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2020: el año más violento en la historia de SLP
Ni la pandemia ha logrado frenar la incidencia delictiva
Durante los últimos dos años, la violencia ha tomado dimensiones insospechadas en San Luis Potosí. La contingencia sanitaria provocada por el coronavirus no logró aminorar la incidencia delictiva, y peor aún la ola de homicidios ha ido en incremento durante los meses que se ha prolongado el confinamiento.
Aunque la problemática es nacional, la entidad potosina no ha logrado permanecer ajena a la terrible realidad del país. Si bien, durante el 2019, la violencia se atenuó un poco, el 2020 amenaza con convertirse en el más violento de la historia local.
Para exponer el panorama de claroscuros que enfrenta la entidad, tomaremos como base las cifras de cuatro delitos: Homicidio doloso, Feminicidio, Secuestro, y Lesiones Dolosas. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) los dos primeros muestran una tendencia a la alza, mientras que los otros dos, van a la baja.
Al inicio de la gestión de Juan Manuel Carreras, los homicidios dolosos fueron a la alza en San Luis Potosí, en 2016, este delito aumentó 29.57 por ciento, al pasar de 257 víctimas en 2015 a 333 en 2016.
Para el 2017, los homicidios dolosos incrementaron en 51.67 por ciento con respecto al año previo, al registrarse 505 víctimas. En el 2018, la violencia homicida en la entidad todavía creció un 4.35 por ciento, al contabilizar 527 víctimas.
Al cierre de 2019, el primer año de López Obrador al frente del gobierno federal y cuarto de Carreras López, parecía que la realidad iba a cambiar, los asesinatos intencionales bajaron 6.53 por ciento, en comparación con el 2018, al sumar 494 víctimas, sin embargo, entre enero y julio del 2020, la entidad suma 390 asesinatos; por lo que si se compara con el mismo periodo de 2019, este delito ha aumentado en un 44.44 por ciento.
En lo que respecta a los feminicidios, entre 2015 y 2016, los asesinatos de mujeres por razones de género en San Luis Potosí aumentaron 14.28 por ciento, al pasar de 7 a 8 víctimas. Para el 2017, el aumento fue más drástico, al alcanzar las 19 víctimas, cantidad equivalente a un 137.5 por ciento de aumento. En 2018, los feminicidios tuvieron un incremento del 47.36 por ciento, al sumar a la estadística 28 víctimas.
En 2019 se registró la misma cantidad de feminicidios (28) que en 2018, por lo que parecía que el grado más extremo de la violencia de género se podía controlar, sin embargo, entre enero y julio del presente año, se contabilizan ya 20 víctimas, que en comparación con las 13 registradas en el mismo periodo del año previo, implican un aumento del 53.84 por ciento.
El secuestro es uno de los delitos que ha disminuido durante los dos primeros años del nuevo gobierno federal. En la entidad potosina, la tendencia alcista que se heredó del sexenio peñanietista, ha logrado reducirse. En 2015 se registraron 29 víctimas de secuestro en San Luis Potosí;el número subió a 30 en 2016 y a 31 en 2017. En 2018, se observa una baja, al darse solo 25 víctimas.
En el primer año de López Obrador, las víctimas de secuestro aumentaron a 29, sin embargo, en este 2020, entre enero y julio solo se han registrado 13 víctimas, las cuales comparadas con las 20 registradas en el mismo periodo del 2020, implican una reducción de 53.84 por ciento.
En cuanto al delito de lesiones dolosas, este registró una tendencia a la alza durante el sexenio de Peña Nieto, de 2 mil 170 víctimas en 2015, paso a 3 mil 346 en 2016, es decir, un aumento del 54.19 por ciento; para el 2017, creció un 10.13 por ciento más con respecto al año previo al registrar 3 mil 645 víctimas, y en 2018, disminuyó un 14.95 por ciento al contabilizarse 3 mil 134 víctimas.
En 2019, se registraron 4 mil 693 víctimas de lesiones dolosas, lo que significó un aumento de 49.74 por ciento, en comparación con 2018, sin embargo, en lo que va del 2020, hasta el mes de julio se avizora un descenso de -16.79 por ciento, al registrarse 2 mil 314 víctimas, contra las 2 mil 781 que se contabilizaron en el mismo periodo del 2019.
La violencia en el estado crece con una inercia alimentada por dos factores: las pugnas territoriales de los grupos de la delincuencia organizada y la cooptación de elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno que, sobornados o bajo amenaza, actúan a favor de los diversos carteles que pululan en el país.
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Congreso del Estado
Gobierno entrega al Congreso paquete económico 2026; Se ejercerán más de 70 mil millones
La Comisión de Hacienda revisará la propuesta que incluye Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos; analizan contención del gasto y refuerzo a obras y programas sociales.
