julio 24, 2025

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Día 3: La defensa del Cayeyo Jr exhibe descuidos y resbalones de la FGE

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Cayeyo Jr

Entre cambios en los nombres de los testigos, un error en el número de serie del arma homicida y quejas por falta de especialización académica de los peritos; los abogados del Cayeyo Jr buscan sacarlo de prisión

Por: María José Puente Zavala y Roberto Rocha 

Al tercer día del juicio oral que se sigue contra el Cayeyo Jr en el Centro Integral de Justicia Penal, al sur de la ciudad de San Luis Potosí, la defensa del acusado se ha propuesto exhibir una serie de deficiencias en el proceso de investigación a cargo de la Fiscalía General del Estado.

En una jornada que no llegó a concluir ante el evidente cansancio de las partes tras una tríada de largas audiencias, la defensa del Cayeyo Jr logró instalar severos cuestionamientos acerca de la labor que desarrolló la Policía Investigadora a través del equipo encargado de realizar los diversos peritajes en la escena del crimen y con los indicios recabados.

En primera instancia, la defensa consiguió que la Fiscalía solicitara retirar el testimonio del perito que realizó la descripción de la escena del crimen para asentarla en el acta respectiva, y es que el nombre del testigo fue capturado de manera errónea; es decir, uno de sus apellidos fue cambiado.

Aunque el tribunal negó la petición de la defensa por estar fuera de tiempo, la incidencia quedó registrada y podría ser valorada durante la deliberación de los representantes del Poder Judicial en el previo al dictamen de la sentencia.

Posteriormente, el equipo jurídico que representa al presunto homicida exhibió que, al realizar el estudio de balística y análisis del arma con que se perpetró el ataque, se registró un número de serie que no corresponde con el que ostenta el arma que se presentó en el estrado; es decir, se pretende demostrar que podría tratarse de un revólver distinto.  

Al respecto, visiblemente nervioso y molesto, el perito aseguró que, si bien el arma tiene grabada una segunda letra, esta no hace parte del número de serie, sino que es un código del fabricante, en este caso, la marca Colt.

Pese a su atropellado argumento, el especialista debió reconocer que esa última letra no se incluyó en el primer dictamen sobre el arma, lo que, en palabras de la defensa, pone en duda su autenticidad pues la identidad del arma se basa en el número de serie.

Las jornadas para que los más de treinta testigos acudan a declarar continuarán en los días consecutivos e incluso algunos de ellos serán nuevamente llamados a declarar, ahora por parte del equipo a cargo de la defensa del Cayeyo Jr.

El sentido de la sentencia, por tanto, todavía es incierto.

PERITOS SIN FORMACIÓN, ACUSA LA DEFENSA

El primer testigo solicitado por la Fiscalía General del Estado, en la audiencia del pasado martes, fue Ángel, un perito de la División Científica de la Policía Federal de 35 años de edad dedicado a hacer reconstrucción forense y análisis facial.

Ángel explicó que hizo una reproducción en video y una infografía de los hechos, a partir de dictámenes y mecánica de hechos. El perito de la Policía Federal informó que había en su modelo indicios de que “Cayeyo Jr” habría modificado la escena del crimen, en el que presuntamente había asesinado de un disparo en la nariz a Eugenio Castañón, su amigo.

Según el video creado por Ángel, Eduardo N habría dejado el arma homicida y su funda, sobre la cocina integral. Después se dirigió por un cuchillo y lo colocó en la mano derecha de Eugenio Castañón y fue al baño a lavarse las manos.

Un reactivo Bluestar Forensic habría demostrado que había sangre debajo de la cuchillera de la casa donde ocurrió el homicidio, en el Fraccionamiento Campestre, además de en el lavamanos de la casa de “Cayeyo Jr”.

