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La SEGE despidió al profe violador de Milpillas… pero no por sus delitos
Por: Redacción
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en San Luis Potosí emitió una recomendación a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado por el caso del profesor de una escuela en Milpillas, quien fue acusado de abusar sexualmente de tres alumnas en noviembre de 2018.
En aquel momento, un grupo de padres de familia retuvieron al maestro encargado de impartir clases en el segundo grado de escuela primaria de la comunidad, pues lo acusaron de abusar sexualmente de cinco alumnos, y a decir de los afectados, cuando acudieron a denunciar los hechos, la Agente del Ministerio Público les dijo que volvieran después.
La CEDH indica que con base en la publicación de medios de comunicación, se conoció que el maestro acusado era hermano del subdirector del plantel educativo y la directora, quienes refirieron que desconocían de los supuestos abusos hacia los alumnos, pero admitieron que había muchos infantes involucrados.
Debido a lo anterior, padres de familia acudieron al plantel educativo con la intención de agredir al profesor, por lo que éste se resguardó en un salón de clases, mientras tanto, elementos pertenecientes a la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, Dirección General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí así como la Policía Ministerial del Estado, se presentaron en las instalaciones del centro escolar para preservar la integridad del docente señalado como responsable y en su momento ser presentado ante las autoridades ministeriales; en el lugar de los hechos resultaron lesionados dos oficiales estatales.
Ante lo sucedido, la CEDH acudió a entrevistar a madres de familia, quienes manifestaron que en el interior de la escuela primaria sus hijas habían sido agredidas sexualmente por el maestro, por lo que se presentaron en la Subprocuraduría Especializada en la Atención de Delitos Sexuales, Contra la Familia y Grupos Vulnerables, en donde se iniciaron las carpetas de investigación, y de las cuales se desprenden los dictámenes psicológicos cuyos resultados se advierte que presentaban síntomas de violencia sexual.
En febrero del año actual, se notificó a la CEDH el dictamen emitido por la Unidad de Asuntos Jurídicos la Secretaria de Educación, en el cual se determinó el cese justificado del profesor, sin embargo, fue determinado por otro motivo y no por haberse acreditado acciones en agravio de las víctimas.
Por lo anterior la CEDH emite la Recomendación 18/2019 dirigida a la Secretaria de Educación de gobierno del estado bajo los sigui entes puntos recomendatorios:
1. Con la finalidad de que se les sea reparado el daño, se inscriban a las tres niñas víctimas en el Registro Estatal de Víctimas con el fin de que se les brinde atención psicológica y puedan tener acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
2. Respecto a los elementos de policía que resultaron agredidos, se colabore también en la inscripción como víctimas en el Registro Estatal de Víctimas, en razón de que resultaron lesionados en la intervención que tuvo como propósito evitar el linchamiento de maestro señalado como responsable, a efecto de que se les brinde la atención médica que corresponda, hasta el total restablecimiento de su salud.
3. Se aporte toda la información al Órgano de Control Interno sobre el presente caso, en razón de que no se inició investigación por las omisiones atribuidas al subdirector y directora del plantel, que tuvieron como consecuencia los hechos materia de esta Recomendación.
4. Se colabore con el Ministerio Público facilitándole todos aquellos datos que requiera, para la mejor integración de carpeta de investigación hasta su total determinación.
5. Como Garantía de No Repetición se instruya al personal Directivo de las escuelas de nivel preescolar, básico y media básico, para que ante cualquier indicio y/o denuncia de hechos que impliquen vulneraciones a derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, se actúe de inmediato activando los mecanismos de protección previstos en el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, privilegiando su interés superior, que implica la salvaguarda de su integridad y seguridad personal.
6. Se giren instrucciones a efecto de que se impartan cursos de capacitación dirigidos al personal directivo del Nivel de Educación Primaria, referentes a los temas: derechos de los niños a una vida libre de violencia y prevención del abuso sexual infantil.
La CEDH también exhortó a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (Sege) y a todas las instituciones a sumar esfuerzos para evitar este tipo de delitos y salvaguardar la integridad de los niños, niñas y adolescentes.
También lee: Habría otra víctima del profe violador de Milipillas: una niña de 7 años
Martes 18 de agosto de 2026
ALTA INTENSIDAD
Culto Público, hijos de Juan Ramiro trabajando o Ricardo distrayendo:
Este martes la conversación pública de la agenda mediática es un incoming al tablero del 27 y por eso comienzo con lo que yo preguntaría:
Si gana el partido Verde en San Luis en 2027 ¿La presidenta Sheinbaum lo vería como un triunfo de la 4T o una entidad perdida por Morena?
Si supieramos la respuesta, muchas cosas estarían claras desde ahora, en lugar de estar jugando a las incertidumbres con metástasis.
Ya le gustó a alguien usar columnas y trascendidos nacionales para sacudir el avispero potosino:
En julio se publicó un comentario respecto a que Juan Carlos Valladares es bien visto no solo en la cúpula morenista, sino en la cúpula presidencial (que es la que importa) y que es él el único que puede ser el factor para construir la alianza #17.
Se dice que ese mismo día, el rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, pidió cita para desayunar con Valladares. Reunión que el diputado federal ha pospuesto por razones evidentes. Ninguno de los datos se puede dar por un hecho porque no tengo confirmado -que conste-
Hoy nuevamente se manda un mensaje desde medios nacionales al 27 potosino: Alejandro Zermeño aparece medido: 21% en un escenario interno de Morena y 16.5% en un careo general.
El timming, el medio y el tono cuentan.
