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Secretaría de Salud no puede subsidiar a anexos de SLP
Varios de los centro de atención de adicciones que no están regularizados han manifestado que no cuentan con el capital para cumplir con la normativa
Por: Ana G Silva
Saúl Montenegro Mendoza, director de “Comunidad Terapéutica Vista Hermosa” que está detrás de un movimiento pacifico de solidaridad con los centros de rehabilitación y atención contra las adicciones ya clausurados, dijo que los anexos requieren una regulación, y no se han manifestado en contra de la misma; sin embargo, hace falta asesoría por parte de las autoridades, además de que pudiera generarse un esquema de apoyos, como ocurre en los centros de readaptación social. Al cuestionar a la Secretaría de Salud sobre este subsidio indicaron que no pueden hacerlo.
Verónica Rodríguez, vocera de la dependencia estatal, detalló que muchos de estos establecimientos son privados, además cobran cuotas para brindar la atención, es por esto que ni los servicios de Salud ni Gobierno del Estado pueden subsidiarlos.
La vocera de la Secretaría de Salud señaló que solo cinco de los anexos que existen en la entidad están regularizados y cumplen con los lineamientos que marca la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) y los ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad, a través de Protección Civil. Agregó que para que estas instancias llegarán a clausurar estos sitios es porque no acataron las observaciones que les pidieron.
“El tiempo que requieren para regularizarse depende del aspecto. Coepris regula el tema sanitario, pero también interviene Protección Civil de los ayuntamientos, y los establecimientos deben cumplir con lo que cada instancia pide 
En reuniones de trabajo con el Congreso del Estado para realizar modificaciones a la Ley de la regulación de los anexos en San Luis Potosí; también se han aprobado puntos de acuerdo para realizar jornadas de verificación de las condiciones de seguridad en los Centros de Tratamiento y Rehabilitación de Adicciones en la entidad, dando a conocer a los responsables de dichos centros, los protocolos que han de poner en práctica para mitigar riesgos.
El diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno dijo que es importante establecer una política pública informativa de protección civil que facilite y propicie que las administraciones de los anexos desarrollen estrategias y protocolos de seguridad en función de las particularidades de sus instalaciones; y que ante cualquier accidente, siniestro o emergencia, puedan actuar de la manera más eficiente posible.
La Coordinación Estatal de Protección Civil de San Luis Potosí (CEPC) ha reportado anexos irregulares que tienen instalaciones como celdas en sus inmuebles para retener a las personas internas en contra de su voluntad. Al preguntar sobre esta regulación, la Secretaría de Salud apuntó que se debe denunciar, ya que la privación de la libertad es un tema penal.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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