mayo 3, 2024

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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP

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A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH

Por Redacción

 

El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.

El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.

Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.

La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.

En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.

Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.

En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.

Muchas deudas

El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.

En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.

En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.

11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.

Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.

Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal

(SSPE) no ha diseñado una estrategia en cada municipio para la recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia, que incluya coordinación interinstitucional y participación ciudadana; tampoco ha implementado la estrategia de recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia en cada municipio ni ha evaluado la implementación de la estrategia en cada uno de los municipios con Alerta de Género.

La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.

La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.

La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.

La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.

La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.

La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.

Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.

La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.

La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.

Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.

 

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Y usted, ¿ya escuchó la 103.5? Nosotros tampoco

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Una estación de radio pública concesionada a un pequeño municipio de Jalisco debería sonar entre las frecuencias de la entidad potosina, pero no lo ha hecho y no se sabe por qué

Por: Bernardo Vera

El pasado 21 de junio de 2023, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) otorgó nueve concesiones de radio y ocho de televisión de uso social a una sola asociación civil, para operar en diferentes estados de la República Mexicana.

Estas concesiones fueron entregadas a la asociación “RYTSM A.C.” –con sede en el municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco– y le permiten la operación en diferentes puntos del país; una de estas señales de radio, de acuerdo a información compartida en medios de comunicación nacionales y por el propio IFT, debería sonar en los aparato radiofónicos de San Luis Potosí… pero no lo ha hecho.

De acuerdo a lo publicado en el suplemento “Extra” de El Sol de México, las 17 concesiones fueron otorgadas a la asociación RYTSM A.C. en un plazo comprendido entre 2022 y 2023; dichos permisos serían para uso de señales de radiodifusión y televisión digital terrestre por un plazo de 15 y hasta 30 años, con la finalidad de divulgar contenidos con propósitos culturales, científicos o educativos y sin fines de lucro.

Sin embargo, para el caso de San Luis Potosí, a casi un año desde que el IFT emitió la resolución P/IFT/210623/289, esta señal (cuyo código sería el XHCSGC-FM y que aparece en el mismo decreto) no ha sonado en ningún aparato radiofónico de la capital potosina y sus alrededores.

En este documento se señala que se cuenta con la capacidad para prestar el servicio de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada, y la instalación de una estación de radio clase “A” (estación de mediana potencia), en las coordenadas geográficas de referencia Latitud Norte 22°31’38” y Latitud Oeste 101°01’42”.

Estas coordenadas corresponden a la ranchería “Maravillas”, una comunidad a 1.4 kilómetros al norte de la delegación de Bocas, en la capital potosina.

Además, según sitios web especializados en radio en México, la estación perteneciente a estas concesiones en San Luis Potosí, operaría en la frecuencia de 103.5 megahertz (MHz), con sede en la ranchería Maravillas, pero se mantiene en estatus de próxima operación

Para conocer más acerca de la instalación de una estación de radio, así como de este caso particular, La Orquesta consultó a Juan Manuel Gordoa Moreno, ingeniero en radiocomunicaciones autorizado por el IFT y uno de los expertos en instalación y mantenimiento de estaciones de radio y televisión en San Luis Potosí.

Él nos comentó que previo a la designación de una frecuencia, debe existir “libertad de espectro” en el Sistema Nacional de Radiofrecuencia, que es la capacidad técnica para que opere una radiodifusora, televisora, o cualquier otro medio de comunicación que se valga del uso del espectro radioeléctrico, propiedad del Estado mexicano, y cuyas “liberaciones” son dadas a conocer por el propio IFT cada año.

En este caso, al tratarse de una concesión otorgada con carácter de uso social, la asociación civil debe justificar el objetivo para el uso de esta concesión y su metodología para llevarla a cabo. Una vez validado, el IFT otorga un plazo de 180 días para su instalación, periodo que puede prorrogarse.

