy grande en estas situaciones
Finalmente, recalcó la invitación a las personas que sufran algún tipo de violencia de acercarse a las autoridades a reportar estos hechos, con el fin de que la FGE pueda actuar a tiempo y evitar que la situación trascienda a mayores.
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Las autoridades aseguran que sin denuncia directa es difícil proceder legalmente
Por: Redacción
Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reconoció que el fenómeno de extorsión bajo la modalidad de “gota a gota” continúa presente en la zona metropolitana de San Luis Potosí, particularmente en la capital y en Soledad de Graciano Sánchez, aunque aseguró que ya se han realizado detenciones y acciones de seguimiento para contener este delito.
Cuestionado sobre las denuncias relacionadas con presuntos extorsionadores de origen colombiano que operan en la capital potosina, el funcionario explicó que han sido principalmente la Policía Municipal de Soledad y la Guardia Civil Estatal quienes han logrado detener a personas vinculadas con este esquema de préstamos ilegales.
Juárez Hernández reconoció que se trata de un fenómeno complejo, ya que este tipo de extorsión se origina a partir de préstamos informales, lo que dificulta la acreditación del delito ante la Fiscalía General del Estado y la posibilidad de realizar detenciones en flagrancia.
“Es algo complicado porque se necesita la denuncia de la persona afectada. Al derivar de un préstamo, jurídicamente se complica demostrar el delito; sin embargo, cuando existe señalamiento directo y la víctima está dispuesta a denunciar, se logra la detención”, explicó.
El titular de la SSPC señaló que el tema ha sido abordado de manera constante en las mesas de seguridad
En contraste, destacó que en la región Altiplano, particularmente en Matehuala, se ha logrado una reducción significativa de la incidencia delictiva relacionada con extorsión y cobro de piso, tras la detención de integrantes de un grupo criminal que también estaba vinculado con venta de droga, robo al autotransporte y homicidios.
Indicó que estas acciones no corresponden únicamente a operativos recientes, sino a un trabajo sostenido de al menos dos años, lo que ha permitido debilitar de forma considerable a dicha organización criminal.
Finalmente, Juárez Hernández reiteró que, en el caso de la zona metropolitana, el combate a la extorsión requiere no solo de operativos policiacos, sino también de la colaboración de las víctimas mediante la denuncia, para poder proceder legalmente contra quienes incurren en estas prácticas.
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