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“Voluntariado” en supermercados; el fraude laboral vs los adultos mayores en SLP
La Orquesta felicita a todo su equipo por la obtención de 5 galardones en la reciente entrega del Premio Estatal de Periodismo.
Este escrito de José Luis Vázquez y Xochiquetzal Rangel ganó el segundo lugar en la categoría de Reportaje.
¡Felicidades!
Ancianos trabajan como “cerillos” en tiendas, pero no reciben sueldo ni seguridad social
Por: José Luis Vázquez y Xochiquetzal Rangel
Alfonso (a petición del entrevistado se cambió su nombre) tiene 79 años; y aunque su frente está arrugada por los años se le ve sonriente. Es empacador desde hace 6 años y desde entonces, según dijo, solo recibe su pensión que es pequeña y lo que gana de las propinas en el súper mercado para el cual “trabaja”.
Todos los días llega de pantalón café caqui y playera blanca, tal cual lo marca el reglamento del establecimiento. A las 3 de la tarde comienza su turno y se dispone a empacar con una sonrisa en el rostro, siempre amable para poder recibir una buena propina de sus clientes. Sus ingresos, según dijo, son variados ya que en quincena suben y en otros días, bajan.
Tiene 6 años prestando un servicio que entre las autoridades y los consorcios comerciales ha dado por llamar, voluntariado, ya que no recibe ni sueldo, ni prestaciones por las 112 horas al mes en las que presta sus servicios; es decir, pasa 4 horas diarias trabajando de pie, sin sueldo, porque las oportunidades que hay para los adultos mayores en México son muy pocas.
La Orquesta: ¿Considera que necesita un sueldo, prestaciones?
Alfonso: No, pues ahorita lo que caiga es bueno. Digo, a estas alturas ya no tiene uno más.
LO: ¿Le hicieron alguna entrevista para entrar?
A: No, pues directo, nada más me dieron mi capacitación para empacar y todo eso. En qué consiste, qué empacar, cosa con cosa, y ya.
CONDICIONES CONTRACTUALES DIFUSAS Y DESEQUILIBRADAS
De acuerdo con la información del encargado de la contratación de empleados para la cadena de supermercados en la que trabaja Alfonso, el vínculo entre empacadores adultos mayores y la empresa se hace a través del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores: “te lo digo porque yo soy el encargado de la contratación, ellos nos los canalizan y aquí hacemos una entrevista para conocer a la persona y saber de dónde vienen. Una entrevista como si fuera un empleo normal, pero dejándole en claro que no es un empleo como tal, es un voluntariado. Que no tienen ninguna obligación con la empresa, pero tampoco la empresa con ellos”.
Ya que no hay un vínculo formal, en el momento en el que los adultos mayores decidan dejar el voluntariado, lo pueden hacer; sin embargo, como en un trabajo formal de medio tiempo: “si no cumplen con los lineamientos y normas que se pide al empacador voluntario, se le puede retirar el programa en el momento en el que la empresa requiera”, puntualiza la fuente.
Entre los puntos del reglamento que deben de seguir está: llegar 10 minutos antes de su hora de entrada para tomarles lista de asistencia o por si deben darles algún anuncio; durante la jornada no podrán entrar a piso a comprar; llevar su uniforme, el cual consiste en pantalón caqui, camisa blanca y gafete; se les asignan lockers en donde guardan sus pertenencias (…); a las tres faltas se les da de baja”, aunque esta regla, explica, poco se cumple, ya que “a esta edad una gripa los tumba y una semana se avientan porque no pueden venir hasta que se recuperen”.
UN FRAUDE LABORAL
En contraste con las declaraciones anteriores, el abogado especialista en materia laboral, Joel Hernández, afirmó en entrevista para LaOrquesta.Mx que los derechos laborales de 24 mil adultos mayores que sobreviven bajo este esquema de trabajo, son violentados: “nos dimos cuenta que tenían un horario, que tenían que obedecer ciertas instrucciones, tienen un uniforme, tienen que presentarse a una sucursal, que les indican qué hacer y cómo empacar las cosas, evidentemente estás ante una relación de trabajo; la pregunta siguiente fue cuántas personas hay en esto y la más importante, ¿por qué no pagarles?”.