“Ya que hiciste todo el proceso de licitación, el IFT te otorga tal frecuencia, con determinada potencia, cobertura y tienes 180 días hábiles para instalarla. Los 180 días están calculados precisamente para eso, y se pueden convertir en más porque te dan la oportunidad de prórrogas. Son tres prórrogas que pueden ser por dificultades en la instalación, en la entrega de equipos, por muchas causas; la última instancia de las sanciones sería el retiro de esta concesión; es decir, si no te pudiste instalar, se procede a volver a licitar, o a que salga a espectro libre”, explicó.

En el caso del 103.5, al tratarse de una estación de uso social, la licitación le autoriza solamente la operación de mil watts en transmisor y tres mil radiados –equivalente a una cobertura de hasta 30 kilómetros–. Suficiente para el objetivo que se busca con las concesiones de esta naturaleza en comunidades pequeñas, rancherías, pueblos indígenas, etcétera.

Por otra parte, al ubicarse en la frecuencia de 103.5 en San Luis Potosí, estaría entre dos estaciones de radio comercial que operan actualmente. Para ello, el ingeniero Gordoa explicó que la estación de uso social a operar próximamente, debe cumplir dos condiciones: uno, que no opere cerca de la mancha urbana;

 y dos, que no sea colocada en un sitio elevado. Ya que, en el primer caso, podría interferir con las frecuencias comerciales existentes. Mientras que en el segundo, de instalarse en un cerro o con una antena de gran altura, pese a contar con poca potencia, su cobertura podría llegar hasta Querétaro, o incluso, la Ciudad de México. Lo cual es una prohibición del IFT.

No puede tener más de 100 metros arriba del promedio de terreno que te indica, es decir, con 40 o 50 metros de altura de una torre vas a cubrir esa restricción y vas a quedar dentro de la cobertura local, porque con los cerros y las interferencias que puede haber, no vas a salir del terreno donde te autorizaron”, detalló. 

Otro de los aspectos a considerar es la entrega de 17 concesiones a una sola asociación del municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco. Una demarcación con menos de 10 mil habitantes, y cuyas concesiones, al ser de uso social, no les permiten lucrar de ningún modo, pero sí tienen derecho a recibir el uno por ciento del presupuesto de Comunicación Social de las dependencias de la Administración Pública Federal.

A casi un año de que se emitiera el decreto P/IFT/070623/239 (que otorga las concesiones a RYTSM), no ha podido escucharse en la entidad potosina, sin que haya una explicación aparente, puesto que existe poca información sobre la asociación, no hay información emitida por el IFT sobre el estatus de esta operación, o de un contacto de esta asociación civil para conocer su desarrollo.

Una de las hipótesis planteadas por el ingeniero Juan Manuel Gordoa sobre el retraso de la instalación en San Luis Potosí, es la capacidad financiera para la instalación de una estación de radio, tanto por la infraestructura, mobiliario y personal. Pero especialmente, la adquisición de equipo técnico, ya que los transmisores y otros elementos, deben cumplir ciertos parámetros impuestos por la Norma Oficial Mexicana dictada por el IFT. Y por ello, su precio en el mercado es mayor.

Ahora bien, si eso es con una sola estación, lo mismo podría ocurrir con las ocho restantes. Y ni hablar de las concesiones de televisión, donde los equipos elevan aún más su costo.

“Los aparatos y los costos de instalación, por muy pequeños que sean, es bastante dinero. Televisión es caro, y radio es menos caro, pero requiere una gran inversión. Porque tienes que comprar equipos que estén dentro de la Norma Oficial Mexicana, que cubran los las características técnicas y no son cualquier equipo. No le puedes poner uno de los que venden en Mercado Libre, o de los que son chinos y me cuestan 50 pesos. No. Tienes que cubrir lo que te está exigiendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones”.

Las concesiones de radiodifusión y televisión digital terrestre que obtuvo mla asociación RYTSM AC, son para ciudades de Nuevo León, Sonora, Puebla, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, Tamaulipas, Coahuila, Guerrero, Campeche y Ciudad de México.

