El caos legal silencioso, la ley invisible y la abuela que tiene la última palabra

«Te amo, ¡oh capital infame! […] por lo mismo que eres vieja y terrible, te adoro.»
Charles Baudelaire, Las flores del mal

Por: Jorge Saldaña

Baudelaire amaba a París por todo aquello que la afeaba. Por su vejez, por su horror, por su escándalo cotidiano. La nuestra es una ciudad menor en escala, pero la lógica del afecto es la misma: amamos a San Luis no a pesar de su desorden onomástico, sino, en parte, gracias a él. Lo que sigue, sin embargo, es la cara administrativa de ese amor: lo que se cae cuando una placa equivocada se enfrenta a un trámite real. Lo que dice la ley y lo que dice la placa

El Reglamento de Construcciones del Municipio de San Luis Potosí, en su artículo 21, establece con esa solemnidad que tienen los reglamentos cuando saben que nadie los lee:
«Solo el Cabildo del Ayuntamiento determinará el nombre oficial de las vías públicas, parques, jardines, plazas y espacios abiertos.»

Solo el Cabildo. No la costumbre, no el vecino, no la imprenta de la esquina. Y, sin embargo, basta con caminar tres cuadras desde el centro para entender que la ley vive en una ciudad y las placas en otra. La Dirección General de Catastro, Desarrollo Urbano y Nuevos Proyectos del Ayuntamiento es la dependencia encargada de validar la nomenclatura municipal. Recibe solicitudes de nuevas calles en fraccionamientos y dictamina la adopción de nombres a través del Cabildo. Para el centro histórico, sus mapas se actualizan periódicamente; pero la mayoría de las placas físicas son anteriores a estos registros. Hay un acuerdo tácito de no tocar las placas patrimoniales, aunque sean contradictorias. Es decir: se prefiere el caos pintoresco al orden uniforme.

La cadena de consecuencias

¿Qué se cae cuando una placa no coincide con otra? Se cae más de lo que parece. Pongámoslo en lista, que para eso sirven las listas:

Domicilios fiscales: el SAT y la Secretaría de Finanzas estatal exigen una dirección homologada. Si la escritura dice «Calle del Gral. Ignacio Zaragoza» y el recibo predial dice «CALLE ZARAGOZA», hay quien ha tenido que pelear, papel en mano, para acreditar que es la misma puerta.

Catastro municipal e INEGI: el INEGI integra la información catastral y de vialidades al Marco Geoestadístico Nacional, pero trabaja con lo que los municipios le reportan. Si el municipio no reporta los conflictos, el INEGI los reproduce. La cartografía oficial trabaja con la nomenclatura ratificada por Cabildo; la realidad urbana trabaja con la placa que el albañil colocó en 1978. Cuando los dos no coinciden, gana el papel —pero pierde el ciudadano.

Mapas digitales y Google Maps: el algoritmo es generoso pero literal. Si un usuario reporta «Av. Carranza» y otro «Venustiano Carranza», el sistema duplica entradas y el restaurante de la esquina aparece en dos lugares distintos. Las navegaciones GPS toman la nomenclatura del mapa base —no la de la placa física—, y tendremos al turista buscando en una calle un nombre que solo existe en la pantalla.

Servicios de emergencia: una ambulancia que recibe «Calle Aldama» tiene que adivinar si va al tramo que en los planos antiguos era Mica, el que era Real Caja en 1806, o el que se llamó La Moneda en 1860.

Mensajería y comercio electrónico: DHL, Estafeta y FedEx han hecho sus propios diccionarios internos para traducir entre la dirección que el cliente escribió y la dirección que el repartidor encontrará. Es un esfuerzo privado para resolver un desorden público.

Escrituras y notarías: los notarios potosinos saben de memoria cuáles fincas tienen dirección «antigua» y «nueva», y redactan con prudencia: «la finca marcada con el número X de la calle Z, antes calle W». Es un seguro contra litigios, pero también es una confesión: la ciudad no está de acuerdo consigo misma.

