Tras la publicación de un reportaje que evidenció la compra de 120 mdp en medicamentos a proveedores fantasma por parte del nosocomio, analistas piden a la ASE investigar a la secretaria de Salud, Mónica Rangel

Por: Ana G Silva

Luego de que el pasado lunes el portal de noticia Astrolabio publicó un reportaje en el que expuso un presunto pago de 120 millones de pesos a empresas fantasmas relacionadas con el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, por parte del Hospital Central “Ignacio Morones Prieto” para la compra de medicamentos contra el cáncer, el autor de dicho reportaje, Carlos Rubio, y el analista y político Oswaldo Ríos conversaron con La Orquesta.mx y nos contaron cuáles son las implicaciones de esta situación en la que están involucrados el director del nosocomio, Francisco Alcocer Gouyonnet, y la secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel.

Carlos Rubio, periodista que realizó la investigación, dijo que las empresas han encontrado una puerta al erario público del San Luis Potosí:

“Estas empresas fantasma ven a los servicios de salud de San Luis Potosí como una fuente de ingresos, porque recordemos que no es la primera vez que esto ocurre en la Secretaría de Salud”.

El periodista apuntó que el presupuesto de salud es muy atractivo para que estas empresas busquen quedarse con el recurso de los potosinos:

“Lamentablemente son muchas las dependencias estatales y municipales que brindan la oportunidad para que entren estas empresas a robar. Aunque al inicio del sexenio federal se hablaba de un combate a la corrupción, esta batalla luce complicada, porque es exagerada la cantidad de manos por las que pasan los recursos, se tendría que vigilar los movimientos de estas personas, es casi imposible decir que estas prácticas terminen”.

Rubio señaló que, aunque las empresas no se conectan con las del empresario Gabriel Salazar (acusado de defraudar a decenas de potosinos), se vuelve a reiterar la forma de operar de estos lugares con servicios de salud: “La línea es continua, ahora con la pandemia ha sido exhibida la Secretaría de Salud respecto a insumos, material médico, y todo lo que dicen haber comprado, pero hemos visto que se factura todo pero en realidad nunca hay nada en manos de los servicios de salud”.

El periodista dijo que espera que se tomen medidas por parte de las autoridades en contra los responsables: “porque ya han sido bastantes las situaciones en las que han sido exhibidos, y hemos visto que no pasan de los dichos sin llegar a las acciones”.

Agregó que si las autoridades no toman acciones al respecto, sería un reflejo más de lo que es la administración, donde todos los casos registrados siguen impunes y agregó que es muy probable que estos 120 millones hayan terminado en alguna campaña política:

“Ahí tenemos un ejemplo de lo que hizo El Bronco: dos de las empresas de las que facturaron al Hospital Central son las que le aportaron dinero a su campaña del 2018, estas han sido utilizadas para el sector político, entonces ahí está la conexión”.

Por su parte, el analista Oswaldo Ríos sentenció:

“Hay que recordar que es un tema de jerarquías administrativas, la secretaria de Salud, Mónica Rangel es la responsable política y jurídica del manejo de la dependencia, más allá de qué área contrata ciertos servicios, por acción u omisión ella tiene que dar la cara”.

El analista político indicó que tanto la secretaria de Salud, como el director del Hospital Central, Francisco Alcocer Gouyonnet, deberían pedir licencia a sus cargos para enfrentar este proceso de investigación en plena igualdad jurídica. También mencionó que estos señalamientos evidencian que hay que investigar el mecanismo de contratación, adquisiciones y proveeduría que tiene la Secretaría de Salud y todos los hospitales.

Ríos señaló que el hecho que ni la secretaria de Salud ni el director del Hospital Central ni los diputados integrantes de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado quieran rendir declaraciones tiene que ver con que:

“No les cuesta nada ser negligentes frente a las acusaciones públicas. Si la Auditoría Superior del Estado (ASE) hiciera su trabajo e iniciara procedimientos formales de ese tipo de señalamientos, las autoridades obligatoriamente tendrían que comparecer y rendir un informes jurídicos públicos de lo que hicieron, insisto que es muy importante pasar de lo mediático a lo legal porque en ese momento no es que quieran o no quieran rendir postura, están obligados a hacerlo ante la autoridad cuando se le requiera, y si no lo hacen le permitirán a la Secretaría de Salud eludir su responsabilidad”.

Oswaldo Ríos opinó que:

“Hoy en día la ASE está emplazada a dar un informe muy puntual si en estas contrataciones se actuó con apego a la legalidad y si existió pluralidad en la decisión de darle al contratista esta asignación de recursos públicos, que no son montos menores, y en el contexto de una pandemia que le exige al estado potosino canalizar muchos recursos a la atención de la salud a las personas contagiadas y que deberían estarse utilizando de la manera más eficiente posible para esta gente”.

Detalló que solo la ASE puede definir si se tratan de señalamientos fundados o bien si no hay elementos para presumir una conducta ilegal, “mientras no tengamos una valoración de la autoridad competente no sabremos, lo que es un hecho es que han sido reiteradas, sistemáticas y permanentes las maneras en que la Secretaría de Salud contrata”.

El analista comentó: “Ellos dicen que tiene que ser así porque la pandemia les obliga a actuar de manera muy rápida y por eso no pueden abrir a la licitación pública a la contratación de proveedores y contratos, pero el que sean adjudicaciones directas no significa que no se respete la legalidad existente; se tiene que acreditar a cabalidad los lineamientos que te dicta la ley de adquisiciones y obra pública del estado”.

Ríos Medrano añadió que la ASE tiene que definir si existió los bienes y servicios que se contrataron y si se entregó: “para una vez definido eso, poder deducir qué vínculos políticos podrían tener quienes han sido beneficiarios de una eventual contratación ilegal o indebida. Todo lo demás son hipótesis, lo importante es que si no se actuó apegado a derecho y la ASE lo define, lo que sigue es iniciar procedimientos administrativos y penales en contra de los funcionarios públicos que hayan realizado contrataciones ilegales y, en un segundo momento, si se comprueba que se actuó de manera ilegal, definir quiénes son los actores políticos interesados en obtener un lucro indebido de recursos que son de los potosinos”.

Mencionó que este hecho es un golpe letal para Rangel Martínez a sus aspiraciones políticas, que con este tipo de denuncias queda descalificada políticamente como la representante o abanderada del PRI en las próximas elecciones del 2021.

También lee: Hospital Central pagó 120 mdp a empresas fantasmas vinculadas con “El Bronco”