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Violencia familiar en SLP: casi el 99% de los casos queda impune
Durante la actual de Juan Manuel Carreras solo se ha detenido al 1.54% de los agresores y únicamente el 0.81% ha sido condenado por el delito de violencia familiar
Por: El Saxofón
A partir de 2016, las denuncias por violencia familiar han repuntado de manera considerable. Las denuncias por este delito, que afecta principalmente a mujeres y menores de edad, en 2015 fueron apenas 942, sin embargo, al siguiente año el número de carpetas de investigación abiertas por las denuncias presentadas por las víctimas escaló a 3 mil 930.
Desde entonces, las querellas por violencia familiar no han parado de aumentar, en 2017 la Fiscalía General del Estado recibió 5 mil 723 denuncias y abrió igual número de carpetas de investigación y para el 2018 se alcanzó la cifra de 6 mil 48 denuncias presentadas.
Sin embargo, aunque cada vez más mujeres denuncian, la procuración de justicia sigue siendo muy lenta, a tal grado que en los últimos tres años, solo 247 acusados por violencia familiar han sido detenidos, y solo 128 han sido sentenciados condenatoriamente entre el 1 de octubre de 2015 y el 28 de febrero de 2019. Por tanto, la procuración de justicia es una asignatura pendiente en los casos de violencia familiar.
La cifra resulta ínfima si se toma en cuenta que en el mismo periodo se han recibido las denuncias de 15 mil 969 víctimas de violencia familiar. Es decir, solo han sido detenidos el 1.54 por ciento de los presuntos agresores, y solo el 0.81 por ciento han sido castigados.
En el primer cuatrimestre de 2019 suman ya 2 mil 589 carpetas de investigación abiertas por la FGE, y abril pasado se ubicó como el mes con más denuncias presentadas por violencia familiar con 705.
El repunte sin duda obedece a que, por un lado, la violencia familiar es un problema frecuente al interior de los hogares potosinos, pero también se podría decir que cada vez un mayor número de mujeres están dispuestas a denunciar a sus agresores, principalmente sus parejas sentimentales.
Ahora, si bien se reconoce que cada vez es mayor el número de mujeres que denuncia, habría que decir que el mayor número de denuncias se concentra en las zonas urbanas, por lo que se puede inferir que las mujeres que habitan en el ámbito rural siguen padeciendo este flagelo en silencio.
De las carpetas de investigación abiertas entre enero y abril del presente año, mil 685 se trata de casos ocurridos en la zona metropolitana que integran San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. Esta cantidad equivale al 65.08 por ciento de los casos.
Tan solo en la capital potosina se concentra el 46.81 por ciento de las denuncias (mil 212), mientras que en Soledad se registra el 18.26 por ciento (473 denuncias).
Otros municipios del estado en los que se denuncia mayormente la violencia familiar coinciden con los más densamente poblados de la entidad, como son Ciudad Valles con 184 casos, Rioverde con 98, Matehuala con 81 y Tamazunchale con 60 casos.
Si bien los programas para sensibilizar a las mujeres y apoyarlas a visibilizar y denunciar esta problemática parecen estar dando resultados, haría falta llevar o impulsar estos esfuerzos en los municipios del interior del estado.
De acuerdo con el Diagnóstico de Tipos y Modalidades de Violencia contra las mujeres en San Luis Potosí, en las localidades de la zona Huasteca, la forma más recurrente de violencia contra las mujeres es la violencia física, la cual han sufrido el 45.9 por ciento de las mujeres.
En la zona Media, también la violencia física es la más frecuente, con un 47.4 por ciento de mujeres víctima de esta modalidad de agresiones.
El diagnóstico realizado por El Colegio de San Luis, en la zona Centro, señala que el 42.7 por ciento de las mujeres han sufrido violencia por parte de sus parejas; el 38.8 por ciento han sufrido violencia física (empujones, jaloneos, bofetadas, jalones de cabello, entre otro tipo de agresiones).