Constantino Méndez lo llamó, con frase exacta, una afectación al «derecho a la certidumbre del domicilio». No es una expresión menor. Es, en el fondo, el derecho a estar en algún lado. A que el Estado sepa dónde encontrarte para entregarte un oficio, una multa o una buena noticia. Y ese derecho, en el centro histórico potosino, depende todavía de qué placa te tocó en la suerte de tu cuadra.

La ley que casi nadie ha visto

Hay un dato que conviene introducir aquí, en este punto del reportaje, porque le da la vuelta a la serie histórica. El problema de la nomenclatura aquí expuesto no solo ha tenido respuesta legislativa, sino que ha sido aprobada. Existe la ley. Se publicó. Está vigente. Y la ciudad, sin embargo, sigue caminando como si no se hubiera enterado.

Además la cuenta quien la firmó, el ciudadano Martín Juárez Córdoba, hoy director de Cultura Municipal de San Luis Potosí, y ex diputado local en la LXII Legislatura. Desde esa silla, en febrero de 2020, presentó, junto con Constantino Méndez Ponce —el mismo cronista cuyo estudio sobre las inconsistencias de las placas hemos citado a lo largo de estas tres entregas—, una iniciativa para reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado. La iniciativa hacía exactamente lo que el sentido común sugería: definir jurídicamente qué es la nomenclatura de las calles, homologar la información que deben contener las placas y sujetar a regulación municipal a quien las instale, modifique o retire.

La iniciativa caminó. Fue dictaminada, votada favorablemente en el Pleno y publicada en el Periódico Oficial del Estado «Plan de San Luis» el 16 de julio de 2020 como Decreto 0689. Desde entonces, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado contiene cuatro modificaciones que, leídas juntas, son la respuesta jurídica más completa que se ha dado al problema potosino de las placas: el artículo 3° suma la fracción XXXVII e incorpora, como propósito explícito del ordenamiento territorial, «la homologación de la información que deben contener las placas de la nomenclatura de las vialidades»; el artículo 4° suma la fracción CI con la definición misma de placa de nomenclatura; el artículo 8° suma la fracción V, que sujeta a la ley a quien instale, modifique o retire una placa oficial; y el artículo 330 reforma su fracción X para exigir, en todo fraccionamiento nuevo, placas de nomenclatura, señalamiento vial y numeración oficial homologados con la normativa.

En la práctica, la ley pidió que cada placa potosina cargara, además del nombre, cinco datos: nombre completo de la vía, sentido de la circulación, código postal, colonia o barrio, y rango de numeración de la cuadra. Cinco datos. Para una ciudad donde, como hemos visto, hay cruceros con tres versiones distintas del mismo nombre, eso ya sería revolucionario.

Pero el lector que camine ahora mismo por el centro histórico —placa por placa, esquina por esquina— se hará la única pregunta que importa: ¿dónde están esas cinco líneas? La ley existe; las placas, en su mayoría, no la han escuchado.

Hoy, desde la Dirección de Cultura Municipal, Juárez Córdoba aportó otro ángulo durante la entrevista que es más antropológico que jurídico y explicó que las placas antiguas de azulejo del centro histórico —«frecuentemente denominadas de Talavera o mayólica»— ya están protegidas a nivel federal por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en tanto el primer cuadro está clasificado como Zona de Monumentos Históricos.

«No pueden ser modificadas, retiradas o dañadas sin autorización del INAH», dice.
Es decir: la coexistencia de placas viejas y nuevas no es un problema técnico, es un mandato federal. Lo que falta, otra vez, es articular esa protección con la ley estatal de 2020.

Su conclusión va al fondo del asunto y se cita por su precisión: «es muy necesario que trabajemos con mayor estrategia en la recuperación de los nombres antiguos de las calles, principalmente como un ejercicio de salvaguardia de la memoria colectiva y la identidad local, reconociendo que la toponimia popular narra la historia cotidiana, en ocasiones mejor que los nombres formales».

Esa frase —que la toponimia popular narra la historia cotidiana mejor que los nombres formales— podría haber sido el subtítulo de este reportaje. Y de la ley vigente que aún espera ver el azulejo.

Los callejones, o la versión menor de la historia

Si las calles son la firma del poder, los callejones son la firma de la gente. Más estrechos, más ignorados por las placas, más sobrevivientes. En San Luis Potosí los callejones tienen nombres que ningún cabildo se atrevió a cambiar, porque cambiarlos hubiera sido una grosería.

