Estado
Valladares se reúne con AMPI nacional
La reunión con la Presidenta Nacional Jenny Althair Rivas Padilla y el Presidente de AMPI San Luis Potosí Neil Castro sentó las bases para una nueva ley federal que regule la intermediación inmobiliaria en beneficio de los consumidores
Por: Redacción
El Diputado Federal Juan Carlos Valladares Eichelmann, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura, se reunió con Jenny Althair Rivas
Padilla, Presidenta Nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), y
con Neil Castro, Presidente del capítulo San Luis Potosí de la misma asociación, para avanzar en
la construcción de un marco normativo que proteja el patrimonio de las familias mexicanas en sus
operaciones inmobiliarias.
El eje central de la reunión fue el espíritu que anima todo el paquete legislativo: proteger al
comprador de vivienda a través de la regulación de quienes intermedian en sus operaciones. El
ciudadano es el punto de partida, no el sector. Cuando una familia destina años de ahorro a la
compra de una propiedad, tiene derecho a saber con certeza quién la asesora, qué compromisos
está firmando y cuánto va a pagar por ello.
“Comprar una casa no debe ser un riesgo. Debe ser una decisión segura para las
familias mexicanas. Partimos del ciudadano, no del sector.” — Dip. Juan Carlos
Valladares Eichelmann
El primer paso: identificar quién puede ejercer la intermediación
La primera iniciativa del paquete, ya presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados el 10 de abril de 2026, responde a una pregunta que hoy no tiene respuesta en el ordenamiento federal: ¿quién puede ejercer la intermediación inmobiliaria en México?
En su estado actual, cualquier persona puede anunciarse como agente inmobiliario sin acreditar conocimiento alguno, sin exhibir un número de registro y sin sujetarse a ningún código de ética. Esta falta de regulación genera una competencia desleal frente a los profesionales certificados y facilita prácticas fraudulentas que destruyen el ahorro de miles de familias.
La iniciativa propone la creación de un Registro Nacional de Profesionales Inmobiliarios, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con requisitos mínimos de capacitación, certificación y ética profesional, y una plataforma digital pública que permita a cualquier ciudadano verificar en tiempo real si quien le ofrece un servicio inmobiliario está debidamente acreditado.
El segundo paso: regular cómo se ejerce y cómo se cobra
Durante la reunión de hoy se sentaron las bases para el segundo componente del paquete: la Ley Federal de Intermediación Inmobiliaria, una nueva ley autónoma que responde la pregunta que la primera iniciativa no toca: ¿cómo debe ejercerse esa intermediación?
Esta segunda iniciativa regula por primera vez en el plano federal el contrato de intermediación inmobiliaria —que hoy es un contrato atípico sin regulación específica—, establece la obligación de declarar por escrito y de forma previa la comisión del agente, define el momento en que esa comisión se devenga según el tipo de operación, y prohíbe expresamente prácticas como el cobro doble y el cobro anticipado sin que la operación se haya formalizado.
Lo que la ley no regula: la libertad del propietario intacta
El legislador fue enfático en un punto que genera dudas frecuentes: este paquete legislativo no restringe de ninguna forma el derecho de cualquier ciudadano a vender, comprar, arrendar o administrar directamente sus propios bienes inmuebles. Quien vende su casa, quien renta su departamento por su cuenta o quien pide ayuda a un familiar sin cobrar, queda completamente fuera del ámbito de aplicación de estas leyes.
Las obligaciones aplican exclusivamente a quien ejerce la intermediación inmobiliaria de forma profesional, habitual y remunerada en bienes ajenos. Se trata del mismo principio que aplica en otras actividades de alto impacto: quien administra su propio patrimonio es libre; quien cobra por administrar el patrimonio de otros debe hacerlo con estándares y responsabilidad.
La AMPI: aliada estratégica en la implementación
La Presidenta Nacional Jenny Althair Rivas Padilla y el Presidente Neil Castro manifestaron su respaldo al paquete legislativo y reconocieron que sus asociados activos cumplen ya con los requisitos contemplados en ambas iniciativas. La AMPI no es el objeto de regulación de estas leyes: es su principal aliada en la implementación.
La asociación está llamada a jugar un papel central como organismo acreditado para la certificación de agentes, como contraparte en convenios de capacitación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y como voz técnica en la elaboración de los lineamientos de implementación. Ambas iniciativas reconocen expresamente el trabajo que la AMPI ha realizado durante años en la profesionalización del sector.
La aprobación de este paquete beneficia directamente al agente certificado: nivela el campo de juego frente a intermediarios informales, da certeza jurídica al profesional diligente y fortalece la confianza del consumidor en el sector inmobiliario en su conjunto.
“Un sector regulado no es un sector limitado. Es un sector en el que el comprador confía, el profesional honesto compite en igualdad de condiciones, y las familias pueden tomar la decisión más importante de su vida con información clara y protección real.” — Dip. Juan Carlos Valladares Eichelmann
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Estado
Comunidad triqui de SLP lleva sus demandas hasta la ONU
Palmira Flores expuso en Ginebra las trabas de los indígenas urbanos para entrar al catálogo del INPI
Por: Redacción
Integrantes del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) retomaron el informe que Palmira Flores, representante de la Comunidad Triqui de San Luis Potosí, presentó durante el examen al Estado mexicano, celebrado el 4 y 5 de noviembre en Ginebra, Suiza.
Los planteamientos del documento entraron al diálogo oficial que el Comité sostuvo con la delegación mexicana. Quedaron incorporados al análisis sobre el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas en el país.