“Definitivamente se benefician de ellos, no se trata de un chance de involucrarlos a la vida, ellos están trabajando y haciendo un servicio de la cual la tienda se aprovecha, por eso es que son merecedores de que se respeten sus derechos”, agregó.
LO: ¿Podrías ser más específico sobre qué leyes se están violando?
Joel Hernández: La Ley Federal del Trabajo porque se configura una relación laboral entre el supermercado y ellos; en segundo lugar, todas las leyes de seguridad social. Existe un fraude laboral porque no pagan un salario, no pagan institutos de seguridad social y exigen a los adultos mayores que ya sean pensionados por si tienen un accidente o les pasa algo ya tienen un seguro social que no paga el supermercado, hasta en eso fueron astutos. También crean un esquema de discriminación y de segregación para el que no tiene seguridad social; debe haber impuestos, seguramente normas fiscales que tampoco están siendo pagadas acerca de las deducciones de nómina, etcétera.
LO: ¿Exponer estas irregularidades ponen en peligro el trabajo de los adultos mayores?
Joel Hernández: Su trabajo no está en riesgo. Sería escandaloso, sería perverso, sería incendiario que mañana los supermercados despidieran a los 24 mil adultos mayores. Los propios clientes y la sociedad tendrían una reacción ante esto. Quedaría desnuda la crueldad y la voracidad con la que operan.
El abogado también fue enfático en exponer que actualmente los adultos mayores no tienen cabida en la industria ni en otros campos, “si tu eres un adulto mayor y por algún motivo; ya sea por gusto, o porque te quieres mantener activo, o porque tienes la necesidad apremiante del trabajo, (…) lo único que queda es estar ahí, no les queda de otra más que aceptar el trabajar por propinas. Insisto, este es un esquema no existe en la ley”.
Joel Hernández, abogado en materia laboral
UN FRAUDE LABORAL… CON PERMISO DE LAS AUTORIDADES
Por su parte, el doctor Pedro Ignacio Martínez de Korres de Ávila, enlace técnico de la representación estatal del Inapam en San Luis Potosí, explicó que, dentro del programa de autoempleo en el que ellos vinculan a los adultos mayores con las empresas para que puedan desempeñarse como empacadores, hasta el momento en la capital hay entre 150 y 170 personas.
Es un programa voluntario, es el programa al que más acceden, sobre todo aquí en la capital que más hay empresas de ese tipo, pero también las hay en Soledad, hay en Matehuala, Rioverde”, reconoció.
El funcionario reconoció que dicho modelo podría dar pie a pensar que se presente una situación de explotación laboral, aunque considera que, más bien, brinda oportunidades de desenvolvimiento a los adultos que pertenecen a ese tipo de programas ya que “las oportunidades laborales como tal en ese sentido son muy difíciles de encontrar. Vincular a la empresa, la voluntad de la empresa para abrir un espacio, para que alguien pueda tener un beneficio en un trabajo digno y en ayuda a terceros. Los adultos mayores están conscientes de que no es una situación de un empleo formal y de un contrato, es una situación de autoempleo, de autoayuda. En ese sentido es un programa de punto de apoyo y es voluntario por ambas partes”.
Sin embargo, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en su artículo 5, estipula que por objeto se debe garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:
De la integridad, dignidad y preferencia:
A la protección contra toda forma de explotación.
Del trabajo:
A gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les 18 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral.
A pesar de eso, los adultos mayores afiliados al programa del Inapam de autoempleo, firman un formato que establece que el servicio que están prestando a las cadenas de supermercados es voluntario, por lo tanto no es formal, con todo y que el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Manuel Lozano Nieto, dijo que en el caso en el que los adultos mayores tengan que cumplir un horario de trabajo, automáticamente se establece una relación trabajo formal, y de incumplir con darles prestaciones o un salario fijo, las sanciones podrían ir desde una multa al establecimiento, hasta a clausurar el centro de trabajo.
“Definitivamente si ellos están trabajando bajo una condición de horario; es decir, que la empresa les instruya a ellos qué hacer, el horario qué atender, es cuando se da la relación laboral, y obviamente esa empresa tiene que corresponder con un salario, las prestaciones de ley, un seguro social, un Infonavit”, aseguró el secretario estatal.
