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SLP, en el Top 10 de los estados con más muertes fetales en el 2018: Inegi
San Luis Potosí registró 682 muertes fetales en 2018, ubicándose así entre las entidades con las tasas más elevadas en cuanto a muertes fetales en México
Por: El Saxofón
San Luis Potosí está entre las 10 entidades con mayor número de muertes fetales registradas en 2018, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De acuerdo con los datos contenidos el documento “Características de las defunciones fetales registradas en México durante 2018”, publicado por el Inegi, el año pasado en San Luis Potosí ocurrieron 682 muertes fetales.
De estos decesos, 592 fueron casos integrados a la estadística de defunciones fetales 2018, mientras que 90 casos fueron “identificados en fuente alterna”.
Con estas cifras, San Luis Potosí se encuentra entre las entidades con las tasas más elevadas de muerte fetal.
La tasa nacional de embarazos que terminaron en muerte fetal por cada 10 000 mujeres en edad fértil es de 6.2; sin embargo, San Luis se halla entre las entidades donde la tasa de muerte fetal está entre las 7.6 y las 10 muertes fetales por cada 10 000 mujeres en edad fértil.
Según el Inegi, las entidades federativas que presentan las tasas más altas son México (9.8), Guanajuato (9.3) y Ciudad de México (9.0). Las que presentan las tasas más bajas son Guerrero (0.6), Coahuila de Zaragoza (1.3) y Nayarit (1.6).
De acuerdo con los datos del Inegi, la cifra de muertes fetales del 2018 en San Luis Potosí, es la mayor desde el año 2000, cuando se registraron 730 casos.
En los años posteriores la mortalidad fetal había disminuido en el estado. En 2015 se registraron 600 casos, en 2016, 537; y en 2017, 548, por lo que las estadísticas de 2018, revelan un incremento del 24 .45 por ciento con respecto al año previo.
En 2017, en San Luis Potosí, el mayor número de muertes fetales se registró en madres entre los 20 a los 24 años (142 casos), en segundo lugar se ubicó el grupo de edad de 25 a 29 años (134) Y en tercer lugar mujeres entre los 30 y 34 años (106 casos).
Un número importante de muertes fetales se registró también en madres adolescentes o muy jóvenes, entre los 15 y los 19 años, con 98 casos.
De los 592 casos registrados en 2017, 245, es decir, casi el 50% por ciento, fueron casos de aborto espontáneo. El caso de aborto, aplica cuando la edad gestacional del feto es inferior a las 22 semanas. A nivel nacional el aborto espontáneo es el más común entre las muertes fetales con 6 mil 582 casos (86.9%).
Las diez entidades que registraron un mayor número de muertes fetales en 2018 fueron: Estado de México (4838), Ciudad de México (2389), Guanajuato (1638), Jalisco (1624), Puebla (1460), Veracruz de Ignacio de la Llave (1093), Nuevo León (1008), Chiapas (858), Chihuahua (758) y San Luis Potosí (682).
El panorama nacional
A nivel nacional, el 83 por ciento de los fallecimientos ocurrieron antes del parto, 15.5% durante el parto y 1.4% no fue especificado. El 89 por ciento de mujeres que tuvieron un embarazo que derivó en la muerte del producto manifestó no hablar alguna lengua indígena, en tanto que 1 mil 081 mujeres (5.1%) indicaron que sí la hablan. Las mujeres de 23 años de edad son las que presentaron la mayor frecuencia de embarazos con complicaciones que terminaron en la muerte del producto.
Las muertes fetales tardías (de 28 y más semanas de gestación) representaron el mayor número de casos con 8 370 (39.5%), seguida de las precoces (de 12 a 19 semanas) con 5 345 (25.2%) y las intermedias (de 20 a 27 semanas) con 7 471 (35.2%). En 9 casos no se especificó en qué semana de gestación ocurrió la muerte fetal.
