Torres Sánchez destacó que la Guardia Civil Estatal intervino para liberar a los policías retenidos en Picholco

Por: Redacción

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, confirmó que los policías señalados por pobladores de Picholco, en Axtla de Terrazas, como responsables de la muerte de un hombre detenido fueron liberados luego de la intervención de personal estatal y de la Guardia Civil Estatal, y que ahora están a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Dijo que, por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, mantuvo comunicación directa con las alcaldesas de Matlapa y de Axtla de Terrazas desde el día siguiente a los hechos, luego de que un grupo de pobladores de Picholco retuvo durante algunos momentos a policías municipales para exigir justicia por la muerte del detenido, identificado como Fermín Isabel Antonio

Explicó que personal del estado, junto con la Guardia Civil Estatal, dialogó con los inconformes hasta lograr la liberación de los policías retenidos.

Torres Sánchez dijo que no hubo personas privadas de libertad durante la protesta, “que es lo que pretendía la turba”, y calificó el episodio como muestra de que “el tema de operatividad y gobernabilidad está presente y está funcional en cada rincón del estado”.

El funcionario dijo lamentar la muerte de la persona, pero subrayó que hubo “operatividad eficaz, funcional, presente” en este tipo de situaciones.

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Se consideraría moroso a quien acumule más de 60 días sin pagar una pensión ordenada judicialmente

Por: Redacción

Quienes incumplan con el pago de una pensión alimenticia podrían quedar identificados en un padrón público y consultable por internet en San Luis Potosí, de avanzar una iniciativa que analiza el Congreso del Estado

La propuesta, presentada por la diputada Jessica Gabriela López Torres, plantea modificar los artículos 167 BIS y 167 TER del Código Familiar para establecer un mecanismo más accesible para consultar el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas.

La iniciativa considera como deudora alimentaria morosa a la persona que, teniendo una pensión ordenada por un juez o establecida mediante convenio judicial, deje de pagarla durante más de 60 días consecutivos o acumule cuatro pensiones pendientes dentro de un periodo de dos años.

Uno de los principales cambios sería que el padrón deje de ser una herramienta de consulta limitada y tenga carácter público, con acceso mediante medios electrónicos oficiales.

La administración del registro estaría a cargo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a través de su Secretaría General, que sería responsable de integrarlo, actualizarlo, administrarlo y resguardar la información.

La propuesta establece que la publicidad del padrón deberá realizarse bajo las reglas de protección de datos personales, especialmente cuando exista información relacionada con niñas, niños y adolescentes.

López Torres señaló que el objetivo es que el registro se convierta en una herramienta realmente funcional y accesible para contribuir al cumplimiento de las obligaciones alimentarias y garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir los recursos necesarios para su subsistencia y bienestar.

La legisladora sostuvo que el pago de alimentos no debe considerarse una obligación secundaria, debido a que está directamente relacionado con derechos fundamentales de las personas acreedoras.

El proyecto contempla una implementación gradual. La primera etapa estaría enfocada en mejorar la operación y funcionamiento del padrón, mientras que posteriormente podrían incorporarse mecanismos adicionales para fortalecer su eficacia.

De avanzar la reforma, San Luis Potosí tendría un padrón con mayor visibilidad pública para identificar a quienes incumplen con obligaciones alimentarias establecidas judicialmente, aunque su consulta tendría que sujetarse a las disposiciones de protección de datos personales.

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Los inconformes acusan un presunto abuso policial durante la detención de un hombre de 47 años

Por: Redacción

La tensión aumentó este domingo en Matlapa, luego de que pobladores retuvieron a elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Civil Estatal para exigir justicia por la muerte de un hombre a quien señalan como víctima de un presunto abuso policial.

Los inconformes llevaron a algunos de los agentes retenidos por calles y hasta la plaza principal del municipio. Entre los elementos señalados se encuentra al menos una mujer.

La protesta está relacionada con el fallecimiento de Fermín Isabel Antonio, de 47 años, originario de Axtla de Terrazas, quien murió después de ser trasladado al Hospital de Santa Catarina, según la versión difundida por los manifestantes.

De acuerdo con los pobladores, el hombre habría sido detenido la noche del sábado por elementos municipales y estatales después de verse involucrado en un percance vial. Durante la intervención, presuntamente habría sido golpeado por los agentes y posteriormente trasladado a un hospital, donde perdió la vida.

La versión provocó la indignación de habitantes del ejido Picholco y de la cabecera municipal, quienes exigieron que se esclarezcan los hechos y se determine si existió responsabilidad de los policías involucrados.

Los manifestantes también demandaron la presencia de la alcaldesa María de Jesús Rivera

Ante la falta de respuesta, los pobladores trasladaron la protesta a la carretera federal, donde bloquearon de manera intermitente la vía a la altura de Jalpilla.

El cierre ha permitido el paso de vehículos por algunos lapsos, aunque los inconformes advirtieron que podrían realizar un bloqueo total si no son atendidos por la presidenta municipal.

Mientras tanto, los elementos policiales permanecerían retenidos por los pobladores en espera de una respuesta de las autoridades.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa de muerte de Fermín Isabel Antonio ni se ha confirmado que su fallecimiento sea consecuencia directa de una presunta agresión policial. Tampoco se ha determinado responsabilidad alguna contra los agentes señalados.

Las autoridades competentes deberán establecer las circunstancias en las que ocurrió la detención, determinar la causa del fallecimiento y, en su caso, deslindar responsabilidades por los hechos que mantienen la tensión en el municipio.

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