El Gobierno del Estado entregó este martes a la Comisión de Hacienda del Congreso local el paquete económico para 2026, integrado por las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, que en conjunto contemplan un gasto superior a los 70 mil millones de pesos.
La presidenta de la Comisión, diputada María Dolores Robles Chairez, informó que el documento ingresó “en tiempo y forma”, como marca la Constitución estatal, y será turnado al Pleno para su envío formal a análisis. Posteriormente, comenzará la revisión técnica en la Comisión de Hacienda, que ya cuenta con un calendario de trabajo para dictaminar dentro de los plazos legales.
Por parte del Ejecutivo, la directora de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Damaris Grajeda Acosta, detalló que la propuesta para 2026 contempla contención en el gasto burocrático y un reforzamiento a las obras públicas y programas sociales, tal como ordena el Plan Estatal de Desarrollo.
La discusión del paquete económico marcará la ruta del financiamiento estatal para el próximo año, donde las prioridades, ajustes y reasignaciones pasarán ahora a manos del Poder Legislativo.
El alcalde señaló que algunos privados permiten entrar pipas para vender agua, lo cual es delito
Por: Redacción
El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aclaró que en San Luis Potosí no existen pozos clandestinos en los términos en que se ha denunciado públicamente, sino una amplia red de pozos privados con concesión federal, cuyo número supera por mucho a los pozos públicos administrados por organismos operadores.
Galindo explicó que en la zona metropolitana —que incluye San Luis Potosí, Soledad, Villa de Pozos y Cerro de San Pedro— existen más de 1,200 concesiones de pozos privados, mientras que solo 140 pertenecen al sector público.
“Eso representa apenas el 14% de toda el agua disponible”, señaló.
El alcalde subrayó que la confusión sobre el llamado huachicoleo del agua proviene de prácticas que se dan dentro de estos pozos privados, como permitir la entrada de pipas para vender agua, lo cual constituye un delito
“Un hospital tiene pozo privado, hoteles tienen pozo privado, escuelas tienen pozo privado… Cuando ellos permiten que entren pipas para vender agua, eso ya no soy yo la autoridad. Eso es un delito y además lo cometen en privado”, advirtió.
Galindo aclaró que el huachicol es únicamente cuando el robo ocurre en pozos públicos o infraestructura pública para comercializar agua ilegalmente, lo cual sí es materia de investigación.
Finalmente, insistió en que perforar un pozo nuevo sin concesión no es algo que pueda ocurrir “de la nada”, pues implica trámites federales y supervisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
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Acusaron al Congreso de incumplir el procedimiento de sustitución: señalaron que el Concejo no fue notificado de la renuncia de Rivera Acevedo
Por: Redacción
La designación de la diputada local con licencia Patricia Aradillas Aradillas, como presidenta concejal del recién creado municipio de Villa de Pozos quedó ahora bajo revisión judicial. Ocho habitantes de la localidad promovieron un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano para impugnar el decreto aprobado por el Congreso del Estado.
El recurso —presentado el 19 de noviembre de 2025 ante la Oficialía Mayor del Congreso y el Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí (TEESLP)— señala como autoridad responsable al Poder Legislativo, al considerar que se vulneró la ley al aprobar la sustitución tras la renuncia de María Teresa Rivera Acevedo, quien encabezaba el Concejo Municipal.
Los promoventes argumentan que no se siguió el procedimiento de sustitución previsto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, que el Concejo Municipal jamás fue notificado formalmente de la renuncia de Rivera Acevedo y que la designación viola el artículo 118, fracción IX, de la Constitución local, que prohíbe nombrar a personas con cargo legislativo en órganos municipales.
El juicio está firmado por ocho habitantes de Pozos, encabezados por el activista y representante vecinal Justino Castro Rodríguez, junto a Ma. de los Ángeles Flores Martínez —con trayectoria en órganos electorales—, así como Francisco Ramírez, Tomás Hernández Carranza, Ma. Concepción Martínez Martínez, José Valentín Fraga Ponce, Gerardo Enrique Castillo Cuevas y José Jorge Enrique Castillo Morua.
En su demanda, solicitan que el Congreso remita el caso al Tribunal Electoral con el informe circunstanciado y los antecedentes del decreto, para que el TEESLP ejerza control constitucional y legal sobre la designación de Aradillas.
Con esta impugnación, la integración del Concejo Municipal de Villa de Pozos entra en una nueva fase de revisión judicial, y si el Tribunal determina que hubo violaciones al proceso, el nombramiento podría modificarse o incluso anularse.
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