México
FGR comparte posicionamiento oficial
La Fiscalía iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria que demuestren la acusación
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República informa que en este, como en cualquier otro caso de solicitud internacional, debe cumplir todos y cada uno de los procedimientos y protocolos establecidos en la normatividad vigente en la materia.
En este caso, hemos sido notificados por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición hechas por el Gobierno de los Estados Unidos de América.
Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las Leyes aplicables en la materia, es obligación de esta Fiscalía, a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, analizar la documentación recibida, con la finalidad de establecer, con toda exactitud, si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y, en su caso, sobre la viabilidad de la solicitud.
De manera paralela, esta Fiscalía General de la República iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión.
Como es del conocimiento público, la legislación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito.
No obstante, el Tratado Bilateral en la materia refiere, con toda precisión, que solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes, conforme a las leyes de la parte requerida, en este caso de nuestro país.
De manera particular, es necesario precisar que dicha solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes, que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados.
Además, es necesario referir que la propia solicitud de los Estados Unidos de América requiere que el Gobierno de México tome las medidas necesarias para asegurar que la información contenida en cualquier solicitud de detención provisional o de extradición que haya sido entregada o vaya a ser entregada, no sea divulgada ni se haga del dominio público, como ocurrió con este caso en particular, por propio dicho de las autoridades estadounidenses.
Lo anterior toma en cuenta, de acuerdo con la propia misiva, que dar a conocer dicha información con otros fines distintos podría ser en detrimento de la naturaleza confidencial de los procedimientos penales en los Estados Unidos y contrario a las normas procesales que los gobiernan.
La propia Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas establece que deben tomarse las medidas correspondientes a fin de que toda la información y documentación que se remite en este tipo de casos se maneje con carácter confidencial y reservado, a efecto de proteger la información que ha sido transmitida.
Por otra parte, la legislación mexicana refiere que en el caso de gobernadores y senadores, se requiere iniciar un juicio de procedencia para obtener una declaratoria que retire la inmunidad procesal a las personas servidoras públicas que ostenten dichos cargos.
Para la Fiscalía General de la República es fundamental cumplir a cabalidad con todo lo que mandata la Ley, con pleno respeto a la soberanía nacional, ya que de lo contrario se violentaría el Estado de Derecho, así como los derechos y las garantías de las personas requeridas, que al igual que en el Estado requiriente, son inalienables.
Al margen de la Ley, nada; por encima de la Ley, nadie.
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Gobernación reporta 39,550 personas localizadas mediante diversos mecanismos institucionales frente a un registro histórico que supera los 132 mil casos vigentes
Por: Roberto Mendoza
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, delineó las prioridades políticas y normativas de la administración federal ante los diputados de Morena congregados en el Palacio Legislativo de San Lázaro. De cara al próximo proceso electoral, la funcionaria instó a los legisladores oficialistas a mantener la disciplina interna y evitar fracturas partidistas derivadas de aspiraciones personales, estableciendo una directriz estricta de comportamiento institucional: “Ninguna posición vale la división del movimiento. Ninguna medición electoral justifica apartarnos de nuestros principios. Ninguna ambición individual puede estar por encima de México”.
El mensaje incluyó la presentación del paquete de reformas que impulsará el Ejecutivo federal, donde resalta una modificación constitucional para exigir nacionalidad mexicana exclusiva a quienes compitan por la Presidencia de la República y las gubernaturas estatales.
Esta iniciativa obligará a los aspirantes a renunciar a cualquier ciudadanía extranjera previa a su registro, una medida que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha promovido como un mecanismo para evitar el injerencismo externo. La agenda prioritaria para este periodo ordinario abarca también propuestas en materia de combate a la corrupción, normatividad ambiental y la unificación nacional de los criterios penales para sancionar el delito de feminicidio.
Como parte del balance gubernamental, Rodríguez expuso los resultados en materia de seguridad, reportando un total de 39,550 localizaciones de personas a través de la Plataforma Única de Identidad, el despliegue de búsqueda generalizada en entidades federativas y la reciente Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata.
Estas cifras operativas se presentaron en el contexto de la crisis documentada en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el cual contabiliza más de 132 mil casos históricos en el país. El informe a la bancada concluyó con la notificación de una reducción del 51 por ciento en la incidencia de homicidios dolosos a nivel nacional y la inscripción récord de 22.7 millones de trabajadores en el sector formal de la economía.
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La dependencia federal buscará dejar el modelo de ensamblaje mediante el impulso a patentes nacionales y herramientas de inteligencia artificial
Por: Roberto Mendoza
Durante la plenaria del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, expuso que el 83.3% de las exportaciones mexicanas se dirigen a Estados Unidos. En el primer semestre de 2026, estas exportaciones registraron un crecimiento del 24.6%, alcanzando los 324.8 miles de millones de dólares.