Y es que, según la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 8, un trabajador es: “la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado”, que además cumple un horario. Asimismo, el artículo 14 establece que “las personas que utilicen intermediarios para la contratación de trabajadores serán responsables de las obligaciones que deriven de esta Ley y de los servicios prestados”.
Los trabajadores tendrán los derechos siguientes:
Prestarán sus servicios en las mismas condiciones de trabajo y tendrán los mismos derechos que correspondan a los trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa o establecimiento; y
Los intermediarios no podrán recibir ninguna retribución o comisión con cargo a los salarios de los trabajadores.
Si se toma en cuenta lo dicho por Lozano Nieto, los adultos mayores que estén en esta situación “tendrían que ser contratados y recibir las prestaciones de un trabajo formal, en el caso en el que no suceda podrían acudir a la Procuraduría del Trabajo para poder comenzar una investigación al respecto”.
Por otro lado, el artículo 24 establece que “las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito poniendo los datos del prestador de servicio, horarios, salarios, etc”. Sin embargo; la falta de este tipo de escritos, no priva al trabajador de gozar de los derechos que establece la Ley Federal del Trabajo, según lo establecido en el artículo 26 de la misma ley.
“Yo aprovecho tu espacio para invitarlos: si alguno de ellos está trabajando bajo esta condición, que se presente a la procuraduría de la defensa del trabajo para hacer la investigación correspondiente”, aventuró Lozano Nieto; sin embargo, Jorge Edgardo Cásares Rivas, titular de la dirección de Inspección del Trabajo, indicó que no se han presentado quejas sobre este tipo de voluntariado, y que, a diferencia de los niños “cerillitos”, no se requiere alguna autorización porque son adultos y ellos eligen.
Luego agregó, pese a lo aquí expuesto, que las autoridades se aseguran de que “les paguen sus prestaciones de ley, que tengan contrato, seguridad social, porque lo que vigilamos es que no les digan ‘¿sabes qué?, tu sueldo van a ser propinas’ No, tiene que tener su sueldo y aparte prestaciones”.
Pese a todo, el inspector aclaró que como ninguna queja ha sido presentada en esa división, no se pueden investigar los casos ni proceder legalmente.
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SLP tipifica la violencia vicaria como delito
Se darán hasta 8 años de prisión a agresores
Por: Redacción
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó este lunes reformas al Código Penal estatal para tipificar como delito la violencia vicaria, una forma extrema de agresión de género que utiliza a las hijas e hijos como herramientas para dañar a las mujeres. La iniciativa, promovida por la diputada Roxanna Hernández Ramírez, fue avalada por unanimidad durante la sesión ordinaria del pleno.
Con la adición del Capítulo VIII “Violencia Vicaria” al Título Sexto del Código Penal y la incorporación del Artículo 207 Ter, se establece que comete este delito cualquier hombre que, con intención dolosa y de manera directa o a través de terceros, cause daño a una mujer con la que haya tenido una relación —ya sea por parentesco, matrimonio, concubinato o convivencia— utilizando a sus hijos o hijas como medio para hacerlo.
Las sanciones contempladas para este delito van de dos a ocho años de prisión, además de una multa de 140 a 200 unidades de medida de actualización (UMA). También se faculta a las autoridades judiciales para aplicar otras penas complementarias, como la pérdida de la patria potestad, custodia, derechos hereditarios y pensión alimenticia, así como la prohibición de acudir a ciertos lugares. Además, el agresor deberá participar en servicios de reeducación y recibir tratamiento psicológico, sin exceder el tiempo impuesto en prisión. Cuando la violencia vicaria se comete mediante una persona intermediaria, la pena podrá aumentarse hasta en una tercera parte.
Durante la presentación de la reforma, la diputada Hernández Ramírez subrayó que la violencia vicaria representa una de las formas más crueles y despiadadas de violencia de género , pues busca infligir un daño emocional irreversible a la mujer atacando a lo que más ama: sus hijos e hijas. Esta forma de violencia puede manifestarse a través de la manipulación, sustracción, agresiones físicas, abuso sexual, tortura, prostitución e incluso el asesinato de menores, siendo estos también víctimas directas del agresor.
