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Congresistas de 18 años y secretarios de 25: ¿populismo o incentivo a la participación juvenil?
Conversamos con Kathya Rodríguez y Oswaldo Ríos sobre la propuesta de la reducción de edad para ocupar estos cargos
Por: Bernardo Vera
El Congreso de la Unión aprobó esta semana, por unanimidad, la iniciativa para reducir la edad mínima en personas que puedan ocupar una diputación federal –de 21 a 18 años– y para ocupar una secretaría de Estado –de 30 a 25 años–. Dicha iniciativa pasará al Senado de la República para su discusión. Esta propuesta ha dividido opiniones entre quienes aprueban la reducción de este requisito para incentivar la participación política entre los jóvenes, y quienes se oponen a la iniciativa, por considerar que su incorporación a temprana edad no involucra una capacitación técnica de puestos o funciones. La Orquesta conversó con Oswaldo Ríos Medrano, analista político y ex jefe de asesores del Congreso de San Luis Potosí, y Kathya Rodríguez, integrante del Consejo Consultivo del Instituto de las Mujeres y de la Alianza Global de Jóvenes Políticos (Aglojoven), para conocer sus opiniones al respecto.
Oswaldo Ríos calificó esta medida como un acto de populismo legislativo, toda vez que la incorporación de una persona de 18 años a una curul implica el riesgo del “desconocimiento hasta de su propio proyecto de vida”, lo cual se agrava al reducir la edad en una secretaría de estado, ya que “estar al frente de una secretaría de Estado implica un nivel de conocimientos y experiencia importantes por la complejidad de los asuntos que ahí se manejan”.
Kathya Rodríguez, en contraste, avaló la iniciativa, tras considerarla una acción afirmativa para que las personas jóvenes del país ejerzan su derecho de votar y ser votadas, ya que, apuntó, se promueve la inclusión y la apertura:
“Incentiva a que las juventudes para que participemos de manera más activa y sobre todo que podamos acceder a ser candidatas, candidatos y candidates a diputaciones federales. Creo que es una acción importantísima, porque al final de cuentas vivimos en un país democrático y de jóvenes”.
Ríos Medrano dijo que esta iniciativa promovería la incompetencia en puestos claves, “que ya ocurre en la administración federal actual con funcionarios que cuentan con un 10% de capacidades y un 90% de lealtad”. Añadió que dentro de los partidos políticos o grupos de poder, esta acción beneficiaría a los “juniors”: “sí podrían llegar algunos jóvenes de 25 años a encabezar secretarías de Estado, porque los políticos del viejo régimen siempre tienen por ahí un hijo incompetente o un hijo desquehacerado, que no saben qué hacer con él y seguramente lo van a poner al frente de alguna secretaría”.
Pese a la diferencia de perspectivas de ambos analistas, coincidieron en que la medida encontrará poco rechazo en el Senado de la República, y hablaron de que será prácticamente un hecho su entrada en vigor.
Oswaldo Ríos adelantó que la decisión no cambiará en la Cámara Alta, debido a que “la oposición ha estado concentrada en mantener los mismos privilegios de siempre”; y apuntó que es importante que se lleve a cabo una profesionalización del servicio público, así como una mayor calidad de la representación legislativa.
Rodríguez manifestó que el Senado deberá apelar a un sentido de congruencia sobre la participación de jóvenes en la toma de decisiones y la representación en el país:
“Necesitamos que los partidos políticos, las figuras políticas, las instituciones, abran los espacios para que los jóvenes, para que empecemos a transformar, conocer y tener experiencia, y no nada más se queden en una acción afirmativa, sino que esto también sea adoptado por cualquier instituto o cualquier organización política que incentiva en nuestra participación”, concluyó.
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Le niegan amparo a Tekmol por huachicoleo
El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales, pero los procesos continúan avanzando. Además, ha buscado insistentemente regresar a la política mediante nuevos cargos públicos, presumiblemente para obtener fuero e impunidad, pero sus esfuerzos no han prosperado debido al rechazo ciudadano y su polémica reputación.
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya
Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
, empresa de Gerardo Sánchez Zumaya.“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo
El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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