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Vanadio en el aire potosino: CFE trasladó toneladas del cancerígeno en secreto
15 mil metros cúbicos del metal fueron llevados de Villa de Reyes a Nuevo León sin ninguna medida de seguridad
Por: Jorge Saldaña
En San Luis Potosí, la superintendencia de la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en el municipio de Villa de Reyes, logró evadir todos los protocolos sanitarios y regulaciones ecológicas para manejar, extraer y trasladar a discreción más de 15 mil metros cúbicos de material tóxico, contaminado principalmente con Vanadio, metal que se considera altamente cancerígeno, a través del territorio potosino.
La superintendencia, a cargo de Héctor Octavio Parra Alvarado, contrató, durante más de 90 días, a dos empresas potosinas bajo el concepto de “renta de maquinaria y traslados”, sin que estos fueran enterados del material que estaban extrayendo y transportando. De la misma forma, 20 personas fueron directamente contratadas por la CFE para llevar a cabo las labores estando expuestos a los materiales tóxicos, sin que fueran capacitados, advertidos o protegidos con las herramientas y accesorios indispensables para el manejo de este tipo de residuos.
De acuerdo a los estudios y contratos a los que tuvo acceso La Orquesta, la superintendencia de CFE y la termoeléctrica estuvieron advertidas por la Secretaría de Gestión Ambiental (Segam), desde el año 2016, sobre lo peligroso y urgente que era remediar al menos tres polígonos de sus instalaciones, en los que se habían acumulado por décadas de “malos manejos” residuos de Vanadio, producto de sus procesos de generación de energía.
Fue hasta este año que la superintendencia generó y licitó un contrato específico para el “Servicio de Remediación de suelo contaminado con Vanadio en la C.T. Villa de Reyes”; mismo que es meticuloso y preciso en sus cláusulas y condiciones. Por ejemplo: en la contratación de “servicios de empresas autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y que demuestren solvencia para llevar a cabo los trabajos de remediación mediante la presentación de al menos cinco trabajos similares y que hayan sido autorizados por la Semarnat para prestar servicio de remediación de suelos contaminados…”.
Según las normas mexicanas, son más de una docena de condiciones, autorizaciones, certificaciones y pruebas técnicas las que se requieren para realizar un proceso de esa naturaleza, sin embargo, en San Luis Potosí, lo ejecutaron subcontratistas de renta de maquinaria.
FOLLOW THE MONEY
La filial mexicana de la empresa TSK ganó el contrato por un monto de 46 millones de pesos para realizar los trabajos de extracción, demolición, reconstrucción, instalación de membrana y remediación de los tres polígonos contaminados detectados por Semarnat en la planta termoeléctrica de Villa de Reyes.
TSK lleva 36 años en el mercado global de la ingeniería, construcción industrial, desarrollo y suministro de instalaciones para los sectores energético, industrial y se especializa además en el manejo de minerales y medio ambiente. Esta empresa es proveedora frecuente de la CFE en México y tiene alianzas en materia de energéticos con empresas de todo el mundo.
Aunque el contrato lo señala con precisión, TSK tendría prohibido “subcontratar” a alguna otra empresa para realizar las labores en territorio potosino, no obstante, de acuerdo a testimonios y seguimiento de los documentos, el jefe de la superintendencia potosina, Héctor Octavio Parra, logró que TSK encargará parte de los trabajos a la empresa tabasqueña CIMA, que no tiene experiencia en manejo de residuos o minerales, pues se dedican a la construcción de estructuras y naves industriales.
El contrato por la remediación a CIMA (FPGC/ 10673-012/2022) fue de no menos de 10 millones de pesos.
A su vez, CIMA contrató la renta de maquinaria y traslados de material a la empresa potosina GYCSA Construcciones, por menos de 4 millones de pesos, sin advertirles sobre el tipo de material que extraerían.
La mano de obra, que debió ser calificada, certificada, capacitada y advertida sobre el manejo del material (según las normas de la Semarnat), la contrató directamente la superintendencia de CFE y fueron despedidos injustificadamente cuando los propios trabajadores advirtieron de lo tóxico del material que estaban manejando.
