SIGAMOS DERECHO.

En 1974, Trinidad Martínez Tarragó —española, llegada a México por el exilio causado por la Guerra Civil— fundó el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) con el objetivo de que en México se produjera investigación científica y se ofertaran programas de posgrado, ambos de la más alta calidad en materia económica y áreas afines. Formado en aquel entonces principalmente por académicos provenientes del exilio sudamericano, el CIDE arrancó con un programa de maestría en Economía y pronto extendió su oferta académica al área de la Administración Pública. Hoy, el CIDE ofrece cuatro licenciaturas, ocho maestrías y tres doctorados repartidos entre sus dos sedes; todos sus programas, con amplio reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Con el CIDE siendo una institución pública de excelencia, financiada en su gran mayoría por recursos públicos y con una irrenunciable vocación social, vale la pena recordar las palabras de Trinidad: «Yo cumplí con lo que me enseñaron mis padres: ‘México nos ha dado todo, denle a México lo que puedan’. Y creo que cumplí con México.»

La consigna de los padres de Trinidad la he llevado muy presente a lo largo de los casi dos años y medio que llevo en la institución. Precisamente en la ceremonia de bienvenida a la licenciatura, el Dr. Ugo Pipitone, de voz gentil, pero de palabra contundente, insistió en la irremediable necesidad que tiene México de contar con personas decentes y que, ciertamente, tengan con las herramientas, capacidad y compromiso permanente, no solo de entender, sino de transformar nuestra apremiante realidad. Pipitone cinceló en nosotros la responsabilidad de darle a México todo lo que podamos, pues, desde ese momento, el centenar de alumnas y alumnos reunidos en el auditorio nos convertíamos en beneficiarios de una educación pública de la más alta calidad, financiada con recursos públicos que se estaban apostando en nosotros y no, por ejemplo, en servicios de salud. Por supuesto, esta responsabilidad la refrendamos con cada clase que se imparte con pasión, con cada curso que cuestiona nuestros paradigmas, con cada semestre que confirma nuestra vocación.

Desde su fundación, la producción académica del CIDE y su naturaleza crítica han impulsado muchos de los temas más relevantes de la agenda pública. De sus aulas se han graduado generaciones completas de personas fuertemente comprometidas con el beneficio colectivo y que hoy se desempeñan, en su mayoría, en la administración pública, otro tanto en las organizaciones de la sociedad civil, en la docencia y en la iniciativa privada. En los jardines, pasillos y cubículos del CIDE, además, se han gestado proyectos de gran impacto para el país y que van desde estudios en corrupción, desigualdad y violencia, hasta el litigio pro bono de asuntos de trascendencia nacional y el diseño de reformas constitucionales en materia de acceso a la justicia.

En general, la ciencia y la tecnología se han visto severamente mermadas en términos presupuestarios desde hace algunas administraciones; el CIDE, al ser un centro público de investigación perteneciente al CONACYT, también. Sin embargo, desde el comienzo de esta administración, los embates se han agudizado y la comunidad científica del país en su conjunto lo ha resentido. A punta de mentiras, el gobierno federal logró extinguir de tajo los fideicomisos de los centros públicos de investigación, a través de los cuales muchas de estas instituciones lograban gestionar de manera transparente y eficiente los recursos fiscales y los autogenerados. Hoy, el destino de los fondos contenidos en los fideicomisos es desconocido y las pruebas de corrupción que prometió el gobierno federal se quedaron simplemente en eso, en promesa matutina. Sumado a ello, la penosa gestión de María Elena Álvarez-Buylla al frente del CONACYT se ha caracterizado por minar severamente la autonomía y condiciones laborales de la comunidad científica, como fue la reciente introducción de una norma que prohíbe a catedráticos hablar mal del CONACYT, y otra nutrida sarta de ocurrencias profundamente desafortunadas.

