Activistas señalan qué hace falta reformar la Ley de Salud, y saber a dónde acudir, conseguir insumos médicos o procedimientos a realizar

Por: Ana G Silva

El pasado 7 de noviembre, el Congreso de San Luis Potosí cumplimentó las sentencia ganada por la Colectiva ILE en el expediente 765/2024 del Juzgado Tercero de Distrito y en el JDC 94/2024 del Tribunal Electoral, al despenalizar el aborto en San Luis Potosí hasta las doce semanas de gestación.

Luego de esta resolución, se generaron algunas dudas sobre las garantías que esto trae y los temas pendientes, es por eso que La Orquesta conversó con Marcela García, presidenta de Nueva Luna Salud para las Mujeres A.C., y con Fabiola Luna, integrante de la colectiva Marea Verde y de la red de Médicas por el Derecho a Decidir.

Se debe señalar que aún no se puede acudir a los centros médicos para acceder a estos servicios, hasta que se reforme la Ley de Salud; no obstante, las colectivas feministas pueden orientar para acceder a ese derecho, además de que medicamentos, como el Misoprostol, son de venta libre en farmacias, ya que comercializa originalmente para problemas gastrointestinales.

Marcela García aclaró que la acción legislativa que despenaliza el aborto consistió en derogar el Artículo 148 del Código Penal estatal, este artículo penalizaba la practica de la interrupción del embarazo, lo que significa que ya nadie pude ser encarcelada/o por practicar un aborto.

La presidenta de Nueva Luna agregó que aún falta que este derecho se “legalice”, es decir que el estado garantice el acceso seguro e integral a la interrupción del embarazo a través de los servicios médicos de salud, además de realizar campañas educativas y formativas para modificar las creencias erróneas sobre el asunto.

Es por eso que se espera que pronto se reforme la Ley de Salud para acceder a estos servicios, tema que las colectivas y diputadas en San Luis Potosí ya trabajan para presentarlo al Congreso del Estado.

García comentó que todos los servicios de salud podrían brindar el servicio para el aborto, pero deben diseñarse las políticas públicas adecuadas partiendo de la reforma a la Ley de Salud. Los hospitales privados también serán incluidos, aunque consideró que “el aparato de gobierno debe diseñar los protocolos e incluir en sus catálogos el servicio y los procedimientos”, lo que implicará mucho trabajo técnico de organización en los servicios de salud pública del estado en concordancia con la iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil.

Fabi Luna añadió que, según los estándares internacionales, los médicos que pueden acompañar o realizar una interrupción del embarazo son cualquier médico que tenga la profesionalización, es decir: médicos generales, médicos y médicas ginecólogas y obstetras, incluso personal de enfermería que sea capacitado y entrenado. Destacó que las vías para realizar un aborto son médico o quirúrgico, que es por medio de una aspirado manual endouterino, pues los legrados están prohibidos por la Organización Mundial de la Salud por el riesgo que representan.

En el caso de las farmacias, Marcela García recordó que uno de los medicamentos es de venta libre (sin receta), aunque enfatizó que una vez que se reforme la Ley de Salud, dicho sector deberá proveer estas pastillas.

La presidenta de Nueva Luna explicó que en el caso de las menores que deseen abortar deben ser acompañadas por sus madres o padres de acuerdo con la Ley, no se otorgan servicios de ningún tipo a personas menores de 18 años: “No es precisamente un permiso sino el acompañamiento por ser menores”.

Por su parte, la integrante de la red de Médicas por el Derecho a Decidir resaltó que los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional indica que cualquier menor de edad, pero mayor de 12 años, que acuda a un servicio de salud para información que tenga que ver con su salud sexual, incluso para la interrupción de un embarazo, tiene derecho de ir solo o sola.

