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1ra recomendación del año es a la FGE; tardó en investigar un caso de violación
La CEDH señaló que el expediente aún se encuentra en la sede ministerial; se trata de un caso de violación denunciado a finales de 2015
Por: Redacción
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí (CEDH) emitió la primera recomendación del 2020 a la Fiscalía General del Estado por vulnerar el derecho de acceso a la justicia, a causa de dilación e integración irregular del expendiente de investigación penal.
La dependencia detalló que inició una investigación por posibles violaciones a los derechos humanos de una mujer que manifestó dilación en la práctica de las diligencias para la debida integración de una averiguación previa, que se inició en la Agencia del Ministerio Público, ahora Fiscalía Especial para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, por el delito de violación.
La madre de la víctima manifestó que entre las diligencias que se desahogaron dentro de la averiguación, fue la práctica del dictamen médico y psicológico de su hija, quien presenta discapacidad intelectual leve permanente e irreversible; así como la inspección del lugar de los hechos, no obstante, a pesar de haber pasado 2 años, aún no se había determinado la indagatoria.
También indicó que en diversas ocasiones se presentó ante las autoridades para verificar el estado de las indagatorias, y una servidora pública le informó que tenía muchos expedientes en trámite,l por lo que no le daba certeza sobre su caso; debido a ello buscó el apoyo de la Asociación Civil Fe y Esperanza para Víctimas del Delito Christian A.C.
Por su parte, la autoridad explicó que el 15 de diciembre de 2015, se ejercitó acción penal en contra del presunto responsable por el delito de violación, por lo que se solicitó al Juez del Ramo Penal en turno, librar la orden de aprehensión, así como que en el momento procesal oportuno se condenara al pago de la reparación del daño.
Mediante un oficio del 23 de diciembre de 2015, remitió las diligencias y constancias de la Indagatoria al Juez del Ramo Penal el Turno, oficio recibido hasta el 21 de enero de 2016. Sobre este mes transcurrido, las autoridades correspondientes alegaron que se atravesaba por los diversos periodos vacacionales del personal encargado de hacer la entrega del oficio.
La CEDH detalló que, durante el proceso, se acreditó la dilación en la práctica de las indagatorias para integrar la averiguación previa, así como omisiones de la autoridad para obtener otros datos de prueba y ordenar las investigaciones pertinentes para demostrar o no la existencia del delito y la responsabilidad.
Añadió que, a la fecha de la emisión de la Recomendación 1/2020, no existen datos que permitan acreditar que la Fiscalía General del Estado efectuó las diligencias necesarias para el perfeccionamiento del ejercicio de la acción penal a su cargo, en razón de que el expediente de investigación penal aún se encuentra en sede ministerial 
Por lo anterior la CEDH emitió la Recomendación 1/2020 dirigida a la Fiscalía General del Estado con el fin de que lleve a cabo las siguientes acciones:
- Colabore ampliamente con la CEDH, en el seguimiento e inscripción en favor de las víctimas, en el Registro Estatal de Víctimas, a efecto de que se realice una reparación integral del daño que incluya el tratamiento médico y psicológico.
- Gire instrucciones al Agente del Ministerio Público que esté a cargo de la integración del expediente de investigación penal, a efecto que como forma de reparación y con el fin de evitar se sigan vulnerando los derechos humanos de las víctimas, se practiquen las diligencias necesarias para el perfeccionamiento del ejercicio de la acción penal.
- Instruya al Visitador General de esa Fiscalía General del Estado, para que inicie una investigación de los hechos y se determine la responsabilidad administrativa en que pudo haber incurrido la autoridad.
- Instruya a quien corresponda, a efecto de que se incluya en el programa de capacitación a Agentes del Ministerio Público, el tema de derechos humanos, en particular sobre el plazo razonable, nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, investigación efectiva y derecho a la verdad, así como sobre las medidas de protección que deben otorgarse como lo son las víctimas de delitos que atentan contra la libertad sexual, y que además puedan presentar algún tipo de discapacidad para evitar la dilación u omisiones en la integración de las Averiguaciones Previas que aún se encuentran en integración, así como de las Carpetas de Investigación.
- Gire instrucciones a quien corresponda para que la Dirección de Servicios Periciales, cuente con el equipo, material e insumos necesarios para que puedan efectuar los exámenes periciales, que les sean solicitados al ser necesarios para la debida integración de los expedientes de investigación penal.
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Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina
Por: Cristian Betancourt
Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.
Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia
Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.
Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.
Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.
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La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas
Por: Redacción
La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.
La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.
“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.
La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar
La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.
“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.
García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”
El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.
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Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.
Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.
La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales
“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.
La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción
Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.
Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.
Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.
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