abril 1, 2025

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Estado

Diputados exigieron dar con los responsables de destrozos en el Congreso

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destrozos en Congreso de SLP

Apuntaron que la Fiscalía debe dar con los responsables de causar daños en el Congreso y el busto de Ponciana Arriaga el pasado fin de semana

Por: Redacción

Diputadas y diputados de los diversos grupos parlamentarios en el Congreso del Estado, condenaron los hechos del pasado viernes el recinto legislativo y exigieron a la Fiscalía General del Estado que acredite la responsabilidad de quienes causaron daños y atentaron contra la Bandera Nacional y el busto de Ponciano Arriaga.

Advirtieron que litigarán el caso para que no haya impunidad, recurriendo las decisiones del juez de dejar libres a los detenidos al tiempo de reiterar su respeto y respaldo a la libre manifestación de las ideas, a la protesta pública y al reclamo social, pero siempre en el marco de la ley y el Estado de Derecho.

En asuntos generales durante la sesión de pleno que se realizó a través de la videoconferencia, participaron los legisladores Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, Rolando Hervert Lara, María Isabel González Tovar, Martín Juárez Córdova, Alejandra Valdés Martínez, Sonia Mendoza Díaz, Eugenio Govea Arcos, Oscar Vera Fábregat, José Antonio Zapata Meraz, Edgardo Hernández Contreras y Laura Patricia Silva Celis.

A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, la legisladora Beatriz Benavente Rodríguez señaló que “el tema es triste y lamentable, porque duele ver como unos pocos pueden poner un estado de cabeza, humillar a un poder que no recae en nosotros los legisladores, sino en la institución que representa que trascienda a los hombre y mujeres que hoy estamos aquí y lo que realmente vale don los ideales y el contrapeso que representa”.

“Por ello hoy, condenamos los hechos y exigimos a las autoridades competentes que esclarezcan las cosas, que se siente un precedente y que nunca jamás exista alguien que siquiera se atreva, sin causa justa y de fondo, a destruir lo que es por derecho del pueblo potosino. Quisiera decir que la policía actuó tarde, pero sería embarrar a los elementos que simplemente obedecen ordenes, los mandos policiacos y de gobierno, estatales y municipales, son tan responsables de lo sucedido como los mismos vándalos”.

“Votamos en contra de quienes joden por joder, de quienes destruyen por destruir, de quienes piensan que el caos y la anarquía son el camino.  Que no haya “cacería” sino una real y puntual investigación conforme a la ley, que quede en el recuerdo de un viernes triste, de un viernes doloroso, pero que sirva para que nunca más, los indignos sin causa, violenten el patrimonio de los potosinos. Ni ellos, ni sus promotores cobardes que los envían como carne de cañón”, añadió.

El presidente de la Directiva, Martín Juárez Córdova, expuso que “lapidar puertas, ventanas y vitrales, quemar vehículos y llegar al extremo de allanar un edificio, para destruirlo y quemar lo que encontraron a su paso, sin respetar símbolos tan importantes como nuestra bandera nacional, ya es una acción de otra naturaleza y no debe ser considerada como una mera expresión de inconformidad o reclamo de justicia, por hechos sucedidos en otra parte y ejecutados por policías, no por diputados”.

“Eso debe investigarse a fondo, y así lo exige este Congreso, no debemos dar pie a que la violencia sea práctica política y que ni los nuestros ni los extraños, impulsen acciones de fuerza para conseguir que triunfen sus intereses”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Rolando Hervert Lara también se pronunció y dijo que “debemos todos de exigir al Fiscal del Estado, que se aplique en el proceso complementario de la investigación, de tal forma que, los delitos cometidos sean correctamente acreditados y en su momento, sancionados conforme a derecho”.

“Es por ello que, nuevamente debemos todos de exigir al Fiscal del Estado, que se aplique en el proceso complementario de la investigación, de tal forma que, los delitos cometidos sean correctamente acreditados y en su momento, sancionados conforme a derecho”.

La diputada Alejandra Valdés Martínez de Morena dijo que “un activista jamás quemaría una Bandera Nacional y exigimos que se llegue al fondo, hay fotos, videos, donde se ven los responsables en flagrancia. Los hechos del viernes no pueden repetirse y al interior del Poder Legislativo debemos diseñar protocolos para proteger el recinto”.

Por el Grupo Parlamentario del PRD la diputada María Isabel González Tovar expuso que “nos han vapuleado, pisoteado e incendiaron nuestra Bandera, pues las mentes perversas utilizaron a jóvenes para causar daños. A las autoridades les preocupa más sacar frases como que se usaron tácticas policiales para no llegar en el momento de los hechos por lo que exigimos investigaciones y acciones a fondo”.

El legislador José Antonio Zapata Meraz del PAN expuso que se trató de un vandalismo irracional sin precedente, pues fueron actos bestiales contra una institución que es de todos los potosinos, hechos impunes porque los responsables están en libertad. Las instituciones de seguridad y justicia son exhibidas por su inacción pues si no llegaron a la Plaza de Armas a tiempo, ¿qué pueden esperar quienes viven en colonias alejadas?