Por sexo del feto, los hombres tuvieron la mayor frecuencia (11 100 casos) respecto a las mujeres (8 101 casos). El 9.4% correspondió a casos en los que no se especificó el sexo.
Los grupos de edad de las mujeres que concentran el mayor número de embarazos con alguna complicación que terminó con la muerte del producto son el de 20 a 24 años (24%) y el de 25 a 29 (22.5 por ciento).
Los servicios de salud que reportan el mayor número de madres afiliadas son el Seguro popular con 9 904 (46.7%) y el IMSS con 5 916 (27.9%), los cuales concentran el 74.6% de la afiliación.
El 67.6% de mujeres que durante 2018 tuvieron un embarazo que terminó con la muerte del producto dijo no trabajar, mientras que el 27.3% sí lo hacía. El 5.1% no lo especificó.
La Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social atendieron el 71.1% de las defunciones fetales. Por su parte, las unidades médicas privadas registraron el 13.3 por ciento.
Las principales causas de muerte fetal son las que tienen que ver con las afectaciones que tuvo el feto por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto con 93.9%, seguidas de las correspondientes a malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas con 6.1%.
El INEGI explica que “El procesamiento y generación de la estadística de defunciones fetales inició en 1932, en 1987 la Secretaría de Salud introdujo el certificado de muerte fetal, que comenzó a ser explotado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en 1989. A la fecha se mantiene como el formato de captación vigente.
“Esta estadística tiene un vínculo directo con la salud materna, la información referente a variables como las causas que la provocaron, la edad gestacional y peso del producto, así como la edad de la madre y la atención prenatal recibida durante el embarazo, permiten identificar factores de riesgos prevenibles e incidir en una mejoría real de la salud materno-infantil en México.
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Centros Libres pasan de 22 a 33 en el estado; la cobertura alcanzará los 58 municipios
Por: Redacción
Gloria Serrato, titular de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres), informó que para este 2026 se gestionaron casi 40 millones de pesos en recursos federales destinados a fortalecer la atención integral a mujeres en el estado, particularmente en el marco de las acciones relacionadas con la Alerta de Violencia de Género.
Explicó que, a diferencia de años anteriores, los fondos ahora son administrados a través de la Secretaría Nacional de las Mujeres, donde los estados deben concursar mediante proyectos para acceder al financiamiento, dependiendo de su viabilidad y evaluación.
En este contexto, destacó que uno de los principales logros será la ampliación de los llamados Centros Libres, espacios destinados a la atención integral de mujeres en situación de violencia.
“Este año logramos gestionar recursos para abrir 11 centros más, p asando de 22 a un total de 33 en todo el estado”, 
Con esta expansión, detalló que se alcanzará cobertura en los 58 municipios, mediante esquemas de atención directa e itinerante.
Serrato explicó que estos centros brindan servicios especializados a través de un equipo multidisciplinario conformado por psicóloga, abogada, trabajadora social, promotora de redes y promotora de derechos humanos, lo que permite atender de manera integral las distintas formas de violencia.
Asimismo, indicó que el modelo de operación es tripartita, ya que: El Gobierno Federal cubre el pago del personal especializado, el Gobierno Estatal aporta equipamiento y los municipios proporcionan los espacios físicos.
Entre los municipios donde ya operan o se fortalecerán estos centros destacan Soledad, Tamuín, Ciudad Valles y Tamazunchale, mientras que este año se sumarán nuevos puntos en Santa María del Río, Villa de Arriaga, Catorce, San Ciro de Acosta, San Vicente y San Martín, entre otros.
Finalmente, la funcionaria subrayó que estos espacios no solo atienden casos de violencia, sino que también forman parte de una estrategia preventiva que busca garantizar el acceso de las mujeres a sus derechos.