“El objetivo del agresor es destruir emocional y psicológicamente a la mujer, ejercer un dominio absoluto sobre ella y mantener una relación de poder basada en la desigualdad”, denunció la legisladora. La aprobación de esta iniciativa representa un avance histórico para el marco legal de protección a las mujeres y sus hijas e hijos en San Luis Potosí, alineándose con las demandas de colectivos feministas y expertos en derechos humanos.
Con esta medida, el Congreso del Estado busca dar respuesta a una deuda legislativa pendiente y garantizar el acceso a la justicia de mujeres que han sido invisibilizadas dentro del sistema judicial por no contar con un tipo penal específico para sancionar este tipo de violencia.
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Gobierno de El Salvador detiene a egresado de la UASLP
Alejandro Henriquez realizaba la defensa de habitantes de “Cooperativa El Bosque”, sitio donde se pretende un desalojo; UASLP calificó la detención de “arbitraria”
Por: Redacción
Elementos de la Policía Nacional Civil de El Salvador detuvieron esta mañana a Alejandro Antonio Henriquez Flores, abogado salvadoreño, egresado de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y asesor de “Ecos El Salvador”, una organización dedicada a la preservación del medio ambiente en aquel país.
De acuerdo a medios de comunicación locales, habitantes de la Cooperativa El Bosque –comunidad localizada en el cantón El Triunfo, de Santa Tecla, La Libertad– realizaron una manifestación pacífica el día de ayer, para evitar el desalojo (considerado como ilegal) de unas 300 familias de esa zona. Sin embargo, la Policía Nacional Civil detuvo a cinco líderes comunitarios de esta Cooperativa, en una detención que califican como arbitraria.
El portal Bálsamo Radio TV dio a conocer el momento en que Alejandro Henriquez fue llevado por elementos de la misma corporación, y que pudiera estar relacionado con las mismas acciones cometidas el día de ayer, luego de darse a conocer que Henriquez Flores funge como abogado de la Cooperativa en el litigio legal que sostienen, y en el que ha acompañado a las familias, presumiblemente reprimidas el día de ayer.
Junto a él, ha sido detenido el presidente de la Cooperativa El Bosque, José Ángel Pérez .
La Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, emitió un comunicado en el que condenó la detención del abogado, quien es egresado de este programa de estudios. Así mismo, se mostraron preocupados por el contexto de persecución política contra activistas y defensores de los derechos humanos, los pueblos y la tierra en El Salvador.
Habitantes de la Cooperativa El Bosque se han visto presionados ante el intento de desalojo de sus viviendas, en un proceso que consideran como fraudulento, pues se trata de un sitio con tierras fértiles y recursos hídricos. El desalojo fue decretado por mandato judicial emitido por el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla con fecha límite del 22 de mayo de este mes.
Esta tarde se prevé una manifestación frente al consulado de El Salvador, ubicado en la capital de San Luis Potosí, para exigir la liberación inmediata del abogado y defensor de derechos humanos.
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¿Falta información sobre cómo votar este 2 de junio?
El magistrado Arturo Morales aseguró que sí hay interés por participar, pero se necesita mayor claridad sobre el procedimiento
Por: Redacción
A menos de un mes de las elecciones del 2 de junio, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Arturo Morales Silva, advirtió que existe una falta generalizada de información sobre cómo ejercer el voto, lo cual podría convertirse en un obstáculo para la participación ciudadana.
En entrevista, Morales Silva señaló que en el contacto que ha tenido con distintos sectores de la población ha detectado una preocupación recurrente respecto al número de boletas que se entregarán y el proceso para emitir el voto de manera correcta.
“Sí existe una necesidad de que se explique un poco más cómo se va a votar. Las personas con las que he hablado coinciden en que tienen muchas dudas de cómo será el proceso el 1 de junio”, afirmó.
El magistrado explicó que cada votante recibirá seis boletas para elegir a integrantes del Poder Judicial Federal, así como por lo menos tres boletas adicionales para cargos del fuero común, lo cual representa una logística electoral más compleja de lo habitual.
Pese a ello, destacó que sí percibe un genuino interés ciudadano por acudir a las urnas, por lo que hizo un llamado a las autoridades electorales para reforzar la difusión y orientación sobre el proceso electoral.
“Si se trabaja un poco más en ese rubro, creo que las personas podrían ejercer su derecho al voto con mayor facilidad”, concluyó Morales Silva.
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