Ni la pandemia ha logrado frenar la incidencia delictiva 

Durante los últimos dos años, la violencia ha tomado dimensiones insospechadas en San Luis Potosí. La contingencia sanitaria provocada por el coronavirus no logró aminorar la incidencia delictiva, y peor aún la ola de homicidios ha ido en incremento durante los meses que se ha prolongado el confinamiento.

Aunque la problemática es nacional, la entidad potosina no ha logrado permanecer ajena a la terrible realidad del país. Si bien, durante el 2019, la violencia se atenuó un poco, el 2020 amenaza con convertirse en el más violento de la historia local.

Para exponer el panorama de claroscuros que enfrenta la entidad, tomaremos como base las cifras de cuatro delitos: Homicidio doloso, Feminicidio, Secuestro, y Lesiones Dolosas. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) los dos primeros muestran una tendencia a la alza, mientras que los otros dos, van a la baja.

Al inicio de la gestión de Juan Manuel Carreras, los homicidios dolosos fueron a la alza en San Luis Potosí, en 2016, este delito aumentó 29.57 por ciento, al pasar de 257 víctimas en 2015 a 333 en 2016.

Para el 2017, los homicidios dolosos incrementaron en 51.67 por ciento con respecto al año previo, al registrarse 505 víctimas. En el 2018, la violencia homicida en la entidad todavía creció un 4.35 por ciento, al contabilizar 527 víctimas.

Al cierre de 2019, el primer año de López Obrador al frente del gobierno federal y cuarto de Carreras López, parecía que la realidad iba a cambiar, los asesinatos intencionales bajaron 6.53 por ciento, en comparación con el 2018, al sumar 494 víctimas, sin embargo, entre enero y julio del 2020, la entidad suma 390 asesinatos; por lo que si se compara con el mismo periodo de 2019, este delito ha aumentado en un 44.44 por ciento.

En lo que respecta a los feminicidios, entre 2015 y 2016, los asesinatos de mujeres por razones de género en San Luis Potosí aumentaron 14.28 por ciento, al pasar de 7 a 8 víctimas. Para el 2017, el aumento fue más drástico, al alcanzar las 19 víctimas, cantidad equivalente a un 137.5 por ciento de aumento. En 2018, los feminicidios tuvieron un incremento del 47.36 por ciento, al sumar a la estadística 28 víctimas.

En 2019 se registró la misma cantidad de feminicidios (28) que en 2018, por lo que parecía que el grado más extremo de la violencia de género se podía controlar, sin embargo, entre enero y julio del presente año, se contabilizan ya 20 víctimas, que en comparación con las 13 registradas en el mismo periodo del año previo, implican un aumento del 53.84 por ciento.

El secuestro es uno de los delitos que ha disminuido durante los dos primeros años del nuevo gobierno federal. En la entidad potosina, la tendencia alcista que se heredó del sexenio peñanietista, ha logrado reducirse. En 2015 se registraron 29 víctimas de secuestro en San Luis Potosí;el número subió a 30 en 2016 y a 31 en 2017. En 2018, se observa una baja, al darse solo 25 víctimas.

En el primer año de López Obrador, las víctimas de secuestro aumentaron a 29, sin embargo, en este 2020, entre enero y julio solo se han registrado 13 víctimas, las cuales comparadas con las 20 registradas en el mismo periodo del 2020, implican una reducción de 53.84 por ciento.

En cuanto al delito de lesiones dolosas, este registró una tendencia a la alza durante el sexenio de Peña Nieto, de 2 mil 170 víctimas en 2015, paso a 3 mil 346 en 2016, es decir, un aumento del 54.19 por ciento; para el 2017, creció un 10.13 por ciento más con respecto al año previo al registrar 3 mil 645 víctimas, y en 2018, disminuyó un 14.95 por ciento al contabilizarse 3 mil 134 víctimas.

En 2019, se registraron 4 mil 693 víctimas de lesiones dolosas, lo que significó un aumento de 49.74 por ciento, en comparación con 2018, sin embargo, en lo que va del 2020, hasta el mes de julio se avizora un descenso de -16.79 por ciento, al registrarse 2 mil 314 víctimas, contra las 2 mil 781 que se contabilizaron en el mismo periodo del 2019.

La violencia en el estado crece con una inercia alimentada por dos factores: las pugnas territoriales de los grupos de la delincuencia organizada y la cooptación de elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno que, sobornados o bajo amenaza, actúan a favor de los diversos carteles que pululan en el país.

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