Estado
Valladares se reúne con AMPI nacional
La reunión con la Presidenta Nacional Jenny Althair Rivas Padilla y el Presidente de AMPI San Luis Potosí Neil Castro sentó las bases para una nueva ley federal que regule la intermediación inmobiliaria en beneficio de los consumidores
Por: Redacción
El Diputado Federal Juan Carlos Valladares Eichelmann, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura, se reunió con Jenny Althair Rivas
Padilla, Presidenta Nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), y
con Neil Castro, Presidente del capítulo San Luis Potosí de la misma asociación, para avanzar en
la construcción de un marco normativo que proteja el patrimonio de las familias mexicanas en sus
operaciones inmobiliarias.
El eje central de la reunión fue el espíritu que anima todo el paquete legislativo: proteger al
comprador de vivienda a través de la regulación de quienes intermedian en sus operaciones. El
ciudadano es el punto de partida, no el sector. Cuando una familia destina años de ahorro a la
compra de una propiedad, tiene derecho a saber con certeza quién la asesora, qué compromisos
está firmando y cuánto va a pagar por ello.
“Comprar una casa no debe ser un riesgo. Debe ser una decisión segura para las
familias mexicanas. Partimos del ciudadano, no del sector.” — Dip. Juan Carlos
Valladares Eichelmann
El primer paso: identificar quién puede ejercer la intermediación
La primera iniciativa del paquete, ya presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados el 10 de abril de 2026, responde a una pregunta que hoy no tiene respuesta en el ordenamiento federal: ¿quién puede ejercer la intermediación inmobiliaria en México?
En su estado actual, cualquier persona puede anunciarse como agente inmobiliario sin acreditar conocimiento alguno, sin exhibir un número de registro y sin sujetarse a ningún código de ética. Esta falta de regulación genera una competencia desleal frente a los profesionales certificados y facilita prácticas fraudulentas que destruyen el ahorro de miles de familias.
La iniciativa propone la creación de un Registro Nacional de Profesionales Inmobiliarios, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con requisitos mínimos de capacitación, certificación y ética profesional, y una plataforma digital pública que permita a cualquier ciudadano verificar en tiempo real si quien le ofrece un servicio inmobiliario está debidamente acreditado.
El segundo paso: regular cómo se ejerce y cómo se cobra
Durante la reunión de hoy se sentaron las bases para el segundo componente del paquete: la Ley Federal de Intermediación Inmobiliaria, una nueva ley autónoma que responde la pregunta que la primera iniciativa no toca: ¿cómo debe ejercerse esa intermediación?
Esta segunda iniciativa regula por primera vez en el plano federal el contrato de intermediación inmobiliaria —que hoy es un contrato atípico sin regulación específica—, establece la obligación de declarar por escrito y de forma previa la comisión del agente, define el momento en que esa comisión se devenga según el tipo de operación, y prohíbe expresamente prácticas como el cobro doble y el cobro anticipado sin que la operación se haya formalizado.
Lo que la ley no regula: la libertad del propietario intacta
El legislador fue enfático en un punto que genera dudas frecuentes: este paquete legislativo no restringe de ninguna forma el derecho de cualquier ciudadano a vender, comprar, arrendar o administrar directamente sus propios bienes inmuebles. Quien vende su casa, quien renta su departamento por su cuenta o quien pide ayuda a un familiar sin cobrar, queda completamente fuera del ámbito de aplicación de estas leyes.
Las obligaciones aplican exclusivamente a quien ejerce la intermediación inmobiliaria de forma profesional, habitual y remunerada en bienes ajenos. Se trata del mismo principio que aplica en otras actividades de alto impacto: quien administra su propio patrimonio es libre; quien cobra por administrar el patrimonio de otros debe hacerlo con estándares y responsabilidad.
La AMPI: aliada estratégica en la implementación
La Presidenta Nacional Jenny Althair Rivas Padilla y el Presidente Neil Castro manifestaron su respaldo al paquete legislativo y reconocieron que sus asociados activos cumplen ya con los requisitos contemplados en ambas iniciativas. La AMPI no es el objeto de regulación de estas leyes: es su principal aliada en la implementación.
La asociación está llamada a jugar un papel central como organismo acreditado para la certificación de agentes, como contraparte en convenios de capacitación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y como voz técnica en la elaboración de los lineamientos de implementación. Ambas iniciativas reconocen expresamente el trabajo que la AMPI ha realizado durante años en la profesionalización del sector.
La aprobación de este paquete beneficia directamente al agente certificado: nivela el campo de juego frente a intermediarios informales, da certeza jurídica al profesional diligente y fortalece la confianza del consumidor en el sector inmobiliario en su conjunto.
“Un sector regulado no es un sector limitado. Es un sector en el que el comprador confía, el profesional honesto compite en igualdad de condiciones, y las familias pueden tomar la decisión más importante de su vida con información clara y protección real.” — Dip. Juan Carlos Valladares Eichelmann
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Estado
Aprueban reforma anti violencia escolar
Se establecerán protocolos claros y obligatorios para proteger a la víctima en el primer momento
Por: Redacción
Con el objetivo de establecer expresamente la obligación de denuncia inmediata por parte de todo el personal educativo, directivo y administrativo, en casos de cualquier hecho de violencia en el entorno escolar, familiar o comunitario contra cualquier integrante de la comunidad educativa, la LXIV Legislatura aprobó la reforma a los artículos, 83, y 85 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, propuesta por el diputado Luis Fernando Gámez Macías y la C. Irlanda Susana del Río Contreras, en representación de la Fundación Internacional Granito de Arena A.C.
