noviembre 21, 2024

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¿Quién quiere urbanizar la Sierra de San Miguelito ?

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Comuneros, activistas, autoridades e investigadores coinciden en que el proyecto “Las Cañadas le causaría un daño a SLP”

Por: Itzel Márquez

La creación de un Área Natural Protegida (ANP) en la Sierra de San Miguelito ha generado controversia, esto luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) consideró dejar fuera de la protección a mil 805 hectáreas que los comuneros de San Juan de Guadalupe pretenden vender al empresario Carlos López Medina para la construcción del proyecto “Las Cañadas”, días después el presidente Andrés Manuel López Obrador y María Luisa Albores, titular de la dependencia aseguraron que no se permitirá ninguna clase de plan inmobiliario. Esto ha generado dudas entre los activistas de cuál es el verdadero destino de ese espacio.

La Orquesta conversó con investigadores de la Sierra, activistas y comuneros para conocer todas las posturas que existen sobre el tema.

Claudia Hernández, es maestra en ciencias del hábitat en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y doctoranda en ciencias ambientales, ha trabajado en el territorio de la Sierra desde el 2013: “la urbanización de la Sierra desde hace mucho tiempo ha sido sujeta de discusión, yo estoy en contra de esto por todas las características y cualidades de la Sierra, en cuanto al ambiente, es una de las áreas de recarga más importantes del acuífero profundo, está sobreexplotado y si seguimos pavimentando este sitio, el agua menos va a llegar, este es uno de los temas más importantes que justifican por qué no construirse sobre ella”.

Claudia dijo que en el estudio previo justificativo para el establecimiento del área natural protegida realizado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) tiene buenos sustentos para declarar esta área como tal, pero recalcó que depende de trabajo con los comuneros.

Hernández detalló que se siguen varios pasos y agregó que la información obtenida por la Conanp es lo que se presenta en la consulta pública con los habitantes de la Sierra y se evalúa si la propuesta se ajusta a los intereses de la comunidad.

Por otro lado, el comunero Noé de la Rosa mencionó que él no está de acuerdo en que el fraccionamiento se realice en la Sierra, porque les afectaría, “nosotros vamos caminando muy bien, pero ellos tienen mucho dinero y vamos a ver si puede más el dinero o la ley, conforme a lo que se enmarca en el reglamento de protección de tierras y mantos acuíferos se debe cuidar el medio ambiente, pero vamos a ver qué hacen”. Opinión que deja ver que no todos los integrantes de la comunidad están de acuerdo en vender a López Medina.

El comunero agregó que en este momento están pendientes de las mesas de trabajo acordadas con María Luisa Albores, pero aún no hay nada seguro, pues podrían realizarse hasta septiembre.

Noé de la Rosa aseguró que, a pesar de que hay opiniones divididas, la mayoría comparten un descontento en torno a la situación en la Sierra de San Miguelito.

Por último, Carlos Covarrubias, activista en favor de la Sierra de San Miguelito, también aportó su punto de vista y un panorama sobre lo que ocurre en el sitio: “después de lo que ocurrió en la Ciudad de México, platicamos con la maestra Albores, secretaria de medio ambiente, y se realizó una exposición general sobre el problema de la Sierra, en donde el principal es la información, en dicha reunión estuvo también el procurador agrario, quien reconoció que los mecanismos de difusión de la consulta a la población del territorio no son exhaustivos”.

El activista agregó que “quedó claro que el presidente de la República dijo que no le iban a ver la cara al gobierno de la República” y, de tal forma sintió el planteamiento de María Luisa Albores, quien reconoció el acoso inmobiliario, agregó: “no es asunto de asambleas ni grupos, sino de orden público e interés social”.

Carlos Covarrubias dijo que entre los acuerdos de dicha reunión, estuvo llevar a cabo la socialización del resultado de la consulta y, hacer un planteamiento para cerrar la posibilidad de especialización urbanas en el territorio, también diseñar mecanismos para que los habitantes tengan beneficios de la ANP y reabrir el capítulo de Cerro de San Pedro.

“Se puede poner complicado el tema, porque hay comunidades sometidas al yugo inmobiliario por los intereses, como el Ejido de San Juan de Guadalupe, este es un movimiento muy amplio con mucha gente involucrada, desde personas del campo hasta académicos, músicos, poetas, amas de casa, de todas las clases sociales”, agregó el activista.