Sin embargo, la defensa de Eduardo N cuestionó a Ángel que aunque mencionó en su testimonio que revisó varios dictámenes para alimentar su modelo de reproducción en video, eso no fue referido en el informe en texto que presentó. Además, los abogados de “Cayeyo Jr” dicen que ni siquiera se citó el folio del dictamen, por lo que el modelo en 3D no es una alusión directa al homicidio de Eugenio Castañón.

La defensa también dijo que la herramienta Bluestar no fue tampoco mencionada en el informe elaborado por Ángel en la Policía Federal. Además, se hizo notar que Ángel es ingeniero en Sistemas y Comunicaciones y no un experto en criminalística.

El interrogatorio a Ángel duró aproximadamente una hora con 30 minutos.

Después fue llamada Celia, una perito del área de criminalística de la Fiscalía General del Estado, quien dijo haber hecho el primer dictamen del homicidio.

Celia dijo haber llegado a la caseta de vigilancia de Fraccionamiento Campestre a las 7:10 de la mañana del 5 de mayo de 2017, día del asesinato, pero que pudo entrar hasta el frente de la vivienda de “Cayeyo Jr” hasta las 7:28 y comenzó con el procesamiento de la escena del crimen a las 7:39.

La perito de la Fiscalía dijo que el primer respondiente en la escena del crimen fue José Guadalupe Castillo Celestino, director de la Policía Ministerial del estado. Celia tomó 241 fotografías de la casa de Eduardo N y del cuerpo de Eugenio Castañón, mismas que fueron utilizadas como pruebas y expuestas durante la audiencia penal del martes pasado, pero eso se realizó de manera privada, para evitar la revictimización de la víctima.

La sesión duró aproximadamente cinco horas en privado, sin público, familiares del inculpado o la víctima, ni medios de comunicación.

En el caso de Celia, la defensa también hizo notar que ella es contadora pública de profesión y no tiene formación en criminalística.

Al concluir la audiencia, los abogados de Eduardo N explicaron que la falta de título en criminalística de la perito Celia “lo contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, que para ser perito se tiene que tener título en la materia. En este caso se estableció que uno de los peritos intervinientes no tiene la carrera para poder ejercer como perito, es contador público. Entonces eso se estableció en el debate y va a ser tomado en valoración por el juez cuando emita la sentencia”.

Eso podría llevar a que se nulifiquen los dictámenes iniciales sobre el homicidio, lo que según la defensa de “Cayeyo Jr” llevaría a que “se caería la teoría del caso a la Fiscalía y nuestro defensor tendría que ser absuelto”.

La defensa de Eduardo N también dijo que hasta el momento el equipo de abogados no considera que exista un conflicto de intereses por el hecho que el fiscal general del estado, Federico Garza Herrera sea un testigo en este caso y haya sido también uno de los primeros respondientes.

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“Tecmol” presume entrega de despensas; Gobierno estatal se deslinda

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Romero Calzada publicó una fotografía recibiendo apoyos del gobierno estatal para su supuesta entrega; Sedesore afirmó que se entregan directo a beneficiarios

Por: Redacción

José Luis Romero Calzada, recién militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y ex candidato a la presidencia municipal de Ciudad Valles por la oposición, publicó en sus redes sociales que recibió un cargamento de despensas –parte del programa de Seguridad Alimentaria del gobierno estatal– y en la que, presumiblemente, serían entregadas por él mismo a las y los habitantes de ese municipio en la Huasteca potosina.

Romero Calzada aseguró que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona le envió estos paquetes, y que mensualmente entregarán 15 mil de estas despensas.

Además, afirmó que él mismo incluirá alimentos perecederos en estos apoyos, como huevo, pollo o pescado, por ser ricos en proteína.

Al respecto, la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) informó mediante un comunicado que los programas de apoyo se otorgan de manera directa a los beneficiarios, sin intermediarios

y sin otro propósito que atender las necesidades básicas de la población en situación de vulnerabilidad social.

En el escrito se señala que quienes se ostenten como intermediarios o “enlaces” en la distribución de apoyos sociales, incurren en faltas contra la ley.