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José Guadalupe Torres Sánchez plantea debate sobre delitos graves y responsabilidad de padres o tutores
Por: Redacción
José Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, consideró necesario abrir un debate “con mucha responsabilidad” sobre la posibilidad de imponer sanciones más severas a menores de edad que cometan delitos graves, aunque advirtió que el análisis debe contemplar múltiples factores legales y sociales.
El funcionario estatal señaló que este tema no puede resolverse de manera simplista ni a partir de declaraciones aisladas, sino mediante una revisión integral del marco jurídico y sus implicaciones.
“Es un debate que hay que tener con mucha responsabilidad y no únicamente expresarlo en una entrevista”, afirmó.
Torres Sánchez explicó que uno de los elementos centrales en esta discusión debe ser el nivel de violencia ejercida en los delitos, al referirse a casos recientes en el país donde menores han cometido actos de extrema gravedad.
“Tendría que tener como origen el grado o la brutalidad que algún adolescente o niño comete en contra de otro”, sostuvo.
Como ejemplo, mencionó un caso ocurrido en Michoacán, donde un menor de edad agredió a dos maestras, provocándoles la muerte, hecho que calificó como una “brutalidad” y que, dijo, evidencia la necesidad de revisar los alcances de la legislación actual.
“Por supuesto que es una brutalidad y frente a ello parecieran demasiado flexibles”, expresó en referencia a las sanciones vigentes.
No obstante, el secretario general de Gobierno subrayó que cualquier modificación legal debe contemplar también la responsabilidad de los adultos a cargo de los menores, particularmente padres o tutores.
“La responsabilidad debe de abrazar e incluir a sus tutores o a sus padres”, indicó, al señalar que en muchos casos estos actores no son considerados dentro de las consecuencias legales.
Torres Sánchez recordó que, a diferencia de los menores, los padres sí están sujetos a la legislación penal ordinaria, lo que abre la posibilidad de establecer mecanismos de corresponsabilidad más estrictos.
“Estos no olviden que sí son sujetos de una ley ordinaria o común que inclusive permite la reclusión”, apuntó.
En ese sentido, insistió en que el debate debe analizar todas las aristas antes de plantear cambios legales, especialmente ante propuestas impulsadas a nivel federal sobre el endurecimiento de sanciones para menores que cometan delitos de alto impacto.
“Cualquier idea que tienda o sume para poder erradicar este tipo de prácticas es bienvenida”, afirmó.
Finalmente, el funcionario estatal señaló que será necesario esperar a que se formalicen las iniciativas desde el ámbito federal para poder fijar una postura más concreta en San Luis Potosí, aunque adelantó que el estado se mantendrá atento a cualquier propuesta que busque fortalecer la seguridad y la justicia.
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El alcalde de SLP dijo que no existe solicitud formal ni pronunciamiento del Congreso o del municipio de Soledad
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, aseguró que la posible separación del municipio de Soledad de Graciano Sánchez del organismo operador Interapas no ha tenido avances y permanece en el mismo punto que hace años.
El edil señaló que, hasta el momento, no existe una solicitud formal ni un posicionamiento institucional que permita concretar el proceso: “Estamos exactamente igual que hace cuatro años. No hay una solicitud, no hay una petición, no hay un pronunciamiento del Congreso”, afirmó.
Galindo Ceballos añadió que tampoco hay una postura clara por parte de los municipios involucrados, incluido el alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz, ni de otras autoridades como Villa de Pozos o Cerro de San Pedro.
En otro tema, el alcalde desmintió versiones sobre un supuesto desmantelamiento de instalaciones del Interapas en Soledad,
Explicó que el nombramiento corresponde, por cortesía política, al gobierno de Soledad, aunque también puede ser definido por la dirección del organismo: “Es una cortesía política que la Junta de Gobierno le deja al alcalde de Soledad”, indicó.
Ante ello, adelantó que buscará dialogar con el edil soledense para que se proponga y nombre a un encargado de despacho en el corto plazo: “Me urgiría que nombraran un encargado ya de Soledad”, concluyó.
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