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Madre e hija desaparecieron y la Fiscalía de SLP no investiga el caso
Gabriela, una mujer de 27 años, y su hija Ivana de 4 años desaparecieron hace más de 2 meses en el municipio de Rayón. Desde entonces sus familiares no saben nada de ellas y las autoridades han sido omisas
Por: Marcela Del Muro
El 15 de enero de 2019 José Luis recibió el último mensaje de su hermana Gaby. Han pasado 64 días desde su desaparición y la investigación por parte de Fiscalía es prácticamente nula.
Tanto ella como Ivana, su hija de 4 años, planeaban viajar treinta y un kilómetros ese día. Saldrían de la localidad Cerrito de la Cruz, en el municipio de Rayón, hacia la ciudad de Rioverde. La intención de Gaby era acudir al doctor, en la clínica donde su hermano trabaja, para después reunirse con él y regresar a su comunidad. Pero nunca llegaron.
Ni familiares ni amigos tuvieron más noticia de ellas. José Luis, el hermano de Gaby, regresó a Rayón y comenzó a buscarlas entre seres queridos y conocidos. La última vez que madre e hija fueron vistas, eran las 11 de la mañana y estaban en la parada del camión. No se sabe si tomaron el transporte a Rioverde o si se quedaron en Cerrito de la Cruz.
Esa misma noche se levantó la denuncia por desaparición en la Subprocuraduría Regional para la Zona Media, en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, y se tomó la declaración para iniciar con la pesquisa.
Desde entonces la familia sabe poco. No hay avances en la investigación y las autoridades se han portado lentas y omisas al respecto. Los seres más cercanos a Gaby y su pequeña tuvieron comunicación con la Policía Ministerial, pero no saben quién es el Ministerio Público que se encarga de la investigación. Solo se realizó una entrevista en la comunidad, a la última persona que vio a Ivana y Gaby, pero no se han tomado declaraciones de nadie, ni siquiera de la familia.
Al igual que muchos niños que desaparecen junto alguno de sus padres, Ivana no cuenta con una ficha de búsqueda exclusiva para ella. No se activará el mecanismo de Alerta Amber, pues se cree que no corre riesgo, ya que su mamá, que está desaparecida, “la protege”.
Ayer, 19 de marzo, se realizó una mesa de trabajo entre el colectivo “Voz y Dignidad por los Nuestros”, la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Vicefiscalía Especializada en Derechos Humanos de Ciudad Valles; en este encuentro Edith Pérez Rodríguez, directora del colectivo, lamentó el lento actuar de las autoridades para la búsqueda de Gabriela e Ivana, y exigió que se comenzara a trabajar en las cuestiones básicas de la búsqueda.
Este caso se enmarca en una serie de eventos que en San Luis Potosí dejan en evidencia la vulnerabilidad de todo un sector de la población. Las cifras de desapariciones de mujeres aumentan, los feminicidios son más sanguinarios y las omisiones de Fiscalía General del Estado continúan de la misma forma. La sociedad civil se pregunta, ¿qué haremos ante esto?
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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