“La cuestión aquí va a ser cómo se va a plantear toda esta situación, porque según los derechos sexuales reproductivos, cualquier persona que tenga 12 años cumplidos puede acceder a los servicios. De hecho la nom. 046, que habla de interrupción del embarazo por violación o por violencia sexual, sí ampara a los menores; un menor que llegue con alguna persona que esté como testigo, puede firmar solamente como testigo, pero tiene que darse el acceso a la menor”.

El Frente Marea Verde explicó que los cambios en el decreto para la despenalización del aborto surtirán efecto una vez publicado en el Periódico Oficial del Estado, impacta en los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal del Estado. Estas modificaciones permiten que cualquier mujer, niña o persona gestante que decida no maternar y se someta a la interrupción del embarazo, no podrá ser criminalizada, investigada ni sancionada por ningún motivo, siempre y cuando este procedimiento ocurra dentro de las primeras 12 semanas de gestación.

Fabiola Luna subrayó que con la despenalización se protege a las mujeres y personas gestantes, pero no al personal médico, aunque desde el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia y lo que decretó el año pasado, ya tampoco se puede penalizar a ningún profesional de la salud que acompañe o que ayude a que ocurra una interrupción del embarazo voluntario.

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El alcalde Enrique Galindo enfatizó que la nueva normativa sancionará de forma severa a infractores: “el que cumpla, le va a ir muy bien”

Por: Redacción

Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, adelantó que en próximos días se dará a conocer el nuevo reglamento de Comercio para la capital potosina, que tendrá modificaciones más estrictas para quienes incumplan en materia de centros nocturnos; esto en alusión al Caso Rich, ya que manifestó que habrá reglas más claras, así como severas para este rubro y sus infractores.

“El que cumpla, le va a ir muy bien, incluso con estímulos fiscales; pero el que no cumpla, va a perder su inversión. Está muy claro, donde acepten a menores de edad, donde haya alcohol adulterado, donde no respeten el horario, vamos a ser muy duros”, expuso.

Respecto al Caso Rich, manifestó que han mantenido cercanía con las familias de las víctimas de este hecho, y se mantendrá la postura del Ayuntamiento capitalino para otorgarles las garantías de que serán muy cuidadosos en el tema jurídico-administrativo.

Finalmente, Galindo Ceballos dijo que las impugnaciones de ex funcionarios municipales de la dirección de Comercio contra la Contraloría municipal son acciones que no comprometen a la administración municipal, por lo que dicha pugna será entre la Contraloría y ellos mediante acciones particulares.

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El alcalde capitalino dijo que se previene a constructores para evitar edificaciones en zonas de fallas geológicas o inundaciones, así como de márgenes de contención

Por: Redacción

Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, informó que la administración municipal a su cargo no ha otorgado licencias de construcción de fraccionamientos en zonas que representen algún riesgo potencial por fallas geológicas o inundaciones. Esto, en el marco de la presentación del Atlas de Riesgo para el municipio capitalino, herramienta para detección oportuna de sitios que representen algún tipo de peligro para la sociedad.

El edil capitalino dijo que en su lugar, se da acompañamiento a los fraccionadores para co nocer los sitios donde pueden construir y donde no

“No hemos autorizado licencias de construcción de fraccionamientos en lugares donde hay fallas geológicas. Cuando se tiene información se le comparte al desarrollador, se les dice donde pueden y no construir, o hasta cuales son los márgenes de contención

Galindo Ceballos mencionó que se trata de que estas medidas se empleen a otro tipo de construcciones, como tiraderos de basura de la capital, ya que la ciudad cuenta con un amplio número de factores de riesgo, que ahora podrán consultarse con la nueva puesta en marcha del Atlas Dinámico de Riesgos.

“Si por ahí hay alguna falla geológica, por ahí no debería construir, no se debe ni intentar. Nosotros vemos casos donde a pesar de que se les avisa que hay una falla, hay quien no hace caso a esto. Por eso rematé mi mensaje diciendo ‘ahora tiene que haber una normatividad muy sólida para respaldar el Atlas de Riesgo’”.

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