Callejón del Cariño

Mediados del siglo XIX. Existió la pulquería «del Cariño». La dueña, doña Isabel Bedoya, era conocida como «La Cariñosa», y la pulquería tomó el alias antes de que el alias tomara el callejón. El nombre del callejón es, así, el sobrenombre de un sobrenombre. Triple etimología popular.

Callejón del Codo

Pequeña vía diagonal entre Salazar y Juan Sarabia. Se le conoce con ese nombre desde 1860. Su trazado quebrado —forma un codo— le ganó el apelativo. Hoy sigue ahí, codeando la cuadrícula.

Callejón de la Yedra

Se llamó antes Callejón del Arco y Los Espantos. La yedra que le dio nombre era una planta de la familia de las malváceas (Mediola carolineana) que abundaba en el lugar. Hoy ya no hay yedras, pero el nombre se quedó como un fósil botánico.

Callejón del Beso (o del Jordan)

No es romance: es burla. El coronel Eduardo Jordán fue tildado de cobarde tras evitar la batalla de Ahualulco. Las mujeres del mercado —fruteras, verduleras, tortilleras— hicieron una colecta de $116.00 para pagar a un poeta que escribiera versos satíricos contra él. Probablemente el callejón más anti-épico de México: nombrado por una vergüenza colectiva.
Callejón del Buche

Nombre popular que la gente de los años treinta del siglo XX otorgaba a la actual calle Altamirano. «Buche» de qué, no se sabe. Es uno de esos nombres que sobrevivieron solo en la memoria oral y que el cronista rescata como quien rescata una receta.

Juan del Jarro

Más calle que callejón, pero merece la pena estar aquí por su rareza. Lleva el nombre de Juan de Azios Ramírez, pordiosero potosino del siglo XIX. Vestía con harapos, cargaba un jarro al hombro y se le atribuían dotes adivinatorias. La gente lo consultaba sobre fechas de fallecimiento y matrimonios futuros. Cuando murió, le pusieron calle. Es uno de los pocos sitios en México donde un mendigo tiene una placa oficial.

Las cinco inconsistencias estructurales:
Numeración incoherente. Hay calles donde los números no avanzan: retroceden, saltan o se repiten. Méndez documenta cruceros con tres y hasta cuatro placas distintas en una misma esquina.
Variantes ortotipográficas en placas oficiales. Una calle es «Gral. Simón Bolívar» en una placa, «Avenida Bolívar» en otra y «calle de las Bóvedas» —el nombre antiguo, todavía visible— en una tercera. Las tres son oficiales. Ninguna es ilegal. Todas son confusas. Y todas, desde julio de 2020, contradicen lo que ordena el Decreto 0689.

Apellidos sin nombre. Calles llamadas Alvarado, Uresti, Espinosa, Muñoz o Domínguez, sin más dato. Sobre esto Castro Escalante advierte que es «muy difícil dar datos biográficos de estos personajes por ser casi anónimos». Octavio Pedroza añade desde su experiencia: ¿quién fue Comonfort, quién fue Pánfilo Natera, quién fue Mascorro, quién fue Agustín Vera? Los apellidos viajan solos.

Coexistencia de nomenclatura antigua y nueva. Las placas de azulejo del siglo XIX no se han retirado; conviven con las placas modernas. Bonito patrimonialmente, jurídicamente un caos, pero ahora protegido por la federación, según recuerda Juárez Córdoba.
Discordancia entre catastro, INEGI y mapas digitales. El INEGI registra una nomenclatura, el catastro municipal otra ligeramente distinta, Google Maps una tercera basada en aportaciones de usuarios, y la placa física —la que el ciudadano lee— a veces no coincide con ninguna.
Si una ciudad no puede ponerse de acuerdo en el nombre de una calle, quizá tampoco pueda ponerse de acuerdo en su destino
.
Esta frase no intenta sentenciar y, por el contrario, alivia: porque la otra opción —la de una ciudad que sí se pone de acuerdo en todo, que homologa, que pavimenta su pasado, que retira las placas viejas para que solo quede una versión— es peor. Es la ciudad sin memoria. Es la ciudad sin pulquería del Cariño, sin pordiosero adivino, sin coronel cobarde, sin tamalera. Es, en suma, la ciudad correcta pero muerta. Qué aburrido.