El CDESC vigila que los países cumplan el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y revisa periódicamente a cada Estado que lo ratificó. México fue examinado en la 80ª sesión del organismo.
El texto de la comunidad es un informe alternativo, que es el documento que la sociedad civil entrega en paralelo al reporte oficial del Gobierno federal. El informe se centra en los indígenas que viven en contextos urbanos y en las trabas que enfrentan para entrar al Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas
del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).Quedar fuera de ese registro tiene efectos concretos: limita el reconocimiento de sus derechos colectivos y el acceso a programas y recursos federales.
Los triquis son un pueblo originario de la región Mixteca de Oaxaca. La comunidad asentada en San Luis Potosí forma parte de las poblaciones indígenas que residen fuera de sus territorios de origen.
Flores viajó a Ginebra con financiamiento del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, mecanismo que la seleccionó para participar en el examen a México.
Tras la revisión, el Comité emitirá observaciones y recomendaciones al Estado mexicano. La comunidad señaló que ese documento abre la puerta a exigir seguimiento institucional en reconocimiento, inclusión y acceso a derechos de los pueblos indígenas asentados en ciudades.
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Estado
Valladares destacó el T-MEC como oportunidad para la industria automotriz
El diputado federal dijo que el crecimiento industrial debe traducirse en mejores empleos y bienestar para los trabajadores potosinos
Por: Redacción
El diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann dijo que la revisión del T-MEC representa una oportunidad estratégica para fortalecer la posición de San Luis Potosí dentro de la industria automotriz de Norteamérica. Lo expresó durante un desayuno privado con Simón Cohen, fundador y presidente de HENCO Global, en el marco de Automotive Connection Potosí 2026.
El encuentro, organizado por César Ramos, de Puket Latam, y HENCO Global, reunió a directivos de empresas automotrices y presidentes de organismos empresariales para dialogar sobre el desarrollo económico y los desafíos del sector.
Valladares Eichelmann dijo coincidir con la filosofía empresarial de Cohen, denominada High Performance, Happy People, que plantea que el alto rendimiento de una organización está relacionado con el bienestar de sus colaboradores. Sostuvo que una industria competitiva no solo se mide por su capacidad productiva, sino también por las condiciones que ofrece a quienes la hacen funcionar. “La competitividad empieza por la gente”, expresó, y agregó que el crecimiento económico debe reflejarse en mejores empleos, mayores oportunidades y bienestar para los trabajadores potosinos.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el segundo trimestre de 2026 San Luis Potosí registró exportaciones por 6 mil 893.2 millones de dólares, un crecimiento anual de 7.3 por ciento. De ese total, la fabricación de equipo de transporte, actividad vinculada con la industria automotriz, aportó 4 mil 934.6 millones de dólares, un incremento de 9 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.
El legislador consideró que el proceso de revisión del T-MEC abre un espacio para fortalecer las condiciones que permitan al estado seguir atrayendo inversiones y consolidar su actividad industrial. Añadió que mantener espacios de acercamiento con el sector empresarial ayuda a identificar oportunidades para el crecimiento económico de la entidad.
Valladares Eichelmann asistió también a la conferencia magistral de Simón Cohen, parte de Automotive Connection Potosí 2026.
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Estado
Crisis del agua no se resolverá hasta que desaparezca Interapas: Gallardo
El gobernador acusó al organismo de burocracia y sueldos altos; dijo que el Estado ya entra a las colonias con Vactor para limpiar drenajes
Por: Redacción
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó que la crisis por el agua y las aguas negras en colonias de la capital “no se va a resolver” hasta que desaparezca el organismo operador Interapas. Dijo también que el Estado ya trabaja en las colonias con equipos Vactor, camiones que limpian drenajes.
Al ser cuestionado sobre las protestas de las últimas dos semanas por la falta de agua y la filtración de aguas negras en colonias e instituciones educativas, el mandatario habló de una crisis que, según dijo, “lo hemos venido diciendo”, no se resolverá mientras exista el organismo.
Acusa burocracia y sueldos altos
Gallardo Cardona dijo que Interapas gasta “millones y millones” en sueldos “altísimos” y que no tiene un solo programa para desazolvar las colonias ni sacar la suciedad que, afirmó, ha quedado entubada durante años.
Calificó de “incoherente” que haya calles inundadas en la capital y que, al mismo tiempo, no haya agua en los tinacos. Lo atribuyó a la “inoperancia” del organismo y del municipio.
El Estado entra a las colonias con Vactor
El gobernador aseguró que su administración ya anda en las colonias con Vactor
, arreglando calles, limpiando drenajes y haciendo drenajes nuevos. “Lo vamos a solucionar si ellos no lo quieren hacer”, dijo.Lluvia: ayuda al campo, daña a la capital
Sobre las lluvias en el estado, dijo que hay “cero problemas” en la Huasteca Potosina, donde los ríos vienen con sus cauces normales. Explicó que la última lluvia del año ayudó a los ejidos y a la población de la Huasteca, la Zona Media y, sobre todo, el Altiplano, donde los bordos vuelven a llenarse de agua.
Para los productores, afirmó, ha sido “una bendición”. Para los capitalinos, en cambio, “ha sido un destrozo”.
Contexto
En octubre, la Comisión Estatal del Agua (CEA) elevó a 880.65 millones de pesos su reclamo contra el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Interapas). El organismo reconoce solo 296 millones por saneamiento y rechaza el resto. La CEA responsabilizó políticamente al alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, por presidir su Junta de Gobierno.
También lee: CEA eleva de 296 a 880 millones su reclamo a Interapas
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