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¿Es viable aplicar la pena de muerte y la castración química en SLP?
Consultamos con expertos sobre los riesgos, beneficios y factibilidad de la propuesta que Ricardo Gallardo enviará al Congreso
Por: Bernardo Vera
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, anunció en días pasados que enviará una propuesta al Congreso del Estado para que se autorice la pena de muerte a feminicidas y la castración química a violadores. El propio mandatario adelantó que en el caso de la pena de muerte la propuesta no prosperará, pues es una reforma constitucional del ámbito federal, sin embargo, apuntó que pretende que su iniciativa deje un precedente y pueda presionar al Congreso de la Unión para que se revisen los castigos por estos crímenes. La Orquesta consultó con el abogado Jorge Chessal Palau para conocer cuál podría ser el futuro de las propuestas y las repercusiones sociales y políticas que tendrán.
Chessal Palau confirmó que la propuesta para considerar la pena de muerte y la castración no encontrará ejecución, pero aclaró que este pronunciamiento es un reflejo de la desesperación de la ciudadanía ante el actuar de la justicia. Sin embargo, no hay un escenario que permita la evolución de la misma, pues se trata de un tema constitucional, y la intervención de tratados internacionales que prohíben la privación de la vida y las penas inusitadas:
“Hace eco del sentir de mucha gente en cuanto a la forma de cómo se debería de reaccionar ante ciertos delitos. No obstante, es inviable constitucionalmente que pueda avanzar, porque el artículo 22 de la Constitución prohíbe expresamente la pena de muerte y las penas infamantes, trascendentales e inusitadas, y en este caso la castración química es una pena inusitada y trascendental”.
Chessal consideró que el precedente a considerar por parte de Gallardo Cardona, radicaría en ser el primer gobernador de un estado que cuestiona el proceder de los métodos de impartición judicial.
“El precedente en la parte política sería que un gobernador enviará una iniciativa de esta naturaleza, porque sería prácticamente un reconocimiento público y abierto de que hay una crisis de credibilidad en el sistema de justicia. Y si bien, este antecedente podría no llegar a esas consecuencias, sí pudiera significar la revisión del esquema completo”, detalló Jorge Chessal.
El abogado aseguró que dicha iniciativa tampoco lograría disminuir los hechos de violación y feminicidio, pues estas herramientas no se vuelven disuasorias de crímenes, ya que estos delitos no llegan al circuito de la justicia para ser juzgados: “El problema no es el tema de la sanción o lo que pueda disuadir, sino la efectividad en la investigación, y ahí es en donde creo que en términos generales, el país no ha avanzado las fiscalías lo suficiente”.
En el caso de la pena de muerte, consideró que sería un instrumento peligroso, por el riesgo de ser una pena definitiva: “siempre cabe la posibilidad del error judicial, por ende, se vuelve irreparable y difícil de considerar en un Estado democrático”.
Finalmente, señaló que el sistema de justicia mexicano podría mejorar sin necesidad del uso de estas prácticas, desde la promoción de la cultura de la denuncia, ya que cerca del 5% de los delitos son denunciados ante la autoridad. Además de trabajar en un plan de persecución penal y campañas de difusión para dar a conocer los casos de éxito:
“Me parece que la actual Fiscalía General del Estado está trabajando en un Plan de Persecución Penal, en donde se van a priorizar los delitos que deban perseguirse y a los que se deban enfocar los principales recursos. Así se hace más eficaz el sistema para que no se esté desperdiciando el dinero en asuntos que no van a llegar a nada. Muchas de las veces se presentan denuncias por cuestiones que ni siquiera son delitos, que podrían arreglarse en un juzgado civil o que podrían tener otra solución”, apuntó.
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Destacadas
Semujeres ofrece pruebas de VPH y autoexploración en 33 centros libres
Roxanna Hernández dijo que la dependencia trabaja con Servicios de Salud para llevar la prevención a comunidades del interior del estado
Por: Redacción
La Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres) pone a disposición sus 33 centros libres para pruebas de VPH y autoexploración, en coordinación con los Servicios de Salud, con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, informó Roxanna Hernández Ramírez, titular de la dependencia.
Hernández Ramírez explicó que cada centro cuenta con una abogada, una psicóloga y una trabajadora social, y que la Secretaría los ofrece para la detección oportuna del virus del papiloma humano (VPH), prevención del cáncer cervicouterino, y para la autoexploración de mama. En caso de urgencia, dijo, las mujeres se canalizan a los Servicios de Salud, que son quienes realizan los estudios.