En la zona Altiplano, el 41 por ciento han recibido violencia en el ámbito de la pareja, 32.7 por ciento refieren que sufrieron jalones de cabello, empujones, jaloneos, o bofetadas. Además el 26.9 por ciento han sido objeto de gritos, humillaciones, insultos o amenazas.
En la Huasteca, el 45.9 por ciento han sido víctimas de empujones, jaloneos, bofetadas, pellizcos o les han arrojado algún objeto. Además el 41.8 por ciento refieren haber sido víctimas de violencia de pareja, y 30.6 por ciento refieren haber sido humilladas, insultadas o amenazadas.
En la Zona Media, el 47.4 por ciento declararon haber sido objeto de empujones, jalones de cabello, bofetadas y otras agresiones físicas.
El 42.3 por ciento han sido violentadas por sus parejas; al 39.7 por ciento les han dicho piropos groseros u ofensivos de tipo sexual sobre su cuerpo, e incluso al 32.1 por ciento refieren haber sido pateadas o golpeadas con el puño.
Dicho estudio ofrece un panorama preocupante, y aún y cuando tal parece que cada vez es mayor el número de mujeres que denuncian, queda claro que urge por un lado incentivar la cultura de la denuncia y por otro, tratar se sensibilizar a los propios agresores.
En resumen, la lentitud en la procuración e impartición de justicia siguen siendo la norma y los violentadores siguen gozando de impunidad.
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Sheimbaum: “no quedará impune” denuncia contra progenitor del alcalde de Cerro de San Pedro
La afectada tuvo oportunidad de poner al tanto del caso a la titular del poder ejecutivo
Por: Ana G Silva
Tras tres años de denunciar amenazas, hostigamiento y un presunto despojo de tierras, Blanca Estela Hernández Martínez logró llevar su caso hasta la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien pidió ayuda directamente durante su visita a San Luis Potosí este viernes.
El encuentro fue breve, pero Blanca Estela aprovechó para contarle a la mandataria su situación y solicitar su intervención.
De acuerdo con el testimonio de la afectada, Sheinbaum le aseguró que su caso no quedaría impune y se comprometió a ayudarla.
La denuncia de Blanca Estela involucra a J. Santos Nava Arista, padre del presidente municipal de Cerro de San Pedro, Jesús “Chuy” Nava Loredo, en un conflicto relacionado con un predio que la mujer asegura es de su propiedad.
La denunciante sostiene que desde 2023 ha enfrentado amenazas y hostigamiento derivados de este conflicto, e incluso ha señalado haber recibido amenazas de muerte.
Los hechos que dieron origen a la denuncia ocurrieron el 14 de mayo de 2023, cuando Blanca Estela acudió a un predio ubicado en las inmediaciones de las calles Independencia y Arroyo San Nicolás, luego de enterarse de que había personas trabajando en el lugar.
Según su testimonio, al cuestionar qué ocurría en el terreno se produjo una confrontación con J. Santos Nava, quien, afirma, la insultó, empujó y jaló del cabello, además de amenazarla de muerte.
Por estos hechos se abrió la carpeta de investigación 18077-23
Blanca Estela también ha relatado que en los últimos años ha recibido llamadas intimidatorias y que el temor incluso la llevó a dejar de impulsar durante un tiempo la denuncia.
“Yo ahorita sí tengo miedo”, dijo previamente a La Orquesta, al señalar que ya no trabaja con tranquilidad en su negocio.
Su abogado, Antonio Pérez Oldevilla, ha solicitado que se reactiven las diligencias y que se otorguen medidas de protección para la denunciante.
El acercamiento con Sheinbaum ocurrió este viernes, durante la visita de la presidenta a San Luis Potosí.
Blanca Estela aprovechó el momento para explicarle que su denuncia involucra al padre del alcalde de Cerro de San Pedro y que, pese al tiempo transcurrido, el caso continúa sin resolverse.
