Los ranchos esquivan las leyes cambiado de nombre cada cierto tiempo, contratando a gente por 90 días y negando a los jornaleros salir del lugar

Por: Ana Dora

Celia García Valdivieso, representante del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz García, indicó que el Poder Ejecutivo es quien debe coordinar a las autoridades estatales para la debida atención de los jornaleros agrícolas: “debe de ser un trabajo interinstitucional”.

García Valdivieso comentó que al Altiplano potosino llegan migrantes de Guerrero, Chiapas y la Huasteca los cuales no cuentan con los servicios básicos “llegan los jornaleros a casonas viejas donde se instalan los albergues, sin infraestructura porque los presidentes municipales se han robado la mayoría de los muebles”.

Respecto a las autoridades encargadas de velar por los derechos de los jornaleros, García Valdivieso indicó que éstas no logran abarcar la gran cantidad de lugares donde residen los trabajadores agrícolas: “las autoridades de la Secretaría del Trabajo no logran inspeccionar los albergues”.

Mencionó además que esta situación genera una problemática mayor, porque los dueños de los ranchos, al estar fuera de la ley, inciden en trata de personas:

“los patrones o dueños de los ranchos logran esquivar las leyes cambiando los nombres del lugar, contratan a la gente por noventa días, lapso en el que se les niega salir, se mantienen ahí contra su voluntad, sin poder regresar a sus hogares, esto es trata de personas”, dijo e indicó que ni la Fiscalía, ni los encargados de la defensa del menor han puesto atención a esta problemática: “en esos lugares también hay niños, que viven desigualdad”.

Finalmente, dijo que se está dando un nuevo fenómeno en la Huasteca por la implementación de invernaderos a los que llegan jornaleros procedentes de Veracruz, mientras que los huastecos optan por irse a Monterrey o Estados Unidos.

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