Y, sin embargo, este reportaje no concluye con el alivio. Concluye con una incomodidad nueva. Porque ahora ya sabemos que la ley existe. Que un diputado y un cronista hicieron su trabajo. Que el Pleno hizo el suyo. Que el Decreto 0689 fue publicado hace casi seis años en el Periódico Oficial. Y que las placas, sin embargo, siguen sin saberlo. La pregunta deja de ser «por qué nadie ha legislado» y se vuelve, mucho más incómoda, «por qué se legisla y no se aplica».

Lo que han mostrado nuestras tres entregas, y lo que han confirmado las voces de los tres exalcaldes y del director de cultura municipal, es que San Luis Potosí prefiere el palimpsesto, el dejar huellas del pasado para poner una nueva que a golpe de calendario un día será nuevamente huella.

Pero no se debería confundir el palimpsesto con la negligencia. Pedroza pide un compendio que explique los nombres y advierte contra el cambio caprichoso. García Valdez propone homologar conservando, dialogando lo antiguo con lo nuevo. Juárez Córdoba —que firmó la ley— recuerda que la federación ya protege las placas patrimoniales. Tres maneras de decir lo mismo: que la ciudad sí quiere orden, pero no a costa del rastro de su historia. Lo que falta es voluntad para articular la ley con la calle.

La verdadera radiografía moral, entonces, no está en la inconsistencia: está en la decisión —tantas veces postergada, tantas veces compartida— de no hacer cumplir lo ya decidido. En que el cabildo, el catastro, el INEGI y los mapas digitales sigan en una conversación abierta en la que nadie tiene la última palabra, ni siquiera el Decreto 0689. Porque la última palabra, en el centro histórico potosino, la sigue teniendo la abuela, la que dice La Corriente cuando todo el mundo dice Reforma.

Y a esa abuela —que es Borges sin saberlo, que es Calvino sin haberlo leído, que es Baudelaire sin París pero con La Merced— nadie le quita la palabra porque esa abuela… es la ciudad.

Fuentes

Reportaje basado en la investigación histórica de Arcadio Castro Escalante («Por las viejas calles de aquel San Luis») y el estudio del licenciado Constantino Méndez sobre las inconsistencias actuales de la nomenclatura potosina. Se consultaron además el Reglamento de Construcciones del Municipio de San Luis Potosí (artículo 21), la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí —en su texto vigente, reformada por Decreto 0689 publicado en el Periódico Oficial del Estado «Plan de San Luis» el 16 de julio de 2020 a propuesta del entonces diputado Martín Juárez Córdoba y el ciudadano Constantino Méndez Ponce—, los lineamientos de la Dirección General de Catastro, Desarrollo Urbano y Nuevos Proyectos del Ayuntamiento, y los marcos catastrales del INEGI. Las citas literarias provienen de Jorge Luis Borges, «Buenos Aires», en «El otro, el mismo» (1964); Italo Calvino, «Las ciudades invisibles» (1972); y Charles Baudelaire, «Las flores del mal» («Épilogue»). Se entrevistó para esta serie a Octavio Pedroza Gaitán, presidente municipal 2004-2006 y exsenador; a Mario García Valdez, presidente municipal 2012-2015, ex rector de la UASLP y actual secretario de Cultura del gobierno del Estado; y a Martín Juárez Córdoba, ex diputado local y actual director de Cultura Municipal de San Luis Potosí.

Anotación del periodista: Se transcribe la parte final del prólogo de Arcadio Escalante en su obra multicitada en este reportaje porque en la única edición de la obra, en 1999, el autor hace un hincapié relevante que no demerita su investigación, sin embargo, admite posibles errores que él mismo justifica:

“Como todo trabajo editorial realizado por humanos, podría haber algunos errores, sobre todo en el presente, en el que se han utilizado algunos planos algo ilegibles….”

También lee: La radiografía moral de una ciudad a través de sus esquinas. Segunda Parte