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“Yo le sumo al Verde 30 años de experiencia política”: Sonia Mendoza
Este viernes, la diputada federal se registró como precandidata a la alcaldía de SLP, por lo que habló sobre la actual gestión y de su relación con el gobernador Gallardo
Por: Ana G Silva
Esta tarde, Sonia Mendoza Díaz, diputada federal, se registró como precandidata a la alcaldía de San Luis Potosí para el periodo 2024-2027 por el Partido Verde Ecologista de México (fPVEM). Luego de esto, en exclusiva para La Orquesta indicó que ella le suma al instituto político 30 años de experiencia de participación política –18 años como legisladora, en los tres niveles de gobierno y como excandidata a la gubernatura–, que puede complementarse con el Partido Verde al ser el que gobierna el estado.
“El partido está haciendo muy buen ejercicio de gobierno con nuestro gobernador Ricardo Gallardo. Habría que ser ciego para no ver que Ricardo Gallardo ha logrado hacer un gran trabajo. Los dos últimos gobernadores no hicieron absolutamente nada por San Luis Potosí. Yo creo que juntos vamos a hacer un gran esfuerzo en su momento, pero ahora estamos en la etapa de ir a convencer a los militantes del Partido Verde de que Sonia es una buena opción”.
Al cuestionarla si considera que existe una deuda por parte del Gallardismo con ella, pues supuestamente durante la campaña a la gubernatura del estado en 2015 en la que participaba contra Juan Manuel Carreras, estuvo a punto de ganar y el exmandatario estatal habría presionado a la Gallardía para que esto no pasara, respondió que sí cree que Carreras chantajeó al actual gobernador aunque no hay ninguna deuda:
“Está claro que yo la gané, que hubo un trabajo muy sucio de parte de quien presidió el Gobierno anterior, que al final del día resultó tan gris como se vestía. No siento que haya alguna deuda de nadie para nadie, yo creo que son circunstancias que nos tocaron vivir, pero afortunadamente, mira, estamos juntos, creo que estamos haciendo un buen equipo y creo que lo iremos haciendo de la mano”.
Por otro lado, Sonia Mendoza consideró que la actual administración municipal ha quedado a deber en temas que “adolecen” a la ciudadanía como el tema del agua, seguridad, movilidad o falta de servicios públicos primarios. 
Sonia comentó que lo que tiene y no da Galindo es cercanía y planeación efectiva, es decir, llegar a la administración conociendo los problemas que tiene y llevar soluciones de expertos de San Luis Potosí y “no traernos una legión extranjera que nos ayude a gobernar”. Agregó que también tiene sensibilidad social en favor de los ciudadanos.
Al preguntar si esta participación la aperturaría a buscar la gubernatura en 2027, la diputada federal dijo que si se ha cometido un error de parte de quienes llegan a gobernar el municipio capitalino, es que “apenas llegan y no gobiernan porque están buscando otro espacio público”, por lo que se comprometió a servir a San Luis Potosí.
La precandidata comentó que la agenda que impulsara, de inicio, será escuchar a los ciudadanos para conocer las carencias y necesidades, posteriormente, elaborar, en su momento, un Plan Municipal de Desarrollo que esté acorde a las necesidades que tienen los habitantes de San Luis Potosí.
Finalmente, se dijo contenta de ver que dos mujeres encabecen las elecciones a la presidencia de la República este 2024, pero también dejó claro que desde años ha impulsado que las mujeres ocupen espacios públicos y ha demandado que se preparen para llegar a dichos encargos para dar buenos resultados.
“Afortunadamente ya hemos logrado la paridad, pero nos falta muchísimo para llegar a la igualdad sustantiva, sigue habiendo violencia de género, violencia económica, política, de muchos tipos que deberíamos de erradicar en este país”.
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Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
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El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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