Está claro que ni los números del rector, ni las conjeturas sobre Juan Carlos significan candidatura; pero sí son movimientos que jalan reflectores y abonan a lo que dije en un principio: la incertidúmbre con metástasis.
En ambos casos hay que preguntarse
¿Es Juan Ramiro operando, la presidenta soltando buscapiés o RGC meciendo la cuna soltando nombres para que “jalen la marca y reflectores” y su proyecto siga *en “avance sin desgaste”?
Como muchas veces ocurre Código San Luis de María Luisa Paulín fue la que estuvo atenta a la columna de Heraldo de México. Aquí la rectoría no ha circulado la columna en absoluto.
Dato irrefutable:
Así diga Citlalli, opere Juan Ramiro o ejecute estrategia Ricardo, la última palabra es de una sola persona y se llama Claudia.
En otros temas de agenda, el dato de Pulso sobre las 9 mil 777 tomas clandestinas de agua detectadas; y apenas cinco denuncias al respecto está como para llorar en la regadera.
¿Cómo pueden estar detectadas pero no atendidas?
BARRIDO NACIONAL: Andy López Beltrán sigue dominando la conversación por la cancelación de su visa. Fuente: Reuters —
EN AGENDA: El Poder Judicial tiene como fecha límite el 1 de abril de 2027 para operar plenamente el nuevo sistema civil y familiar. Lo sabe desde 2023, pero parece que la única que no le apura es a la magistrada presidenta.
NOTAS MÁS REPETIDAS: Agua · Poder Judicial · Seguridad · 2027 · Salvita.
MAÑANERA: Sin impacto directo que cambie hoy el tablero potosino.
INDICADORES ÚTILES:
El Realito SÍ funciona.
El Gobernador anda estrenando lentes.
El Alcalde anda de muy buen talante.
Yo soy Jorge Saldaña.
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La fiscal que en marzo prometió revisar el caso de la ladrona del Centro, en agosto dijo no saber nada
Comerciantes ya identificaron y ubicaron a la mujer; el primer denunciante dice haber recibido amenazas para retirar la denuncia
Por: Haniel Valdés Velázquez
Entrevistar a la Fiscal General del Estado es muy sencillo: siempre se sabe qué va a responder. Usa dos comodines: “voy a mandarlo a investigar”, cuando el tema es viral y no tiene información, o “no tengo información”, cuando no solo la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) no ha hecho su trabajo, sino que su titular decide restarle valor al asunto.
Es lo que volvió a ocurrir con el caso de la mujer señalada de robar en comercios del Centro Histórico de la capital potosina.
El 13 de marzo de 2026, esta casa editorial documentó el caso por primera vez: comerciantes habían denunciado en redes sociales a una mujer que, aprovechando descuidos de los trabajadores, sustraía carteras, dinero en efectivo y otros objetos dentro de establecimientos. Consultada entonces, la fiscal María Manuela García Cázares respondió: “No he tenido información al respecto, pero reviso el tema, sobre todo porque es un delito que afecta a la sociedad.”
Cinco meses después, la pregunta volvió a plantearse de forma directa. Y la respuesta cambió de sentido: “¿Ha avanzado el caso de la señora que entraba al restaurante y se llevaba los tablets y computadoras?”, se le preguntó. “No, no, no tengo conocimiento de esos hechos”, respondió.
En marzo prometió revisar. En agosto dijo no saber nada.
Entre una declaración y otra no solo pasó el tiempo. El propietario de uno de los negocios afectados entregó a este medio videos donde se observa con claridad el rostro de la mujer, y varios comerciantes reconocieron en esas imágenes a la misma persona, que según señalan ha repetido el mismo modo de operar en otros comercios del Centro Histórico.
Comerciantes de la zona identificaron plenamente a la mujer y, en redes sociales, llegaron a difundir públicamente su domicilio. Ese mismo señalamiento derivó en un episodio más grave: el primer denunciante recibió una comunicación directa de la mujer en la que, según relató, lo amenazó para que retirara la denuncia y eliminara los videos publicados en redes sociales.
Sobre cuánto debería tardar una investigación de este tipo, el Código Nacional de Procedimientos Penales no fija un plazo para la etapa inicial de investigación —la que corre antes de que exista una persona vinculada a proceso—: puede prolongarse, en los hechos, durante años. El plazo legal aparece después: una vez dictado el auto de vinculación a proceso, la investigación complementaria debe cerrarse en un máximo de dos meses para delitos con pena no mayor a dos años, como el robo sin violencia. La ausencia de plazo en la primera etapa no exime a la Fiscalía de investigar; solo elimina el margen para justificar la inacción con un simple “no tengo información.”
También lee: Ladrona del Centro de SLP en la mira de la Fiscalía
El Centro de Justicia para Mujeres canaliza a víctimas de violencia hacia la denuncia y, de ser necesario, hacia una orden de protección
Por: Redacción
El Poder Judicial del Estado atiende un número creciente de órdenes de protección para mujeres, hombres y menores que viven violencia física, sexual, psicológica o económica, informó la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.
Explicó que el Centro de Justicia para Mujeres (CJM) es el organismo que recibe a las víctimas y las acompaña hacia la denuncia correspondiente para que, en su momento, el caso pueda judicializarse.
Dentro de las instalaciones del CJM opera un juzgado especializado en la atención de órdenes de protección
Zarazúa precisó que todos los jueces del estado, no solo los del CJM, están obligados a emitir una orden de protección dentro de las cuatro horas siguientes a que se solicita.
Sostuvo que la violencia psicológica y la económica son las que más se denuncian, mientras que la violencia vicaria es la que menos se logra acreditar ante los juzgados.
También lee: Zarazúa no admite atraso en implementación de nuevo sistema
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