“Los zapatos se nos hacían amarillos, igual que la ropa, el polvo era picoso y no traíamos ni cubre bocas…”, cuenta Reynaldo, uno de los 20 empleados que ya han interpuesto demanda laboral contra la superintendencia por el despido repentino, lo mismo que aseguran pedirán asesoría a las instancias correspondientes por los riesgos a los que fueron expuestos sin advertencia.
LOS VIAJES
La empresa GYCSA Construcciones fue cuestionada por este medio, y aunque la entrevista ya fue pactada, la misma aún no se lleva a cabo. Más, la empresa reconoce que fue contratada por CIMA de Tabasco por renta de maquinaria, misma que se utilizó en la extracción de material del que desconocían sus propiedades tóxicas y cancerígenas.
Fue en los traslados, a cargo de CIMA, a veces en tolvas destapadas (fuera de toda norma sanitaria y ecológica) al municipio de Mina en Nuevo León, que se percataron que el mineral se dejaba en un relleno de disposición de desechos tóxicos, que comenzaron sus empleados a preguntar sobre las propiedades del cargamento.
En los viajes (más de 45) de Villa de Reyes a Nuevo León se pudieron esparcir una cantidad incuantificable de polvos contaminados de Vanadio.
La empresa subcontratista, CIMA, al no poder responder a los proveedores potosinos, el fin de semana del 15 de septiembre cerraron las instalaciones y ya no permitieron el acceso ni a los empleados ni a la maquinaria, a pesar de que los trabajos se realizaron hasta los últimos días de agosto.
CFE
Ni la CFE ni la superintendencia han querido dar a conocer su postura y, desde la oficina de Héctor Octavio Parra, se han negado sistemáticamente a responder las preguntas de este medio.
De acuerdo a grupos y ecologistas cuestionados, este podría tratarse del caso más grave e irresponsable de traslado de residuos cancerígenos en México, con una exposición a la población todavía de alcances incalculables.
LOS PELIGROS DEL VANADIO
De acuerdo a la información de la propia superintendencia:
“El 30 de septiembre de 2016, la CFE ingresó a través de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Semarnat la propuesta de remediación de un volumen total de 15,909.28 metros cúbicos de suelo contaminado con Vanadio para llevar a cabo el proceso de disposición final de dicho suelo.
La contaminación del suelo probablemente estuvo asociada a un inadecuado manejo de escorias removidas de los generadores de vapor y a las actividades de operación y mantenimiento de la central termoeléctrica en los polígonos ubicados en el kilómetro 19.5 de la carretera San Luis Potosí en el municipio de Villa de Reyes San Luis Potosí”
Conforme a la Unidad de Investigación en Genética y Toxicología Ambiental (Unigen) de la Facultad de Estudios Superiores-Zaragoza de UNAM, en sus estudios de toxicidad de los metales, efectos mutagénicos, genotóxicos, y toxicidad celular, advierten que el metal tiene un alto potencial tóxico en una amplia variedad de sistemas biológicos, además de que recientemente el pentóxido de Vanadio ha sido clasificado como un “posible cancerígeno para los humanos”.
“La entrada de Vanadio al organismo de los mamíferos ocurre a través de la piel, por el tracto gastrointestinal y por el sistema respiratorio…”,
Según el departamento de salud de la Universidad de New Jersey, en su hoja informativa sobre substancias peligrosas advierte:
-El Vanadio puede afectar al inhalarlo.
-El contacto puede irritar piel y los ojos.
-Respirarlo puede irritar la nariz, la garganta y los pulmones, causando tos, respiración con silbido o falta de aire.
-La alta exposición al Vanadio puede causar nausea, vómitos, dolor abdominal y un tono verdoso en la lengua.
-La exposición alta y repetida podría causar anemia.
La International Agency for Research on Cancer (IARC), en 2006, lo clasificó como un elemento cancerígeno para humanos.
