Sonia Mendoza dijo que el mayor gasto sería una escuela de capacitación ambiental y dos casetas para medir el aire

Por: Redacción

La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) pidió un aumento de alrededor de 30 millones de pesos en su presupuesto para 2027, según el cálculo de su titular, Sonia Mendoza Díaz.

La mayor parte se iría a dos proyectos. El primero es una escuela de capacitación ambiental, con un costo cercano a 10 millones de pesos. El segundo son dos casetas de monitoreo de la calidad del aire, de unos 6 millones cada una.

Como referencia, en su Quinto Informe el Gobierno del Estado de San Luis Potosí reportó 2.1 millones de pesos este año para mantener y operar las cinco casetas que ya existen.

Segam también solicitó recursos para digitalizar todos sus procesos administrativos. Mendoza Díaz dijo que con ello la dependencia ahorraría “muchísimo tiempo” en la resolución de trámites de gestión ambiental.

Entre los proyectos entregados para el ejercicio fiscal 2027 también están los planes de manejo

de las áreas naturales protegidas que hoy se encuentran en propuesta. En agosto, la titular informó que el estado suma 20 áreas naturales protegidas y que busca agregar cinco este año, entre ellas Xilitla, Tanlajás, Tamazunchale y Alaquines.

Mendoza Díaz afirmó que San Luis Potosí será el primer estado en implementar la meta 30×30, que plantea proteger el 30% del territorio para 2030.

La solicitud llega en un año de recortes al gasto estatal. En septiembre, Noé Lara Enríquez, oficial mayor del Gobierno del Estado, informó que la renta de la oficina de la Segam bajó de 150 mil a entre 70 mil y 75 mil pesos mensuales, como parte del plan de austeridad.

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La comisión aprobó la terna por unanimidad; el Pleno elegirá a quien investigará los delitos de corrupción de servidores públicos

Por: Redacción

La terna que envió el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para elegir al nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción está integrada por el secretario general del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez y por dos abogados que han trabajado en la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), la dependencia que maneja la obra pública del Estado.

Los aspirantes son Benjamín Pérez Álvarez, Jesús Iván Meza Galeana y Javier Ortiz Patiño. La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado aprobó la terna y la turnará al Pleno, donde los diputados votarán por uno de los tres. Quien resulte electo ocupará el cargo hasta el 5 de mayo de 2028, el tiempo que le quedaba al fiscal anterior.

La Fiscalía Anticorrupción es el área de la Fiscalía General del Estado que investiga los delitos que cometen los servidores públicos, como el desvío de recursos o los sobornos, y que lleva esos casos ante un juez.

Quiénes son

Benjamín Pérez Álvarez es secretario general del Ayuntamiento de Soledad, el segundo cargo en importancia del gobierno municipal. Según su currículum, fue director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA) de 2022 a marzo de 2024 y director de Infraestructura de Soledad de 2019 a 2022. Antes fue oficial mayor de ese municipio y, en la capital, subdirector de Licitaciones de Obra Pública y director general de Desarrollo Social.

Jesús Iván Meza Galeana es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). Desde septiembre de 2021 es titular de la Unidad de Transparencia de la Seduvop, el área que responde las solicitudes de información sobre esa secretaría. De 2017 a 2021 trabajó en la Dirección de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal de Soledad, en expedientes de obra pública, adjudicaciones y auditorías. El directorio de Villa de Pozos también lo registra como titular de la Junta de Reclutamiento de ese municipio.

Javier Ortiz Patiño es licenciado en Derecho por la Universidad Tangamanga. De junio de 2022 a septiembre de 2024 fue subdirector de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Seduvop. Antes fue escribiente en el Tribunal Electoral del Estado y trabajó en despachos particulares y en una notaría. En noviembre de 2024 fue propuesto también para encabezar la Procuraduría Urbana del Estado.

La renuncia

Felipe Aurelio Torres Zúñiga, quien fue electo en mayo de 2021 para un periodo de siete años, renunció el 31 de marzo con efectos inmediatos. El Congreso declaró vacante el cargo mediante el Decreto 507, publicado el 9 de abril.

El 13 de abril, Gallardo dijo que el nuevo fiscal iniciaría una ofensiva contra los alcaldes que usaron dinero público para comprar vehículos de lujo, ranchos y ganado. “Todos los alcaldes que han actuado como ‘ratas’, socialmente hablando, van a ser señalados”, afirmó.

Lo que pidieron los diputados

Cuando se declaró la vacante, el diputado Carlos Arreola Mallol dijo que el nuevo fiscal debía tener “un perfil técnico” y “necesariamente también sin responsabilidad y sin vínculos partidistas”.

“Buscaremos un perfil profesional, hombre o mujer, que tenga la capacidad y la entereza de saber que la Fiscalía Anticorrupción tiene que ser incómoda al poder”, señaló.

Hasta 2028

El periodo de Gallardo como gobernador termina en septiembre de 2027. Quien resulte electo seguirá como fiscal anticorrupción durante los primeros meses del siguiente gobierno estatal, hasta mayo de 2028.

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Un solo contratista, Hernando Inocencio Roque, obtuvo 23 obras y uno de cada cinco pesos del ayuntamiento

Por: Ana G Silva

El Ayuntamiento de Tamazunchale asignó sin concurso 129 de las 131 obras públicas que registró en 2026, por 158.2 millones de pesos, y un solo contratista se quedó con uno de cada cinco pesos de ese monto, según los expedientes publicados en el portal de la Contraloría General del Estado.

Tamazunchale es la unidad contratante con más adjudicaciones directas en el registro. Concentra 129 de los 428 contratos de obra asignados de esa forma en todo el estado, casi uno de cada tres. Le sigue el Ayuntamiento de Tamuín, con 49.

La adjudicación directa permite a una dependencia elegir al contratista sin invitar a otros ni abrir una licitación. El Decreto 0336 del Congreso del Estado la autoriza en 2026 para obras de hasta 1 millón 751 mil 600 pesos con IVA.

Las 131 obras se repartieron entre 26 contratistas. El principal es Hernando Inocencio Roque Roque, con 23 contratos por 30.9 millones de pesos, 22 de ellos por adjudicación directa. Su parte equivale a 19.5% del monto total del ayuntamiento y duplica la del segundo lugar, Yazmín Berenice Martínez Carrada

, que obtuvo 11 contratos por 15.1 millones.

En tercer sitio aparece Adriana Huerta Rodríguez, con 10 contratos por 12.5 millones. Entre los tres suman 44 contratos y 58.5 millones de pesos, 37% del total. Los otros 23 contratistas se reparten el resto.

Las asignaciones se concentraron en dos fechas. El 23 de junio, el ayuntamiento falló 50 contratos por 62.7 millones de pesos; 12 fueron para Roque Roque. El 5 de agosto falló otros 28, por 35.4 millones, y 10 de ellos fueron para el mismo contratista.

Sus contratos incluyen la pavimentación y construcción de calles en localidades como Tecomate Uno, Pemucho, Coaxocotitla, Cacateo y Tlalnepantla, además de sistemas de agua entubada, muros de contención, techados en espacios públicos, un puente vehicular y la ampliación de una unidad médica para hemodiálisis.

En el conjunto del registro estatal, 78% de los 549 contratos con datos completos se asignó de forma directa. En 2024, el Censo Nacional de Gobiernos Municipales del INEGI registró que 65.1% de los contratos de los ayuntamientos potosinos se otorgó por adjudicación directa.

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