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Ladrilleras: el problema ambiental que las autoridades no resuelven
Los responsables llevan a cabo una producción altamente contaminante, pero detrás de ellos está la anuencia de empresarios constructores que nadie toca
Por El Saxofón
Los responsables de que las ladrilleras potosinas mantengan el método de producción artesanal, altamente contaminante por los residuos utilizados para la combustión de los hornos son los empresarios constructores, quienes hasta ahora no han entrado en el debate sobre esta problemática, porque les conviene seguir adquiriendo este material a bajo costo para mantener intactas sus ganancias.
Autoridades y sociedad culpan únicamente a los ladrilleros, que son por lo regular, gente de bajos recursos que realiza esta actividad para subsistir, sin embargo, omiten que el trabajo de estas personas alimenta una de las industrias de mayor peso económico en el país y en el estado: la industria de la construcción.
Hoy por hoy, hay otras alternativas de materiales para la construcción, como el block de concreto o el ladrillo extruido sin embargo, los constructores siguen usando el ladrillo rojo, principalmente en la edificación de viviendas de interés social, interés medio, residenciales, e incluso en construcciones industriales, principalmente por su bajo costo.
Los acercamientos tanto periodísticos como por parte de las autoridades realizados a esta actividad, no aportan muchos datos sobre el costo del ladrillo, sin embargo, un estudio realizado por la Semarnat en 2016, indica que el precio del ladrillo “a pie de horno”, oscila entre los 800 y los 2 mil 500 pesos por millar, dependiendo de la oferta y la demanda en el mercado.
En una tesis realizada por Catalina López Reyna, estudiante de maestría de El Colegio de San Luis, dirige una mirada hacia el sector ladrillero en San Luis Potosí. La investigación titulada “La Tercera Chica: los usos y prácticas del agua entre cultivos, ladrillos y viviendas”, revela que en esta colonia ubicada al norte de la ciudad se asientan al menos 70 ladrilleras, que “debido a la creciente urbanización han quedado encerradas y sin posibilidades de reubicación por motivos económicos, ecológicos y políticos”.
Esta investigación concluida en 2017, revela, según testimonios de ladrilleros, que “los dueños de estas, tratan como cualquier otra industria, de ganar lo más que se pueda a costa de mano barata y materiales que no requieran de grandes costos”.
Un ladrillero entrevistado, explica que a los trabajadores que elaboran el ladrillo se les pagan 30 centavos por pieza, y las ladrilleras los venden a los intermediarios en 90 centavos, “y ellos lo dan más caro para sacar su ganancia”.
Quienes elaboran el ladrillo, conviven diariamente con el material con el cual se elabora este material de construcción, a saber: basura, tierra y estiércol.
Aunado a ello, se exponen a las altas emisiones de humo contaminante generado por los materiales que se queman en los hornos: llantas, colchones viejos y otros desechos. En días de lluvia, se prefiere el uso de llantas ya que la combustión que generan ayuda a mantener el calor de los hornos el cual abona a la calidad del material.
Las enfermedades relacionadas a las labores propias del sector ladrillero: reumatismo, enfermedades respiratorias, problemas auditivos, problemas visuales.
UN SECTOR EN EL ABANDONO
El oficio del sector ladrillero es una de las actividades económicas más abandonadas y menos reconocidas en el país a pesar de que es una fuente de abasto de una de las industrias de mayor importancia en el desarrollo social y económico de México como lo es la industria de la construcción.
Las condiciones de pobreza de los productores artesanales de ladrillo requieren una evaluación cuidadosa como potenciales causas de deterioro del tejido social tales como la violencia intrafamiliar y las adicciones. Las fuentes de información para dicha evaluación no pueden provenir de los propios productores, pues el 95% de ellos no manifiestan reconocer tales situaciones, así que debería ser realizada a partir de un diagnóstico que determine los programas de atención y de monitoreo específicos.
El estudio “Análisis de Mercado del Sector de la Construcción y Proyecto Piloto a Nivel Región Basado en un Portafolio de Políticas Públicas con el Objetivo de Reducir los Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC) de Ladrilleras Artesanales en México”, elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) en 2016, señala que “los diferentes intentos que se han realizado para establecer estrategias de mejoramiento de la actividad artesanal no han tenido éxito y la planeación de nuevas acciones encuentra un obstáculo en la carencia de datos oficiales”.
La intención de reubicar a las ladrilleras en San Luis Potosí data desde el 2007, es decir, las autoridades llevan más de 10 años intentando alejarlas de los núcleos poblacionales y cambiar su modo de producción por uno más amigable con el ambiente. El problema ha trascendido administraciones sin conseguir ningún resultado.
El Diagnóstico Nacional del Sector Ladrillero, estudio realizado en 2012 por la empresa Servicios Profesionales para el Desarrollo Económico, S. C., contabilizaba al menos 241 ladrilleras, distribuidas en diez municipios de San Luis Potosí. Si se toma en cuenta que en la Tercera Chica hay el menos 70 y una cantidad similar se asientan en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, se puede decir que más del 50 por ciento de ellas se ubican en la zona metropolitana de la entidad.
Como se ve, el tema de las ladrilleras amerita un análisis y soluciones integrales; no basta con la estrategia represora que ha emprendido la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental.
También lea: Caso Draexlmaier: Segam va por ladrilleros, el eslabón más débil
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Le niegan amparo a Tekmol por huachicoleo
El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales, pero los procesos continúan avanzando. Además, ha buscado insistentemente regresar a la política mediante nuevos cargos públicos, presumiblemente para obtener fuero e impunidad, pero sus esfuerzos no han prosperado debido al rechazo ciudadano y su polémica reputación.
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
También lee: Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya
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Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya
Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
, empresa de Gerardo Sánchez Zumaya.“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
También lee: Empresarios potosinos exigen acción contra Gerardo Sánchez Zumaya, señalado por red de factureras y huachicol
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FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo
El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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