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Tres candidatos panistas han solicitado seguridad adicional

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El presidente del partido dijo que las peticiones se han hecho ante el Ceepac y al menos una ha sido del municipio de Ébano

Por: Bernardo Vera

Enrique Dahud Uresti, secretario en funciones de presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí, dio a conocer que hasta el momento hay tres solicitudes de candidatos del instituto político que requirieron protección y seguridad por las autoridades estatales.

Estas solicitudes fueron presentadas al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) con el acompañamiento del partido en el estado. Agregó que estas solicitudes fueron por el entorno que se vive en las respectivas demarcaciones.

Dahud Uresti evitó mencionar nombres o cargos de los involucrados, para no comprometer su integridad. Sin embargo, manifestó que uno de ellos es el relativo al municipio de Ébano, quien dio a conocer el caso de manera pública y por su cuenta.

“Tres de nuestros candidatos, a través del partido, hicimos solicitud ante el Ceepac para que pudieran tener seguridad, por el entorno municipal que están teniendo ellos. Quiero omitir nombres porque no lo han hecho público ellos, pero específicamente, uno de ellos, es del municipio de Ébano”.

Finalmente, sobre la solicitud hecha por Vero Rodríguez, candidata al Senado de la República por la coalición “Fuerza y Corazón por México” para formular un debate entre las candidatas al mismo cargo, mencionó que es un ejercicio ciudadano, deberían participar, para que la sociedad conozca sus propuestas. Además, de que el Instituto Nacional Electoral todavía se encuentra a tiempo de realizar este ejercicio.

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Galindo propone crear el Instituto de la Familia

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Esta es una de las principales propuestas del candidato de la coalición Fuerza y Corazón por San Luis, emanada del segundo foro de consulta de su campaña

Por: Redacción

Con el fin de fortalecer el tejido social en el municipio de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por San Luis a la alcaldía, indicó que uno de los más importantes compromisos de la administración municipal, después de que gane los comicios del 2 de junio, será crear el Instituto de la Familia, como un mecanismo para seguir haciendo una ciudad familiarmente sostenible.

“Cuando hablamos de que se debilita el tejido social, realmente lo que ocurre es que se debilita la familia. Lo que ocurre cuando un joven cae en conductas antisociales es que su familia no pudo contenerlo, por ello es importante fortalecer a las familias potosinas, para ello pedimos tener tres años más de trabajo”, dijo el candidato a la presidencia municipal.

Enrique Galindo Ceballos encabezó el foro Fortaleciendo el Tejido Social, segunda de las consultas ciudadanas para enriquecer el plan de gobierno de la siguiente administración municipal, esta vez en materia de derechos humanos y ciudadanía.

Entre las propuestas realizadas por más de 200 personas representantes del sector académico, empresarial, estudiantil, artístico, deportivo y ciudadanía en general, el candidato a la presidencia municipal por el PRI, PAN y PRD destacó nuevas funciones para las Juntas de Participación Ciudadana, que en el siguiente trienio ayudarán a definir un presupuesto participativo.

Galindo Ceballos se comprometió a continuar con el proceso de democratización de deporte, cultura y turismo, para que más potosinas y potosinos puedan tener acceso a actividades inclusivas, pero también para fungir, en el año 2025, como Capital Americana de la Cultura. Además se comprometió a crear un fideicomiso para la preservación de los ocho barrios, en materia de arquitectura, gastronomía y tradiciones.

Otro proyecto importante para la siguiente administración municipal será la inclusión de personas con discapacidad, por lo que se reforzará la accesibilidad universal del Centro Histórico, con un proyecto integral pensado en todas y todos. Además, Enrique Galindo Ceballos se comprometió a continuar con las acciones en materia de salud, con acciones de La Ruta de la Salud del DIF Municipal, que han atendido a más de 73 mil capitalinos y capitalinas.

Asimismo, Enrique Galindo se comprometió a desarrollar una fuerte Agenda Joven, que abarque los temas de las becas para educación superior; así como para continuar con la atención a grupos vulnerables, como personas con discapacidad, personas indígenas y miembros de la comunidad LGBTTTIQ+.

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