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Activistas buscan tipificar crímenes de odio contra la comunidad LGBT+
En breve presentarán una propuesta ante del Congreso del Estado para que el código penal dé los lineamientos de estos delitos y endurezca las penas para quien los comete
Por: Ana G. Silva
El miércoles, activistas y organizaciones en pro de los derechos humanos presentaron una solicitud ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí para que les brinde una opinión técnica con la que, posteriormente, puedan enviar al Congreso una iniciativa ciudadana para modificar el código penal y tipificar los crímenes de odio en contra de personas LGBT+ en el estado.
Andrés Costilla, dirigente de la organización Amigos Potosinos en Lucha Contra el Sida, explicó: “hemos hecho un análisis a lo largo de la historia en San Luis Potosí, donde destaca que se han cometido crímenes de odio contra esta comunidad y muchas veces esos crímenes no se tipifican de la manera adecuada. Si bien, en el código penal actual se especifican los crímenes de odio por diferentes motivos: religión, condición de salud, por status social, orientación social, por identidad de género, queda ambiguo o no queda bien especificado cómo es que se perpetúa. Entonces al momento de que un juez revisa el código no tiene los elementos suficientes de interpretación o qué características tendría un crimen de este tipo y muchas veces queda como homicidios simple, homicidios dolosos, o en riña”, destacó el activista.
En la propuesta participan varios activistas del estado, así como organizaciones como Inclusión e igualdad AC, Amigos potosinos en lucha contra el sida, el Comité Organizador de la marcha LGBT en San Luis Potosí. Costilla destacó de una posible alianza con más personas, como un abogado y una egresada en Criminología que están interesados en participar y que también tiene una propuesta. “Nos estamos acercando para ver si podemos hacer algo en común que es una iniciativa ciudadana respaldada con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, con la mesa de atención a la diversidad sexual”.
En la reunión con el fiscal especializado en materia de Derechos Humanos, Francisco Pablo Alvarado Silva, y Esteban Pérez Mendieta, jefe de Unidad de Protección a Migrantes, Grupos Vulnerables, de la Diversidad Sexual, Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos con activistas de las poblaciones LGBTTTI se les planteó el panorama de México dentro de Latinoamérica, donde nuestro país ocupa el segundo lugar en crímenes de odio contra integrantes de este grupo.
“Necesitábamos la reunión con el fiscal especializado en Derechos Humanos para armar la propuesta y que después sea presentada en el Congreso del Estado como una iniciativa ciudadana que viene respaldada por estas instituciones con opiniones técnicas favorables. El fiscal nos ayudaría a emitir una opinión favorable, es decir, revisando el código penal y la propuesta, el punto es ver que sí existe esta necesidad para adecuar el código penal y se tipifiquen, el fiscal tiene que exponer por qué existe esta necesidad de acuerdo a la experiencia en su institución y por qué se requiere una iniciativa de esta naturaleza”.
El activista mencionó que el objetivo es lograr que se castigue con penas más duras a quienes cometen crímenes de odio, además de honrar la memoria de las víctimas:
“Hace más de un año afuera del Greko mataron a un joven, al parecer fueron taxistas, el juez determinó que fue un crimen en riña, cuando había elementos para calificarlo como un crimen de odio: como que el lugar de donde se encontraba es abiertamente gay o que fueron varios sus atacantes”.
Costilla se refirió a otro ejemplo: “también está el caso de una menor de edad que se identificaba como persona trans, Giovanni. Fue hace un año, y hasta ahora se detuvo a los presuntos responsables de este crimen y como aún no tenía su cambio de identidad, pues no entra como un feminicidio, pero tampoco está la figura del transfeminicidio en el código penal, entonces no queremos que quede impune”.
Andrés Costilla dijo que para catalogar un crimen de odio a esta comunidad se necesitan conocer las características de cómo se cometió:
“Muchas veces puede ser un crimen simple, pero cuando se comete una tortura, o cuando les ponen unas marcas visibles en la piel que puede decir ‘puto’ u otras palabras, podemos hablar de un crimen de odio, o cuando hay una saña inusual como al apuñalar muchas veces”.