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#4 Tiempos
MO-VI-LI-ZA-CIÓN | Apuntes de Jorge Saldaña
APUNTES
Veremos de qué tan desabridas vienen las campañas para personas juzgadoras. Las federales ya comenzaron, solo una potosina, Alma Delia González, compite entre cientos de perfiles para alcanzar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La magistrada, que no se esperaba hace unos meses estar involucrada en un proceso electivo, comenzó su campaña en TikTok y se ha dado a conocer con productos audiovisuales en sus redes sociales.
No hay mucho más que hacer, las reglas del juego así lo contemplan. Los aspirantes a cargos de magistrados y jueces, 74 en total en el estado, comenzarán hasta abril, sin embargo, desde ahora se avizora un escenario pardo, sin emoción ni expectativas aunque sea medianas.
Los cálculos más entusiastas indican que solo entre el 9 y el 14 por ciento de los ciudadanos tienen la intención de participar con su voto en la histórica, primera y extraordinaria elección de ministros, magistrados y jueces que se llevará a cabo el próximo primero de junio.
El bajo interés en el proceso es explicable: No hay un intercambio simbólico entre candidatos y votantes, no hay una promesa de valor que motive al ciudadano a votar en la renovación del Poder Judicial, un poder además que históricamente ha sido distante del ciudadano.
El gran riesgo que ese desinterés generalizado plantea es que grupos, con buenas o malas intenciones, se metan en la movilización pagada el día de la elección.
Con un calculo simple, hay que tomar en cuenta que con mucho menos de 2 mil votos– y eso si es que se llega a una participación de 100 mil potosinos- se pueden ganar los cargos.
De las campañas de los interesados se espera muy poco, todos intentarán colocar su número y color de boleta en la cabeza de la gente, sin embargo no están contemplando que muy difícilmente podremos recordar 74 combinaciones. Ni las del Melate son tan difíciles.
¿Los candidatos qué nos pueden ofrecer? Solo su trayectoria e imparcialidad, de ahí en fuera sus mensajes tenderán a lo emocional y a la confianza que puedan generar de manera orgánica en sus redes. En resumen todos nos dirán las mismas tres cosas: que son buenas personas, que son capaces y que son incorruptibles.
Lamentablemente este mismo punto se podrá poner en duda desde el momento en que algunos se presten al juego de la movilización el día electoral, pues estarían vendiendo su llegada al cargo a cambio de favores.
Ojalá que no se preste ninguno, sean los menos y los que lo hagan pierdan. (Permítame algo de idealismo aunque sea).
Al respecto de la elección, a través de la Secretaría General de Gobierno se hizo un llamado a los organismos electorales, y secretarías de estado involucradas en la seguridad, derechos humanos y Fiscalía para que se unan en la revisión de protocolos en búsqueda de mantener la paz y la gobernabilidad durante las campañas federales, que ya iniciaron, como las estatales que comenzarán los últimos días de abril.
Se busca un proceso “justo y ordenado” y que bueno que haya esas intenciones, no obstante eso de “justo” irónicamente está en veremos porque lo mismo que partidos políticos, gobiernos, instituciones, sindicatos, grupos magisteriales, gremios y hasta el crimen organizado -hay que decirlo- podrían de manera “ordenada” (literalmente por una orden) enviar o comprar con relativa facilidad a cientos de personas con la intención de hacer ganar a candidatos que estarán comprometidos con sus impulsores para hacerles favores durante años (por lo menos 5 y por lo más 9) a los patrocinadores de la movilización.
¿Cómo evitar el asunto de la movilización interesada y peligrosa? La pregunta es para las autoridades y no solo las electorales, que además gastarán una millonada de recursos en la organización de la elección y muy poco en explicar, conmover y convencer al ciudadano común para que vaya a votar libremente.
Por cierto que no juegan a favor los simulacros que se han hecho respecto a los tiempos que se tomará cada ciudadano para emitir su voto, que se calculan desde la entrada de la casilla, identificación, entrega de boletas, votación, inserción de cada boleta en las urnas y retiro, entre 15 y 20 minutos por persona.
