Congreso del Estado
Fiscal anticorrupción saldría de Soledad o de la Seduvop: quiénes son los de la terna
EN FA Lo esencial de esta nota, sin sustituir al periodista.Abrir resumenCerrar resumen
La terna para fiscal anticorrupción la integran el secretario general de Soledad y dos abogados de la Seduvop. La Comisión Primera de Justicia la aprobó; el Pleno elegirá a uno de los tres. Quien sea electo será fiscal hasta mayo de 2028, ya con otro gobernador.
La comisión aprobó la terna por unanimidad; el Pleno elegirá a quien investigará los delitos de corrupción de servidores públicos
Por: Redacción
La terna que envió el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para elegir al nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción está integrada por el secretario general del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez y por dos abogados que han trabajado en la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), la dependencia que maneja la obra pública del Estado.
Los aspirantes son Benjamín Pérez Álvarez, Jesús Iván Meza Galeana y Javier Ortiz Patiño. La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado aprobó la terna y la turnará al Pleno, donde los diputados votarán por uno de los tres. Quien resulte electo ocupará el cargo hasta el 5 de mayo de 2028, el tiempo que le quedaba al fiscal anterior.
La Fiscalía Anticorrupción es el área de la Fiscalía General del Estado que investiga los delitos que cometen los servidores públicos, como el desvío de recursos o los sobornos, y que lleva esos casos ante un juez.
Quiénes son
Benjamín Pérez Álvarez es secretario general del Ayuntamiento de Soledad, el segundo cargo en importancia del gobierno municipal. Según su currículum, fue director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA) de 2022 a marzo de 2024 y director de Infraestructura de Soledad de 2019 a 2022. Antes fue oficial mayor de ese municipio y, en la capital, subdirector de Licitaciones de Obra Pública y director general de Desarrollo Social.
Jesús Iván Meza Galeana es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). Desde septiembre de 2021 es titular de la Unidad de Transparencia de la Seduvop, el área que responde las solicitudes de información sobre esa secretaría. De 2017 a 2021 trabajó en la Dirección de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal de Soledad, en expedientes de obra pública, adjudicaciones y auditorías. El directorio de Villa de Pozos también lo registra como titular de la Junta de Reclutamiento de ese municipio.
Javier Ortiz Patiño es licenciado en Derecho por la Universidad Tangamanga. De junio de 2022 a septiembre de 2024 fue subdirector de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Seduvop. Antes fue escribiente en el Tribunal Electoral del Estado y trabajó en despachos particulares y en una notaría. En noviembre de 2024 fue propuesto también para encabezar la Procuraduría Urbana del Estado.
La renuncia
Felipe Aurelio Torres Zúñiga, quien fue electo en mayo de 2021 para un periodo de siete años, renunció el 31 de marzo con efectos inmediatos. El Congreso declaró vacante el cargo mediante el Decreto 507, publicado el 9 de abril.
El 13 de abril, Gallardo dijo que el nuevo fiscal iniciaría una ofensiva contra los alcaldes que usaron dinero público para comprar vehículos de lujo, ranchos y ganado. “Todos los alcaldes que han actuado como ‘ratas’, socialmente hablando, van a ser señalados”, afirmó.
Lo que pidieron los diputados
Cuando se declaró la vacante, el diputado Carlos Arreola Mallol dijo que el nuevo fiscal debía tener “un perfil técnico” y “necesariamente también sin responsabilidad y sin vínculos partidistas”.
“Buscaremos un perfil profesional, hombre o mujer, que tenga la capacidad y la entereza de saber que la Fiscalía Anticorrupción tiene que ser incómoda al poder”, señaló.
Hasta 2028
El periodo de Gallardo como gobernador termina en septiembre de 2027. Quien resulte electo seguirá como fiscal anticorrupción durante los primeros meses del siguiente gobierno estatal, hasta mayo de 2028.
También lee: Declaran vacante la Fiscalía Especializada en Corrupción
Congreso del Estado
Proponen campañas para prevenir abusos al patrimonio de adultos mayores
El diputado César Arturo Lara Rocha propuso reformar el artículo 23 de la Ley de las Personas Adultas Mayores del Estado
Por: Redacción
El diputado César Arturo Lara Rocha propuso en sesión ordinaria una iniciativa para reformar el artículo 23 de la Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado. Busca que las personas adultas mayores, sus familias y cuidadores cuenten con herramientas para prevenir riesgos a sus bienes, ingresos o patrimonio.
Qué propone
La iniciativa plantea que las campañas informativas del DIF Estatal y los DIF Municipales, junto con el INAPAM, incluyan información accesible sobre señales de alerta de posibles abusos, en particular los que afecten sus bienes, ingresos o patrimonio. También sobre las vías para solicitar orientación, presentar denuncias y acceder a los mecanismos institucionales de protección y atención.