Luego de una muy digna defensa de la institución, el Dr. Sergio López Ayllón decidió dejar la Dirección General del CIDE y, en sus palabras, abrir paso a “una dirección renovada que pueda seguir dando cauce a las nuevas necesidades institucionales”. Álvarez-Buylla colocó a José Antonio Romero Tellaeche —economista, académico del Colegio de México— al frente de la institución mientras se lleva a cabo el proceso de renovación de la Dirección General. En un primer acercamiento a la comunidad, Romero afirmó que su papel sería el de asegurar una transición tranquila hacia la nueva dirección general; incluso señaló que no daría golpes de timón ni tomaría decisiones que comprometan el futuro de la institución en ningún sentido. Además, prometió convocar al estudiantado a una serie de diálogos para discutir sobre el panorama del país. Como verá, estas fueron solo palabras que rápidamente significaron nada.

Al cabo de algunas semanas, luego de que el Dr. Alejandro Madrazo Lajous —entonces director del CIDE Región Centro— se pronunciara en favor de mejorar las condiciones laborales de las Cátedras Conacyt, Romero Tellaeche lo destituyó argumentando la “pérdida de la confianza”. Sobra resaltar la muy destacada gestión de Madrazo al frente de la sede regional del CIDE, quien además cuenta con el reconocimiento de la comunidad cideíta. Dada la arbitrariedad, varios alumnos y alumnas realizamos solicitudes de acceso a la información requiriendo a la Dirección General Interina que nos explicara cuáles eran los criterios para la pérdida de la confianza de un funcionario. Como podrán imaginarse, no existe criterio alguno; se trató de un acto de autoridad puro y duro. Es cierto que el Estatuto del CIDE le confiere esa facultad a la Dirección General, sin embargo, vale la pena preguntarse: ¿con qué solvencia moral puede alguien destituir a un directivo que defiende los derechos laborales de su plantilla docente? ¿En qué quedó la promesa del interino de no realizar modificaciones sustanciales al CIDE?

El ambiente se respiraba muy tenso en la institución desde entonces. Pasaron las semanas e inició el procedimiento de designación de la nueva Dirección General, a la cual se postularon solo dos personas: Romero Tellaeche y Vidal Llerenas —morenista, exalcalde de Azcapotzalco y sin experiencia académica alguna—. Ambos presentaron sus respectivos planes de trabajo y, para sorpresa de nadie, el de Romero Tellaeche está centrado en el neoliberalismo y en cómo el CIDE ha servido únicamente a esos intereses y no a los del pueblo de México. En unas cuantas páginas, Romero construyó un plan basado en prejuicios, mentiras e interpretaciones a modo de algunas cifras del CIDE. Por ejemplo, Romero hace notar que las solicitudes de admisión al CIDE han bajado desde 2018, según él, debido a que la institución se ha vuelto irrelevante. Quizás sería bueno que, no lo sé, considerara que no a muchas personas les parece atractivo estudiar en una institución con cada vez menos presupuesto y más incertidumbre, con crecientes retos estructurales y que continuamente se le estigmatiza y denosta desde el púlpito presidencial. Incluso en una condición de ventaja sobre su contrincante, Romero tuvo la oportunidad de conocer al CIDE desde adentro y acercarse a su comunidad para presentar un plan de trabajo propositivo y constructivo, lo cual decidió no hacer. En lo que respecta al plan de trabajo de Llerenas, basta con decir que su mayor virtud es la brevedad y una calculada inocuidad que le compromete a muy poco.

Así las cosas, el martes pasado Romero Tellaeche destituyó a la Dra. Catherine Andrews —Secretaria General del CIDE, segunda al mando de la institución— luego de que el Director Interino trató de posponer de manera unilateral, contrario al Estatuto, las Comisiones Académicas Dictaminadoras. Andrews actuó en estricto apego a lo mandatado por la propia normatividad interna del CIDE y ello le valió para ser removida de su cargo en la Secretaría General. Romero también intentó destituir a la directora de Evaluación Académica, la Mtra. Céline González Schont, sin embargo, por hacerlo —de nuevo— transgrediendo la normativa, esta destitución no surtió efectos. Imagine usted: Romero acusó a Catherine Andrews y a Céline González de cometer actos de “rebeldía” e incluso sugirió la posibilidad de imputarles responsabilidades penales. Por respetar la normativa interna de la institución.

