Estado
Valladares se reúne con AMPI nacional
La reunión con la Presidenta Nacional Jenny Althair Rivas Padilla y el Presidente de AMPI San Luis Potosí Neil Castro sentó las bases para una nueva ley federal que regule la intermediación inmobiliaria en beneficio de los consumidores
Por: Redacción
El Diputado Federal Juan Carlos Valladares Eichelmann, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura, se reunió con Jenny Althair Rivas
Padilla, Presidenta Nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), y
con Neil Castro, Presidente del capítulo San Luis Potosí de la misma asociación, para avanzar en
la construcción de un marco normativo que proteja el patrimonio de las familias mexicanas en sus
operaciones inmobiliarias.
El eje central de la reunión fue el espíritu que anima todo el paquete legislativo: proteger al
comprador de vivienda a través de la regulación de quienes intermedian en sus operaciones. El
ciudadano es el punto de partida, no el sector. Cuando una familia destina años de ahorro a la
compra de una propiedad, tiene derecho a saber con certeza quién la asesora, qué compromisos
está firmando y cuánto va a pagar por ello.
“Comprar una casa no debe ser un riesgo. Debe ser una decisión segura para las
familias mexicanas. Partimos del ciudadano, no del sector.” — Dip. Juan Carlos
Valladares Eichelmann
El primer paso: identificar quién puede ejercer la intermediación
La primera iniciativa del paquete, ya presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados el 10 de abril de 2026, responde a una pregunta que hoy no tiene respuesta en el ordenamiento federal: ¿quién puede ejercer la intermediación inmobiliaria en México?
En su estado actual, cualquier persona puede anunciarse como agente inmobiliario sin acreditar conocimiento alguno, sin exhibir un número de registro y sin sujetarse a ningún código de ética. Esta falta de regulación genera una competencia desleal frente a los profesionales certificados y facilita prácticas fraudulentas que destruyen el ahorro de miles de familias.
La iniciativa propone la creación de un Registro Nacional de Profesionales Inmobiliarios, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con requisitos mínimos de capacitación, certificación y ética profesional, y una plataforma digital pública que permita a cualquier ciudadano verificar en tiempo real si quien le ofrece un servicio inmobiliario está debidamente acreditado.
El segundo paso: regular cómo se ejerce y cómo se cobra
Durante la reunión de hoy se sentaron las bases para el segundo componente del paquete: la Ley Federal de Intermediación Inmobiliaria, una nueva ley autónoma que responde la pregunta que la primera iniciativa no toca: ¿cómo debe ejercerse esa intermediación?
Esta segunda iniciativa regula por primera vez en el plano federal el contrato de intermediación inmobiliaria —que hoy es un contrato atípico sin regulación específica—, establece la obligación de declarar por escrito y de forma previa la comisión del agente, define el momento en que esa comisión se devenga según el tipo de operación, y prohíbe expresamente prácticas como el cobro doble y el cobro anticipado sin que la operación se haya formalizado.
Lo que la ley no regula: la libertad del propietario intacta
El legislador fue enfático en un punto que genera dudas frecuentes: este paquete legislativo no restringe de ninguna forma el derecho de cualquier ciudadano a vender, comprar, arrendar o administrar directamente sus propios bienes inmuebles. Quien vende su casa, quien renta su departamento por su cuenta o quien pide ayuda a un familiar sin cobrar, queda completamente fuera del ámbito de aplicación de estas leyes.
Las obligaciones aplican exclusivamente a quien ejerce la intermediación inmobiliaria de forma profesional, habitual y remunerada en bienes ajenos. Se trata del mismo principio que aplica en otras actividades de alto impacto: quien administra su propio patrimonio es libre; quien cobra por administrar el patrimonio de otros debe hacerlo con estándares y responsabilidad.
La AMPI: aliada estratégica en la implementación
La Presidenta Nacional Jenny Althair Rivas Padilla y el Presidente Neil Castro manifestaron su respaldo al paquete legislativo y reconocieron que sus asociados activos cumplen ya con los requisitos contemplados en ambas iniciativas. La AMPI no es el objeto de regulación de estas leyes: es su principal aliada en la implementación.
La asociación está llamada a jugar un papel central como organismo acreditado para la certificación de agentes, como contraparte en convenios de capacitación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y como voz técnica en la elaboración de los lineamientos de implementación. Ambas iniciativas reconocen expresamente el trabajo que la AMPI ha realizado durante años en la profesionalización del sector.
La aprobación de este paquete beneficia directamente al agente certificado: nivela el campo de juego frente a intermediarios informales, da certeza jurídica al profesional diligente y fortalece la confianza del consumidor en el sector inmobiliario en su conjunto.