Según relató la afectada, la presidenta le manifestó que su caso no quedaría impune y que recibiría apoyo.
El encuentro duró apenas unos instantes, pero para Blanca Estela representó la oportunidad de llevar una denuncia que durante tres años ha permanecido en las instancias estatales directamente ante la titular del Ejecutivo federal.
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Torres Sánchez destacó que la Guardia Civil Estatal intervino para liberar a los policías retenidos en Picholco
Por: Redacción
El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, confirmó que los policías señalados por pobladores de Picholco, en Axtla de Terrazas, como responsables de la muerte de un hombre detenido fueron liberados luego de la intervención de personal estatal y de la Guardia Civil Estatal, y que ahora están a disposición de la Fiscalía General del Estado.
Dijo que, por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, mantuvo comunicación directa con las alcaldesas de Matlapa y de Axtla de Terrazas desde el día siguiente a los hechos, luego de que un grupo de pobladores de Picholco retuvo durante algunos momentos a policías municipales para exigir justicia por la muerte del detenido, identificado como Fermín Isabel Antonio
Explicó que personal del estado, junto con la Guardia Civil Estatal, dialogó con los inconformes hasta lograr la liberación de los policías retenidos.
Torres Sánchez dijo que no hubo personas privadas de libertad durante la protesta, “que es lo que pretendía la turba”, y calificó el episodio como muestra de que “el tema de operatividad y gobernabilidad está presente y está funcional en cada rincón del estado”.
El funcionario dijo lamentar la muerte de la persona, pero subrayó que hubo “operatividad eficaz, funcional, presente” en este tipo de situaciones.
También lee: Tensión en Matlapa: pobladores retienen policías tras muerte de ciudadano
Se consideraría moroso a quien acumule más de 60 días sin pagar una pensión ordenada judicialmente
Por: Redacción
Quienes incumplan con el pago de una pensión alimenticia podrían quedar identificados en un padrón público y consultable por internet en San Luis Potosí, de avanzar una iniciativa que analiza el Congreso del Estado
La propuesta, presentada por la diputada Jessica Gabriela López Torres, plantea modificar los artículos 167 BIS y 167 TER del Código Familiar para establecer un mecanismo más accesible para consultar el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas.
La iniciativa considera como deudora alimentaria morosa a la persona que, teniendo una pensión ordenada por un juez o establecida mediante convenio judicial, deje de pagarla durante más de 60 días consecutivos o acumule cuatro pensiones pendientes dentro de un periodo de dos años.
Uno de los principales cambios sería que el padrón deje de ser una herramienta de consulta limitada y tenga carácter público, con acceso mediante medios electrónicos oficiales.
La administración del registro estaría a cargo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a través de su Secretaría General, que sería responsable de integrarlo, actualizarlo, administrarlo y resguardar la información.
La propuesta establece que la publicidad del padrón deberá realizarse bajo las reglas de protección de datos personales, especialmente cuando exista información relacionada con niñas, niños y adolescentes.
López Torres señaló que el objetivo es que el registro se convierta en una herramienta realmente funcional y accesible para contribuir al cumplimiento de las obligaciones alimentarias y garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir los recursos necesarios para su subsistencia y bienestar.
La legisladora sostuvo que el pago de alimentos no debe considerarse una obligación secundaria, debido a que está directamente relacionado con derechos fundamentales de las personas acreedoras.
El proyecto contempla una implementación gradual. La primera etapa estaría enfocada en mejorar la operación y funcionamiento del padrón, mientras que posteriormente podrían incorporarse mecanismos adicionales para fortalecer su eficacia.
De avanzar la reforma, San Luis Potosí tendría un padrón con mayor visibilidad pública para identificar a quienes incumplen con obligaciones alimentarias establecidas judicialmente, aunque su consulta tendría que sujetarse a las disposiciones de protección de datos personales.
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