Exposición de motivos
Lara Rocha señala que las personas adultas mayores tienen derecho a vivir con dignidad, seguridad y autonomía, y a recibir protección frente a cualquier forma de violencia, abuso o discriminación. Afirmó que esa protección incluye también la preservación de sus bienes, ingresos y patrimonio. Por eso, dijo, la iniciativa busca que las campañas de prevención no se limiten a mensajes generales, sino que den información para identificar riesgos y conocer las alternativas institucionales.
Alcance
El legislador agregó que la medida tiene carácter preventivo y de sensibilización, sin crear nuevas categorías de violencia ni duplicar las disposiciones que ya regulan la protección patrimonial. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y dictamen.
También lee: Buscan que adultos mayores tengan acompañante en trámites públicos y privados
Congreso del Estado
Congreso exhorta a ayuntamientos a promover adopción responsable de mascotas
La propuesta de la diputada Brisseire Sánchez se aprobó en sesión del Pleno del Congreso del Estado
Por: Redacción
El Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo de la diputada Brisseire Sánchez López para exhortar a los ayuntamientos a fortalecer y promover, dentro de sus atribuciones y de su presupuesto disponible, acciones de adopción responsable de animales de compañía, con prioridad en su bienestar, protección y trato digno.
El exhorto también pide a los municipios fortalecer la coordinación con organizaciones de la sociedad civil, asociaciones protectoras de animales, rescatistas, centros de atención animal y demás agrupaciones dedicadas al bienestar animal, para organizar campañas de información, jornadas de adopción y mecanismos de entrega responsable que procuren hogares adecuados y permanentes.
La diputada señaló que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe el maltrato animal y obliga al Estado a garantizar la protección y el cuidado de los animales, una responsabilidad que, dijo, debe asumirse de manera compartida entre autoridades, sociedad civil y ciudadanía.
Expuso que los animales en situación de calle, el abandono y la reproducción sin control de perros y gatos afectan el bienestar animal, la salud pública, la convivencia social y el entorno urbano. De acuerdo con estimaciones de activistas, en el estado habría alrededor de 400 mil perros en situación de calle.
Para la legisladora, la adopción responsable es una herramienta para dar una segunda oportunidad a animales abandonados, rescatados o resguardados en centros de control, asociaciones protectoras o por personas dedicadas al rescate. Consideró que fomentarla no debe limitarse a jornadas ocasionales o a publicar animales disponibles, sino que debe promoverse una cultura en la que las personas conozcan las obligaciones de llevar un animal a su hogar.
Sánchez López explicó que adoptar implica proporcionar alimento, atención veterinaria, vacunas, esterilización cuando corresponda, alojamiento adecuado, ejercicio y atención, así como garantizar una vida libre de maltrato, abandono y negligencia. Propuso que los ayuntamientos realicen acciones permanentes de sensibilización y promoción de la adopción en sus medios institucionales, redes sociales y espacios públicos.
También reconoció el trabajo de las organizaciones civiles, asociaciones protectoras y rescatistas, y planteó que los municipios refuercen la colaboración con ellas mediante campañas permanentes, jornadas de adopción, difusión de animales disponibles y actividades de concientización.
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Congreso del Estado
Buscan que adultos mayores tengan acompañante en trámites públicos y privados
La reforma también define como persona adulta mayor a toda persona de 60 años o más, conforme a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores
Por: Redacción
La diputada María Dolores Robles Chairez propuso reformar los artículos 5 y 6 de la Ley de las Personas Adultas Mayores del Estado de San Luis Potosí, para reconocer su derecho a estar acompañadas por una persona de su confianza durante cualquier trámite, gestión, procedimiento o actuación ante instancias gubernamentales y del sector privado.
La reforma también busca armonizar el concepto de persona adulta mayor con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Establecería que se entenderá por personas adultas mayores a toda persona de 60 años o más, atendida bajo una perspectiva de igualdad, no discriminación y protección reforzada de sus derechos humanos.
Exposición de motivos
En su exposición de motivos, la legisladora señala que el envejecimiento de la población es uno de los f enómenos sociales más significativos del siglo XXI y que plantea desafíos para el diseño de políticas públicas y la actualización del marco jurídico en entidades como San Luis Potosí. Indica que este sector ha enfrentado históricamente condiciones de desigualdad, exclusión y vulnerabilidad.
Sostiene que hoy las personas adultas mayores tienen dificultades al interactuar con instituciones gubernamentales y establecimientos privados, por la digitalización de trámites, la complejidad de los procedimientos administrativos y, en muchos casos, la falta de sensibilidad e inclusión del personal de atención. Según la iniciativa, esto las deja en desventaja.
Por ello plantea que permitirles acudir acompañadas facilitaría la comprensión del procedimiento y les brindaría seguridad, confianza y protección frente a posibles abusos, ya que la presencia de un acompañante puede ser determinante para que ejerzan sus derechos de manera informada.
Siguiente paso
La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Derechos Humanos.
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