Ante la postura de la administración estadounidense sobre el déficit, México mantiene un arancel promedio de 3.4%, lo que coloca al país como el que menos paga al exportar a esa nación. Sobre esta dinámica comercial, Ebrard señaló: “El reto es, ¿cómo mantienes el mejor trato 3.4 con un escenario de crecimiento de un superávit respecto a Estados Unidos? Es un reto político mayor”.
Con el fin de encontrar mercados alternativos y reducir la dependencia de Norteamérica, el gobierno concretó la modernización del acuerdo comercial con la Unión Europea. Este instrumento otorga acceso preferencial a un mercado de 450 millones de personas y elimina el arancel del 10% que pagaba la manufactura y el sector automotriz para ingresar a los 27 países miembros
Ebrard delineó el objetivo de este Tratado de Libre Comercio: “Hoy tenemos déficit con la Unión Europea, pero merced a este acuerdo vamos a tener ingreso o acceso prácticamente de todas nuestras exportaciones, más del 95% y encontrar una salida adicional a nuestros productos”.
La política económica interna contempla una transición administrativa impulsada por la nueva Oficina Presidencial de Inversiones, la cual aprobó 15 proyectos por 3,771 millones de dólares en un plazo máximo de 30 días. En paralelo, reformas a la Ley de Protección a la Propiedad Industrial redujeron en un 80% los tiempos de resolución para trámites clave, incrementando la participación de patentes nacionales del 3% al 9% del total otorgado.
Sobre el futuro industrial del país, el titular de Economía concluyó: “No vamos a poder generar la riqueza pensando en un modelo de ensamblaje y manufactura cuando estamos en un mundo que va hacia la inteligencia artificial y los robots”.
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Claudia Sheinbaum informó que los recursos recuperados mediante la UIF se invertirán principalmente en educación Media Superior y Superior en La Montaña de Guerrero
Por: Redacción
El Estado mexicano recuperó 5.8 millones de dólares relacionados con el esquema de desvío de recursos y lavado de dinero vinculado con Genaro García Luna y la familia Weinberg, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum señaló que los recursos, equivalentes a alrededor de 100 millones de pesos, serán destinados a atender necesidades educativas en La Montaña de Guerrero, principalmente en los niveles Medio Superior y Superior, aunque también podrían utilizarse para educación básica.
“Nuestro objetivo es que este recurso sea dedicado a escuelas en La Montaña de Guerrero”, señaló la presidenta.
La mandataria destacó que este caso representa la primera ocasión en que se logra regresar dinero al erario público como resultado de un proceso de recuperación de recursos relacionados con un esquema de corrupción y lavado de dinero.
Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), explicó que entre 2008 y 2018 se identificó un esquema de desvío de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionado con contratos celebrados entre el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y empresas vinculadas, por más de 403 millones de dólares.
La UIF presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en diciembre de 2019 y posteriormente interpuso una demanda civil en Florida, en septiembre de 2021, para recuperar los activos relacionados con el esquema.
El funcionario detalló que el proceso involucró la coordinación de la UIF, FGR, SAT y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, además de asistencia jurídica internacional con Panamá, España, Estados Unidos y El Salvador.
El 19 de mayo de 2026, un tribunal de Florida dictó sentencia a favor del Estado mexicano contra la familia Weinberg. Como resultado, el 25 de agosto de 2026 México recibió 5 millones 805 mil 693.50 dólares provenientes de una póliza de fianza y de la liquidación de 12 propiedades ubicadas en Florida.
Reyes Colmenares señaló que todavía está pendiente la liquidación de otros activos relacionados con el caso, por lo que el monto recuperado podría incrementarse.
De acuerdo con la UIF, el análisis financiero permitió reconstruir una red utilizada para el desvío, triangulación y movimiento de recursos, a través de un conglomerado de empresas vinculado con García Luna y la familia Weinberg.
UIF ha bloqueado más de 24 mil cuentas
El titular de la UIF también informó que durante la administración de Claudia Sheinbaum se han incorporado 2 mil 395 personas a la lista de personas bloqueadas.
En el mismo periodo, agregó, han sido inmovilizadas 24 mil 622 cuentas bancarias, con un monto global de 8 mil 670 millones de pesos.
De estas cuentas, 7 mil 861 corresponden a integrantes de organizaciones criminales con presencia e incidencia en el país, según los datos presentados por la UIF.
Además, como parte de la Estrategia Nacional de la Extorsión, la dependencia ha inmovilizado mil 443 cuentas relacionadas con este delito.
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