En tan solo tres meses, José Antonio Romero Tellaeche, un extraño que llegó a casa y no hizo el mínimo intento por salir de su calidad de extraño, se echó encima a toda la comunidad estudiantil y plantilla docente. En solo tres actos, Romero desató una crisis al interior del CIDE que terminó por realizar la última llamada a una comunidad estudiantil que tuvo que pasar de las enérgicas condenas y despliegue de comunicados a una eficiente y horizontal organización que rápidamente se movilizó para convocar a una manifestación en las instalaciones del CONACYT y a solicitar la destitución inmediata del déspota interino, con la promesa de la toma de las instalaciones en caso de que ello no ocurra. Ante el bullicio de la comunidad, Romero convocó a una reunión virtual que, más que diálogo, pretendía ser letanía. A pesar de ello, mis compañeros y compañeras estudiantes dieron a Romero, por casi tres horas, una cátedra sobre la calidad y relevancia de lo que se produce en el CIDE; de la diversidad ideológica que priva en las aulas; de la regla de la casa: la imprescriptible libertad de sostener lo que sea, pero con el ineludible deber de defenderlo con argumentos.

No tiene sentido negar que el CIDE debe ser cuestionado y criticado. No tiene sentido, tampoco, negar los tropiezos del pasado, pero es aún más absurdo denostar al CIDE desde los prejuicios y desde las mentiras. Llamar al CIDE neoliberal, irrelevante, personalista y, además, decir que su comunidad estudiantil es manipulable, es tan burdo como miope; pensar en las instituciones en términos de absolutos y etiquetar todos los males bajo el calificativo de “neoliberal”, a estas alturas, resta seriedad a cualquier cuestionamiento y lo reduce a un hombre de paja. Paralelamente, en el ambiente de torpe polarización que priva en el país, sectores de la oposición no desaprovechan oportunidad alguna —esta incluida— para denostar al grupo de estudiantes cideítas que su momento externaron su apoyo a López Obrador. En el mejor de los casos, estas injurias no son más que arrebatos de imbecilidad de quienes consideran que el sufragio es una hoja firmada en blanco, o que el ejercicio democrático es cosa de una vez cada seis años y no más. Toda crítica a la institución, su arreglo administrativo, plantilla docente, alumnado y producción académica será recibida y atendida siempre que aquélla se sustente con argumentos razonables.

Defiendo al CIDE porque, considero, la imposición de las ideas y el desdén a la libertad de cátedra y de expresión no tienen cabida en nuestro sistema democrático. Defiendo al CIDE porque, tanto para mí como para muchas más personas, representa la mejor y única opción de acceder a una educación en ciencias sociales de la más alta calidad, y que de otro modo no hubiese podido costear. Defiendo al CIDE porque es mi alma máter y porque en ella encontré mi vocación y la oportunidad de compartirla con una comunidad maravillosa. Defiendo al CIDE porque en torno a él he construido mi proyecto de vida y porque es mi más importante motor de movilidad social. Defiendo al CIDE porque, en vez de someterse, debe ser más autónomo y replicarse a lo largo y ancho del país. Defiendo la rebeldía del CIDE porque no se puede actuar de otra manera cuando uno se enfrenta al autoritarismo. Defiendo al CIDE porque, a través de él, México me ha dado todo y porque es mi mejor oportunidad para regresárselo.

#YoDefiendoAlCIDE con una comunidad estudiantil a la que da orgullo pertenecer, que resiste con pasión, inteligencia, unidad y compromiso.

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