El activista indicó que aunque en el estado están tipificados los crímenes de odio son generales y no en una situación específica como lo es a la comunidad gay.
Costilla agregó que luego de esta reunión ya tienen un diagnóstico de problemáticas de las poblaciones LGBT+, en la que Alvarado Silva destacó que lo que se busca en la FGE es que sea eficaz y eficiente, además de que estuvo de acuerdo con seguir colaborando en la propuesta.
“Ya en varios estados se han estado trabajando activistas colegas a través de la coalición mexicana LGBT y en San Luis Potosí queremos modificar nuestro código penal y ampliarlo y tener esos elementos para que se pueda explicar abiertamente”.
Por último, detalló que la iniciativa ciudadana se presentaría en un mes ante el Congreso de San Luis Potosí, una vez revisadas las cuestiones finales, donde tendrán una asesoría de técnica legislativa donde se les revisará que la propuesta esté presentable:
“La enviaremos al Congreso para que sea dictaminada, ver en qué comisión será enviada, que seguramente será en la Comisión de Justicia y ver a qué otra la envían, y una vez dictaminada de manera favorable, la suban al pleno para ser votada”.
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Congreso del Estado
Sigue en estudio continuidad de concejales de Pozos
Héctor Serrano afirmó que los concejales no fueron electos y que el Congreso es la autoridad competente para tomar decisiones sobre ellos
Por: Redacción
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Héctor Serrano Cortés, confirmó que los concejales de Villa de Pozos que incurrieron en una “mala actuación” ya se encuentran bajo revisión jurídica y administrativa por parte del propio Legislativo y del órgano de control interno del municipio.
Serrano explicó que, tras diversas observaciones y conductas presuntamente irregulares dentro del concejo, se inició un proceso formal para integrar expedientes y deslindar posibles responsabilidades.
“¿Qué es preferible? ¿Atender un acto que a la luz pública muestra por lo menos una ilegalidad, o dejarlo pasar con la impunidad que eso implica?”, cuestionó el legislador, al señalar que su obligación es concluir estos procedimientos con estricto apego a la legalidad.
El diputado destacó que esta revisión interna ocurre en paralelo al reciente fallo del Tribunal Electoral del Estado (TEE), que confirmó que la designación de Martha Patricia Aradillas como presidenta concejal no es un tema electoral, sino estrictamente administrativo y de competencia del Congreso.
“Siempre lo dijimos: los concejales no fueron electos, no son producto de la voluntad popular; por tanto, el órgano que tiene injerencia sobre sus decisiones es el que los designó, en este caso, el Congreso del Estado”, afirmó. Añadió que el Tribunal desechó las impugnaciones precisamente por ser improcedentes y no tener materia qué analizar.
Serrano reiteró que para el Congreso lo fundamental es mantener la estabilidad y la seguridad social de los habitantes de Villa de Pozos. Recordó que no hubo elecciones previas debido a diversos amparos que frenaron el proceso, por lo que los comicios se realizarán hasta 2027.
Mientras tanto, el órgano de control municipal integra observaciones, evalúa responsabilidades y da seguimiento a las conductas de los concejales señalados. El diputado sostuvo que el compromiso del Congreso es claro: “He pugnado siempre por la legalidad”.
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Destacadas
¿Tocan mujeres? CEEPAC propone paridad total y alternancia en candidaturas
La propuesta incluye que si en la elección pasada un partido postuló a un hombre para la gubernatura o ayuntamientos, obligatoriamente ahora deberá postular a una mujer, y viceversa
Por: Redacción
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceeoac) entregó al Congreso del Estado una Iniciativa Integral de Reforma Constitucional y Electoral que busca modernizar el sistema comicial potosino, fortalecer sus instituciones y garantizar el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de toda la ciudadanía.