Reiteró que el objetivo del Gobierno del Estado al otorgar apoyos sociales es el de mejorar las condiciones de vida de la población, especialmente de aquellos en situación de vulnerabilidad, a través de acciones que buscan reducir la desigualdad, la pobreza y promover el desarrollo social.

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26 años de prisión a homicida de líder de Coparmex en SLP

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La Fiscalía de SLP informó que se dictó esta sentencia por el atentado a ex regidor de Valles en 2020; se trata del mismo homicida de César Galindo, ocurrido en 2021

Por: Redacción

En 2021 se dio a conocer que Julio César Galindo Pérez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de San Luis Potosí, fue baleado por sujetos desconocidos y más tarde perdió la vida en un hospital.

Este 24 de julio, se dio a conocer que un juez penal en San Luis Potosí otorgó una sentencia condenatoria de 26 años y tres meses de prisión en contra de Rudy “N”, por el delito de homicidio calificado, tras hechos suscitados en la Huasteca potosina.

Los hechos ocurrieron en octubre de 2020, cuando el ahora sentenciado, en compañía de otras personas, privó de la vida a la víctima mediante disparos de arma de fuego a un ex regidor y líder cañero en la Delegación El Pujal, del municipio de Ciudad Valles. Por este delito, en la audiencia de individualización de sanciones, la autoridad judicial determinó la pena privativa de libertad de más de dos décadas de prisión.

No obstante, el sujeto hallado culpable habría sido el mismo responsable del homicidio de Julio César Galindo Pérez

, quien se desempeñaba como líder empresarial y presidente de Coparmex en la entidad potosina.

El crimen, ocurrido en 2021, conmocionó al sector empresarial y a la sociedad potosina. Tras una investigación por parte de las autoridades estatales, se logró la identificación, captura y proceso judicial del implicado, quien ahora enfrentará más de dos décadas en reclusión como castigo por su responsabilidad penal en los hechos.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí confirmó la resolución judicial y detalló que, además de la pena privativa de libertad, el sentenciado deberá cubrir la reparación del daño a los familiares de la víctima, conforme a lo establecido por la ley.

El caso representa uno de los fallos más relevantes en materia de justicia para líderes del sector privado en San Luis Potosí, y marca un precedente en la lucha contra los crímenes de alto impacto en la entidad.

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Ayuntamiento de SLP

Adiós al Nido del Crímen; Ayuntamiento de SLP comenzará cercado

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El alcalde Enrique Galindo aseguró que tuvieron contacto con el dueño del inmueble, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad en esa zona de la avenida Carranza

Por: Redacción

Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, dio a conocer que han tenido contacto con los propietarios del inmueble ubicado en la esquina de la avenida Venustiano Carranza y la calle Francisco Eduardo Tresguerras, en la zona Centro de la capital potosina.

El alcalde de la capital aseguró que con este encuentro, se iniciarán las acciones para limpiar la propiedad, cercarla y evitar el ingreso de personas ajenas.

“Yo lo que me ofrecí es ayudarle para resolverlo, y entre tanto, cuando menos, limpiarla porque ahorita está de verdad triste, terrible. La podemos limpiar con la autorización de quien corresponda, protegerla para que no se siga dañando más y quitarla como foco de infección, porque han sucedido muchas cosas” anunció.

Galindo Ceballos agregó que durante su encuentro con los propietarios, se explicó que la situación jurídica del terreno no es una responsabilidad directa del dueño

, sino un problema que se mantiene en una laguna legal en curso.

“Creo que hoy se abrió algo que no se había intentado, que es esta reparación y va por muy buen camino. Si esto se da en dos o tres días, empezamos también”. mencionó.

A través de este medio de comunicación se ha documentado a lo largo de tres años como se han practicado actividades ilícitas en este predio, además de provocar incendios, actividades contra la moral, e incluso la pérdida de vidas humanas. Mismo que debido a su estatus legal, era imposible una intervención por la autoridad municipal o estatal.

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