“Un sector regulado no es un sector limitado. Es un sector en el que el comprador confía, el profesional honesto compite en igualdad de condiciones, y las familias pueden tomar la decisión más importante de su vida con información clara y protección real.” — Dip. Juan Carlos Valladares Eichelmann
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La iniciativa plantea que quienes recuperen una unidad robada no paguen los servicios de arrastre y pensión, al considerar que hacerlo implica una revictimización
Por: Redacción
Una iniciativa presentada en el Congreso del Estado busca que las personas cuyos vehículos sean recuperados tras un robo queden exentas del pago por los servicios de arrastre y pensión en los depósitos vehiculares.
La propuesta fue impulsada por la diputada Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez, quien plantea adicionar un tercer párrafo al artículo 61 de la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de evitar que las víctimas de este delito asuman un costo económico derivado de un hecho del que fueron afectadas.
La legisladora argumentó que el aseguramiento y resguardo de un vehículo robado responde a una investigación penal y no a una infracción administrativa cometida por el propietario, por lo que cobrar el traslado y almacenamiento representa una forma de doble victimización institucion al
La iniciativa establece que, una vez presentada la denuncia por los delitos de robo de vehículo o robo equiparado, el cobro de estos servicios deberá quedar exceptuado, al aplicar el principio de no imputabilidad al propietario.
Martínez Vázquez señaló que actualmente los vehículos recuperados suelen ser trasladados a corralones para preservar su integridad como parte de las investigaciones ministeriales, pero advirtió que hacer recaer esos costos sobre las víctimas implica una afectación patrimonial adicional derivada del delito sufrido.
La diputada también indicó que la permanencia prolongada de unidades en depósitos genera problemas operativos, como saturación de espacios, deterioro de los vehículos, pérdida de autopartes y depreciación, además de posibles responsabilidades para el Estado en caso de que no se garantice la adecuada conservación de los bienes bajo resguardo oficial.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes para su análisis y eventual dictaminación.
También lee: Gallardo anuncia puente de dos kilómetros en Villa Magna; arrancaría a finales de año
La obra conectará Sierra Leona, Villa Magna, Camino a la Presa y Río Santiago, con una inversión superior a los mil millones de pesos
Por: Redacción
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció la construcción del Puente de Villa Magna, un nuevo distribuidor vial de dos kilómetros de longitud que busca mejorar la movilidad en la zona poniente de la capital y cuya construcción iniciará una vez concluido el Puente de la Familia.
El mandatario informó que el proyecto ejecutivo ya está terminado y adelantó que los trabajos podrían comenzar entre diciembre de este año y enero de 2027, con una inversión inicial superior a mil millones de pesos.
La nueva infraestructura conectará vialidades como Sierra Leona, Villa Magna, Camino a la Presa y Río Santiago, corredores que concentran una importante carga vehicular debido al crecimiento habitacional registrado en esa zona de la ciudad.
Gallardo explicó que el inicio de la obra fue programado para evitar que coincida con otros proyectos de gran magnitud en ejecución, con el fin de reducir afectaciones a la circulación y mantener la continuidad del programa estatal de infraestructura.
El gobernador aseguró que el puente forma parte del plan de modernización vial impulsado por el Gobierno del Estado para agilizar los traslados y fortalecer la conexión entre colonias, fraccionamientos y los principales ejes de movilidad de la capital.
Además, recordó que el próximo miércoles será inaugurado el nuevo paso a desnivel de la Arena Potosí, obra que facilitará el flujo vehicular hacia las zonas oriente y sur de la ciudad, particularmente durante la celebración de la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2026.
Tras esa inauguración, continuarán los trabajos del Puente de la Familia, para posteriormente dar paso al inicio de la construcción del Puente de Villa Magna, considerado uno de los proyectos viales más importantes anunciados para la zona poniente de San Luis Potosí.
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Las labores incluyen limpieza, rehabilitación de vialidades, desazolve y mejoramiento de accesos para recibir a millones de visitantes durante la feria
Por: Redacción
A unos días del arranque de la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2026, el Gobierno del Estado intensificó los trabajos de mantenimiento y rehabilitación en el recinto ferial y sus alrededores con el objetivo de recibir en mejores condiciones a los asistentes de la edición de este año.
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que distintas dependencias estatales realizan labores de limpieza, deshierbe, poda, barrido, recolección de residuos y pintura de guarniciones en vialidades como la avenida de Las Torres y la avenida Juárez, principales accesos al recinto.
Además, se llevan a cabo obras para mejorar la movilidad en la zona, entre ellas la conclusión de la pavimentación de la calle Julián Carrillo y los trabajos que continúan sobre la calle Venezuela
Al interior de las instalaciones también se realizan acciones de limpieza general, mantenimiento de áreas comunes y desazolve de la red de drenaje, con el fin de reducir riesgos de encharcamientos durante la temporada de lluvias y mantener en condiciones óptimas la infraestructura del recinto.
Gallardo señaló que el objetivo es ofrecer una feria con instalaciones renovadas, accesos funcionales y espacios seguros para las familias potosinas y los millones de visitantes que se espera acudan a la edición 2026 de la FENAPO.
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