La propuesta incorpora ajustes operativos, nuevas obligaciones para los partidos y un énfasis inédito en la paridad, incluida una medida clave: alternancia obligatoria de género en la candidatura a la gubernatura, es decir, si en la elección pasada el partido postuló a un hombre, la siguiente deberá ser una mujer, y viceversa.
La iniciativa plantea al Legislativo analizar cambios de fondo como:
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Nuevo calendario electoral, adelantando el arranque del proceso al 15 de noviembre del año previo a la elección.
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Pago para integrantes de Comisiones Distritales y Comités Municipales, reconociendo su labor durante el proceso electoral.
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Procedimientos más sólidos para sustituir o revocar a personas integrantes de órganos desconcentrados.
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Modernización en el manejo de boletas, documentos y sistemas de resultados preliminares.
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Nuevas atribuciones del Ceepac en la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial.
La iniciativa establece que los partidos políticos deberán destinar al menos 5% de su financiamiento a programas de formación política, desarrollo de habilidades y liderazgo, enfocados especialmente en:
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Personas con discapacidad
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Personas de la diversidad sexual
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La participación real en espacios de decisión
Uno de los ejes más robustos de la propuesta es el fortalecimiento sustantivo al principio de paridad:
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Alternancia obligatoria en la candidatura a la gubernatura según el género del registro previo.
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Integraciones paritarias en todos los ayuntamientos, incluidas las presidencias municipales.
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Armonización de la Comisión de Género con principios de igualdad y no discriminación.
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Facultad del Ceepac para rechazar registros que incumplan con la paridad.
En conjunto, la reforma busca construir un sistema electoral:
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Moderno y eficiente
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Con procesos confiables y transparentes
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Con igualdad sustantiva para todas las personas
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Que garantice participación equitativa de grupos históricamente excluidos
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Que consolide la pluralidad y la democracia potosina
El CEEPAC destacó que la discusión debe abrirse a diversos espacios públicos, académicos y políticos, a fin de que el Congreso defina la actualización legal que permita desarrollar procesos electorales íntegros, incluyentes y accesibles en San Luis Potosí.
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Gallardo acuerda más obras y apoyos con alcaldes
El Gobernador sostuvo reuniones con ediles de la capital, Alaquines, Axtla de Terrazas y Santo Domingo para consolidar más proyectos
Por: Redacción
El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, acordó obras estratégicas que fortalecerán la infraestructura, mejorarán la movilidad, ampliarán el acceso al agua y crearán nuevos espacios deportivos, en reuniones de trabajo con los alcaldes de la capital, Alaquines, Axtla de Terrazas y Santo Domingo, además de coordinar más proyectos en los 59 municipios.
En la capital, el Gobernador y el alcalde Enrique Galindo Ceballos acordaron arrancar dos proyectos de infraestructura con una inversión histórica de 600 millones de pesos, que consolidarán un avance sin precedentes garantizando mejores condiciones de vida para las familias potosinas.
En Alaquines, Ricardo Gallardo y la presidenta municipal Laura Moctezuma de la Cruz definieron el inicio de una nueva unidad deportiva en Los Viveros, dentro de la colonia indígena, así como la rehabilitación con carpeta asfáltica del camino A laquines–El Llanito.
Durante la reunión con la presidenta de Axtla de Terrazas, Clara María Castro Jonguitud, el Mandatario confirmó la rehabilitación de la carretera principal Comoca–Axtla, la intervención del camino Jalpilla–Tenexio y el impulso a un proyecto integral de agua con sistema de bombeo en Cuayo–Cerro.
Finalmente, en Santo Domingo, junto al alcalde Filiberto Rodríguez Alvarado, el Gobernador anunció la instalación de nuevas luminarias, la construcción de una unidad deportiva en la cabecera municipal, un pozo de agua en la comunidad de Illescas y la ampliación de programas sociales orientados al bienestar de la población.
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