El ajuste estaría condicionado a mejoras en las unidades; también se estudia la viabilidad de un subsidio

Por: Redacción

Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de San Luis Potosí (SCT), habló sobre el posible incremento a la tarifa del transporte público, propuesta que algunos permisionarios consideran necesaria. Asimismo, mencionó la posibilidad de que se busque un subsidio, el cual podría ser solicitado al Congreso del Estado.

La funcionaria explicó que el aumento es un proceso que se revisa cada año, ya que diversas materias primas y servicios incrementan sus costos de manera anual

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Martínez Acosta señaló que se ha hecho saber a los transportistas la necesidad de mejorar las unidades, y aclaró que cualquier ajuste tarifario estará condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos.

En cuanto al posible subsidio, indicó que será necesario que los interesados realicen las gestiones correspondientes, y con base en ello, el Congreso del Estado determinará si procede su autorización.

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Esta sesión se realizó en las instalaciones del Ipicyt en conmemoración del 25 aniversario de la fundación de esta institución

 

Por: Redacción

El Ayuntamiento de la Capital avaló la propuesta por el orden de los 3 mil 650 millones de pesos, enfocada en ordenar trámites y fortalecer la recaudación. A nombre de la ciudad, el alcalde Enrique Galindo hizo un llamado al Congreso del Estado para analizar esta iniciativa con apertura y sensibilidad.

Durante la sesión ordinaria celebrada este lunes en las instalaciones del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt), el Cabildo de la Capital aprobó por mayoría el proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026, en el que se contempla prácticamente el mismo monto que en 2025, por el orden de los 3 mil 650 millones de pesos. El documento será turnado al Congreso del Estado para su revisión y eventual autorización.

El presidente Municipal reiteró su petición —“a nombre de la ciudad”— al Congreso del Estado para que analice la iniciativa con apertura, al ser prácticamente idéntica en cifras a la del ejercicio anterior. Señaló que el próximo año implica compromisos financieros relevantes y que la administración hará un esfuerzo de gestión para responder a las necesidades de la Capital.

Enrique Galindo Ceballos explicó que se trata de una propuesta moderada, con montos similares a los autorizados el año pasado, y que incorpora ajustes normativos orientados a mejorar la eficiencia del Gobierno Municipal. Detalló que la iniciativa revisa y clarifica procesos como licencias de funcionamiento y de construcción, con el objetivo de facilitar que la ciudadanía realice trámites y que más contribuyentes en situación irregular puedan regularizarse.

Esta Sesión Ordinaria de Cabildo se realizó en las instalaciones del Ipicyt en conmemoración del 25 aniversario de la fundación de esta institución.

Dos familias otorgaron el perdón legal a los imputados tras recibir indemnizaciones de 150 mil y 250 mil pesos

Por: Redacción

En una audiencia larga, tensa y llena de episodios inesperados, dos de las familias de jóvenes lesionadas en el colapso del barandal del antro Rich —tragedia ocurrida el 7 de junio de 2024 en plaza Alttus— decidieron otorgar el perdón legal a los imputados, después de recibir indemnizaciones que oscilaron entre los 150 mil y los 250 mil pesos.

De acuerdo con El Universal San Luis, el acuerdo, alcanzado en una sola sesión, provocó molestia e indignación entre el resto de las víctimas, quienes insisten en que no buscan un arreglo económico, sino justicia.

Ramón Infante, padre de uno de los jóvenes fallecidos, lamentó la decisión de las jóvenes “A” y “R” —quienes acudieron acompañadas de sus madres— de desistir de cualquier acción penal.

“Ese fue el valor que le dieron a su vida y a sus lesiones. Es triste. Pero para nosotros la lucha sigue; no descansaremos hasta que haya una sentencia que deje un antecedente y evite que algo así vuelva a ocurrir”, señaló.

La audiencia se tornó aún más caótica cuando los abogados del despacho LEE, encabezados por el litigante Marco Polo Méndez —representantes de los imputados Nancy N., Ulises N. y Francisco N.—

abandonaron la sala de juicios orales, en lo que las demás partes consideraron una maniobra de presión y un acto grave de falta de profesionalismo.

“Fue una audiencia desgastante, llena de tácticas impropias. No se vale dejar botados a los propios representados en plena sala. Es una rebeldía que demuestra nulo compromiso con la verdad”, acusó Infante.

Aunque dos familias aceptaron las compensaciones —150 mil pesos para Andrea Reyna y 250 mil para Renata Portillo, quien era menor de edad el día del accidente— otras víctimas reiteraron que no aceptarán una salida alterna ni un juicio abreviado, figuras a las que la defensa intenta acogerse.

El colapso del barandal, ocurrido en un tercer nivel del antro Rich, dejó dos jóvenes muertos y más de diez heridos. Las investigaciones posteriores revelaron que el lugar operaba con sobrecupo, sin permisos adecuados y sin cumplir con medidas básicas de Protección Civil.

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