Si hoy se votara por la sierra o la urbanización, te aseguro que serían cientos de miles de potosinos los que votarían por la sierra y un puñado que ambicionan zonas de urbanización por el fraccionamiento”, agregó Covarrubias.

Finalmente, en torno a las acciones en el ámbito local que van a realizar, el activista apuntó que, van a buscar al gobernador electo, Ricardo Gallardo para plantearle su postura y ver cuál es su comportamiento ante dicha situación.

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FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo

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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF 

Por: Redacción

La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.

La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.

La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.

El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.

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David Menchaca usó dinero de la Cegaip para banquetes, pedas y viajes

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A pesar de que ganaba más de 75 mil pesos al mes, el ex comisionado del organismo tomó una tarjeta empresarial para viajes a Colombia y lujosos restaurantes

Por: Redacción

La organización Ciudadanos Observando dio a conocer un abuso de recursos públicos en la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Indormación Pública (Cegaip) de San Luis Potosí por parte de David Enrique Menchaca Zúñiga, ex comisionado presidente, quien contaba con un sueldo mensual neto de 75 mil pesos, más bonos por 16 mil 850 pesos.

David Menchaca utilizó su puesto para costear su vida de excesos y lujos personales, pues durante el periodo de enero de 2023 a abril de 2024, uso el dinero público en costosos banquetes, bebidas en bares de lujo y viajes de primera clase.

De acuerdo a información oficial, obtenida a través de solicitudes de información y datos publicados en la Plataforma Estatal de Transparencia, Menchaca uso una tarjeta empresarial de la Cegaip, asociada a una cuenta bancaria institucional, para pagar sus gastos personales, entre los que destacan:

  • $12,506.00 en el restaurante Mochomos.
  • $19,457.00 en un restaurante de Chetumal.
  • $5,386.00 en Cantina La 20 en Polanco.
  • $4,261.00 en el bar Panteón Taurino.
  • $3,839.00 en La Gran Vía.
  • $3,222.00 en el restaurante-bar La Culpa.
  • $490 por botella en El Mayorista La Loma, compradas de manera reiterada.
  • Retiros constantes del cajero automático en efectivo que al terminar los plazos legales no pudo comprobar.

En las solicitudes de información destacan que Menchaca prefería viajar en vuelos de clase premier, con boletos pagados con recursos públicos. Entre sus viajes se encuentra una visita al país de Colombia en mayo de 2024, con un costo de 30 mil 256 pesos, bajo el pretexto de asistir a un evento cuya necesidad jamás justificó.

Al concluir su periodo, Menchaca se otorgó un “bono de marcha” de 96 mil 879 pesos, algo inédito en la historia de la Cegaip. Todo esto mientras mantenía una pésima gestión, dejando inconclusos mil 680 recursos de queja y sin dar seguimiento a procedimientos judiciales esenciales.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) identificó un daño patrimonial por al menos 125 mil 977 pesos en gastos no comprobados solo en 2022. Sin embargo, su deuda total, se presume ya asciende a 220 mil pesos, que prometió pagar sin cumplir hasta el momento.

Será obligación del Instituto de Fiscalización del Estado y del organismo de control interno de la Cegaip, proceder para aclarar este claro abuso de recursos públicos.

Otros gastos en bares y restaurantes:

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SLP crearía cementerios forenses para restos no identificados

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Guadalupe Torres, titular de la SGG, aseguró que este fue uno de los temas que se abordó durante su reunión con Rosa Icela Rodríguez

Por: Redacción

José Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG) de San Luis Potosí, anunció planes para la creación de cementerios forenses donde se almacenarán restos de personas no identificadas. Este proyecto fue discutido durante una reunión con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría General del Gobierno de México, que busca mejorar la gestión y localización de personas desaparecidas.

Torres Sánchez destacó que San Luis Potosí, junto con Coahuila, es uno de los pocos estados que cuenta con un laboratorio forense especializado en el análisis de muestras como saliva, sangre y restos óseos; además, el estado cuenta con más de 60 funcionarios dedicados a estos temas y sedes regionales en sus cuatro regiones geográficas.

El funcionario mencionó que se están identificando espacios para edificar los cementerios forenses y que la inversión será compartida con subsidios federales.

Durante la reunión también se discutieron estrategias para la depuración del padrón de personas desaparecidas y la gestión de casos donde las personas se ausentan voluntariamente de su entorno familiar o laboral.

Nota completa: Gobiernos estatal y federal refrendan compromiso en materia de protección de derechos

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