Se establece que la omisión de esta obligación será sancionada conforme a la legislación penal aplicable y a las disposiciones administrativas correspondientes, garantizando en todo momento el interés superior de la niñez.
Se indica que los protocolos de actuación serán elaborados de manera conjunta por la Autoridad Educativa Estatal, Fiscalía General del Estado, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para la prevención y atención de la violencia que se genere en el entorno escolar, familiar o comunitario contra cualquier integrante de la comunidad educativa, para su detención oportuna y para la atención de accidentes que se presenten en el plantel educativo, A su vez, determinará, los mecanismos para la medición y resolución pacífica de controversias que se presenten entre los integrantes de la comunidad educativa.
En su exposición de motivos, se señala que el establecimiento de protocolos claros y obligatorios permitirá proteger a la víctima desde el primer momento; brindar certeza jurídica al personal escolar, evitando que su actuación quede sujeta a interpretaciones discrecionales; y articular la actuación del sistema educativo con la Fiscalía General del Estado y las Procuradurías de Protección del DIF estatal y municipales.
Además, se deberá de capacitar de manera periódica a todas las personas que laboran en el sistema educativo sobre sus deberes legales y procedimientos. Con estas reformas, San Luis Potosí se coloca a la vanguardia en la protección integral de la infancia.
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Ayuntamiento de SLP
Los 18 millones para sanear presa de San José podrían frenarse por desarticulación institucional
En menos de 48 horas, el anuncio del diputado Cuauhtli Badillo sobre una inversión federal para sanear el embalse derivó en un choque de versiones entre funcionarios de tres niveles de gobierno —ninguno con documentos— y terminó en una acción legal que podría paralizar la obra antes de que arranque
Por: Redacción
Este 13 de mayo, la asociación civil Cambio de Ruta presentó un escrito dentro del amparo indirecto 729/2018-VI ante el Juzgado Octavo de Distrito para obligar al diputado local Cuauhtli Fernando Badillo Moreno a acreditar una inversión federal de entre 16 y 18 millones de pesos para el saneamiento de la Presa San José.
La acción tiene precedente: la misma organización ya paralizó con amparos la rehabilitación del Parque de Morales, cuestionó la operación del parque acuático Dinoasis y se ha opuesto sistemáticamente a varias obras tanto del estado como de la capital.
En esta ocasión el amparo exige que Badillo, el Congreso del Estado y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) entreguen los documentos que avalen el proyecto: gestiones realizadas, nombres de los servidores públicos involucrados, origen de los fondos, calendario de ejecución y constancia de que la inversión está formalmente autorizada mediante anexos técnicos y dictámenes. Si el juzgado emite el requerimiento y los documentos no existen o no se presentan, el proyecto quedaría suspendido.
El conflicto estalló el 11 de mayo, cuando Badillo, diputado de Morena, anunció públicamente que la Conagua ya aprobó una intervención al embalse que contempla la limpieza de lirio acuático, mantenimiento del cárcamo y rehabilitación de la planta tratadora. Ese mismo día, el presidente municipal Enrique Galindo Ceballos informó que desconocía la iniciativa y que la Conagua tampoco le supo dar detalles. El 13 de mayo, el director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez, confirmó que su dependencia tampoco cuenta con información oficial sobre los recursos.
Badillo justificó que el municipio no fue notificado porque el proyecto se ejecutará exclusivamente entre el gobierno estatal y la federación. Galindo Ceballos dijo estar dispuesto a colaborar una vez que la Conagua oficialice la información, y advirtió que el retiro del lirio acuático no es una decisión menor: estudios del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT) indican que esa planta retiene actualmente metales pesados en el agua del embalse.
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Estado
Caen exportaciones por aranceles de Trump: Sedarh
El secretario Jorge Luis Díaz reveló que han tenido que buscar diversificar las exportaciones concretando acuerdos con países como Japón
Por: Redacción
Jorge Luis Díaz Salinas, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), reconoció que las exportaciones potosinas atraviesan un momento crítico, pues se han visto fuertemente afectadas por el incremento en los aranceles establecidos por Estados Unidos.
Señaló que si bien las tarifas varían según el producto, los nuevos impuestos pueden ir desde el 12 hasta el 15%, lo cual representa un duro golpe para las economías de los productores agrícolas, causando la quiebra de varios.
Asimismo, comentó que el miedo no solo se ha generado en los comerciantes mexicanos, sino que también los importadores estadounidenses se empiezan a mostrar reacios para adquirir las mercancías mexicanas ante las amenazas del presidente Donald Trump.
Añadió que los mexicanos que se encuentran en territorio yankee también tienen temor a las feroces estrategias de deportación de la administración trumpista, por lo que ya no salen a trabajar y comprar, lo que reduce el consumo
Ante esta situación, Díaz Salinas reveló que han intentado diversificar las exportaciones con el fin de poder subsistir a pesar de las trabas norteamericanas, lo cual ha sido muy complejo ya que Estados Unidos representaba el principal comprador para la mayoría de los agricultores.
A pesar de ello, han logrado importantes acuerdos comerciales con países como Japón, con quienes han establecido una red de exportación de productos como pepino para poder mantener a flote a los invernaderos.
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