Con experiencia como diputada federal, funcionaria municipal y perfil técnico, llega a uno de los cargos clave en la operación del gobierno de Enrique Galindo

Por: Ana G Silva

En sesión de Cabildo, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre tomó protesta como nueva secretaria general del Ayuntamiento de San Luis Potosí, integrándose al equipo del alcalde Enrique Galindo Ceballos en la recta final de la administración municipal.

Rodríguez Aguirre cuenta con una trayectoria política y administrativa vinculada principalmente al Partido Acción Nacional (PAN), al que se afilió en 1996. Es ingeniera en alimentos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), donde egresó en 1992.

En el ámbito legislativo, se desempeñó como diputada federal por el quinto distrito de San Luis Potosí de 2015 a 2018. Además, ha ocupado distintos cargos dentro de la administración pública, entre ellos su paso por la Secretaría de Desarrollo Social, donde participó en labores institucionales durante varios años.

En el ámbito interno del PAN, fue consejera estatal en 2008, consolidando su presencia dentro del partido.

En el gobierno municipal capitalino, su experiencia reciente incluye su desempeño como directora de Catastro y posteriormente como directora general de Gestión Territorial y Catastro, cargo que asumió en 2025, donde fue reconocida por impulsar estrategias para atender el crecimiento urbano de la ciudad.

También cuenta con experiencia académica, ya que en 1997 impartió clases en el Instituto de Estudios Superiores, además de contar con un diplomado en gestión de gobierno local.

Con este nombramiento, el Ayuntamiento busca dar continuidad operativa y fortalecer la coordinación interna, en un momento clave de la administración municipal.

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Centros Libres pasan de 22 a 33 en el estado; la cobertura alcanzará los 58 municipios

Por: Redacción

Gloria Serrato, titular de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres), informó que para este 2026 se gestionaron casi 40 millones de pesos en recursos federales destinados a fortalecer la atención integral a mujeres en el estado, particularmente en el marco de las acciones relacionadas con la Alerta de Violencia de Género.

Explicó que, a diferencia de años anteriores, los fondos ahora son administrados a través de la Secretaría Nacional de las Mujeres, donde los estados deben concursar mediante proyectos para acceder al financiamiento, dependiendo de su viabilidad y evaluación.

En este contexto, destacó que uno de los principales logros será la ampliación de los llamados Centros Libres, espacios destinados a la atención integral de mujeres en situación de violencia.

“Este año logramos gestionar recursos para abrir 11 centros más, p asando de 22 a un total de 33 en todo el estado”,

Con esta expansión, detalló que se alcanzará cobertura en los 58 municipios, mediante esquemas de atención directa e itinerante.

Serrato explicó que estos centros brindan servicios especializados a través de un equipo multidisciplinario conformado por psicóloga, abogada, trabajadora social, promotora de redes y promotora de derechos humanos, lo que permite atender de manera integral las distintas formas de violencia.

Asimismo, indicó que el modelo de operación es tripartita, ya que: El Gobierno Federal cubre el pago del personal especializado, el Gobierno Estatal aporta equipamiento y los municipios proporcionan los espacios físicos.

Entre los municipios donde ya operan o se fortalecerán estos centros destacan Soledad, Tamuín, Ciudad Valles y Tamazunchale, mientras que este año se sumarán nuevos puntos en Santa María del Río, Villa de Arriaga, Catorce, San Ciro de Acosta, San Vicente y San Martín, entre otros.

Finalmente, la funcionaria subrayó que estos espacios no solo atienden casos de violencia, sino que también forman parte de una estrategia preventiva que busca garantizar el acceso de las mujeres a sus derechos.

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José Guadalupe Torres Sánchez plantea debate sobre delitos graves y responsabilidad de padres o tutores

Por: Redacción

José Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, consideró necesario abrir un debate “con mucha responsabilidad” sobre la posibilidad de imponer sanciones más severas a menores de edad que cometan delitos graves, aunque advirtió que el análisis debe contemplar múltiples factores legales y sociales.

El funcionario estatal señaló que este tema no puede resolverse de manera simplista ni a partir de declaraciones aisladas, sino mediante una revisión integral del marco jurídico y sus implicaciones.

“Es un debate que hay que tener con mucha responsabilidad y no únicamente expresarlo en una entrevista”, afirmó.

Torres Sánchez explicó que uno de los elementos centrales en esta discusión debe ser el nivel de violencia ejercida en los delitos, al referirse a casos recientes en el país donde menores han cometido actos de extrema gravedad.

“Tendría que tener como origen el grado o la brutalidad que algún adolescente o niño comete en contra de otro”, sostuvo.

Como ejemplo, mencionó un caso ocurrido en Michoacán, donde un menor de edad agredió a dos maestras, provocándoles la muerte, hecho que calificó como una “brutalidad” y que, dijo, evidencia la necesidad de revisar los alcances de la legislación actual.

“Por supuesto que es una brutalidad y frente a ello parecieran demasiado flexibles”, expresó en referencia a las sanciones vigentes.

No obstante, el secretario general de Gobierno subrayó que cualquier modificación legal debe contemplar también la responsabilidad de los adultos a cargo de los menores, particularmente padres o tutores.

“La responsabilidad debe de abrazar e incluir a sus tutores o a sus padres”, indicó, al señalar que en muchos casos estos actores no son considerados dentro de las consecuencias legales.

Torres Sánchez recordó que, a diferencia de los menores, los padres sí están sujetos a la legislación penal ordinaria, lo que abre la posibilidad de establecer mecanismos de corresponsabilidad más estrictos.

“Estos no olviden que sí son sujetos de una ley ordinaria o común que inclusive permite la reclusión”, apuntó.

En ese sentido, insistió en que el debate debe analizar todas las aristas antes de plantear cambios legales, especialmente ante propuestas impulsadas a nivel federal sobre el endurecimiento de sanciones para menores que cometan delitos de alto impacto.

“Cualquier idea que tienda o sume para poder erradicar este tipo de prácticas es bienvenida”, afirmó.

Finalmente, el funcionario estatal señaló que será necesario esperar a que se formalicen las iniciativas desde el ámbito federal para poder fijar una postura más concreta en San Luis Potosí, aunque adelantó que el estado se mantendrá atento a cualquier propuesta que busque fortalecer la seguridad y la justicia.

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