El vocal del instituto calcula que el despido de los empleado costaría 6 mil millones de pesos

Por: Redacción

Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en San Luis Potosí, ofreció una conferencia de prensa donde expuso que hay más de 320 empleados de este instituto en San Luis Potosí que preparan demandas que presentarán ante el Tribunal Laboral en caso de que el dictamen del Plan B de la Reforma Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador sea aprobado en el Senado, como sucedió en la Cámara de Diputados, y aseguró que es una acción que ya se ha realizado en otras entidades de la república.

Aispuro Cárdenas mencionó que estas posibles demandas no son de la institución, sino de cada uno de los trabajadores que se podrían ver afectados por los recortes de casi el 85 por ciento del personal profesional del INE que proyectan las reformas a las leyes secundarias, por lo que se considerarán demandas laborales. Agregó que cada empleado afectado por la aprobación de este plan, tendrá el derecho de acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), además de acudir ante un Juzgado de Distrito si siente que sus derechos civiles fueron vulnerados.

“Ya lo están haciendo en todo el país, están organizándose, contratando despachos externos de abogados, están revisando opciones. La cantidad de litigios que vamos a ver con esta norma creo que no tiene precedente, no recuerdo un caso donde se haya generado tanta inquietud por un tema como es el electoral”, enfatizó.

El encargado del INE en San Luis Potosí detalló que el despido de la mayoría de trabajadores tendría un costo de más de 6 mil millones de pesos, lo cual es impagable para el INE, por lo que, además, se enfrentarían a una serie de litigios laborales. Además, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá considerar que Plan B no fue sometido a consulta a pueblos y comunidades indígenas como lo mandata el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y por otra parte, que en el proceso legislativo en la Cámara de Diputados no se tomó en cuenta a las minorías, y fue impuesto por la mayoría de Morena y sus aliados.

“Desde mi punto de vista tendrá que entrar a revisar consideraciones de previo y especial pronunciamiento antes de entrar al fondo, por lo tanto, ni siquiera tendría que pensarse en la necesidad de los ocho votos para que se declare la constitucionalidad”, subrayó.

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