Imagine Usted, Culto Público, que cuando llegue usted a la casilla el primero de junio, estén 10 personas formadas antes que usted, el tiempo que le tomará para que sea su turno será de más de 2 horas.
¿Habrá alguien dispuesto a perder tanto tiempo de su domingo por pura buena voluntad y civismo? Esa buena voluntad será directamente proporcional a la cantidad de votantes.
BEMOLES
MORALES
En el parque de Morales hay mas grilla que pasto y las indirectas entre el gobernador y el alcalde están a la orden del día.
En el primer acto, el gobierno del estado anunció la rehabilitación de este sitio desde mayo del año pasado (en plenas elecciones) y entró a intervenirlo sin contar con los permisos que el proyecto requería, por lo tanto, hubo quien encontró en esta omisión motivo para ampararse y detener la obra.
En el segundo acto, el gobierno municipal detuvo el mantenimiento del parque, quizás pensaron algo como que “al fin y al cabo lo estaría llevando el palacio de enfrente”.
En el tercer acto pasó más de un año y ni el gobierno estatal pudo hacer realidad la rehabilitación ni el municipal dio mantenimiento sostenido al sitio.
Ayer Ricardo Gallardo afirmó que Morales cada vez está “más jodido” y es cierto, por su parte el municipio ya por lo menos lo está regando y anunció la inversión en una planta tratadora.
¿Cómo se llamó la obra? Se llamó “Todavía no hay obra”.
Si continúan los celos y pleitos entre palacios, se caerán todos los arboles Moralescos y lo único verde que veremos serán los moños en los puestos de los elotes.
Hasta la próxima
Jorge Saldaña
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Ciudad
Calles del Centro Histórico de SLP serán “Zona 30”
El alcalde Enrique Galindo dijo que esta designación permitirá la circulación de vehículos a velocidades no mayores a 30 kilómetros por hora
Por: Bernardo Vera
Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, indicó que existe un proyecto de movilidad para la zona Centro de la capital, en la que las calles principales se adhieran a un esquema de Zona 30, que permita la movilidad de vehículos hasta una velocidad de 30 kilómetros por hora.
El alcalde capitalino detalló que este esquema existe en ciudades como Madrid, España y la Ciudad de México, por lo que se estudiará su viabilidad en la capital potosina.
Además de las calles del cuadro principal d el Centro Histórico, el alcalde Galindo Ceballos indicó que se estudiará esta viabilidad en la calle de Mariano Arista, desde el parque de Morales hasta el Centro Histórico.
Este proyecto permitiría la movilidad de transportes como bicicletas, scooters eléctricos y otros vehículos alternativos, en armonía con el parque vehicular ya existente.
Finalmente, Galindo Ceballos dijo que para dicho proyecto se espera su integración en el Reglamento de Tránsito para la capital potosina, lo que permitiría la ejecución de una posible obra bajo una normativa fundamentada.
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Destacadas
Descartan intromisión de grupos de poder en elección judicial
El magistrado presidente del PJESLP dijo que los organismos deben vigilar que la elección de jueces se realice con ética y responsabilidad
Por: Redacción
Arturo Morales Silva, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, aseguró que no existen riesgos de injerencia del crimen organizado, partidos políticos o grupos de poder en la elección extraordinaria de jueces y magistrados que se llevará a cabo en este 2025.
El magistrado enfatizó que, desde su perspectiva, no hay indicios de que actores externos busquen influir en el proceso. No obstante, destacó la importancia de que los organismos competentes se mantengan en alerta para garantizar la legalidad y transparencia de la elección.
“Desde mi punto de vista, considero que no existe ese riesgo como tal. Desde luego que los organismos competentes deben estar vigilantes, y también las personas que participan deben hacerlo con ética y responsabilidad por lo justo”, expresó Morales Silva.
La elección extraordinaria de jueces y magistrados es un proceso clave para el sistema judicial del estado, por lo que se espera que se realice bajo estrictos estándares de transparencia e imparcialidad.
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