El diputado Oscar Vera Fábregat, del Partido Conciencia Popular sugirió que el caso se litigue y que el juez que dejó en libertad a los detenidos sea sometido a juicio político, “tenemos videos, pruebas y podemos recurrir su decisión”.

El legislador Eugenio Govea Arcos manifestó que “este ataque cobarde no puede quedarse sin castigo, el pueblo espera resultados y tiene que haber consecuencias porque tanta indolencia es intolerable. Necesitamos que se tomen decisiones para que las cosas enderecen el rumbo”. Criticó el actuar del secretario de Seguridad Pública “por su incapacidad de respuesta ante un ataque premeditado, artero y pagado”.

La legisladoras Laura Patricia Silva Celis y Sonia Mendoza Díaz se sumaron al posicionamiento de sus compañeros mientras el diputado Edgardo Hernández Contreras expuso que el Estado de Derecho no se cunple y criticó que las autoridades aseguren que no intervinieron por “estrategia de riesgos”, cuando quienes toman las decisiones estaban en Palacio de Gobierno.

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Gobierno de SLP atrae más fondos federales para seguridad municipal

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31 de los 59 ayuntamientos serán beneficiados con recursos del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública

Por: Redacción

Gracias a las gestiones del Gobierno Estatal que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, ante la Federación, se logró la atracción de más recursos para invertir en la seguridad municipal, por lo que 31 municipios de las cuatro regiones podrán adquirir patrullas y equipamiento, para brindar paz y tranquilidad a las familias.

Así lo informó el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, quien detalló que dicho recurso se obtuvo a través del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (Fofisp) y que será administrado por el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad (SECESP).

Puntualizó que, este año fueron beneficiados siete municipios más, ya que el año pasado recibieron los recursos solo 24 gobiernos locales, con lo que se seguirá fortaleciendo la estrategia integral de seguridad para brindar más apoyo en protección a las familias. Agregó que este lunes se firmaron convenios de colaboración con los municipios de Ahualulco, Catorce, Cedral, Charcas, Moctezuma y Santo Domingo

y en breve se firmará el resto de los convenios.

Por su parte, la titular del SECESP, Nohemí Proal Huerta dijo que los ayuntamientos que recibieron el apoyo cumplieron con la validación del Sistema Nacional, con lo cual podrán adquirir entre tres y cinco unidades vehiculares, dependiendo de los factores establecidos por la Federación, como el número de habitantes de cada municipio, entre otros.

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Descartan intromisión de grupos de poder en elección judicial

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El magistrado presidente del PJESLP dijo que los organismos deben vigilar que la elección de jueces se realice con ética y responsabilidad

Por: Redacción

Arturo Morales Silva, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, aseguró que no existen riesgos de injerencia del crimen organizado, partidos políticos o grupos de poder en la elección extraordinaria de jueces y magistrados que se llevará a cabo en este 2025.

El magistrado enfatizó que, desde su perspectiva, no hay indicios de que actores externos busquen influir en el proceso. No obstante, destacó la importancia de que los organismos competentes se mantengan en alerta para garantizar la legalidad y transparencia de la elección.

“Desde mi punto de vista, considero que no existe ese riesgo como tal. Desde luego que los organismos competentes deben estar vigilantes, y también las personas que participan deben hacerlo con ética y responsabilidad por lo justo”, expresó Morales Silva.

La elección extraordinaria de jueces y magistrados es un proceso clave para el sistema judicial del estado, por lo que se espera que se realice bajo estrictos estándares de transparencia e imparcialidad.

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Estado garantiza gobernabilidad en proceso del Poder Judicial

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Para garantizar la paz y la tranquilidad durante las campañas y el proceso electoral del Poder Judicial, el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, convocó a las autoridades de los organismos electorales, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Civil Estatal, policías y Guardias Civiles Municipales, Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y Fiscalía General del Estado (FGE) a unirse en la revisión de protocolos que salvaguarden la gobernabilidad democrática, en el marco del arranque de las campañas federales.

Recordó que el pasado dos de enero inició el proceso Electoral Local Extraordinario 2025, con motivo de la elección de personas juzgadoras, por ello, el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona instruyó generar una ruta crítica y un mapa de riesgos que permita, un histórico proceso de elección con total apego a la Ley, el orden y el respeto necesarios para que San Luis Potosí sea ejemplo de gobernabilidad, democracia y garantizar un proceso justo y ordenado.

Torres Sánchez agregó que será el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) el responsable de organizar este proceso local, donde se elegirán a 69 jueces y juezas de primera instancia, 15 magistraturas del Tribunal de Apelación y tres magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, el próximo domingo primero de junio de 2025, con un periodo de campaña que inicia el 29 de abril y concluye el 28 de mayo, por lo que tendrán 30 días para realizar campañas y dar a conocer su imagen y propuestas.

Resaltó que el Estado, a través de la SGG será responsable de garantizar la gobernabilidad y la paz social y coordinará esta labor para evitar infiltraciones externas y para inhibir eventuales conductas delictivas que pongan en riesgo el proceso.

 

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