Señaló que el arranque nacional de la autoexploración se realizó en Tamazunchale, de la mano de la Secretaría de Salud, y que fue la primera vez que ocurre en el país. Según dijo, el objetivo es romper con los tabúes, los estereotipos y la estigmatización, porque en el interior del estado muchas mujeres no quieren realizarse la prueba de VPH ni la autoexploración.
Mencionó también las brigadas Visitando Corazones, que se despliegan en el estado, y a las delegadas regionales de la Secretaría, que dan seguimiento a los centros libres para canalizar con mayor rapidez a las mujeres del interior.
El pasado sábado, la Dirección de Igualdad Sustantiva organizó una jornada de corte de cabello para que mujeres donen el suyo a pacientes oncológicas, con el que se elaborarán pelucas gratuitas. Hernández Ramírez dijo que, junto con estéticas, la Secretaría creará un distintivo para quienes donen cabello durante todo el año, y que habrá psicólogas disponibles en el estado para acompañar el proceso.
Hernández Ramírez asumió la dirección de Semujeres en agosto, tras la salida de Gloria Serrato Sánchez, quien fue encargada de despacho poco más de un año.
También lee: Enrique Galindo se une a las mujeres en lucha contra el cáncer de mama
Ciudad
12 kilómetros de ducto dañado frenan el agua de El Realito: Galindo
Enrique Galindo dijo que el Ayuntamiento no tiene injerencia jurídica en el acueducto y solo paga el agua
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, afirmó que si el municipio tuviera facultades, este año habría invertido entre 80 y 100 millones de pesos. Ese dinero se habría usado para reparar los 12 kilómetros dañados del ducto de El Realito.
Explicó que el Ayuntamiento de San Luis Potosí no puede opinar, intervenir ni invertir en esa infraestructura. “Jurídicamente es muy complejo, no tenemos ninguna injerencia, solo nos cobran“, dijo.
“Dependemos del agua de El Realito. Usamos el agua cuando hay, es muy difícil”, señaló el alcalde.
Al preguntarle si no se puede hacer nada, respondió: “No se puede hacer nada, lo haremos en el futuro, pero ahorita no podemos hacer nada”.
De acuerdo con el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Interapas), el acueducto acumula 76 fallas desde 2021, que suman 295 días
sin envío de agua a la zona metropolitana.La concesión federal del agua está a nombre del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Una administración estatal anterior delegó la operación del acueducto en una empresa española mediante contrato. Así lo explicó en septiembre Darío Fernando González Castillo, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en San Luis Potosí.
La dependencia federal da acompañamiento jurídico a la Comisión Estatal del Agua (CEA) para explorar una rescisión o una mediación con la operadora. La CEA prepara además un proyecto para rehabilitar un tramo de 14 kilómetros en la zona de Tierra Nueva, que Conagua identificó como el de mayores problemas.
También lee: “Rescindir contrato de El Realito le corresponde al Estado”: diputada García
Destacadas
Torres Sánchez promete entregar bulevar Río Santiago a fin de año
Guadalupe Torres afirmó que ya se reanudaron trabajos en algunos tramos tras las suspensiones legales
Por: Redacción
El Gobierno del Estado entregará a finales de este año la obra de Río Santiago, afirmó J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario General de Gobierno, durante la comparecencia ante el Congreso del Estado por el quinto informe de gobierno de Ricardo Gallardo Cardona.
Torres Sánchez dijo que la obra estuvo suspendida por «acciones legaloides» de integrantes de la «herencia maldita», que según afirmó han buscado paralizar obras durante casi todo el sexenio. Señaló que en algunos tramos los trabajos ya se reanudaron y dijo estar seguro de que se terminará en tiempo.
Como otro ejemplo mencionó la zona de San Miguelito, que según dijo estuvo detenida más de un año porque quisieron impedir la rehabilitación de sus calles. «Finalmente lo logramos», señaló. Afirmó que han tenido la razón en todos los asuntos legales y que quienes los promovieron «no han ganado ni un solo asunto
».La ampliación del bulevar Río Santiago estuvo detenida desde 2025 por amparos. Un juzgado federal concedió a la asociación civil Cambio de Ruta una suspensión por la tala y remoción de vegetación del trazo sin estudio de impacto ambiental aprobado, medida que obligó a evitar talar o remover árboles urbanos. Gallardo Cardona confirmó el 23 de agosto que los amparos ya se resolvieron.
La obra, de alrededor de 10 kilómetros, arrancó en marzo de 2024 con una inversión estimada por el Gobierno del Estado en 925 millones de pesos. La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) prevé entregarla por etapas, kilómetro por kilómetro desde Circuito Potosí.
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